Cuando 2017 pliegue banderas en diciembre, y se hagan los pertinentes resúmenes informativos del año, a nivel empresarial las miradas se pondrán sobre Banco Popular. De entidad solvente a una venta por 1 euro. Y todo ello, regado con accionistas que reclaman lo suyo e inversores airados.
Entre estos últimos, los que tenían participación representativa dentro del Popular, había un grupo conocido como ‘el clan mexicano’, liderados por Antonio del Valle, que se resisten a perder lo que consideran legítimamente suyo. De esta manera se han personado ante la alta justicia europea para denunciar la disolución del banco.
En concreto, el grupo de inversores mexicanos que estaban en Banco Popular ha presentado esta semana un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede el Luxemburgo, solicitando la nulidad de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de resolver la entidad.
¿El principal motivo? Cuestionan la legalidad del nuevo Mecanismo Único de Resolución (MUR) en el marco de la legislación de la Unión Europea (UE) y el proceso que condujo a la decisión de la resolución. A 30 de marzo, el grupo de accionistas mexicanos de Banco Popular, liderados por Del Valle, ostentaba una participación del 4,13% en la entidad.
Están representados por Kirkland & Ellis, y entre sus argumentos se aferran a uno que, al parecer, solo ellos ven: Banco Popular no estaba en «graves dificultades» ni probablemente fuera a estarlo. Creen que se enfrentó a un problema de liquidez a corto plazo, originado principalmente por las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König.
Había alternativas para Banco Popular
Para este grupo de «renegados», parece ser que no se quiso estudiar más posibilidades. Creen que no se consideró otras opciones privadas que hubieran evitado la resolución. Por ello piensan que se violó los derechos de propiedad de los accionistas en virtud de la legislación comunitaria. Asimismo, la demanda advierte que la acción de la JUR crea un precedente «peligroso» que no respeta los intereses vitales de los inversores y podría fomentar la falta de confianza en el sistema bancario de la UE.
«Las implicaciones de la decisión de la JUR por la resolución y venta de Banco Popular son inquietantes y de largo alcance», asegura Javier Rubinstein, abogado de Kirkland & Ellis, que incide en que el organismo comunitario «precipitó» la crisis de liquidez que llevó la resolución.
«Las acciones ilegales y sin precedentes que se toman aquí ponen en peligro la credibilidad y la integridad de todo el sistema bancario europeo y del marco regulador post crisis», concluye.
