“En la primera subasta del año el Gobierno nos dio diez millones de euros y en la segunda han sido 5,7 millones”, se lamenta José Antonio Jainaga, presidente ejecutivo de Sidenor. Y añade: “Las subastas de interrumpibilidad seguirán bajando lo cual no es bueno ya que ese dinero es el que nos permite, por ejemplo, invertir en un negocio en el que los márgenes son pequeños”.
¿De qué se trata? La interrumpibilidad tiene dos partes: por una, permite ‘desenchufar’ de la corriente a las grandes empresas con gran consumo energético en caso de necesidad del sistema; a cambio de esta disponibilidad, se les retribuye con una cantidad. Es decir, cuando Red Eléctrica (REE), que es quien opera el sistema, no es capaz de disponer de la oferta de energía suficiente para satisfacer la demanda, corta el suministro. Y lo hace a unos pocos consumidores (grandes empresas) a los que indemniza.
Sidenor no es la única empresa siderúrgica que ha ‘sentido en sus carnes’ el cambio que regula este tipo de subastas. La orden fue publicada el pasado 6 de abril, con el Partido Popular gobernando, y su principal cambio es que sustituía los bloques de 90 megavatios por otros de 40 MW. Lo que se pretendía era que hubiera mayor competitividad (algo que se demandaba desde Bruselas) pero se ha traducido en una lucha fratricida.
EL GOBIERNO REDUCE EL VOLUMEN
Al reducir el tamaño de los bloques de 90 MW a 40 MW, la intención del Gobierno era mejorar la competitividad. Desde la capital comunitaria se venía a decir que, al ser una subasta inversa (se puja a la baja), había poca ‘lucha’ entre las compañías que podían acceder (vamos, que había alguna especie de entente cordiale) por lo que el precio que recibían era demasiado alto.
La idea era que las empresas más pequeñas, las que acudían a la subasta de bloques de 5 megavatios, dieran el salto. Habría, de esta manera, más ‘pelea’, y Bruselas contenta. ¿Qué sucedió? Que se puso una condición draconiana para las pequeñas: las que acudiesen a esa subasta tenían que ser capaces de entregar al menos 40 MW en, por lo menos, el 91% de las horas de cada mes. Es decir, que tenían que estar 27 días consumiendo a tope para que a ellos les resultara rentable.
Sólo Acerinox fue capaz de cumplir la condición del Gobierno al disponer de dos hornos en Algeciras
“Personalmente le dije a Daniel Navia, secretario de Estado de Energía, que con esa condición quedábamos excluidos la práctica totalidad de los siderúrgicos, pues la mayoría sólo disponemos de un horno en la acería y, sólo por razones de mantenimiento, tiene que permanecer parado un gran número de horas al mes”, indica José Antonio Jainaga. Si a ello añadimos averías, modificaciones… imposible de cumplir.
De hecho, sólo Acerinox fue capaz de cumplir esa condición al disponer de dos hornos en Algeciras. Mientras uno está funcionando se puede hacer el mantenimiento en el otro y seguir entregando al menos 40 MW.
No ha sido la única zancadilla del Gobierno a las pequeñas siderúrgicas. También ha reducido la potencia comprada en bloques de 5 MW un 25%. “Evidentemente al comprar menos pagan menos por el servicio, pero al crear una gran diferencia entre oferta y demanda se produce un segundo efecto muchos más nocivo que es la caída brutal de los precios de las subastas”, manifiesta el presidente ejecutivo de Sidenor.
Un dato para corroborarlo: en la subasta del primer semestre de 2018, pagaron a 108.000 euros/MW de media a estas empresas; en la del segundo semestre, fueron 63.000 euros/MW. Por tanto, todos han perdido retribución. “Pero a las 130 empresas que acudimos a la subasta de 5 MW nos han laminado literalmente en beneficio de los siete grandes”, afirma José Antonio Jainaga.
Esos siete son Alcoa (que ha planteado el despido de todos sus trabajadores en Avilés y A Coruña), Arcelor Mittal, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Celsa, Acerinox y Ercros. El precio medio de asignación para ellos ha sido de 174.174 euros/MW. Por ejemplo, Arcelor Mittal se ha llevado 42 millones de euros y Asturiana de Zinc 34 millones de euros.
Si repasamos los precios de salida fijados por la secretaría de Estado de Energía el pasado 19 de abril de 2018, estos fueron de 200.000 euros/MW para los productos de 40 MW, y de 150.000 euros/MW para los de 5 MW. Dicho de otra forma, la subasta hizo ‘caer los precios’ un 14,8% para los siete grandes, mientras que en el resto el ‘descenso’ fue del 138%. “La gente ha ido a la subasta a morir por lo que el precio se ha resentido”, reconoce Jainaga.
Como consecuencia, si antes el reparto de estas ayudas era del 50%-50% entre grandes y pequeñas, ahora se ha producido un desequilibrio, ya que las grandes se llevan el 70% y las pequeñas el resto de la tarta. Y el requerimiento de la Comisión Europea sigue sin cumplirse. Por ello, Sidenor, Siderúrgica Sevillana y Grupo Gallardo Balboa han llevado al Tribunal Supremo este mecanismo. En el primer trimestre del año, el Gobierno a través de REE, activó el servicio de interrumpibilidad 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios.
