El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó la incoación de 18 nuevos expedientes sancionadores durante 2019, en los que se imputaron un total de 26 presuntas infracciones, con propuestas de multa por 9,3 millones de euros, según consta en el informe anual del supervisor.

Hasta un total de seis expedientes abiertos contemplaban infracciones por la incorrecta comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas.

En un caso se encontró incumplimiento de la obligación de información por sociedades emisoras; en cinco expedientes se detectó abuso de mercado por manipulación; en dos ocasiones incumplimiento de la reserva de actividad; en cinco incumplimiento de normas deconducta en la relación con clientes o inversores; en uno resistencia a la actuación inspectora de la CNMV y al resto se expedientó por vulneraciones de la normativa general.

La CNMV ha precisado que uno de estos expedientes fue suspendido en su tramitación por la existencia de un procedimiento penal relacionado con él, suspensión que se mantendrá hasta que recaiga sentencia judicial firme.

En el curso del ejercicio, el supervisor acordó 17 resoluciones sancionadoras que concluyeron el mismo número de expedientes y que incluían 30 infracciones. En nueve de estos expedientes los presuntos infractores decidieron terminar el procedimiento mediante el reconocimiento voluntario de responsabilidad o mediante pago con la aplicación de las reducciones que, sobre las multas pecuniarias, prevé este precepto.

Esto ha contribuido a que en este ejercicio, sin perjuicio del diverso plazo de tramitación de cada expediente en atención a su complejidad, se haya mantenido el plazo medio de tramitación en 6 meses.

Finalmente, se impusieron un total de 39 multas por un importe de 3,93 millones de euros. El registro público de sanciones incorporó en 2019, una vez ganaron firmeza administrativa, diversas resoluciones sancionadoras relativas a infracciones graves o muy graves con multas por un importe total de 1,6 millones de euros miles de euros.

Al cierre del ejercicio estaban pendientes de firmeza administrativa y publicación en el registro multas impuestas por un importe total de 2,78 millones de euros.

Por otro lado, se interpusieron catorce recursos de alzada ante el Ministerio de Economía el año pasado contra resoluciones sancionadoras que, a 31 de diciembre, se encontraban pendientes de resolución. Asimismo, el Ministerio desestimó dos recursos de alzada en materia sancionadora interpuestos en el ejercicio 2018.

En vía judicial, se interpusieron 10 recursos contencioso-administrativos, tres de ellos contra resoluciones sancionadoras. De los restantes, tres se formularon contra dos acuerdos de autorización de sendas opas –si bien uno de ellos se cerró en el mismo ejercicio por desistimiento del recurrente– y uno contra el acuerdo de exclusión de negociación de las acciones de la entidad objeto de una de las opas impugnadas. Los otros tres recursos están relacionados con un expediente de contratación y dos reclamaciones de cantidad en materia de personal.

Por lo que respecta a las resoluciones judiciales dictadas en 2019, un total de 32 se refieren a expedientes sancionadores. En este sentido, la Audiencia Nacional dictó cuatro sentencias de inadmisión y 20 sentencias desestimatorias de los recursos interpuestos, que conllevaron a la íntegra confirmación de las resoluciones recurridas, y a una sentencia estimatoria.

Por su parte, el Tribunal Supremo resolvió siete recursos de casación, que supusieron la confirmación de las sentencias de la Audiencia Nacional impugnadas. En cuanto a las resoluciones dictadas por los tribunales en recursos interpuestos contra resoluciones no sancionadoras, la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto contra la autorización de una opa, si bien la Administración ha presentado recurso de casación contra esta.

Las otras dos resoluciones se han dictado como consecuencia del desistimiento de los recurrentes: en un caso, contra el acuerdo de autorización de una opa –antes señalada–, y, en otro, contra la resolución desestimatoria de una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el Ministerio de Economía y la CNMV por su actuación en relación con la salida a bolsa de una entidad financiera.

Las tarifas eléctricas del mercado libre son hasta un 86% más caras que las del mercado semirregulado del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), elevando el recibo mensual hasta en 31 euros, según el último estudio comparativo realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, el precio del kilovatio hora (kWh) registró una media de 10,18 céntimos el mes pasado para el PVPC, frente a los 18,95 céntimos (impuestos indirectos incluidos) en la tarifa más cara de las analizadas por la organización.

