La Comisión Europea abrirá una investigación en profundidad tras la compra de la cadena de emisoras Bonnier Broadcasting por parte de Telia Company, la mayor operadora de telecomunicaciones de los países escandinavos. Así lo ha anunciado tras la sospecha de que el movimiento puede provocar una reducción de la competencia del sector audiovisual en Finlandia y Suecia, ha informado en un comunicado.
«La investigación que abrimos hoy tiene el objetivo de garantizar que la adquisición de Bonnier por parte de Telia no conduzca a mayores precios o a menos opciones de canales televisivos para los consumidores en Finlandia y Suecia», ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
En concreto, Bruselas sospecha que la compra podría suponer que algunos competidores de Telia en la distribución de televisión podrían perder el acceso a canales específicos de Bonnier que son «importantes para los consumidores». Esto podría pasar, en opinión del Ejecutivo comunitario, tanto en plataformas por satélite como en redes terrestres y por Internet.
Además, la entidad resultante de la fusión podría negar el acceso a espacios publicitarios en canales abiertos y de pago a los competidores de Telia en los mercados de servicios minoristas de telecomunicaciones móviles, Internet fijo y servicios de televisión.
Por último, la Comisión Europea cree que la futura compañía podría también denegar el acceso a sus servicios de ‘streaming’ a clientes que utilicen proveedores de Internet fijo o móvil de la competencia.
TELIA, DISPUESTA A RESOLVER DUDAS
Los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario ha abierto ahora la investigación en profundidad para determinar si sus sospechas iniciales son ciertas, aunque ha advertido de que el inicio de la misma no prejuzga el resultado final.
La transacción fue notificada a las autoridades europeas el pasado 15 de marzo y Bruselas dispone ahora de un plazo de 90 días, hasta el 19 de septiembre, para tomar una decisión al respecto.
Telia comunicó a la Comisión Europea una serie de compromisos para resolver las dudas de la institución europea, que sin embargo consideró que sus propuestas eran «insuficientes» para «descartar claramente» las preocupaciones sobre la compatibilidad de la operación con las reglas comunitarias.
