El Banco de España ha lanzado una aplicación para móviles que permitirá consultar las estadísticas económicas y financieras más relevantes, según ha informado este lunes la institución.

A través de esta aplicación se podrá acceder de una manera ágil y sencilla a una selección de las principales variables económicas y financieras de interés general, producidas tanto por el Banco de España como por otras instituciones nacionales e internacionales.

Entre las funcionalidades que ofrecerá esta herramienta se encuentra la navegación temática para facilitar el acceso a casi mil series, a través de conceptos económico y financieros; acceso a información detallada, con gráficos de las series consultadas y datos en formato tabla; información metodológica; opción de guardar como favoritos aquellos indicadores de mayor interés para el usuario; calendario de difusión actualizado, y la posibilidad de compartir series entre usuarios por mail o a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

La aplicación del Banco de España estará disponible tanto en español como en inglés y puede descargarse desde Apple Store para móviles iPhone y desde Google Play para móviles con el sistema Android.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido que el incremento de la morosidad en el sector financiero observado hasta el momento resulta «muy contenido» debido a la amplia batería de medidas, si bien ha advertido de que «se va a producir un aumento significativo de la tasa de dudosos en los próximos trimestres, incluso en el escenario más benigno».

Así lo ha puesto de manifiesto Hernández de Cos durante su intervención en el III Foro de Banca organizado por El Economista y Accenture, donde ha subrayado que las autoridades económicas y supervisoras continuarán ejerciendo una «vigilancia estrecha» sobre las entidades y los mercados financieros para que sigan facilitando el necesario flujo de crédito a la economía.

El gobernador del Banco de España ha explicado las medidas impuestas estos últimos meses, que tienen como objetivo impedir un comportamiento excesivamente procíclico y mecanicista de las provisiones derivado de reclasificaciones automáticas a dudosos de exposiciones afectadas por perturbaciones transitorias.

En su opinión, lo principal es evitar un ajuste a la baja del volumen de crédito ante la crisis del Covid-19, moderando también el impacto en la rentabilidad. Por su parte, la consideración del impacto positivo de avales públicos y moratorias sobre la capacidad de pago de los agentes del sector privado también pretende mitigar el deterioro en las calificaciones crediticias.

No obstante, teme que la banca haga una «mala utilización» de las medidas, lo que podría facilitar ciertas prácticas contables «inadecuadas», demorando el reconocimiento de deterioros efectivos en la calidad de crédito de ciertas exposiciones.

Por este motivo, las guías supervisoras consideran también que las medidas en materia contable no deben suponer un menoscabo en la adecuada identificación de deterioros y la asignación de coberturas razonables por riesgo de crédito, proporcionando a las entidades los incentivos necesarios para el mantenimiento de estándares adecuados a las expectativas.

En cualquier caso, ha asegurado que la adecuada aplicación de las medidas no solo han impedido que la morosidad haya aumentado de forma repentina e intensa en este período, sino que confía en que también mitigarán en parte su incremento futuro, el cual da por hecho que se producirá al tener en cuenta las distintas proyecciones.

En este sentido, ha destacado la actitud previsora de las entidades financieras al haber destinado importantes recursos a provisiones. «Esto ha hecho que su rentabilidad se haya reducido significativamente, pero también ha elevado su capacidad de absorción de deterioros, algo que los inversores valoran especialmente en estas circunstancias», ha indicado.

Así, ha llamado al sector a persistir en esta política de anticipación de reconocimiento, lo que facilitará que, con posterioridad, puedan seguir cumpliendo con su función de proporcionar financiación a la economía.

JUSTIFICA EL VETO AL DIVIDENDO

Por otro lado, Hernández de Cos ha querido explicar la «racionalidad» del veto a distribuir dividendos, una medida que ha asegurado que busca una mayor acumulación de recursos en las entidades para la absorción de pérdidas en un contexto de fuerte incertidumbre.

Con carácter general, todas las entidades españolas que pudieron legalmente suspender o aplazar el dividendo sobre los resultados de 2019 siguieron estas recomendaciones. Según cálculos del organismo supervisor, esto les permitirá añadir alrededor de 50 puntos básicos en 2020 a sus colchones de capital, que se suman a los que ya tenían antes de que estallase la pandemia.

En esta línea, ha añadido que el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico revisarán la anterior recomendación antes de que finalice el año. «La decisión final tendrá en cuenta la situación macrofinanciera que enfrentemos en ese momento», ha señalado

En todo caso, con independencia de la decisión que se adopte, Hernández de Cos ha dicho que la recomendación de prudencia en este ámbito debe seguir estando vigente mientras persista la incertidumbre actual y hasta que se consolide una recuperación económica sólida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes a los presientes autonómicos que serán sus gobiernos autonómicos los encargados de ejecutar directamente más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación que se sufragará con los fondos europeos.

