La portavoz de la Generalitat de Cataluña, la consellera Meritxell Budó, ha anunciado este martes la aprobación de una deducción en el IRPF para las rentas más bajas, para no «penalizar» a los afectados por un ERTE o por quedarse en el paro como consecuencia de la crisis del coronavirus a la hora de tributar por este impuesto.
En rueda de prensa telemática, ha explicado que la medida, que nace con voluntad de mantenerse en el tiempo, podría beneficiar a unas 250.000 personas en Catalunya, y la pérdida de ingresos para la Generalitat será de 16,3 millones de euros en el presupuesto de 2022.
Esta decisión se enmarca en un paquete de medidas aprobadas por la Generalitat ante las consecuencias económicas y sociales de la crisis del coronavirus, como la suspensión de los desahucios de grandes propietarios durante el estado de alarma.
La regulación actual del IRPF establece que no están obligados a presentar la declaración los contribuyentes que han percibido rendimientos íntegros del trabajo de un mismo pagador por un importe inferior a 22.000 euros brutos anuales.
Sin embargo, si los rendimientos proceden de dos o más pagadores, la declaración debe presentarse a partir de los 14.000 euros brutos anuales recibidos.
Esta situación afectaría a los trabajadores que durante este año hayan cobrado una parte del sueldo de su empresa y la otra del Estado, en forma de prestaciones contributivas en caso de verse afectado por un ERTE por la pandemia o por haberse quedado en el paro.
Para que estos trabajadores no se vean penalizados por esta situación en la declaración de la renta, el Govern ha impulsado esta deducción autonómica del IRPF, que equivale a la diferencia entre la cuota íntegra catalana y la cuota íntegra estatal, siempre que la diferencia sea positiva.
«DIFERENCIAL CATALÁN»
«En otras palabras, la Generalitat dejará de cobrar el diferencial catalán», ha explicado Budó, que también ha anunciado que posponen hasta el 1 de junio de 2021 el incremento de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
El impacto en la recaudación de esta medida supone, según Budó, una pérdida adicional de 2,9 millones de euros en relación a la situación vigente.
