Las ventas de automóviles de ocasión se situaron en 774.793 unidades en la primera mitad del año, lo que se traduce en una caída del 28,4% en comparación con el mismo período de 2019, según datos de Ideauto para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

En junio, el mercado español de turismos de segunda mano alcanzó un volumen de 164.334 operaciones, lo que se traduce en una disminución del 5,9% y, según Ganvam, representa una recuperación en ‘V’ de la crisis del coronavirus.

La organización recordó que las entregas de automóviles de ocasión experimentaron un retroceso del 65% durante el pasado mes de mayo, con 68.119 unidades, lo que supone una recuperación del «shock» del confinamiento a un ritmo más rápido que el registrado en las matriculaciones de vehículos nuevos.

«El usado se convierte en un valor refugio en tiempos de incertidumbre económica», explicaron desde Ganvam, al tiempo que resaltaron que por cada automóvil nuevo se vendieron 1,9 usados en junio.

DAR SALIDA AL STOCK

Asimismo, la asociación apuntó que el esfuerzo promocional realizado por las redes de distribución para poder dar salida al stock acumulado durante el confinamiento, junto con el carácter retroactivo de las ayudas del Plan Renove -que apoya las compras realizadas a partir del 15 de junio de usados matriculados por los concesionarios desde el 1 de enero de 2020- son los motivos que han impulsado que las ventas de entre cinco y seis meses de antigüedad crecieran un 70% el mes pasado.

La directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, afirmó que el hecho de que el Renove no obligue al distribuidor adelantar el importe de la ayuda «ha supuesto un impulso para la venta de estos seminuevos en junio.

«Ampliar el rango de edad de los seminuevos acogidos al plan, permitiría al comprador acceder a una mayor oferta -porque al final el stock de usados de pocos meses es muy reducido-, lo que no solo dinamiza las ventas, sino que acelera el ritmo de renovación del parque y la retirada de vehículos más antiguos», finalizó Puche.

La asociación Plataforma del Motor, que agrupa a casi 1.000 profesionales del sector de la compraventa de automóviles de toda España, ha lanzado un portal ‘online’ destinado a todos los usuarios y clientes interesados en la adquisición de turismos de ocasión, entre los que se incluyen nuevos, seminuevos, ‘Km 0’, de segunda mano, sin carné y clásicos.

Próximamente, este espacio ‘online’, gestionado por profesionales del comercio automovilístico y al que se puede acceder en la dirección ‘www.plataformamotor.com’, añadirá motocicletas y vehículos industriales de todo tipo, según informa la asociación en un comunicado.

«Plataforma Motor nace con la vocación de ampliar este tipo de servicios, cada vez más demandados por la sociedad. También lo hace para dotar al sector de una herramienta práctica y sencilla, con diversidad de funcionalidades y reglas claras, mientras asegura a los compradores todas las garantías necesarias para llevar a cabo su adquisición, y otros beneficios asociados», explica la organización.

La nueva página web de anuncios clasificados surge en un momento marcado por la pandemia del Covid-19, que ha impactado negativamente en el sector automovilístico, por lo que el portal quiere adaptar esta oferta a los nuevos tiempos e incrementando su competitividad.

«Es una herramienta ágil y sencilla de utilizar con plena seguridad desde cualquier dispositivo, y altamente profesional. El comprador particular que acceda a la web contará con plenas garantías de transparencia e información detallada para elegir su vehículo con toda facilidad», concluye Plataforma del Motor.

El precio medio de la vivienda en alquiler registró un incremento del 4,98% en el primer semestre, según el informe semestral de precios de alquiler elaborado por pisos.com.

La vivienda en alquiler en España tuvo en el sexto mes del año una superficie media de 114 metros cuadrados y una renta media mensual de 990 euros. Esta cifra es un 0,2% menor que la registrada en mayo y también está un 1,17% por debajo de la registrada en el primer trimestre.

Por regiones, las que registraron los precios más elevados fueron Madrid (1.772 euros), Baleares (1.425 euros) y Cataluña (1.273 euros), mientras que las rentas más baratas se registraron en Extremadura (464 euros), Castilla-La Mancha (570 euros) y Galicia (605 euros).

El incremento más acusado respecto al mismo periodo del año anterior se registró en Cantabria (+7,02%), mientras que el mayor ajuste se produjo en Canarias (-8,28%).

INCÓGNITAS

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que las mensualidades de alquiler siguen subiendo, «pero de una forma mucho menos acusada». «Esta tendencia, de la que ya fuimos conscientes a principios de año, se ha reforzado debido a la crisis sanitaria», ha apuntado.

Para Font, la evolución de este indicador está rodeada de «incógnitas», dado que es posible que las dificultades económicas por las que atraviesa la demanda a raíz de la pandemia retrasen las decisiones de compra y aumenten el número de inquilinos hasta que la situación laboral retome la normalidad.