Así lo ha anunciado durante su intervención inicial en la XXIII Conferencia, en la que ha detallado que los líderes autonómicos podrán promover en el Plan de Recuperación proyectos o programas en cualquier ámbito, que se ejecutarán mediante convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas.

El presidente ha señalado que algunas de las áreas clave del Plan de Recuperación, que el Gobierno ya remitió a Bruselas a mediados de mes, responden a competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y, por ello, tendrán que ser las comunidades las encargadas de desarrollar los proyectos relacionados con dichas áreas.

Es el caso, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente.

Según Sánchez, será en estas áreas donde las comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados. Para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. La previsión es que, previamente, Sánchez y su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, presenten en un acto conjunto el borrador con las líneas básicas sobre las que se asientan las nuevas cuentas públicas.

El jefe del Ejecutivo ha realizado su anuncio durante su intervención inicial en la XXIII Conferencia de Presidentes que se celebra este lunes de forma telemática, y que Sánchez preside desde el Senado; un encuentro que contará con la presencia por videoconferencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar el reparto de los fondos europeos.

De hecho, Sánchez ha aprovechado su anuncio para recordar que el anteproyecto de los Presupuestos incluirá 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos, a modo de adelanto.

NEGOCIACIÓN DE LOS ESCOLLOS

La aprobación del anteproyecto de los PGE llega después de que los socios del gobierno de coalición hayan apurado hasta el último minuto para cerrar los últimos flecos que faltaban de la negociación que mantenían desde septiembre, y que se han encargado de liderar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por parte del PSOE, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por parte de Unidas Podemos.

Fuentes conocedoras de la negociación explicaron el viernes que serían el propio Sánchez e Iglesias los encargados de apuntalar las cuentas y cerrar el pacto a lo largo de este fin de semana pasado. El viernes no se descartaba la posibilidad de que la aprobación pudiera llevarse finalmente a un Consejo extraordinario a finales de semana, en vez del ordinario de este martes.

Entre los escollos que han retrasado la aprobación de las cuentas públicas figuraban la regulación del precio del alquiler, la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y el aumento del IRPF para rentas altas; cuestiones que Unidas Podemos defendía incluir en los PGE y ante las que el PSOE mostraba sus reticencias.

El objetivo ahora, tras cerrarse el acuerdo y aprobarse el anteproyecto este martes, es que pueda arrancar la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas en el Congreso a la mayor brevedad posible, lo que supondría continuar con la ‘hoja de ruta’ establecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el fin de que los Presupuestos vena la luz «a comienzos de 2021».

El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos ‘verdes’, a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas, las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y cambios en imposición directa e indirecta, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.

La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Los Presupuestos se elaboran con una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y un repunte del 7,2% en 2021 (9,8% contando los fondos europeos), y con un ‘techo de gasto’ de 196.097 millones, un 53,7% superior, que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

Los hogares españoles dedicaron el 67% de sus ingresos al pago del alquiler, «el doble de lo recomendado por el Banco de España», y el 41% de sus ingresos netos mensuales al pago de su hipoteca, cuya cuota media fue de 591 euros, según se desprende de un estudio realizado por pisos.com.

En concreto, la renta media del alquiler pagada en 2019 fue de 966 euros al mes. El portal inmobiliario ha recordado que la semana pasada el INE destacó que la renta media disponible por hogar en 2019 fue de 17.287 euros anuales, lo que arroja unos ingresos netos por hogar de 1.440 euros al mes, «una cifra que no siempre permite afrontar el precio de la vivienda de compra o alquiler en las grandes ciudades del país».

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que la capacidad económica de las familias «es fundamental» para el futuro del mercado residencial español, ya que «son los particulares que compran primeras residencias los que acaparan la gran mayoría de las compraventas del año».

«Está claro que en España existe un desequilibrio muy difícil de resolver entre los salarios y el precio de la vivienda, por lo que es imprescindible proteger al consumidor e impulsar ayudas desde la Administración Pública para salvaguardar el derecho de acceso al mercado de toda la población, evitando la exclusión de ciertos colectivos», ha añadido.

El sector asegurador ha vuelto a extender, ahora hasta el 31 de diciembre, la cobertura del seguro que lanzó para el personal de centros sanitarios y residencias, que tienen gratis un seguro de vida y subsidio por hospitalización, según ha informado este lunes la patronal Unespa, quien ha reiterado el compromiso del sector en la lucha contra el Covid-19.

Un total de 109 aseguradoras aportaron 38 millones de euros el pasado mes de abril a un fondo destinado a proteger frente al coronavirus al personal de centros sanitarios y de residencias en España. La protección dio comienzo con carácter retroactivo, tomándose como fecha de partida de la cobertura el día en que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

Aunque inicialmente este seguro tenía una vigencia de medio año (vencía el 13 de septiembre), el sector asegurador decidió extenderlo hasta el 31 de octubre y, en vista de los rebrotes y ante la previsión de que se incrementen los casos, ha decidido volver a prorrogarlo por segunda vez hasta final de año.

