La central térmica de Puentes de García Rodríguez –conocida popularmente como central de As Pontes– tiene sus días contados a pesar de que oficialmente tanto la empresa gestora (Endesa) como los poderes públicos implicados intentan trasladar a la opinión pública que la instalación permanecerá abierta y mantendrá los puestos de trabajo. Según confirman a MERCA2 fuentes cercanas al consejo de administración de la compañía el desmantelamiento de la central sigue sobre la mesa y será afrontado una vez que pasen las citas electorales de 2019 y de 2020.
En la actualidad Endesa está inmersa en el proyecto de transformar As Pontes para reducir las emisiones y cumplir así con la nueva normativa europea, para lo cual ha presupuestado una inversión de 220 millones de euros. Pero según indican las fuentes consultadas se trata tan sólo de una solución a corto plazo: “Ha existido mucha presión desde el ámbito político y sindical para mantener abierta la central y se ha decidido aprobar un plan para que exista actividad al menos hasta que termine el ruido electoral, después se afrontará su futuro porque una central térmica no tiene sitio a medio y largo plazo en los activos de la compañía”, indican.
Lo cierto es que el grupo que preside Borja Prado ha recibido peticiones de todo el espectro político para que no desmantele la central térmica, a pesar de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, indicó el pasado noviembre que su cierre estaba pactado con el objetivo de que no continuara quemando carbón para producir energía más allá del año 2030. Tras este posicionamiento público, Domínguez Abascal recibió la reprimenda tanto de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, como de otros cargos socialistas ya que el municipio de As Pontes está gobernado por el PSOE.
A esto se suma que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha establecido como uno de los objetivos prioritarios de su mandato que un eventual cierre de la central no le pase factura en las urnas en otoño de 2020, cuando previsiblemente se celebrarán las elecciones en la comunidad autónoma. De hecho, Feijoo ha hecho frente común con el PSOE y los sindicatos para convencer a Borja Prado de que no es un buen momento para hablar del cierre de la central, ya que supondría otro gran golpe a la industria gallega que tendría consecuencias sociales.
En este contexto, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, quiso dejar claro el pasado 21 de noviembre, en la presentación del Plan Estratégico de la compañía para el periodo 2018–2021, que As Pontesestá incluida su nueva hoja de ruta y que invertirá los citados 220 millones de euros. Sin embargo, la realidad es que una vez que concluya el año 2021 se volverá a plantear su desmantelamiento o su transformación radical para dejar de quemar carbón ya que la prioridad del grupo es apostar por las renovables y mantener la producción nuclear, según explican a este diario fuentes del entorno del propio Bogas.
OTRO CIERRE MÁS: LAS TÉRMICAS DESAPARECERÁN
No es extraño que Endesa quiera cerrar sus centrales térmicas, algo que ya está haciendo en otros municipios españoles. En un escrito presentado en septiembre de 2017 al Ministerio de Energía, entonces gestionado por el Gobierno del PP, la empresa manifestaba que los nuevos requisitos medioambientales de la UE bajo la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), junto con la necesidad de incorporar las renovables, el fin de las ayudas a la minería de carbón y la obligación regulatoria de utilizar carbón importado en las centrales térmicas (más barato y eficiente que el español), eran elementos que hacían a este tipo de centrales inviables económicamente.
El interés de los poderes públicos por obligar a las compañías a mantener abiertas estas instalaciones a pesar de la contaminación y los costes que soportan es la seguridad de suministro, algo de lo que no se suele hablar pero que es relevante, ya que con fuentes de energía 100% renovable la tecnología actual no garantiza la calidad del servicio. Es decir, que si se les saca del mix habrá más apagones en los periodos de mayor consumo.
Además, en el citado documento que presentó al departamento que entonces dirigía Álvaro Nadal, Endesa recordaba al ministro que en el ámbito europeo existe oposición a la denegación del cierre de una central en un Estado miembro para evitar un incremento de la factura eléctrica. Esto es debido a que la intervención gubernamental distorsiona aún más el ya manipulado proceso de formación de los precios, que son al fin y al cabo las señales que debe tener el mercado (oferentes y demandantes) para tomar sus decisiones de consumo e inversión.
La compañía que preside Borja Prado siempre ha defendido que en la transición energética hacia un nuevo modelo basado principalmente en energías renovables debe contar con la producción térmica (carbón) y, sobre todo, con la nuclear, pero no a cualquier precio. Endesa apuesta por utilizar estas centrales como “prestadoras de servicio de respaldo”, es decir, que sean garantes del suministro cuando las denominadas energías verdes no sean capaces de cubrir los picos de demanda.
EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD SEGUIRÁ AUMENTANDO
Los datos revelan que, hoy por hoy, España no puede permitirse prescindir de las centrales térmicas sin afrontar una subida de precios desorbitante. Las cifras de Red Eléctrica relativas al cierre del pasado ejercicio muestran una caída de la producción de energía hidráulica en 2017 de casi un 50% anual, lo que –junto con la menor aportación de la eólica– obligó a elevar la aportación al mix de la térmica, alcanzando el 17% del total. Llegados a este punto es conveniente señalar que la capacidad de generación de la central de As Pontes le permite cubrir el 5% de la demanda eléctrica nacional.
Los trabajadores de la central térmica gallega llevan tiempo organizándose para plantar cara a Endesa cuando comunique definitivamente el cierre (o reforma integral) de las instalaciones y acusan directamente a la italiana Enel de estar desmantelando de forma paulatina lo que queda de la corporación española. El grupo transalpino controla el 75% del capital de Endesa después de que la familia Entrecanales le vendiera su participación después de protagonizar la operación política que evitó que la firma española fuera adquirida por la alemana E.ON, tras la fallida opa lanzada por Gas Natural Fenosa (hoy denominada Naturgy).
El responsable de UGT en el comité de empresa de Endesa, Manolo Jaramillo, ha denunciado en varias ocasiones que Enel está “descapitalizando y desmantelando” a la firma española y considera un elemento clave de este proceso el nombramiento en 2014 de Francesco Starace como CEO de la matriz italiana.Los trabajadores son los primeros que no se fían del programa de inversiones anunciado para mantener la actividad en As Pontes y saben que los 220 millones de euros sólo permitirán a la central alcanzar sus objetivos medioambientales hasta 2030.
