Las constructoras españolas han conquistado medio mundo con sus diseños, obras faraónicas o sus concesiones de infraestructuras. Trabajos alabados pero que, en ocasiones, son motivos de polémica entre la parte contratante y la parte contratada y que acaban en procedimientos legales, arbitrajes o litigios.
Si sumamos los que ahora mismo están en algunas de estas situaciones, la suma resultante se acerca a los 15.000 millones de euros. Eso sí, hablamos de enfrentamientos con un cierto volumen, porque luego hay otros de menor enjundia que no se han contabilizado.
En una hipotética clasificación, quien más quebraderos de cabeza tiene es Sacyr. Hablamos de unos 5.000 millones, es decir, una tercera parte del total. Y el culpable no es otro que la majestuosa obra del Canal de Panamá. La obra, concluida en 2016, es para la compañía presidida por Manuel Manrique como la película ‘Atrapado en el tiempo’, en la que su protagonista (Bill Murray) se despertaba y volvía a vivir otra vez el mismo día. Porque, a finales de 2018, y según las cuentas auditadas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Sacyr (al frente del consorcio Gupcsa), ha presentado 119 reclamaciones, de las que 41 han sido resueltas o canceladas. Por tanto, todavía queda ‘película’ hasta llegar el rótulo de The End. Y todo por unos sobrecostes cercanos a los 2.000 millones que la ACP se niega a pagar.
Retrasos en las fechas de entrega con el consiguiente sobrecoste es una de las mechas que acaban haciendo desfilar por los tribunales a las constructoras
Abertis, por su parte, también está envuelta en este tipo de marejadas. En su caso es aquí, en España, ya que la firma ahora de ACS le reclama al Estado unos 3.000 millones de euros. ¿Por qué? Por un acuerdo de 2006 gracias al cual Abertis se hacía cargo de las mejoras de un tramo de la AP-7. Unas inversiones a las que había que añadir los denominados como descuentos del peaje, una compensación derivada del flujo del tráfico. El Ministerio de Fomento deberá resolver el primer ‘entuerto’ y el Tribunal Supremo, el segundo. En este último caso, el contencioso se remonta a 2011.
CONSTRUCTORAS EN LATINOAMÉRICA
El continente americano, en general, y Latinoamérica, en particular, han sido campo abonado para el desembarco de las constructoras españolas. Volviendo a la entidad presidida por Florentino Pérez, también puso su ‘grano de arena’ en Perú, donde junto a FCC, desarrollaron la línea 2 del metro de Lima. No ‘contentos’ con el resultado, el Estado reclama a ambas la cantidad de 615 millones de euros por retrasos. Ambas firmas se defienden alegando que la burocracia ralentizó la puesta en marcha de la obra.
Como todo este tipo de actuaciones llevan consigo el consiguiente perjuicio económico, a las constructoras no les queda otra que provisionar. Es lo que ha venido haciendo Ferrovial. Por ejemplo, en el caso del ‘duelo’ con el ayuntamiento de Birminghan, que finalmente parece entrar en vías de solución, se guardó 235 millones de euros. También la firma a los mandos de Rafael del Pino, debido a los diferentes frentes que tiene abiertos en materia fiscal, provisionó 148 millones de euros. Y en Estados Unidos (autopista SH-130), le reclaman 329 millones de dólares porque “parte de los pagos ralizados por la sociedad concesionaria a la sociedad constructora en 2011 y 2012, se hicieron supuestamente en fraude los acreedores”, se lee en la memoria de Ferrovial. Cantidad que podría ‘engordar’ ya que no incluye “daños adicionales”.
Continuando con esta particular ‘carrera’, OHL se encuentra inmersa en distintos litigios que suman unos 1.800 millones de euros. Un particular ‘toma y daca’ en la que las dos partes reclaman lo que consideran suyo. Así, las reclamaciones contra la compañía bajo el timón de José Antonio Fernández Gallar suman 1.800 millones, mientras que las demandas de la constructora superan los 1.300 millones a finales de 2018. Eso sí, por pedir que no quede. En el caso de Qatar Fundation (hospital de Sidra), reclamó a OHL 1.134 millones de euros por no haber terminado la obra. Un tribunal de arbitraje reconoció que ésta está concluida en un 95%, por lo que los costes que debería solicitar serían del 5%.
No sólo las constructoras sufren de esta particular ‘epidemia’. Ingenierías, como Abengoa, tampoco están inmunes a esta ‘plaga’. En el caso de la sevillana, la cifra también ronda los 3.000 millones de euros. Por decirlo así, 1.270 contra ellos, y 1.710, demandas de la propia compañía contra terceros. Y luego están los problemas con Hacienda, multas…
