BBVA desconoce el objeto de las investigaciones encargadas a Cenyt en 2004 para frenar el intento de asalto de Sacyr al banco debido a que su exjefe de seguridad, Julio Corrochano, destruyó toda la documentación relativa a la contratación.
Así consta en la grabación de la declaración judicial del representante de BBVA Adolfo Fraguas y que obra en el sumario de la pieza 9 de ‘Tándem’, que investiga los contratos entre Villarejo y el banco, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El responsable de los servicios jurídicos de la unidad de negocio de BBVA en España declaró ante el juez del ‘caso Tándem’ que en la investigación interna que llevó a cabo la entidad no se encontró ningún entregable relativo a contratación de V & V Development, marca de Cenyt vinculada el excomisario José Manuel Villarejo, en diciembre de 2004 ante el temor de que Sacyr tomase el control de BBVA con objeto de desestabilizar el banco, denominado ‘Proyecto Trampa’.
A lo largo del interrogatorio, el representante de BBVA repite en varias ocasiones que Corrochano «se ocupó de destruir todos los entregables que en su caso hubiera» y que en el seno de la investigación interna iniciada a principios de 2019, el banco no ha conseguido encontrar ninguno.
Así, toda información que la entidad posee sobre dicha actuación procede únicamente del cuestionario que Julio Corrochano proporcionó por escrito a raíz de la citada investigación interna.
Fraguas ha indicado que Corrochano relató que, en el contexto de toma de participación por parte de Sacyr en el accionariado de BBVA, el expresidente Francisco González le encargó la búsqueda de una empresa que pudiera proporcionar servicios de análisis de crisis empresariales, decidiendo el exjefe de seguridad la contratación de Cenyt.
Este encargo por parte del expresidente «podría tener sentido», ha apuntado Fraguas, en la medida en que «una toma de participación podría afectar a González si era hostil», aunque no ha podido confirmar que realmente sea así, al proceder toda la información de que dispone del cuestionario de Corrochano.
En cuanto a los procedimientos de contratación de Cenyt para «proteger» a BBVA de Sacyr, el representante del banco ha señalado que se incumplió el procedimiento en la fase inicial, relativa a la selección y homologación del proveedor, señalando a Corrochano, que «es quien firma el contrato y debería haber cumplido con el procedimiento de compras».
CANO VERIFICÓ EL PAGO A CENYT
Según ha relatado Fraguas, a continuación tiene lugar una fase en la que una persona verifica que los servicios se han prestado, y finalmente una fase de pago, en el que se comprueba que existe la verificación y que hay capacidad presupuestaria y entonces se autoriza el pago, sin tener que revisar cada hito del proceso anterior.
En el caso del contrato de 2004, la verificación de la prestación del servicio correspondió al entonces director de recursos humanos y servicios del grupo y posteriormente consejero delegado, Ángel Cano, según ha señalado el representante de BBVA, mientras que el entonces jefe contable, Javier Malagón, realizó el pago.
«El señor Cano verifica y el señor Malagón, si el señor Cano le decía que los servicios se habían prestado, no tenía por qué dudar de la palabra de Cano en ese momento. La persona que hace el pago se asegura de que hay alguien que ha comprobado que se ha prestado el servicio y comprueba que hay presupuesto para ello, pero no verifica los hitos previos», ha explicado Fraguas.
El representante de BBVA «supone» que el banco, durante las entrevistas que hizo en el marco de su investigación interna, preguntó a las personas involucradas en el proceso de verificación, pero desconoce el contenido de dichas entrevistas al no haber sido grabadas ni haberse realizado acta alguna, pues su objeto era «recabar documentación de todo lo que podía haber sido la prestación de servicios a Cenyt a lo largo del tiempo».
Preguntado por si Corrochano debía comunicar a Malagón o Cano que el servicio se había prestado, Fraguas intuye que se lo diría a Cano. Pero es el señor Cano el que verifica la prestación del servicio. Corrochano, en su cuestionario, señala que él reportaba, entre otras personas de un círculo muy reducido, al señor Cano y al señor González», ha relatado Fraguas, quien también ha señalado al exdirector de comunicación Javier Ayuso como integrante de dicho círculo.
En este punto, el fiscal se ha interesado por el sentido que puede tener que Corrochano reportara a Ayuso. «Como el objeto del servicio, en parte, no está claro, no sé decirle. Sí puedo decirle que en cualquier cosa que afecte a lo que es la imagen del banco hacia el exterior y a los medios de comunicación, está involucrado el departamento de comunicación. Si esa toma de participación (de Sacyr) hubiera tenido esos efectos, a lo mejor hubiera tenido sentido que hubiera participado Ayuso como responsable de comunicación», ha razonado Fraguas, quien ignora si González ordenó una estrategia específica de comunicación para informar a la opinión pública de que lo que realmente ocurría no era lo que «el grupo hostil» difundía a los medios
CONTRATOS DESDE 2010 PARA INVESTIGAR A DEUDORES
En otro bloque de preguntas, el fiscal ha interrogado a Fraguas sobre varios contratos correspondientes al periodo 2010-2012 que BBVA firmó con la empresa de Villarejo para que realizase investigaciones patrimoniales de deudores del banco.
El representante de BBVA ha confirmado que inicialmente se contrató a la agencia de detectives Kroll, aunque desconoce por orden de quién. Según ha razonado, lo «lógico» sería que estuviese al tanto del contrato el área de riesgos y recuperaciones, a la que pertenecía el exdirectivo y expresidente de Distrito Castellana Norte (del que fue cesado tras conocerse el caso) Antonio Béjar.
La investigación «no dio el resultado esperado» y así lo trasladó Béjar a Francisco González, quien le mandó dirigirse a Corrochano para que le pusiese en contacto con Cenyt, según ha sabido BBVA por Corrochano, que firmó los contratos «por orden de Béjar», aunque este no tenía capacidad para ordenar la contratación a Corrochano al pertenecer a unidades distintas.
«El hecho es que han violado la política de compras del banco. Uno a la hora de firmar unos contratos sin haber cumplido con el procedimiento de compras y otro al haber verificado la prestación de unos servicios que eran de recuperación y que no hemos recuperado», ha explicado Fraguas.
El fiscal pregunta cómo es posible que Béjar ordenase al director de seguridad que hiciese cinco contratos sin que se enterasen los servicios jurídicos, a lo que Fraguas responde que los servicios jurídicos no revisaron los contratos, porque no tienen la función de verificar si se han cumplido los procedimientos anteriores, lo que sería función del departamento de auditoría interna.
Sin embargo, auditoría interna realiza su análisis en función de la probabilidad de riesgo, centrándose en los proveedores que representan mayor importe en la facturación del banco y auditando el 95% de la facturación, mientras que el control del 5% restante se realiza a través de muestreos, en los que no entraron estos contratos.
