Como si de una auténtica carrera se tratase, los grandes operadores de telefonía llevan varios años pujando por quedarse con los contratos públicos para el desarrollo del plan de escuelas conectadas proyectado por el Gobierno. El presupuesto inicial se estimó en más de 300 millones de euros, de los que ya se han adjudicado casi la mitad. El último en hacerse con un proyecto, y además de los grandes, ha sido Orange.
En concreto, el operador naranja ha sido el seleccionado para llevar a cabo el despliegue tecnológico en los centros educativos de Castilla y León. El contrato asciende a 30 millones de euros. Con esta nueva adjudicación, Orange suma ya un total de tres proyectos en los que se ha impuesto a sus competidores. Así, deberá desarrollar los despliegues de red y conectividad en Galicia (17,7 M€) y Asturias (6,5 M€).
Con este proyecto la filial francesa se queda a una de Telefónica en número de contratos, después de que los dos últimos hayan sido suyos. Y es que los azules se hicieron con La Rioja (3,9 M€), Andalucía (40 M€), Canarias (11,8 M€) y Castilla La Mancha (32 M€), y ahí se han quedado. Aunque la que parece no haber entrado en liza es Vodafone, que simplemente se ha hecho con los centros de Murcia (10,5 M€).
Orange y Telefónica, por ahora, se han quedado con la mayoría de los centros
Ante este panorama, parece que todo ha quedado en manos de Telefónica y Orange. Los siguientes contratos en liza son de pequeño importe, Extremadura y Aragón, cuyo proceso de evaluación estima los contratos en una cantidad inferior a los 4 millones de euros. Pero todavía quedan algunos de los más golosos como Madrid (con líos en la adjudicación) y Comunitat Valenciana; además de Cantabria y Baleares.
Todos ellos suponen más o menos la mitad de lo que queda por licitar de este proyecto de escuelas conectadas, en el que estarán atentos Orange y Telefónica, y que tiene como objetivo que más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500 centros docentes no universitarios tengan conexiones de alta velocidad en sus centros, más de 100 Mb/s; así como conexiones wifi. Su finalidad, según explican desde la Secretaría de Estado para el Avance Digital, es “extender y consolidar el uso de la tecnología en el sistema educativo, conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en la Escuela”.
No obstante, como suele pasar en este país, da lo mismo la importancia que tenga el proyecto o lo comprometido que sea; siempre acaba habiendo ciertos desajustes. Y en este caso de las escuelas conectadas no podía ser menos.
LAS ESCUELAS CONECTADAS ETERNAS
Durante este periodo, y es que cabe recordar que el plan de escuelas conectadas se lanzó con un Gobierno del Partido Popular, ha habido una serie de cambios en las reglas del juego. Siendo el más destacado el de quién sería el pagador de la fiesta.
En un principio todo llegaría de los fondos Feder europeos, pero luego se ha pedido, tras las primeras licitaciones, que las distintas comunidades autónomas también participen del proceso. Y eso, claro, ha molestado a las que vienen después, puesto que se encuentran una situación diferente a las licitaciones de hace un par de años.
Como no podía ser de otra manera, las licitaciones llevan un enorme retraso por cuestiones políticas
El conflicto surge a mediados de septiembre (2017), cuando en Consejo de Ministros el Gobierno decide cambiar las reglas de juego. En la referencia de Moncloa de ese 15 de septiembre se puede leer lo siguiente: “Con la aprobación de esta adenda, se establece un nuevo marco de financiación para el resto de Comunidades no adheridas aún al programa, de manera que las Comunidades Autónomas también contribuyan a su cofinanciación, gracias a su mejora presupuestaria recogida en los Presupuestos de 2017”.
Es decir, como la situación económica ha mejorado, según el Gobierno, las comunidades que se han sumado al programa deberán pagar más que las que lo hicieron en primera estancia, como Canarias, Andalucía, La Rioja, Murcia, Galicia o Asturias. Esto ha generado ciertas reticencias territoriales y, lógicamente, malestar por la discriminación. Aunque todo debe seguir adelante, al final se trata del futuro de miles de estudiantes.
De igual manera, y en pleno auge de la polémica nacionalista, no se sabe nada de Cataluña. Ni está entre las primeras comunidades; ni en la segunda oleada. De hecho, según indicaba el Gobierno, el plazo para sumarme a los convenios finalizaba en diciembre de 2017. Algo a lo que finalmente tampoco se han sumado Navarra y País Vasco.
A nivel tecnológico, el proyecto en la mayor parte de los casos se ha propuesto accesos de fibra óptica, excepto en colegios de muy pocos alumnos, en poblaciones pequeñas, donde se ofrecen soluciones basadas en 4G. También hay que construir una red wifi interna para las comunicaciones internas dentro de los propios centros docentes.
