Gobierno, sindicatos y empresarios volverán a reunirse este miércoles por la tarde en la mesa del diálogo social para abordar la conocida como ley de ‘riders’.
Este encuentro se producirá después de que en la última reunión se acordase que la normativa no se centre solo en este colectivo de trabajadores, sino que se propuso que abarcase a todos los falsos autónomos para evitar la proliferación del fraude laboral a través de las plataformas digitales.
En concreto, en la próxima reunión, tanto sindicatos como empresarios pondrán encima de la mesa propuestas concretas para debatir e integrar en la ley que regulará la situación de los trabajadores de las plataformas digitales.
Tras el encuentro de esta semana pasada, en un comunicado conjunto, UGT y CCOO saludaron el consenso alcanzado entre las diversas partes representadas en la mesa de concertación social en relación a la necesidad de avanzar en una normativa de ámbito laboral que regule el trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales.
De hecho, señalaron que ambas organizaciones sindicales van a trabajar en una propuesta que impida la utilización de la tecnología para el ocultamiento de relaciones laborales, con el objetivo de «garantizar los derechos tanto individuales como colectivos establecidos en el marco laboral al conjunto de los trabajadores, también cuando desarrollan su actividad a través de plataformas digitales y se presentan los elementos definitorios de una relación laboral.
También esta semana pasada se conoció que la Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a un total de 11.013 trabajadores de Glovo tras las actuaciones realizadas en 2019 y en lo que va de año.
En concreto, la Inspección ha llevado a cabo un total de 30 actuaciones durante el año pasado y en lo que va de este año por las que se solicitan más de 16,2 millones de euros a la compañía por las cotizaciones impagadas de estos trabajadores considerados falsos autónomos.
Además, la negociación sobre la nueva ley se está celebrando tan solo unos días después de que el Tribunal Supremo declarase a los ‘riders’ de Glovo como falsos autónomos, según lo decidió el Pleno de la Sala Cuarta, que estableció la relación existente entre los repartidores y la empresa, calificando su naturaleza de laboral, en línea con lo que han venido defendiendo Trabajo y los sindicatos.
El pasado mes de junio el Ministerio de Trabajo y Economía Social inició la tramitación de esta nueva ley mediante su consulta pública, con el fin de regular el trabajo por cuenta propia y ajena a través de plataformas tecnológicas.
El departamento de Yolanda Díaz considera que el uso de medios tecnológicos o digitales no puede «desvirtuar» la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo.
El Ministerio siempre ha defendido que los nuevos modelos de negocio on line deben estar sometidos «a las mismas reglas» que los modelos de negocio clásicos para «equiparar» los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos.
De ahí surgió la necesidad, según Trabajo, de articular «de manera segura y con las certezas necesarias», una realidad económica nueva que debe garantizar la protección de quienes son trabajadores, aún cuando puedan prestar servicios de un modo que se aparta del tradicional (trabajo esporádico, sin lugar físico determinado, sin horario establecido, etc.), pero que están «sometidos al control» de la prestación y a un poder informático y tecnológico de nivel superior sobre los procesos y los resultados.
En este sentido, Trabajo asegura en el texto sometido a consulta que la cobertura y protección de las personas trabajadoras por cuenta ajena a través de estos modelos de negocio es «capital», puesto que la distinción entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia lleva consigo la aplicación de regímenes jurídicos distintos basados en el reconocimiento de situaciones subjetivas concretas.
En concreto, el departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.
«Se trata de proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno descrito aclarando la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa», subraya Trabajo, que añade que la nueva norma trata también de evitar el «uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias», con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para los trabajadores afectados.