«En las últimas semanas se han incrementado las infecciones por coronavirus en España. Esto supone un incremento del riesgo de infección para el personal de centros sanitarios y residencias», ha indicado la patronal del seguro.

De este modo, la industria del seguro ha querido refrendar su compromiso con estos profesionales ampliando la vigencia del seguro de vida y subsidio de hospitalización que ha dispuesto para ello.

En concreto, protege a todo el personal de hospitales (tanto públicos como privados), centros públicos de atención primaria y servicios de emergencias y trabajadores de residencias, tanto públicas o privadas, de mayores, de personas con discapacidad (intelectual o física), parálisis cerebral, autismo y salud mental. En total, da cobertura gratuita a un millón de personas que prestan sus servicios en todo el país.

La protección que el seguro presta a este colectivo se mantiene igual: el capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa de Covid-19 es de 30.000 euros por persona y el subsidio de hospitalización conllevará el pago de 100 euros al día al profesional ingresado, siempre que su estancia hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas. En total, los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha indicado este lunes que la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%.

Gestha, que ha propuesto modificar el delito fiscal en la nueva ley de lucha contra el fraude que tramita el Congreso, achaca este desplome a las normas internas de la AEAT, las cuales «impiden» terminar a los técnicos de Hacienda las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos «en unos pocos jefes de equipos».

De igual modo, Gestha denuncia que la AEAT viene primando el número de comprobaciones sobre autónomos y pequeñas empresas, a los que dedica al 80% de los efectivos, en lugar de poner la lupa sobre las grandes fortunas y grupos empresariales.

Por ello, pide al Gobierno que les permitan investigar los fraudes más sofisticados y abultados, pues el fraude fiscal provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales, al tiempo que denuncia que en España cada año se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y que la economía española sumergida es un 65% mayor que la media europea.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda informan de que la AEAT pierde el 42,8% de las reclamaciones económico-administrativas de los contribuyentes, lo que atribuyen a que se prioriza el número de comprobaciones sobre la calidad de la lucha contra el fraude.

En este sentido, concretan que solo un 7,3% de los actos de la AEAT fueron reclamados por los contribuyentes, principalmente porque algunas liquidaciones de importes menores o denegaciones de aplazamientos o recursos «se consienten y no son reclamados».

Por todo ello, Gestha pide al Gobierno que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluya tres medidas organizativas y operativas necesarias para reducir la economía sumergida. La primera sería la creación de un cuerpo superior técnico que permita aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda.

Las otras dos medidas para luchar contra el fraude pasarían por aumentar la plantilla de la AEAT a medio plazo entre 15.000 y 17.500 efectivos más hasta equipararse a la media de las administraciones tributarias europeas, y por encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España para promover que se reduzca el fraude que crece desde 1980.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha pedido a la ministra María Jesús Montero, que valore el trabajo «altamente especializado» que desarrollan los técnicos en el Ministerio de Hacienda. «Sobre todo en momentos como el actual, en los que el aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia requiere un incremento de los ingresos para no desviar aún más el déficit público», subrayó en un comunicado.

La organización de autónomos ATA ha planteado un decálogo de medidas urgentes ante el nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno con el objetivo de salvar autónomos, empresas y empleos.

Entre las medidas que reclama la organización se encuentra la extensión hasta el 31 de mayo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las prestaciones para autónomos, así como una moratoria en el pago de impuestos hasta el 30 de junio.

ATA también pide bajar cotizaciones sociales y cuotas a los autónomos; suspender cualquier incremento impositivo o creación de nuevos impuestos; reducir el IVA a la hostelería, las peluquerías y los gimnasios, entre otros negocios; ampliar líneas de liquidez ICO y aumentar un año más los periodos de carencia de amortización de capital, y un plan de ayudas al alquiler para los autónomos a los que se les obligue al cierre total de su actividad y progresivo para quien sufra otras restricciones.

La organización pide además una moratoria en el pago de suministros en locales y actividades de autónomos; una deducción fiscal para las familias por gastos en el hogar (reformas, obras, mobiliario, equipamiento informático) de hasta 3.000 euros, y ayudas directas sectores más afectados por las nuevas restricciones, como el taxi, el transporte y el ocio nocturno.

«El número de rebrotes y contagios no deja de crecer, y con ellos han llegado de nuevo las restricciones a la movilidad. Ya sabemos las medidas sanitarias y lo que va a suponer el estado de alarma durante estos próximos 6 meses. Se avecina un desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no se acompaña de un plan urgente de medidas económicas», advierte ATA.

La organización afirma que este decálogo de medidas supone un «SOS de los autónomos» ante este nuevo panorama «desalentador».

Se hace urgente establecer desde ya un plan de emergencia, y con vistas a un invierno muy duro, que prorrogue las ayudas existentes hasta el 31 de mayo de 2021, facilite la liquidez e impulse el consumo y la demanda con el fin de amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y por ende la destrucción de empleo», ha subrayado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.