Una decena de trabajadores de la planta de Ali Ibérica en A Coruña han pedido este domingo a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la intervención del Gobierno para asegurar la viabilidad de la planta de A Coruña.

Los trabajadores que habían organizado una concentración con motivo de la presencia de la ministra en un mitin junto al candidato del PSdeG a la Xunta, Gonzalo Caballero, en Betanzos (A Coruña), han sido recibidos por ambos políticos socialistas antes del acto electoral.

Sobre sus reclamaciones, en declaraciones a los medios durante la protesta, el delegado sindical de Comisiones Obreras Miguel Conde ha asegurado que la factoría de Alu Ibérica en A Coruña, antigua Alcoa, continúa en la misma situación que en 2018 ya que no se avanzó «absolutamente nada» hacia una solución. «Los trabajadores estamos hartos de tantas promesas», ha manifestado.

«Primero», ha indicado, «porque no tenemos un precio de la energía estable». «Y, después, porque la venta que se realizó en su día entre Alcoa y Parter, en la que Parter después vendió al grupo industrial Riesgo, creemos que eso no es legal», ha señalado para asegurar que están «a expensas» de que el Ejecutivo estatal «haga un recurso administrativo sobre estas empresas» para «esclarecer» la situación.

FONDO DE GARANTÍAS

Además, en relación a la aprobación del fondo de garantías para las electrointenvistas, aunque ha considerado «importante» todo lo que se pueda hacer para abaratar el precio de la energía, ha subrayado que se necesita tener ya para este segundo semestre del año «un precio de la energía estable» que permita a las empresas saber cuanto les va a costar los megawatios.

«Lo que no puede ser es que sigamos sin tener el estatuto aprobado», ha censurado el sindicalista, que ha sostenido que las empresas se «cansan» y toman medidas como los ERE o los cierres.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió en 2019 hasta nueve expedientes que concluyeron con la imposición de sanciones por conductas contrarias a la competencia por valor de 432 millones de euros.

El organismo público llegó a tramitar 21 expedientes sancionadores pero 12 de ellos fueron archivados al apreciar que no existían indicios de infracción, por lo que solo nueve acabaron en sanciones a las empresas, según consta en su última memoria anual recogida por Europa Press.

En concreto, dos de las resoluciones respondían a conductas calificadas de cártel, ya que incluían la manipulación de licitaciones públicas, que fueron sancionadas por un importe total de 172,6 millones de euros.

En el primer caso fueron 119 millones de euros tras constatarse que, durante catorce años, las empresas Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional, un expediente que se inició a raíz de una solicitud de clemencia presentada por Alstom.

En el segundo caso, Competencia desmanteló y sancionó un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue creado para encarecer los servicios prestados fundamentalmente a firmas del sector energético y petroquímico, con sanciones que se elevaron a 54,26 millones de euros.

Entre las empresas multadas figuraban dos filiales de ACS (MASA y Maessa), con sanciones por valor de 18 millones, así como Duro Felguera Operaciones y Montajes, con una multa de 1,32 millones de euros, y Sacyr Nervión, con una sanción de 1,16 millones de euros.

No obstante, gracias a que ambos cárteles tuvieron su origen en programas de clemencia, la sanción total de los dos expedientes se redujo en 26,6 millones de euros, hasta los 146 millones. De los 36 cárteles desmantelados por la CNMC desde su creación, 14 se acogieron a un programa de clemencia que permitió reducir la multa conjunta de 666 millones a 500 millones de euros.

TABACO, LIBROS DE TEXTO Y MEDIOS AUDIOVISUALES

Además de estos dos cárteles, el organismo que ahora preside Cani Fernández sancionó otras siete conductas con 259 millones de euros, cinco de ellas contrarias al artículo 1 de la Ley de Competencia relacionadas con el tabaco (Philip Morris Spain, Altadis y JT International Iberia), libros de texto no universitarios, industrias lácteas, a Mediaset y Atresmedia y al grupo Vaillant.

Los otros dos expedientes sancionadores respondían a conductas contrarias al artículo dos de la Ley de Competencia –la SGAE fue sancionada con 2,95 millones de euros por abusar de posición de dominio en el mercado– o al tercero de esta misma ley –se sancionó a Endesa Energía XXI con una multa de 5,5 millones de euros por una campaña de publicidad engañosa–.

