Votos emitidos: 345. A favor, 179 (PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias). En contra, 164 (PP y Cs). Abstenciones: dos. De esta manera, el Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley sobre los servicios de vehículos turismo con conductor (VTC) dando la victoria al sector del taxi frente a Uber o Cabify ya que limita su presencia en las grandes ciudades.
La iniciativa había sido anteriormente aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado 28 de septiembre y para que saliera adelante en la Cámara Baja necesitaba el apoyo de la mayoría simple.
En esta particular pugna, el sector del taxi ha definido a los VTC como una competencia irregular que ponía en riesgo su supervivencia, mientras que Unauto, la patronal de este otro servicio, consideraba que su aprobación supondrá un punto final a su actividad a la par que anunciaba que pondrá el tema en manos de los tribunales.
UBER Y POSIBLES DEMANDAS
Este real decreto ley, ya aprobado, venía a decir básicamente que serán las comunidades autónomas las que tienen la potestad de regular a los VTC, además de dejar las puertas abiertas para que, dentro de cuatro años, los ayuntamientos puedan limitar y suprimir licencias. ¿Por qué cuatro años? Para que aquellas personas que ya tienen una licencia de VTC puedan amortizar la inversión que en su momento llevaron a cabo. Tras dicho periodo, las autorizaciones de VTC de ámbito estatal sólo quedarían habilitadas para prestar servicios interurbanos. Si los tribunales no lo impiden, o Bruselas, el número de licencias de coches que operan con Uber y Cabify en las grandes ciudades se reducirá de manera notable.
¿Está todo perdido para los VTC? El decreto se tramitará como proyecto de ley por lo que cabrá la posibilidad de introducir enmiendas. De esta manera podría suavizarse el daño a los VTC que con anterioridad a la aprobación del Congreso habían anunciado demandas millonarias contra el Estado. En su argumentario, indican que se trata de una “expropiación encubierta”, ya que las licencias les fueron dadas por la Administración. Uber y Cabify seguirán planteando batalla.
