El Ejecutivo Central enreda en medidas en el alquiler que no demuestran su eficacia, es incapaz de solventar las trabas burocráticas del sector y acumula suelo público sin explotar. Mientras tanto, el suelo medio de los españoles desciende al mismo ritmo que el precio de la vivienda aumenta. El Gobierno no ayuda y además entorpece la construcción y promoción de pisos.
«Soy muy optimista y creo que vamos a ser capaces de alcanzar un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas que apruebe la primera ley estatal en materia de vivienda». Así de contundente se mostraba Helena Beunza, secretaria general de Vivienda en un desayuno organizado por Europa Press. Un optimismo que no compartía y que ponía en duda otro de los componentes de la mesa redonda, Juan Fernández-Aceytuno, CEO de Sociedad de Tasación. El Ejecutivo intenta arreglar el problema de acceso a la vivienda con ideas que no atacan al verdadero problema -el salario de los trabajadores- y que incluso entorpecen la la construcción y la promoción.
El último barómetro del CIS no deja dudas: la vivienda es un problema que cada vez preocupa a más españoles. Comprar una casa -hipoteca mediante- sigue siendo la opción prioritaria para la mayoría de los españoles, según constata informe. El 44,4% ya la tienen pagada y el 25% está abonando las cuotas hipotecarias al banco. La opción del alquiler a precio de mercado es para el 15,6% de los encuestados mientras que apenas el 3% tienen una renta inferior al precio de mercado. La mitad de los inquilinos (45%) esgrimen la falta de ingresos suficientes como principal motivo para alquilar su vivienda en lugar de comprarla.
Además el 90% admite que el derecho de todos los españoles a tener una vivienda digna debe estar protegido “de manera activa” por el Gobierno. ¿Cómo proteger ese derecho? El 42% de los encuestados están convencidos de que una de las vías principales será establecer una política de limitación de precio de los alquiler. En este sentido, el Estado mira para otro lado consciente de que esa no es la solución, aunque en ciudades como Barcelona lo hayan intentado. Una opinión que comparten los expertos del sector.
«Todo lo que sea limitar o prohibir consigue el efecto contrario. Si no hay equilibrio en las prestaciones, si solo quieres mejorar la posición de una de las partes, la otra se va a retraer», aseguró Marcos Sánchez Foncueva en el encuentro informativo de Europa Press. Por su parte, Fernández-Aceytuno -quizás el más crítico con la situación inmobiliaria actual- respaldó también las palabras de Foncueva: «si limitas el precio del alquiler, habrá menos oferta en el mercado y subirán los precios».
Según el CIS, también existen otras soluciones políticas para proteger el derecho a la vivienda. La que más consenso tiene es la construcción de viviendas sociales para las personas con pocos recursos económicos (53%). Obtener préstamos baratos para comprarse un piso (50%) y fomentar el parque público de viviendas en alquiler (38%) son otras de las opciones valoradas por los encuestados.
Ante estas peticiones el Estado busca como arreglar la situación actual. Pero el problema es que no sabe o no tiene la capacidad para resolverlo. Que el Estado se convierta en la gran promotora inmobiliaria del país además de imposible sería muy peligroso. Primero, el Ejecutivo y las administraciones no tienen capacidad económica suficiente para levantar tanta vivienda pública y segundo, la intrusión en este mercado tendría un efecto negativo en el sector y no arreglaría el problema de acceso a la vivienda.
El Ejecutivo Central enreda en medidas en el alquiler que no demuestran su eficacia, es incapaz de solventar las trabas burocráticas del sector y acumula suelo público sin explotar
Para empezar, el Ejecutivo debe de intentar firmar ese pacto de Estado en materia de vivienda. La secretaria de Vivienda se muestra optimista en conseguir este objetivo, pero la realidad es que no es nada sencillo. Para continuar, el Gobierno ha de dejar de tomar como referencia los datos de los portales inmobiliarios que no dejan de ser empresas privadas, para elaborar cifras y números propios. Y por último, han de atajar el verdadero problema que en estos momentos se encuentran los principales clientes de las promotoras -los millenials- que es el sueldo.
Bajo estas tres premisas, el Gobierno podría empezar a construir los cimientos de una ley de vivienda eficiente. Hasta el momento, la administración central, las autonómicas y las municipales lo único que han hecho ha sido entorpecer el funcionamiento y el ritmo del sector inmobiliario. Trabas burocráticas, suelos públicos sin explotar, nuevas leyes hipotecarias que no convencen a nadie y decretos de alquiler que afirman ser un «éxito», aunque no tengan datos que lo contrasten.
NEINOR SÍ HA DETECTADO EL PROBLEMA
«Se han desacoplado en exceso el precio de la vivienda y los sueldos«. Esta es la declaración de un recién llegado a este tipo de eventos informativos. Se trata de Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor, y es el ponente que mejor diagnóstico realizó de la situación inmobiliaria durante el desayuno de Europa Press. Las declaraciones del consejero delegado de la promotora podría interpretarse como una manera de echar balones fuera después de que Neinor anunciase un profit warning hace unos meses, pero la verdad es que a su argumento no le falta razón. La Administración tiene que tomar notar y dejar de intentar impulsar medidas que no ayudan, sino que entorpecen a la actividad del sector y al cliente final: el ciudadano.