REVISIÓN POR LA AN Y EL SUPREMO

Durante el año 2019, la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo (TS) han dictado 177 sentencias resolviendo impugnaciones respecto de 293 resoluciones adoptadas por la CNMC en el ejercicio de sus funciones de supervisión de la competencia en los mercados, de las que 174 se refieren a 26 resoluciones sancionadoras de diversos tipos.

Competencia concluye a este respecto que, a través de la admisión o inadmisión de recursos de casación, las sentencias de la AN que confirmaba la infracción o la multa declarada por la CNMC fueron declaradas firmes en relación con 65 empresas sancionadas de 70 posibles.

OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

La memoria también recoge que se notificaron 86 operaciones de concentración frente a las 83 de 2018 y las 94 de 2017, observándose, por tanto, una estabilización en la tendencia decreciente del número de concentraciones notificadas de los últimos años.

El consejo de la CNMC resolvió un total de 88 operaciones de concentración en 2019, de las que 83 fueron autorizadas en primera fase sin compromisos y 4 se autorizaron en primera fase con compromisos aportados por las partes.

El año pasado, el consejo se reunió 29 veces en pleno, un número muy superior al observado en 2018, cuando se reunió en 16 ocasiones. La Sala de Competencia se reunió en 46 ocasiones, las mismas que la Sala de Supervisión Regulatoria. Además, se celebró la reunión anual del Consejo de Defensa de la Competencia, que agrupa a la CNMC y a las autoridades de competencia de las comunidades autónomas, para coordinar sus actuaciones en esta materia.

En relación con la actividad inspectora sobre las empresas energéticas, la CNMC realizó 3.423 inspecciones, de las cuales 265 tuvieron que ver con los aspectos retributivos del sector del gas y la electricidad, que eran los puntos en los que incidía especialmente su plan de acción de ese ejercicio.

Los españoles conservaban en el mes de mayo un total de 1.605 millones de euros de la antigua moneda nacional sin canjear, lo mismo que el mes previo, lo que equivale a 267.049 millones de pesetas, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

Según las cifras de la autoridad monetaria y a pesar de que han pasado más de 18 años desde que empezó a circular la moneda común, los españoles conservaban a cierre de marzo 135.604 millones de pesetas en billetes (815 millones de euros) y 131.445 millones de pesetas en monedas (790 millones de euros).

En el último año, desde marzo de 2019, los españoles han canjeado 1.331 millones de pesetas en billetes (8 millones de euros) y 332 millones de pesetas en monedas (2 millones de euros).

El Gobierno español fijó en tres meses el periodo de convivencia para ambas monedas, desde el 1 de enero de 2002, cuando comenzó a circular el euro en el bolsillo de los españoles, hasta el 31 de marzo del mismo año, y, desde entonces y hasta el siguiente 30 de junio, estableció un periodo de canje de las monedas y de los billetes en pesetas en las oficinas bancarias.

A partir del 1 de julio de ese año, los españoles tienen que acudir al Banco de España si aún conservan la antigua divisa nacional.

SE DEJARÁN DE CAMBIAR CUANDO ACABE 2020

El banco emisor estimó que el 45% de las monedas en pesetas que estaban en circulación antes de la entrada del euro nunca será entregado al Banco de España para su canje porque permanecerá en manos de los españoles como pieza de coleccionismo, o bien por deterioro, pérdida o salida del país en los bolsillos de los turistas.

El Banco de España dejará de cambiar pesetas a euros de forma definitiva el 31 de diciembre de 2020, por lo que los españoles aún tienen medio año para retornar los 267.049 millones de la antigua moneda nacional y conseguir los 1.605 millones de euros que valen hoy en día solicitando su cambio en la sede del organismo en Madrid y en cualquiera de sus sucursales sin límite cuantitativo.

Todos los billetes de peseta posteriores a 1939 son canjeables, los emitidos entre 1936 y 1939 deberán ser analizados por expertos y las monedas solo serán admitidas si estaban en circulación el 1 de enero de 2002, ya que las anteriores fueron sustituibles hasta 1997.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, acudirá este lunes al Congreso para dar cuenta del informe anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros.

Así, Albella comparecerá a partir de las 16.00 horas ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja para presentar el informe publicado el pasado 17 de junio correspondiente al ejercicio 2019.