Por otro lado, ve la aprobación del sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler, que ha visto la luz recientemente, como un factor de «incertidumbre». «Esta herramienta, cuyo desarrollo y puesta en marcha estaba incluida dentro del pacto PSOE-Unidas Podemos, nace con el objetivo de detectar aquellas zonas del país donde el mercado del alquiler está más tensionado», ha apuntado.

No obstante, ha dejado claro que la llegada de un índice oficial y público de precios de alquiler es «una buena noticia, siempre y cuando se utilice estrictamente como fuente de información, no como excusa para controlar los precios, algo que ha demostrado su inefectividad fuera de nuestras fronteras».

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre reflejará la destrucción de más de 600.000 empleos respecto al primer trimestre del año por el desplome que sufrió la actividad entre finales de marzo y comienzos de abril debido al estado de alarma y la crisis sanitaria, según previsiones de Asempleo publicadas este martes.

De cumplirse estas estimaciones, el total de ocupados se situará al cierre del primer semestre en 19.043.000 millones de trabajadores, su cifra más baja en dos años y muy lejos de los 19,8 millones de ocupados existentes en el segundo trimestre de 2019.

Las previsiones de Asempleo apuntan además a un aumento de la tasa de paro de casi cuatro puntos, lo que la situaría por encima del 18%, su nivel más alto en tres años.

RECUPERACIÓN PROGRESIVA

La patronal de agencias privadas de empleo subraya que el ritmo interanual de destrucción de empleo tocará fondo en julio (-5,2%) para recuperarse progresivamente desde el tercer trimestre, con retrocesos previstos del 5,1% en agosto y del 5% en septiembre.

Asempleo afirma que la evolución de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en especial a partir del 30 de septiembre, será clave en la recuperación del mercado laboral, aunque no repercutiría positivamente en el nivel de empleo, ya que los trabajadores en ERTE se contabilizan en la estadística como ocupados.

El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha explicado que, con el fin del estado de alarma, la economía española se ha aproximado al ritmo de mejora de la actividad que se observa en otros países europeos.

«No obstante, los datos de afiliación y paro registrado nos recuerdan que la persistencia del riesgo de contagio y la lenta reanudación de los flujos turísticos seguirán pesando en la situación de las empresas y en sus decisiones de contratación», avisa.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos contenciosos-administrativos presentados por Vox para impugnar los nombramientos de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y de uno de sus nuevos consejeros, el propuesto por Unidas Podemos, Carlos Aguilar.

A partir de mañana, empezará a contar el plazo de nueve días para que puedan personarse en dicho recurso, como demandados, quienes tengan interés legítimo en defender la actuación recurrida, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los recursos de Vox, fechados el 29 de junio, van firmados por el presidente de esta formación, Santiago Abascal, junto a medio centenar de diputados del Grupo, y en ellos se recurre el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 16 de junio por el cual se renovó la cúpula de la CNMC.

CONFLICTO DE INTERÉS

Cuando los dos consejeros comparecieron en el Congreso para pasar el examen de idoneidad, Vox ya habló de posibles conflictos de interés para ocupar esos puestos en el regulador.

De hecho, cuestionó la capacidad de la abogada Cani Fernández para resistir estos conflictos de interés por su pasado en el despacho Cuatrecasas, años en los que ejerció como defensora de empresas supervisadas, incluidas causas contra la propia CNMC.

Tanto Vox como el PP y Ciudadanos votaron en el Congreso en contra de los nombramientos de Fernández y Aguilar el pasado 11 de junio.

Sin embargo, los candidatos del Gobierno obtuvieron el visto bueno de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital gracias a los apoyos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV.

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del Covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables, como la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de suministros básicos.

Se trata de varias medidas que figuraban en el denominado ‘escudo social’ puesto en marcha por el Ejecutivo durante la fase más aguda de la pandemia para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable y cuya vigencia finalizaba un mes después del estado de alarma.

Entre otras medidas, el Consejo de Ministros tiene previsto extender hasta el 30 de septiembre la moratoria de hipotecas y alquileres y las medidas de protección por impago de suministros básicos (agua, luz y gas).

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

En concreto, se acordará una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, de modo que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de seis meses con las mismas condiciones.

Además y también hasta el 30 de septiembre, se dará luz verde al aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas.

Igualmente, está previsto que se apruebe una ampliación del plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria, de forma que se pueda solicitar hasta el 29 de septiembre y su funcionamiento sea secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (tres meses de moratoria legal, a los que se añaden nueve meses de moratoria del sector bancario).

También se aprobará la ampliación hasta el 30 de septiembre, a efectos de homogeneizar el conjunto de medidas, el periodo de percepción del bono social y la garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua.

Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

El real decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que contempla iniciativas por un importe superior a los 51.000 millones de euros entra en vigor este martes, 7 de julio, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la exposición de motivos de la norma, el Gobierno señala que tras la finalización del estado de alarma y las consecuentes restricciones a la actividad y la movilidad, se ha puesto en marcha una segunda fase de medidas económicas y sociales para impulsar la reactivación.

Las dificultades que atraviesan la economía y el tejido empresarial considera que exigen una «concentración de esfuerzos, respaldando con fondos públicos la reactivación en el segundo semestre de 2020, para apoyar la creación de empleo y la inversión y lograr recuperar un crecimiento robusto y sostenible en el periodo 2021-2022″.

Con estos objetivos, el real decreto-ley aprueba un conjunto de medidas de apoyo al sector productivo, al empleo y a las rentas, que implican una «destacada» movilización de recursos públicos de más de 51.000 millones de euros con «efecto inmediato» este mismo año.

NUEVA LÍNEA ICO DE 40.000 MILLONES

En concreto, en cuanto al apoyo a la solvencia y la inversión, se extienden y adaptan las medidas de apoyo financiero mediante la aprobación de una nueva línea de avales ICO de 40.000 millones de euros, orientada principalmente a financiar inversiones productivas.

Las características específicas de la línea de avales, porcentaje de cobertura y distribución por tramos se aprobarán por acuerdo de Consejo de Ministros en las próximas semanas y sucede a la primera línea de 100.000 millones de euros aprobada por el Gobierno el pasado 17 de marzo, dirigida a los problemas de liquidez.

NUEVO FONDO DE 10.000 MILLONES 

Además, se crea el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para dar apoyo financiero a las empresas no financieras estratégicas solventes que se hayan visto especialmente afectadas por el Covid-19 y que así lo soliciten.

El fondo se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

Las solicitudes se resolverán en el plazo máximo de un mes y las empresas estratégicas quedarán exentas del pago de impuestos estatales, autonómicos y locales, así como el Estado de tener que realizar una oferta pública de adquisición (OPA) en caso de tener que entrar en el capital social de dichas compañías estratégicas, que serán consideradas así por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS

A la vista del impacto económico derivado de la crisis sanitaria del Covid-19, también se extiende en la norma el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios, únicamente en el supuesto de separación por falta de dividendos, tal y como se establece en el artículo 348 bis.1 y 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio

De esta forma, se permitirá la retención del dividendo para que las empresas puedan afrontar la recuperación económica con una solvencia reforzada. La suspensión del derecho de separación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.

LÍNEA CESCE 

Por otra parte, con el fin de reforzar el apoyo a la internacionalización de las empresas, en un contexto internacional más complejo, se extiende a empresas cotizadas el acceso a la línea extraordinaria de garantías públicas de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (Cesce).

En la misma dirección se dirige el refuerzo del Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX), gestionado por Cofides ampliando de 10 a 100 millones de euros la dotación de este fondo.

PLAN RENOVE

Para el sector automovilístico se establecen bases precisas para la concesión de ayudas para la puesta en marcha del programa ‘Renove’ de apoyo a la renovación del parque automovilístico, presentado el pasado 15 de junio por el Gobierno y dotado con 250 millones de euros.

Las ayudas del plan «Renove 2020» se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Se podrá contar con 500 euros adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros.

Pueden optar a las ayudas del plan ‘Renove 2020’ las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16 de junio de 2020. El programa finalizará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agote el crédito habilitado a tal efecto.

El Ejecutivo estima que este plan va a tener un impacto económico para España de 1.104 millones de euros a lo largo de toda la cadena de valor y de los servicios asociados, y que va a contribuir al mantenimiento de 7.400 empleos en el sector.

SECTOR TURÍSTICO

El real decreto-ley incluye asimismo disposiciones necesarias para la puesta en marcha de los Planes de apoyo al sector turístico. En primer lugar, prevé la adopción de una medida dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios cuyo inmueble se encuentre afecto a una actividad hotelera, de alojamientos turísticos y agencias de viajes, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras suscritas entre los referidos deudores hipotecarios y las entidades de crédito.

En segundo lugar, recoge la creación de los planes de sostenibilidad turística en destinos, al objeto de fomentar la sostenibilidad de los mismos y se establecen disposiciones relativas a la transformación digital de las empresas turísticas que se hayan visto afectados por esta crisis sanitaria.

En detalle, la Secretaría de Estado de Turismo va a instrumentar de manera excepciona este año una línea de préstamos dotada con 216 millones de euros para cubrir necesidades de inversión en transformación digital de empresas turísticas y trabajadores autónomos afectados por la crisis. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

Por último, para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico, se dispone la extensión de bonificaciones y su compatibilidad con exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social.

En el real decreto-ley también se incluye una disposición de refuerzo de los mecanismos de I+D+I, a través del establecimiento de unas reglas para arbitrar los mecanismos de colaboración público privada de los proyectos sanitarios relacionados con el coronavirus SARS-coVID-2.