La discusión acerca del sistema de elección de los jueces se ha convertido en un tópico. Desde Igualada Belchí Abogados afirman que «la falta de respeto hacia las instituciones que cada vez con menos disimulo se tiene desde los partidos (a excepción de la política local, mucho más atenta a las necesidades diarias de los ciudadanos) ha acabado por general un debate acerca de la conveniencia de modificar las oposiciones de acceso a Carrera Judicial, con el pretexto de que el largo tiempo que su estudio requiere deja fuera a aquellas personas cuya condición económica es menos boyante«.
El bufete añade que «lo último que importa a quienes han puesto el debate sobre la mesa es la extracción social de quienes acceden a la Carrera Judicial. Llama demasiado la atención la preocupación por la situación económica de los opositores a judicatura, olvidándose que en la misma situación está el resto de opositores a altos cuerpos de la administración (las oposiciones para acceso a la Carrera Fiscal son exactamente las mismas que para judicatura). Si realmente se cree en lo que se dice, es llamativo que a nadie le importe la capacidad económica de quienes quieren trabajar como diplomáticos, inspectores de Hacienda o economistas del estado. Salvo, claro está, que no se tenga ni idea de cómo funcionan las oposiciones y se opine sin saber (algo demasiado habitual), o bien la intención al fomentar el debate sea otra más oscura (y que jamás será reconocida)».
Por otro lado, Igualada Belchí Abogados respalda «la más que justa crítica a la utilización partidista del Consejo General del Poder Judicial desde los partidos (demasiado acostumbrados a usar todo lo que esté a su alcance en beneficio propio sin importar el daño institucional que se pueda causar)». En este sentido, defiende que «no puede extenderse al funcionamiento diario de unos juzgados y tribunales cuyos problemas, en realidad, no están en cómo se ha seleccionado a jueces y magistrados».
El bufete explica que «hace escasos días nos han notificado la suspensión de una vista de un asunto mercantil que teníamos señalada para finales de mes; ya se suspendió el año pasado, en ambas ocasiones por circunstancias sobrevenidas de las que nadie tenía culpa. Nos han señalado nuevamente para mayo de 2023, esto es, cuando la agenda del juzgado lo ha permitido, y seis años después de la interposición de la demanda».
«El verdadero problema de la justicia, el que afecta de verdad a los ciudadanos, no es a quien votan los jueces, cosa que por cierto importará bastante poco cuando tengan que decidir si su préstamo hipotecario tiene cláusulas abusivas», afirma Igualada Belchí Abogados. «El problema es la total falta de medios de los juzgados, completamente infradotados; la desastrosa decisión de entregar competencias en materia de justicia a Comunidades Autónomas (no todas), en lugar de mantenerlas en una única administración (el Ministerio de Justicia) con capacidad para distribuir medios sin tener que depender de que otros pongan dinero cuando haya que hacerlo; un legislador incapaz, en términos generales, de hacer una ley que pueda mantenerse más de unos pocos años sin tener que reformarla, bien para tratar de suplir la falta de medios económicos para su aplicación práctica por una grandilocuente reforma para la que tampoco hay previsión económica de gasto para su aplicación, bien directamente para corregir las erratas o errores de redacción que dificultan a veces incluso entender su contenido. Esos son los problemas que a diario sufren los ciudadanos y al que nos enfrentamos los profesionales del derecho, problemas que venimos denunciando (también jueces y magistrados) desde hace demasiado tiempo sin que nadie lo solucione. Y es que la justicia, la de verdad, la de los juzgados, no da votos», sentencia el bufete.
En definitiva, todo procedimiento (también el de acceso a la función pública) puede mejorarse. Igualada Belchí Abogados concluye que «es posible hablar de la necesidad de becas específicas para oposiciones para quienes provengan de familias sin recursos económicos, se puede discutir si las pruebas deben o no modificarse, pero centrar el foco en un supuesto problema para eliminar una de las pocas cosas que quedan en España y que igualan a todos los afectados (el sistema de oposiciones) y olvidar el que día a día afecta a la generalidad de ciudadanos y respecto del que no hay la más mínima voluntad de dar una solución no deja de ser un insulto a la sociedad en su conjunto».