Ese año, la CNMV registró unos ingresos totales de 63,3 millones de euros, con un excedente de 14,7 millones, un 30,1% menos que el año anterior y un resultado de gestión ordinaria de 13.9 millones.

Los ingresos ordinarios, que proceden en su mayor parte del cobro de tasas, alcanzaron un importe de 61,4 millones de euros, un 3,1% menos que en el ejercicio 2018.

El organismo que preside Sebastián Albella redujo un 2,9% los ingresos por tasas en 2019 respecto al ejercicio precedente, motivado principalmente por la disminución en las tasas de supervisión de mercados.

De su lado, los gastos de gestión ordinaria ascendieron a 47,5 millones de euros y se incrementaron un 8,1% respecto del ejercicio precedente.

Los gastos correspondientes a personal, que representaron el 70% del total de gastos ordinarios, aumentaron un 7,2%, por el aumento de la plantilla media y de la subida salarial prevista en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

El resto de gastos de gestión ordinaria aumentó un 10,1% respecto de 2018. Dicho incremento se centró en suministros y servicios exteriores, que registraron un importe de 9,4 millones de euros y un crecimiento del 14%, procedente de servicios de información, servicios profesionales independientes o gastos de investigación y desarrollo de aplicaciones informáticas en curso, que aumentaron por la contratación de nuevos servicios para mejorar la eficiencia de la CNMV y avanzar en la modernización tecnológica.

El pasado 11 de octubre, el Gobierno, a propuesta de la CNMV, acordó la distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2018, estableciendo el ingreso al Tesoro Público de su totalidad, cuyo importe ascendía a 20,96 millones de euros

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso analizará a partir de este lunes con la Seguridad Social el borrador de las recomendaciones trabajado en los últimos años hace dos legislaturas, con la posibilidad de concentrar reuniones durante el mes de julio.

A partir de este lunes el director general de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, acudirá al Congreso para que los grupos puedan consultar dudas y cuestiones relativas al sistema público de pensiones y al trabajo contenido en el borrador del que parte la comisión.

Y es que, de la comisión que trabajó en la renovación de estas recomendaciones apenas quedan unos pocos diputados, como la portavoz del PSOE, Mercè Perea, o el portavoz del PNV, Iñigo Bandariaran, que antes de abordar los trabajos de negociación asistieron a más de cuarenta comparecencias públicas de instituciones, organizaciones sociales y expertos, bajo la presidencia entonces de la ‘popular’ Celia Villalobos.

VOX PLANTEA COMPARECENCIAS, EL PSOE MÁS REUNIONES

Una fase que Vox ha planteado replicar ahora, pidiendo cerca de una veintena de comparecientes para analizar la situación del sistema y que las formaciones que respaldan al Gobierno quieren evitar, ya que el objetivo es cerrar cuanto antes las recomendaciones para acelerar las primeras medidas por parte del Ejecutivo.

En línea con este objetivo, su intención es plantear reuniones de forma más periódica –la semana pasada se reunieron este lunes en el Congreso, algunos de forma telemática y la próxima reunión se prevé para mañana–, a partir del mes de julio.

SE ESPERA A ESCRIVÁ Y A SU ‘NÚMERO DOS’

En todo caso, según reconocen estas mismas fuentes, el calendario de la Comisión, que espera también las comparecencias del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, está condicionado por las elecciones autonómicas vascas y gallegas, previstas para el domingo 12 de julio.

Por ello, es probable que su comparecencia, así como la del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ya compareció ante el Pacto, no se produzca hasta una vez se supere esta fecha.

El Congreso aprobará este lunes el proyecto de ley reguladora de determinados servicios de confianza, una vez que se debatan y voten en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital las últimas enmiendas de los grupos.

La iniciativa, que llegó al Congreso tras ser aprobada el pasado 18 de febrero en el Consejo de Ministros, se enfrenta así a su último trámite parlamentario en la cámara, pues la Comisión de Asuntos Económicos cuenta con competencia legislativa plena y la enviará directamente al Senado.

Se trata de la trasposición del reglamento comunitario para reforzar la seguridad en el uso de determinados servicios, como la firma y el sello electrónico de personas físicas y jurídicas o el sello de tiempo electrónico, utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y administraciones públicas.

