El Gobierno ha ampliado hasta 2021 el plazo para aprobar, publicar y desarrollar las ofertas de empleo público y los procesos de estabilización así como las convocatorias derivadas de esas ofertas, según ha informado este sábado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
La medida permitirá el normal desarrollo de la oferta de empleo público y de los procesos «para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, interrumpidos por la crisis sanitaria, hasta 2021».
Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, que establecían tasas adicionales para la estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas, incluían una habilitación para la ejecución de las ofertas de empleo público derivadas de esos procesos de estabilización, que suponía su vencimiento en 2020.
No obstante, según ha explicado este sábado el departamento que encabeza Carolina Darias, no adoptar esta medida impediría la ejecución de las convocatorias, con la consiguiente pérdida de las plazas ya aprobadas, sin que hayan desaparecido además las necesidades de estabilización del empleo temporal en todas las administraciones públicas.
«La complejidad de la puesta en marcha de estos procesos, que implican el empleo de importantes recursos personales y materiales y su desarrollo a lo largo de un amplio periodo de tiempo, se ha visto afectada por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19«, ha argumentado el Ejecutivo.
Tanto es así que la suspensión de plazos administrativos y las propias medidas de contención puestas en marcha no solo han afectado a la ejecución de los procesos ya iniciados sino también a la propia posibilidad de iniciar nuevos procedimientos.
Esta medida, ya anunciada por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en su comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado el pasado 4 de junio, fue uno de los asuntos abordados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada el 11 de junio, a la que asistieron los responsables de Función Pública de todas las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