Según el estudio, realizado sobre la comparativa de ofertas de diez comercializadoras, Facua concluye que los consumidores adscritos a una de estas compañías pueden pagan hasta 31 euros más en la factura de la luz.

El perfil de usuario medio utilizado por Facua es de un consumidor con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y de un consumo de 366 kWh al mes.

HASTA MÁS DE UN 54% EN EL RECIBO

Así, los 56,47 euros que se pagarían de recibo mensual con el PVPC, teniendo en cuenta la tarifa media de kWh del último mes, se elevan a 87,1 euros en el caso de la tarifa más cara de las analizadas -el Pago Clásico de Holaluz)-, más de un 54%.

En el caso de la tarifa del mercado libre menos cara de las analizadas por la asociación -la ‘EcoEasy Luz’ de Naturgy-, se eleva a 70,33 euros.

El estudio abarca las tarifas sin discriminación horaria y precio estable por cada kW de potencia contratada y kWh de energía consumida de Cepsa, CHC Energía, Endesa, Feníe, Holaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol y Som Energía.

Las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao son las que presentan mayor presión fiscal entre las grandes urbes, lo que les lleva a suspender también en materia de libertad económica, al tiempo que entre las ciudades medianas destacan por su elevada presión fiscal Lleida, Tarragona, Huelva, L’Hospitalet de Llobregat, Salamanca y especialmente Marbella.

Así se desprende de la tercera edición del índice de Libertad Económica de las ciudades españolas (Ilece), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, que avisa de que la alta presión fiscal municipal es uno de los factores que lastran la posición de las grandes ciudades.

Entre las grandes ciudades, el estudio arroja datos «preocupantes» para la ciudad de Barcelona, al obtener 7,35 puntos de los 30 posibles en materia de tributos locales, lo que indica una presión fiscal municipal «extraordinariamente elevada», seguida por Madrid, que obtiene 9,61 puntos.

De igual forma, otras grandes urbes con puntuaciones similares de presión fiscal son Sevilla (11,7 puntos), Valencia (11,3), Bilbao (14,2) o Zaragoza (14,3).

En todos estos casos las ciudades suspenden tanto en presión fiscal como en el índice general, quedando por debajo de los 50 puntos totales sobre 100 en la categoría de «insuficiente libertad económica».

Entre las ciudades medianas, destacan también por su altísima presión fiscal Lleida, Tarragona, Huelva, L’Hospitalet de Llobregat, Salamanca y, de manera muy especial, la ciudad de Marbella, que se queda en 5,58 puntos sobre los treinta posibles en materia de fiscalidad municipal.

Por su parte, las ciudades donde mayor alivio fiscal tienen los ciudadanos por parte de sus ayuntamientos son Pamplona (con 16,18 puntos), San Sebastián (15,75), Santa Cruz de Tenerife (15,59) y Leganés (15,38).

Estas cuatro ciudades son las únicas, de las cincuenta analizadas, que aprueban específicamente en materia tributaria.

LIBERTAD ECONÓMICA: ALICANTE, ALMERÍA Y VIGO LIDERAN

No obstante, en el conjunto del índice de libertad económica, y una vez computados los demás factores (desempeño económico del municipio, magnitud de la plantilla municipal y externalización de los servicios) quedan Alicante, Almería y Vigo, por ese orden, como las ciudades con mayor libertad económica general en el índice de 2020. En el otro extremo, las ciudades con menor libertad económica son Marbella, Jerez de la Frontera, Granada, Barcelona, Tarragona y Lleida.

Concretamente entre las mayores ciudades, Barcelona figura en el puesto 47 de 50, ante un «altísimo coste y endeudamiento» del ayuntamiento que «están fuera de toda lógica», sus subvenciones «desproporcionadas» y una carga fiscal en IBI e IAE «altísima», mientras que Madrid ocupa el puesto 41, con un coste del ayuntamiento «excesivo» y el «serio problema de la deuda.

Asimismo, Valencia se encuentra en la posición 42, Sevilla en la 38, Bilbao en la 36 y Zaragoza en la 34.

El secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad, Juan Pina, ha señalado que «la presión fiscal que ejercen los municipios es en general excesiva y perjudicial para los ciudadanos», puesto que de los 17 millones de habitantes de las 50 mayores ciudades españoles, más de 16 millones soportan una carga fiscal «elevadísima» por parte de sus ayuntamientos, mediante tributos como el IBI, el IVTM de los vehículos o el IAE que pagan las empresas domiciliadas, junto a multas y sanciones.

Por ello, añade, «la recaudación total municipal partida por la población de las ciudades indica en general una voracidad fiscal que urge corregir».

Entre otras propuestas, la fundación insta a amortizar con la mayor celeridad toda la deuda pública municipal posible, reducir sustancialmente el gasto público municipal y reducir o eliminar todas las partidas de subvenciones, así como aprovechar en su totalidad el margen legal disponible y promover la cesión de tributos autonómicos y centrales a la administración local.

El presidente del Grupo Pascual, Tomás Pascual, ha advertido de que eventuales incrementos de impuestos impactarán en la renta, en el consumo, en la recuperación económica y en el empleo y ha afirmado que «la fiscalidad debe estar acompasada a la situación» marcada por la crisis sanitaria del Covid-19.

«Poner impuestos al consumo, da igual que sean IVA o medioambientales, en momentos cuando necesitamos que la gente se anime a consumir y en una situación en la que la industria garantiza seguridad y calidad, es retrasar la recuperación», ha señalado en su intervención en la Cumbre Empresarial organizada por la CEOE.

Asimismo, el presidente de Pascual ha reclamado la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta que dure la inactividad, al tiempo que ha considerado necesario que el diálogo social «vuelva a una normalidad que permita a las empresas crear riqueza, bienestar y empleo».

Tras resaltar el papel de la industria de alimentación y bebidas como «motor de crecimiento y creación de empleo», el presidente de Pascual ha considerado necesario crear un clima empresarial «favorable» y poner en marcha medidas para aumentar la competitividad de las empresa para «poder resistir mejor» ante las circunstancias de «una forma optimista» y «a la larga para liderar en el futuro la economía«.

Según ha explicado, en la primera etapa del confinamiento, la industria agroalimentaria «ha dado la cara» en un contexto marcado por una «gran tensión, inseguridad y una necesidad desmedida de abastecerse», que posteriormente «se ha ido regularizando, de forma eficiente y eficaz».

«Es muy importante lo que hemos hecho porque ayudamos a generar confianza y la confianza es esencial en estos momentos», ha señalado Pascual, quien ha destacado el impacto del Covid-19 en los sectores afectados por la paralización de la hostelería, lo que puede suponer una caída de actividad de un 8%, casi 1.000 millones de euros, la pérdida de 10.000 empleos y la desaparición de 800 empresas.

Para hacer frente a la situación, Pascual ha reclamado la colaboración público-privada con «claridad y agilidad», medidas económicas y fiscales, moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos y medidas de competitividad, con una legislación única en España que se acompase con la Unión Europea.

«Lo único que tenemos que tener es objetivos comunes ambiciosos, evitar desventajas competitivas con otros países y que se apliquen las mismas regulaciones a las industrias que producen fuera», ha señalado Pascual, quien además ha pedido medidas de fomento de consumo nacional y de apoyo a la exportación, entre otras.

Los esquemas temporales de protección de empleo, como los ERTE españoles, están «amortiguando significativamente» el impacto de la crisis del Covid-19 en los ingresos de los hogares de la zona euro, según un análisis publicado este miércoles por el Banco Central Europeo (BCE).

El documento, perteneciente a la próxima edición del boletín económico del instituto emisor, cuantifica que, gracias a este tipo de esquemas, los hogares han perdido de forma agregada en torno a un 7% de sus ingresos. El BCE ha alertado, no obstante, de que pueden existir «diferencias significativas» entre individuos y países. Si no existieran este tipo de mecanismos, la caída de los ingresos de los hogares por el menor número de horas trabajadas podría haber llegado al 22%.

«Estos esquemas no solo ayudan a los hogares a preservar sus ingresos, también ayudan a las empresas a preservar su flujo de caja. Como resultado, menos empleos deberían estar en riesgo hasta que llegue la recuperación económica», puntualiza el informe, realizado por los economistas del BCE António Dias da Silva, Maarten Dossche, Ferdinand Dreher, Claudia Frono y Gerrit Koester.