Además, el texto aprobado por la ponencia, también incorpora dos enmiendas registradas conjuntamente por el PSOE y Unidas Podemos para acelerar la trasposición de otros dos reglamentos europeos.

Uno correspondiente al fomento de la equidad y transparencia para usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, y otro dirigido a impedir el bloqueo geográfico injustificado y formas de discriminación por nacionalidad, lugar de residencia o establecimiento de clientes.

Estas son las principales modificaciones al proyecto de ley, aunque no las únicas, ya que las formaciones que integran el Gobierno también han pactado modificaciones técnicas al nuevo texto legal con el PP, Ciudadanos y Junts. Estos dos últimos grupos, si bien no han confirmado el sentido de voto aún, han descartado ya votar en contra de una ley de carácter técnico y en línea con la normativa europea.

FACILIDADES AL TRASPASO DE DATOS

Entre las modificaciones acordadas al texto que llegó al Congreso está la de un nuevo plazo máximo de nueve meses a los procedimientos sancionadores a empresas proveedoras de servicios de intermediación en Internet, la ampliación de infracciones por incumplimientos en nuevas obligaciones de información de estas empresas, y también facilitar el traspaso de datos no personales de usuarios de estas plataformas en cambios de portabilidad.

En su enmienda, las formaciones que respaldan al Gobierno justifican establecer este plazo, sin perjuicio del plazo de tres meses del procedimiento simplificado, pues en caso de no fijar un plazo máximo, en aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que regula estos procedimientos, este se quedaría en esos tres meses, un plazo «notoriamente insuficiente», razonan PSOE y Unidas Podemos.

FACILIDADES A LA PORTABILIDAD

En lo que respecta a la portabilidad de datos no personales, la propuesta incorpora a la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico de 2002 la obligación de los prestadores de servicios de remitir a los usuarios a los que presten servicio los contenidos que les hubieran facilitado.

Todo ello sin impedir su transmisión posterior a otro proveedor, así como la obligación de transmitir dichos contenidos a otro proveedor que elija el usuario, siempre que sea técnicamente posible, añadiéndose los incumplimientos de estas obligaciones a las infracciones graves o leves, según el caso, recogidas en el régimen sancionador de esta ley

También se incorporan obligaciones para este tipo de empresas digitales, y las correspondientes infracciones por su incumplimiento, recogidas en el reglamento europeo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

SISTEMA INTERNO DE RECLAMACIONES Y MEDIACIÓN

Entre estas obligaciones, está la de establecer un sistema interno y gratuito para tramitar reclamaciones de usuarios profesionales para aquellas plataformas que no sean pequeñas empresas, o designar al menos dos mediadores para la resolución extrajudicial de conflictos, entre otras obligaciones de mediación

El reglamento europeo que se incorpora recoge obligaciones de clasificación para servicios de intermediación o proveedores de motores de búsqueda ‘online’, cláusulas contractuales específicas, la justificación de restricciones a la oferta de condiciones diferentes por otros medios, o la información sobre el acceso a datos por parte de usuarios profesionales.

También la obligación de justificar en una declaración los motivos de la decisión de poner fin a la prestación de un servicio con una antelación de al menos 30 días, y «en un soporte duradero», de explicar los bienes y servicios auxiliares que se ofrecen en la plataforma, incluidos servicios financieros, o justificar restricciones a la oferta de condiciones diferentes por otros medios

El Tesoro Público ha colocado unos 184.090 millones de euros en deuda pública en el primer semestre del año, lo que representa el 61,9% de la emisión bruta prevista de 297.00 millones de euros del programa de emisiones para el conjunto del ejercicio 2020, revisado al alza por las mayores necesidades de financiación derivadas de la crisis del Covid-19, según datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En detalle, en la primera mitad del año ha captado alrededor de 130.922 millones de euros en emisiones a medio y largo plazo, el equivalente al 70,4% de los 185.969 millones previstos en este tipo de papel para este año, con datos hasta la última subasta, celebrada el pasado 18 de junio.

Asimismo, el organismo público dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha colocado en el primer semestre del año otros 53.163 millones de euros aproximadamente entre los inversores en letras del Tesoro, el 47,6% de lo estimado para el ejercicio (111.688 millones de euros).

