La decisión de Aena de aplicar unilateralmente el RD 35/2020 a los operadores de retail y hostelería que alquilan los espacios comerciales en los aeropuertos tendrá «unas repercusiones imprevisibles y muy graves, que no han sido suficientemente valoradas y que pueden poner en riesgo empleo, negocios y la propia imagen de dinamismo y modernidad que la red aeroportuaria a través de la que se traslada a millones de viajeros cada año», explican fuentes del sector.
Las firmas afectadas confían en que el gestor aeroportuario ceda y flexibilice las condiciones de arrendamiento, de lo contrario, la continuidad de la actividad comercial en los aeródromos corre un serio peligro. Por lo pronto, los operadores cifran sus pérdidas en un 75%, con el agravante además de que muchos de ellos «no tienen ni una ni dos tiendas, sino decenas de establecimientos abiertos» en la red de aeropuertos.
Aena plantea reducir en un 50% el pago de la renta mínima garantizada de los operadores que ocupan la superficie comercial de sus aeropuertos, desde junio de 2020 hasta el próximo mes de septiembre. El gestor público disfraza de acuerdo su decisión unilateral sobre el alquiler de su superficie. Y prevé hacerlo acogiéndose al RD 35/2020 que, curiosa coincidencia, el Gobierno acaba de aprobar y que beneficia a los intereses del gestor aeroportuario.
La decisión del gestor aeroportuario anula de facto negociaciones previas privadas, en algunos casos muy avanzadas y más ventajosas para los arrendatarios comerciales, así como sus opciones de acudir a los juzgados. En resumidas cuentas, mientras la propuesta de Aena conlleva una rebaja del 50% de las rentas de los locales, esas rentas supondrán un 60% de las ventas de los establecimientos en cuestión.
La nueva y controvertida decisión de Aena representa unas condiciones sustancialmente peores que las alcanzadas en las conversaciones y preacuerdos que Aena había venido negociando antes de la aparición del RD 35/2020.
Por eso, en caso de que el gestor aeroportuario decida ejecutar sus decisiones, sin consenso con sus inquilinos, muchas de las empresas y cadenas de tiendas de retail y restauración, no podrán hacer frente al pago del alquiler pendiente y se verán obligadas a tomar decisiones que implicarían el despido de miles de trabajadores e incluso el cierre definitivo de los negocios arrendados en toda la red aeroportuaria.
En condiciones normales, las terminales tienen un elevado volumen de público garantizado por el continuo trasiego de pasajeros que usan el transporte aéreo. Y aunque algunos aeropuertos son deficitarios, sólo las islas, Madrid y Barcelona compensan cualquier pérdida.
Pero la caída de las aerolíneas arrastró con ella a los negocios en tierra. Con la peculiaridad añadida de que el descenso de ventas de los negocios que funcionan en los aeropuertos ha sido «brutal», según fuentes del sector conocedoras de la situación que cifran el desplome de ventas generadas en el 75%, con «pérdidas muy superiores a los negocios ubicados en la calle o en centros comerciales».
Aena tiene cerca de 800 contratos en vigor con diferentes marcas de moda o complementos, restauración, empresas de Duty Free y otros operadores. Las cadenas de restauración y retail pagan la renta mínima garantizada y una variable según las ventas.
SOLUCIÓN NEGOCIADA Y RAZONABLE
Desde el mes de marzo, Aena y las diferentes firmas comerciales arrendatarias han mantenido negociaciones permanentes para hacer frente a las rentas de los alquileres pendientes. En este período se ha puesto de manifiesto que la casuística es muy amplia, con tiendas y restaurantes que se cerraron y no han vuelto a abrir, otras que están en zonas por las que prácticamente no pasan viajeros, algunas que nunca cerraron, pero su facturación ha sido mínima, por citar algunos ejemplos. Además, el alquiler se compone de una renta fija mínima y una variable en función de las ventas.
Para buscar una solución que no supusiera la quiebra de estos negocios y el despido de miles de trabajadores (35.000 en el sector), Aena propuso hace meses encargar a una consultora un informe para sentar las bases para negociar estos pagos aplazados, adaptado a la nueva situación y teniendo en cuenta los efectos del Covid-19, el estado de alarma, y el cambio sustancial de las condiciones en las que se habían pactado los precios de los alquileres.
Por aquellas fechas, según ha podido saber MERCA2, algunos operadores decidieron demandar a Aena, acudiendo a los juzgados, otros han negociado durante meses, otros están a la espera de que el gestor aeroportuario cierre acuerdos con ellos para llegar a una solución negociada y razonable en las actuales circunstancias, que siguen siendo de profunda depresión del tráfico aéreo.
Este período de negociaciones, acuerdos y desacuerdos, tocaba a su fin el pasado 22 de diciembre cuando se aprobó el RD 35/2020 de medidas urgentes para el apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio. Este es un Decreto pensado, según fuentes conocedoras de la situación, para aplicarse a pymes y pequeño comercio y que, en todo caso, deja a salvo los acuerdos alcanzados entre los arrendadores y arrendatario.
Sin embargo, en estos días la gran mayoría de los inquilinos de red aeroportuaria han recibido una comunicación de Aena informándoles de su decisión de aplicar, como referencia para la liquidación de las rentas pendientes, el RD 35/2020.