En este sentido, el instituto emisor ha asegurado que existe una «sustancial evidencia» de que estos esquemas «disminuyen considerablemente» las pérdidas de empleo en la zona euro en comparación con otros países que no tienen instaurados sistemas similares o estos son escasos, como pasa en Estados Unidos.

El análisis del BCE también recopila, según diferentes fuentes, el número de trabajadores afectados por este tipo de mecanismos similares a los ERTE. En primer lugar se sitúa Francia, con 12 millones de trabajadores afectados (el 47% del total), seguida de Alemania, con 10 millones (el 24% del total); Italia, con 8,5 millones (el 44% del total); España, con 3,9 millones (el 23% del total) y Países Bajos, con 1,7 millones (el 21% del total).

El sector de la automoción ha destacado este miércoles la importancia de ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor y de adaptar la educación a las necesidades de las empresas y ha pedido «seguridad jurídica» para poder desarrollar la transformación que está llevando a cabo la industria.

Así lo han señalado diferentes directivos del sector en una conferencia ‘online’ sobre la automoción organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la cual han estado presentes el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos; el presidente de Gestamp, Francisco José Riberas; la presidenta de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), María Helena Antolin; el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, y el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios.

En este sentido, el sector de la automoción ha solicitado a las administraciones «seguridad jurídica» y «homogeneidad normativa», por lo que han pedido a los políticos que «cuenten hasta tres» antes de hacer declaraciones.

Por ello, De los Mozos ha subrayado el «compromiso» del sector con la descarbonización del parque de vehículos, pero ha insistido en la necesidad de «adaptar» los objetivos de cara al año 2040 debido a la crisis del coronavirus, que hará que en España este año se produzcan 700.000 vehículos menos.

También ha señalado la importancia de atraer inversiones para producir modelos electrificados en territorio nacional. «Si producimos productos residuales estaremos sorprendidos de que nos lleguen malas noticias de cierre», ha apostillado el también presidente de Renault en España.

Al igual que De los Mozos, Antolin y Riberas han destacado la necesidad de adaptar la educación a las necesidad de las empresas, para así contar con mano de obra cualificada en los ámbitos con más empleabilidad, como la digitalización.

«Sin una educación adaptada a las necesidades de las empresas, sin un sistema educativo en el que el presente es el futuro, no será posible beneficiarnos del impulso que estos meses ha supuesto, por ejemplo, la digitalización de la actividad diaria», ha reivindicado Antolin en su discurso.

ERTE

Además, todo el sector ha valorado la puesta en marcha de los ERTE de fuerza mayor como una buena medida para mantener el empleo, aunque desde Faconauto han insistido en que es necesario que se extiendan hasta el mes de diciembre para poder ir reincorporando a los trabajadores de forma paulatina.

«Los ERTE de fuerza mayor fueron un hito para el mantenimiento del empleo. Pero ahora necesitamos una ampliación hasta diciembre para poder desarrollar una incorporación gradual de los empleados», ha aseverado Pérez.

Palabras similares ha dicho Riberas, que se ha referido a estos expedientes como un «mecanismo fundamental» que fue «bien negociado» por empresas, sindicatos y Gobierno y que ha permitido al automóvil mantener el empleo. «Es necesario una prórroga de los mismos y una flexibilización hasta que la demanda alcance niveles suficientes», ha reivindicado.

Por su parte, Palacios ha propuesto la puesta en marcha de un sueldo mínimo vital, para que el Estado subvencione parte del salario de los trabajadores, y ha subrayado la importancia de mantener el empleo para estabilizar la demanda de vehículos.

La firma de inversión Pimco espera que la economía mundial se recupere de forma «desigual» de la recesión «aguda» y «breve» del coronavirus y que no alcance los niveles previos en las economías occidentales antes de 2022.

«El escenario base sigue siendo una recuperación accidentada y desigual, y es poco probable que se alcance el nivel de actividad económica anterior a la crisis antes de 2022 en la mayoría de las economías occidentales», ha subrayado el asesor económico global de Pimco, Joachim Fels.