Los inversores han seguido confiando en los títulos de deuda pública española, tal y como se evidencia en la evolución del coste de financiación, con una profundización de los tipos negativos, en paralelo a un aumento de la vida media de la deuda hasta máximos.

En su última emisión, celebrada el pasado 18 de junio, captó 5.876,96 millones de euros en deuda a largo plazo, cerca del máximo previsto, y lo hizo cobrando más a los inversores por los bonos a 3 y 5 años y ofreciendo una menor rentabilidad en el caso de la referencia a 10 años.

Este jueves, 2 de julio, el Tesoro dará inicio al segundo semestre con una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado. En concreto, ofrecerá a los inversores bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0%; obligaciones a 7 años, con cupón del 0,80%; obligaciones a 10 años, con cupón del 1,25%, y obligaciones indexadas a la inflación con una vida residual de 10,5 años y cupón del 1%.

Para determinar la evolución del coste de la deuda, la referencia en los bonos a 5 años es el tipo de interés marginal del -0,060% registrado en la subasta del pasado 18 de junio, mientras que en las obligaciones a 10 años es el interés del 0,538% del mismo día.

En cuanto a las obligaciones a 7 años, la referencia de un papel similar es el marginal del 0,535% del pasado 19 de marzo, mientras que en las obligaciones indexadas con una vida residual de 10,5 años la referencia es el 0,502% registrado en septiembre del año 2016.

SEMESTRE MARCADO POR EL COVID-19

El primer semestre ha estado marcado por la crisis derivada del Covid-19, que ha llevado al Tesoro a revisar al alza su programa de este año ante las mayores necesidades de financiación y a acometer emisiones de bonos sindicados no previstos inicialmente.

De hecho, hace dos semanas el organismo efectuó su primera emisión sindicada de un bono a 20 años por importe de 12.000 millones de euros, con una demanda que llegó a superar los 78.300 millones de euros y a menores tipos de interés.

Esta fue la tercera ocasión durante la pandemia en la que el Tesoro lleva a cabo una emisión sindicada, ya que el pasado 24 de marzo realizó una colocación sindicada con la que obtuvo 10.000 millones con un bono a 7 años, y otra el pasado 22 de abril con la que captó 15.000 millones con un bono sindicado a 10 años.

REVISIÓN DEL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN

El pasado mes anunció una modificación de su programa de financiación para este año, que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia de la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de emisión neta se le podrían descontar en torno a 15.000 millones que podría recibir España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a través de letras del Tesoro.

La mayoría de las entidades financieras en España tiene entre sus planes adoptar a partir de septiembre un modelo de trabajo híbrido en servicios centrales que combine la actividad en remoto y la presencial, según han trasladado los portavoces de distintos bancos.

El sector bancario ha aprovechado la pandemia del coronavirus para testar una nueva forma de trabajar y, dados los resultados positivos constatados, están diseñando planes de reincorporación progresiva que contemplan incentivar el teletrabajo.

Los empleados de los centros corporativos de Banco Sabadell podrán empezar a realizar su labor de forma presencial a partir de septiembre, pero será por turnos y se eliminarán los puestos fijos, con el objetivo de mantener las distancias de seguridad.

Las medidas aún se están perfilando, pero la idea es que después del verano sus empleados se turnen para trabajar una semana en los centros y otras dos desde sus casas. La entidad cuenta también con un plan de contingencia por si se diera un rebrote de casos de Covid-19.

BBVA, por su parte, abrirá los centros de trabajo de servicios centrales a partir del 1 de julio para que algunos equipos empiecen a combinar el trabajo presencial y el remoto, aunque los empleados que necesiten seguir trabajando al 100% desde casa podrán hacerlo hasta septiembre.

El banco presidido por Carlos Torres utilizará los meses de verano para probar el modelo híbrido de cara a septiembre. El responsable de talento y cultura de BBVA, Carlos Casas, comentó recientemente los aprendizajes positivos de estos meses, como que el trabajo en remoto ha permitido mantener con éxito la actividad, sin disminuir la productividad.

Los trabajadores de los servicios centrales de Bankinter están al 50% presencial, mientras que el resto continúa en teletrabajo. La intención de la entidad es mantener esta ratio durante el verano y, en septiembre, valorar los acontecimientos y las indicaciones sanitarias para poner en marcha un nuevo plan.

