El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y la Protección de los Denunciantes. Una norma que ahora tendrá que ser debatida, pero que busca ayudar a todas aquellas personas que -en el marco de la Administración; por su relación con ella o con entidades que perciban dinero público- quieran denunciar prácticas abusivas en la misma.
Una normativa que pretende, en definitiva, proteger a los «chivatos» -los famosos whistleblowers– que han ayudado a destapar algunos casos de corrupción en España como la trama Gürtel o los correos de Blesa. De hecho, era una de las grandes peticiones de la Unión Europea al Gobierno español: garantizar la inmunidad de estas personas, con el objetivo de frenar las represalias que, por parte de sus superiores, se puedan llevar a cabo.
Y ese el objetivo de una norma que ahora sale adelante, y que contempla dos aspectos fundamentales: la definición de chivato y las garantías que se le deben proporcionar; por otro lado, la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública que se ocupará de forma «independiente» de llevar a cabo las investigaciones y las sanciones y otras actuaciones que de ellas se puedan derivar.
Un texto al que se han sumado la mayor parte de los Partidos Políticos, con el PP a la cabeza. Sin embargo, la Plataforma por la Honestidad -una de las impulsoras de esta norma- muestra su sorpresa por este hecho. Su portavoz, Pedro Arancón, habla para Merca2. Considera que «los populares han dado el Sí para no quedarse solos, pero en realidad esto es un peligro». Cree que el objetivo final de los populares es «devirtuar la propuesta y que no salga adelante», sentencia. Y se atreve, incluso, a hacer un vaticinio: «cuando se apruebe la norma, el Gobierno dirá que no hay presupuesto para la creación de la Agencia». Algo a lo que ya ha recurrido en anteriores ocasiones, cuando una Ley salida del Congreso no ha terminado de convencerle.
«¿Cree que el PP va a renunciar a controlar a los denunciantes?
Para Arancón este Ejecutivo tan sólo «busca atajos para no respetar la Democracia, cuando en realidad debería respetar lo que diga el Legislativo». Así que no parece que esté muy contento el portavoz de la Plataforma por la Honestidad que agrupa -entre otros- a Ana Garrido, la funcionaria que destapó la trama Gürtel. Y va un paso más allá: «pondrá todos los palos en la rueda para evitar que salga adelante. ¿Cree que va a renunciar a perder el control de los denunciantes?».
Esa es una de las cuestiones básicas de la nueva normativa, ya que se ocupa de garantizar el anonimato, las ayudas y la protección que debe recibir un chivato una vez que ha decidido dar el paso adelante. Por eso, Arancón reclama al PP que «no participe» en la elaboración de este proyecto.
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La norma, por cierto, que tampoco es que termine de convencer a los miembros de la Plataforma. Creen que deja abiertas varias cuestiones, algunas de ellas de importancia. La primera, explican, la forma de garantizar el anonimato. Consideran que, para ello, es vital la creación de juzgados especializados -al igual que existen los de Violencia de Género-.
Por otro lado, creen que es importante también la forma de elegir al presidente de la Agencia. Según el proyecto adoptado en el Congreso será el Parlamento quien decida quién ocupa esa figura. Sin embargo, para Arancón es imposible garantizar así la independencia entre el Legislativo y el Ejecutivo del trabajo de la Autoridad Independiente. Un defecto que «confían» se pueda corregir durante la tramitación de la norma.
Además, Ciudadanos tendrá que explicar también cómo es posible que en su propuesta hable de que los cargos políticos deben dimitir «cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso judicial se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos». Una situación que, como ya han dicho varios medios, provocaría que el presidente de Murcia continuara al frente de su puesto pese a estar siendo investigado por la Justicia. No sólo eso, es que va en contra de los propios acuerdos firmados entre el PP y Ciudadanos.
