Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado este lunes los «incumplimientos de legalidad» detectados por el informe de auditoría de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en torno al pago de las retribuciones del personal funcionario.
En concreto, Gestha señala que la auditoría realizada por la Intervención General del Estado de las Cuentas anuales de 2019 de la AEAT desvela un déficit en el presupuesto inicial para cubrir las retribuciones reales de los últimos ejercicios, las cuales han sido financiadas «irregularmente» mediante el 5% de autofinanciación que recibe la AEAT por los actos de liquidación y de gestión recaudatoria, y cuyo destino son para gastos de funcionamiento e inversiones.
Los técnicos de Hacienda revelan que la parte mayor de ese déficit se corresponde con los cerca de 230 millones de euros de incentivos y gratificaciones que reparte la AEAT anualmente, lo que representa el 25% del conjunto de sueldos y salarios de la plantilla.
En este sentido, Gestha denuncia la «enorme desproporción» que existe en su distribución percibiendo una mayor cantidad quienes precisamente la reparten. Así, detalla que cada uno de los siete altos cargos de la AEAT se embolsa unos 53.000 euros anuales en incentivos y que los inspectores de Hacienda reciben más de 28.000 euros.
Mientras tanto, los técnicos de Hacienda ingresan 9.500 euros, tres veces menos que los inspectores, y los agentes tributarios y el personal administrativo cobran un incentivo medio de 5.000 euros anuales. El personal auxiliar, por su parte, apenas llega de media a los 4.000 euros al año, según Gestha.
OPACIDAD
Por otra parte, Gestha considera que la publicidad de la productividad por parte de la Agencia Tributaria está «muy alejada de los conceptos de transparencia y el autocontrol». De hecho, recuerda que este mismo año una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos asignados, los criterios de los repartos de las bolsas de productividad y su desglose por grupos funcionariales.
Este proceso se remonta a 2015, cuando Gestha prestó el apoyo jurídico a la Junta de Personal de Valencia, presidida por un técnico de Hacienda, después de que la AEAT denegara esa información, hiciera «caso omiso» al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que reclamó la entrega de la misma, «y perdiera en todas las instancias a las que ha recurrido», según afirman el sindicato.
Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «una Administración que se dice moderna no puede repartir casi 230 millones de euros de fondos públicos con discrecionalidad, arbitrariedad, desproporción y opacidad».
En este sentido, Mollinedo ha alertado de que la situación «se ha agravado» desde principios de 2019 cuando se dejaron de facilitar los listados de los destinatarios del reparto de la productividad. «Se trata de un ‘modus operandi’ impropio de un Gobierno progresista», ha añadido.
