Endesa tacha de «insuficiente» el borrador de real decreto sobre centros de datos y SpainDC sostiene que el texto firma la «muerte del sector a sabiendas», un pulso regulatorio que amenaza con enfriar la inversión en renovables de España.
Qué exige el borrador a los centros de datos
El texto que ultima el Ministerio para la Transición Ecológica fija dos requisitos de sostenibilidad a las nuevas instalaciones: correlación horaria entre consumo y generación renovable, y adicionalidad, es decir, que la capacidad verde que respalde ese consumo sea nueva y no capacidad ya existente en el sistema. Un estándar exigente sobre el papel. El problema aparece en la letra pequeña.
El borrador concede una vía transitoria de cinco años como máximo para alcanzar el 80% de correlación horaria. Durante ese periodo, el centro de datos se acoge al sistema de reducción automática de potencia del operador del sistema, que en España ejerce Red Eléctrica. Las condiciones concretas:
- Cumplir los requisitos para participar en el procedimiento, sin retribución a cambio.
- Ser la primera tipología de instalación en ser desconectada cuando la red lo requiera.
- Aceptar que el operador interrumpa el suministro de forma automática, sin negociación previa.
Ahí está la línea roja. No es el coste. Es la disponibilidad. Un promotor puede asumir un estándar energético más caro; lo que no puede firmar es un contrato de suministro con una cláusula que faculta al gestor de la red para apagar la instalación en cualquier momento y por tiempo indefinido.
«Muerte del sector a sabiendas»: el aviso de SpainDC
La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, llevó el reproche a la jornada sobre electrificación organizada por la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), foro donde la industria expuso su rechazo frontal al texto. Su diagnóstico es que la norma no corrige un exceso de demanda: lo destruye.
«: es el parque de generación.
El punto que más inquieta al sector es la comparación con la interrumpibilidad clásica. La gran industria que se desconecta por orden del operador cobra por ese servicio. Aquí, el texto exige aceptar la reducción automática sin retribución alguna. Villacís fue explícita sobre el mensaje que, a su juicio, reciben los inversores internacionales.
«. Su lectura apunta a un problema de diseño: el decreto mezcla un estándar de sostenibilidad —la correlación horaria— con un mecanismo de seguridad del sistema, y deja al promotor expuesto a una interrupción que ningún comité de inversión asume sin prima de riesgo. El mercado ya lo descuenta.
Por qué el redactado decide dónde se instala la inversión
La discusión traslada al detalle técnico lo que lleva años sobrevolando al sector: España ha vendido al mundo un plan de renovables que necesita compradores de electricidad con contratos estables. Los centros de datos han ocupado ese hueco en el relato inversor, con fondos de infraestructuras como Brookfield o BlackRock financiando plataformas y eléctricas como Iberdrola y Naturgy reordenando su relación con los grandes consumidores. Un marco que permite apagar al cliente cambia la ecuación completa, y la mayoría de los operadores considera que el riesgo ya no es el precio de la luz.
Conviene matizar un punto. La correlación horaria al 80% no es una excentricidad española: certificados de origen, PPAs y contratos firmes son la vía en la que trabaja el sector en toda Europa. El problema no está en exigir adicionalidad. Está en convertir al centro de datos en demandante interrumpible de primera fila sin compensación, una figura que hasta ahora se reservaba a instalaciones industriales que sí cobraban por su flexibilidad.
El precedente sectorial está fuera de España. Irlanda restringió las nuevas conexiones de centros de datos en la zona de Dublín por la saturación de la red metropolitana, y los promotores respondieron trasladando proyectos a mercados con capacidad garantizada. En el Ibex, el riesgo regulatorio se ha consolidado como el primer descuento que aplican los analistas al segmento eléctrico, por delante del precio de la energía. La CNMC, que vigila los procedimientos del operador del sistema, tendrá algo que decir si la reducción automática acaba funcionando como una obligación de servicio no retribuida.
En términos comparables, el decreto no es un ataque a la sostenibilidad. Es un test de credibilidad del marco. Queda la incógnita regulatoria.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La redacción final del régimen transitorio y el encaje del mecanismo de reducción automática en los procedimientos de Red Eléctrica. Es la cláusula que decide si el texto se queda en estándar energético o se convierte en riesgo de suministro.
- Reacción del valor: El mercado descuenta una prima de riesgo regulatorio sobre las eléctricas del Ibex con exposición a grandes consumidores. Un redactado más laxo la estrecharía; uno más duro la ampliaría.
- Precedente sectorial: La restricción de conexiones en Dublín y la interrumpibilidad retribuida de la gran industria marcan el listón. Sin compensación, el promotor compara España con mercados que garantizan capacidad.
