El proyecto de escuelas conectadas para llevar internet de alta velocidad a los centros docentes no universitarios casi ha llegado a su fin. Telefónica y Orange se han adjudicado la mayoría de contratos -en un proceso que gestiona Red.es- que ha estado salpicado de cierta polémica.
En un principio las intenciones eran buenas. Pero España, castigada por su ineficiente política púbica, ha generado un retraso considerable en el proceso, además de un cambio de reglas a mitad del partido, que finalmente perjudica a los escolares que tardarán más de lo previsto en tener su acceso ultrarrápido a internet, así como a los colegios e institutos sin sus nuevas redes internas.
Los bandazos en el Gobierno -con dos colores distintos desde que en 2015 se pusiera todo en marcha-, y varios cambios que afectan a los ministerios que dirigen el proyecto, tampoco han ayudado mucho. Pese a todo, ya se ven la luz y los megas al final del túnel, donde Telefónica y Orange se han proclamado como ganadores, mientras que Vodafone ha decidido, por motivos estratégicos, no meterse en la pelea por estos contratos financiados entre los fondos Feder europeos y las comunidades autónomas.
Así, de los 13 concursos regionales de los que se tiene constancia, la compañía dirigida en España por Emilio Gayo se ha adjudicado un total de cinco por un valor de 94,5 millones de euros: La Rioja (3,9 M€), Andalucía (40 M€), Canarias (11,8 M€), Castila La-Mancha (38,3 M€) y Baleares (6,8 M€). Mientras, el operador naranja ha ganado un total de cuatro concursos por valor de 78,6 millones: Galicia (17,7 M€), Asturias (6,5 M€), Madrid (16,1 M€) y Castilla y León (38,3 M€). Estas cantidades también van asociadas a costes de mantenimientos posteriores y gestiones técnicas que se incluyen dentro del presupuesto general del proyecto que se eleva por encima de los 274 millones de euros como máximo de inversión.
En cuanto a Vodafone, que simplemente entró en la licitación de Murcia (10,5 M€), nunca ha visto como algo apetecible este concurso. Fuentes conocedoras de la situación explican a MERCA2 que se trata de un proyecto que marca parte de los despliegues de red estratégicos de cada compañía, y que el operador rojo no ha visto como atractivo estos contratos puesto que llevar tecnologías de red ultrarrápida a los colegios le hubiera supuesto un esfuerzo inversor que no compensa la ganancia, pese a ser fija. Así, en el otro extremo se encuentran Telefónica y Orange, cuyos despliegues de fibra han continuado en los últimos años por los que su capilaridad para llegar a más zonas ha sido la ventaja competitiva clave.
LAS ESCUELAS QUE FALTAN
Con las cartas sobre la mesa, y el retraso pertinente, ahora mismo queda abierto el proyecto de escuela conectada de Cantabria, licitado por 2,3 millones de euros, y al que seguro que Telefónica y Orange querrán optar.
Por otro lado, el concurso de Aragón ha quedado desierto, siendo la propia comunidad autónoma la que ha tomado la medida. Y tampoco se sabe cómo se resolverá. Mientras, en Extremadura, y quizá por motivos de costes y despliegues, el concurso ha quedado en manos de la UTE Innovasur-Instelca (3,8 M€); al igual que en Ceuta, donde ni Telefónica ni Orange han apostado fuerte por esta región.
En cuanto a las que faltan, la Comunidad Valenciana está a la espera del concurso, mientras que Cataluña, País Vasco y Navarra han decidido quedarse fuera del proyecto de escuelas conectadas. Se estima que su mayor capacidad económica o conflictos ideológicos con el Gobierno central les han llevado a tomar esta decisión.
TELEFÓNICA Y ORANGE SE VIERON SALPICADOS
Uno de los grandes problemas que ha habido en el proyecto de escuelas conectadas, al margen de los propios líos de cada concurso, como el que hubo en Madrid con empresas que fatigaron el proceso durante meses, es que se cambió las condiciones en mitad del proceso.
El conflicto surge a mediados de septiembre de 2018 cuando en Consejo de Ministros el Gobierno decide cambiar las reglas de juego. En la referencia de Moncloa del 15 de septiembre se puede leer lo siguiente: “Con la aprobación de esta adenda, se establece un nuevo marco de financiación para el resto de Comunidades no adheridas aún al programa, de manera que las Comunidades Autónomas también contribuyan a su cofinanciación, gracias a su mejora presupuestaria recogida en los Presupuestos de 2017”.
Es decir, como la situación económica había mejorado, según el Gobierno, las comunidades que se han sumado al programa deberán pagar más que las que lo hicieron en primera estancia, como Canarias, Andalucía, La Rioja, Murcia, Galicia o Asturias. Esto ha generado ciertas reticencias territoriales y, lógicamente, malestar por la discriminación.
Al margen del beneficio privado que sacan las empresas con estas adjudicaciones, la realidad es que son totalmente necesarias. De ahí el esfuerzo que está realizando el organismo público Red.es para la gestión de estas escuelas.
De esta iniciativa van a beneficiarse, en principio, más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500 centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. Su finalidad, según explican, es “extender y consolidar el uso de la tecnología en el sistema educativo, conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en la Escuela”. El convenio complementa las actuaciones que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los Gobiernos autonómicos desarrollan para impulsar la sociedad de la información en la educación.