Entre los factores para el «ascenso largo y arduo» de la economía, Fels ha destacado el distanciamiento social, los problemas de las cadenas de suministro, la «reasignación de mano de obra y capital de los sectores perdedores» y los efectos del exceso de deuda en el consumo y la inversión.

Además, ha señalado a las tensiones entre Estados Unidos y China como otro factor negativo preocupante. «Un estallido de la guerra comercial podría fácilmente minar la confianza de los negocios, endurecer las condiciones financieras y hacer descarrilar una frágil recuperación económica», ha recordado el experto.

La gestora ha dibujado tres escenarios probables de la economía mundial, si bien ha advertido de que en los próximos seis a doce meses, los riesgos para el escenario base de vayan probablemente «a la baja».

SEGUNDAS OLEADAS, EL PEOR ESCENARIO

En el peor escenario económico se incluye una doble recesión como resultado de fuertes y generalizadas segundas oleadas de infecciones por Covid-19 que provocarían renovadas interrupciones de la actividad económica por parte del Gobierno. «La historia y el sentido común sugieren que las segundas oleadas pandémicas son la norma y no la excepción», ha sostenido Feels.

En ese escenario pesimista, las quiebras en cascada de empresas, muchas de ellas de pequeño y mediano tamaño, que hasta ahora han salvado el tiempo de recuperación con liquidez de emergencia, serían más probables, y muchos despidos temporales se convertirían en pérdidas de puestos de trabajo permanentes.

LEGADO DURADERO

Pimco asegura que esta crisis ha servido de «catalizador» para una cooperación fiscal-monetaria «cada vez más estrecha» que será difícil de revertir. Por ello, considera que el aumento de los niveles de deuda del sector público y el incremento de los déficits presupuestarios durante más tiempo requerirán un apoyo constante del banco central.

En este sentido, anticipa que la monetización de la deuda a gran escala, el control de la curva de rendimiento y las tipos de interés a cero o negativos serán «legados duraderos de la crisis de Covid-19», lo que implica que los tipos de interés nominales y reales serán más bajos durante más tiempo.

La gestora considera que los mercados se han recuperado de los mínimos desde marzo gracias a las respuestas de política «rápidas y muy amplias» de los bancos centrales y los gobiernos.

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEOE), Gerardo Cuerva, ha destacado la necesidad de que se salve a las pequeñas y medianas empresas, porque «hablar de empleo y actividad es hablar de pymes».

Así lo ha señalado en un encuentro digital organizado por la patronal y Wolters Kluwer, durante el cual ha apuntado que son necesarias medidas urgentes para el incremento de la liquidez de las empresas.

«Hemos parado nuestra actividad al 100%, y, sin embargo, nuestra actividad continúa», ha señalado, tras apuntar que es necesaria la liquidez para poder afrontar las operaciones de pago.

De hecho, ha calificado como necesario que se hiciera de forma «exprés» un ticket mínimo de unos 10.000 o 15.000 euros para las empresas y también que se dé flexibilidad para que puedan reestructurar su deuda y su situación.

Además, ha opinado que también hay que relajar de alguna manera las obligaciones que tienen las empresas ante la agencia tributaria, porque las tomadas hasta ahora cree que son «insuficientes».

«Hay que incrementar el esfuerzo que haga el Gobierno con las obligaciones tributarias», ha remarcado, tras apuntar que no se puede permitir tampoco que la Administración le deba dinero a la empresa. Por ello, ha pedido rescatar el plan de pago a proveedores, ya que el dinero tiene que estar en la empresa y no en la Administración.

Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha señalado que alcanzar un acuerdo no es un problema de fecha de calendario, sino de que se debe atajar cada sector, territorio o entorno para ver cómo está la situación.

«Si cargamos a las empresas de obligaciones las desnaturalizamos», ha apuntado, tras señalar que se deben ampliar los ERTE «sí o sí», pero mirando la casuística de cada sector y bajando al detalle de cada empresa.

Por otro lado, el presidente de Cepyme ha remarcado que es necesario un marco de generación de seguridad para la actividad empresarial, porque es necesario generar certidumbre y seguridad jurídica.

«No valen pactos al margen del diálogo social y ocupar con otras personas o personajes la mesa del diálogo social y levantar a empresarios y sindicatos», ha añadido haciendo referencia al pacto entre PSOE, Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral.

Asimismo, sobre la reforma labora, cree que no se debe acabar con la flexibilidad, porque no saldrían adelante los puestos de trabajo y «no tiene sentido». Así, cree que habrá que abordar la mejora de las relaciones laborales españolas.

Por último, ha incidido en lo necesario que es que las políticas fiscales vayan encaminadas a dejar espacio a las empresas para permitir su crecimiento en el caso de las pymes y «atacar» la economía sumergida y la morosidad.

La pandemia de Covid-19 está teniendo un impacto «severo y duradero» en la economía de los países de la eurozona más dependientes de los viajes y el turismo, como es el caso de España, según ha señalado el Banco Central Europeo (BCE), que advierte de que las consecuencias económicas irán más allá del levantamiento de las restricciones y las medidas de confinamiento.

En un artículo publicado en el último boletín de la institución, el economista del banco central Tobias Schuler subraya los sustanciales efectos que las medidas de confinamiento aplicadas para frenar la propagación de la pandemia están teniendo en la balanza comercial de servicios de la zona euro, con especial intensidad en los viajes y el transporte de pasajeros.

«Incluso después de que se hayan levantado las severas medidas de confinamiento, la pandemia está provocando efectos duraderos en el sector a través de la aversión al riesgo y un cambio en las preferencias», apunta Schuler, quien recuerda que la zona euro cuenta con una elevada exposición en sus intercambios comerciales a sectores de servicios muy afectados por la crisis y en los que logró un superávit en 2019.

A nivel general, el comercio neto de viajes aportó 42.000 millones de euros al superávit de 68.000 millones en la balanza de servicios de la zona euro en 2019. De hecho, las exportaciones de servicios de viajes representaron el 17% de las exportaciones del sector servicios de toda la eurozona, mientras que alcanzaron el 13% de las importaciones.

En este sentido, las exportaciones de viajes, incluyendo servicios de alojamiento y hostelería a los viajeros, desempeñan un papel importante para varios países de la zona del euro, entre los que España, Francia, Italia y Alemania son los mayores exportadores en términos de ingresos, con más de la mitad de sus exportaciones de viajes a países fuera de la zona euro.

Por contra, Alemania es con diferencia el mayor importador de servicios de viajes en términos absolutos dentro de la zona euro, por delante de Bélgica, Luxemburgo o Chipre.

De este modo, se estima que los países de la zona del euro más expuestos al impacto de la pandemia en términos de exportaciones netas de servicios de viajes por el peso de estas en su PIB serían Chipre, Malta, Grecia y Portugal. «También se espera que España, Austria, Luxemburgo y Eslovenia eventualmente afronten un golpe significativo en términos de exportaciones netas de viajes», advierte el BCE.

Por el contrario, se espera que Alemania y Bélgica se beneficien ligeramente en términos de exportaciones netas, ya que son los principales importadores de servicios de viajes.

PROBLEMAS PARA LAS AEROLÍNEAS

«El sector de las aerolíneas se enfrenta a fuertes vientos en contra», subraya el informe publicado por el BCE, que destaca el desplome registrado en la capacidad de vuelo de la industria a raíz de las restricciones impuestas por la Covid-19, con una caída del 65% a nivel global, incluyendo un descenso del 72% en Estados Unidos y del 48% en Japón, mientras que en Italia, España, Francia y Alemania la capacidad de vuelo se desplomó más de un 90% en comparación con 2019.

«Los ingresos por pasajeros de vuelos cayeron aproximadamente un 15% tras los ataques terroristas de septiembre de 2001 y requirieron de dos a tres años para recuperarse por completo en los Estados Unidos y Europa«, señala. Asimismo, recuerda que tras el brote de SARS entre 2002-03, los ingresos por pasajeros disminuyeron en aproximadamente dos tercios y no se recuperaron hasta un año después.

Sin embargo, el informe alerta de que la caída en la actividad de las aerolíneas internacionales como resultado de la Covid-19 «es mucho más amplia y profunda y es probable que tenga consecuencias más duraderas para la industria que estos episodios anteriores».