«El trabajo en remoto se desempeñó con absoluta normalidad y sin apenas incidencias», aseguran desde el banco, que llegó a contar con un 91% de la plantilla en teletrabajo.

Banco Santander mantiene un 70% de los empleados de su sede de Boadilla del Monte trabajando en remoto y el 30% restante ya está acudiendo físicamente al centro. En los servicios centrales de Santander España, que engloba también a otros edificios corporativos, el porcentaje de trabajadores que ya acude presencialmente es del 40%.

El banco liderado por Ana Botín pretende que a partir de septiembre todos los empleados puedan volver a sus puestos, aunque dependerá principalmente de que se pueda garantizar la distancia de seguridad. En los centros que no sea posible, la vuelta, que será progresiva, se realizará por turnos.

En su caso, la posibilidad de teletrabajo se mantendrá como antes de la pandemia del coronavirus. Banco Santander cuenta con una política de ‘flexiworking’ que evalúa el trabajo a partir de objetivos y resultados, y no por el tiempo empleado, y permite desempeñar las funciones a distancia o elegir qué días trabajar. Cada trabajador debe acordarlo con el director de su departamento.

CaixaBank, de su lado, continúa trabajando en el diseño de su protocolo, pero mientras tanto en los servicios corporativos y territoriales se mantiene preferentemente el teletrabajo hasta septiembre. Solamente se anticipará durante el verano el regreso de los empleados de aquellas áreas con dificultades operativas o afectación a su productividad en remoto, o cuya presencia se estima necesaria para dar el soporte necesario a la red de oficinas.

En su caso, Bankia está llamando a la vuelta en estos día a directivos en función de sus circunstancias personales y conciliación, con la intención de que ya en septiembre se incorporen el resto de profesionales de manera escalonada.

En la torre KIO, por ejemplo, no caben los 1.900 empleados que habitualmente acuden si es necesario mantener la distancia de seguridad, de forma que se reincorporará la mitad después de verano –unos 950– y se hará por turnos semanales y en función de las necesidades.

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2019 finalizará este martes, 30 de junio, si bien este lunes día 29 será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas, según el calendario de la Agencia Tributaria.

De esta forma, los contribuyentes disponen ya solo de dos días para confeccionar las declaraciones de la Renta correspondientes al ejercicio pasado antes de que finalice la Campaña, que arrancó el pasado 1 de abril con mejoras en la ‘app’ y una simplificación del sistema de identificación y cuyas devoluciones por parte de la AEAT se vienen efectuando desde el 3 de abril.

Los contribuyentes pueden fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del IRPF en dos partes: la primera, del 60% de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40% restante, hasta el 5 de noviembre de 2020, inclusive.

En los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta la campaña concluyó el pasado jueves, 25 de junio. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la misma podrá realizarse hasta el 30 de junio.

Este lunes será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas y el martes, 30 de junio, finalizará el plazo para presentar las declaraciones, concluyendo así la Campaña de Renta y de Patrimonio 2019.

En general, quedan exentos de presentar declaración aquellos contribuyentes con rentas inferiores a 22.000 euros anuales procedentes de un solo pagador o, en caso de tener más de un pagador, si, por orden de cuantía, la suma de todas las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no superan en su conjunto los 1.500 euros anuales.

El límite para la exención es de 14.000 euros anuales en caso de que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores superen los 1.500 euros anuales.

La crisis del Covid-19 ha marcado la campaña de la Renta de este año, de forma que la atención en oficinas para confeccionar la Renta, prevista inicialmente para el 13 de mayo, se atrasó hasta el 8 de junio, reduciéndose a la mitad respecto a las campañas de otros años y restringiéndose a su vez a la mitad los espacios habitualmente disponibles.

En todo caso, la AEAT decidió mantener el inicio de la misma para al considerar especialmente importancia preservar las fechas previstas ante la crisis del coronavirus para que los contribuyentes pudiesen empezar a recibir devoluciones cuanto antes, y teniendo en cuenta que el 88% de los contribuyentes confecciona su declaración por Internet.

Hasta el pasado 4 de junio, la Agencia Tributaria había devuelto 4.994 millones de euros a más de 7,79 millones de contribuyentes, lo que supone un aumento del 15,5% en importe y del 9,7% en número.

La Agencia Tributaria espera que la campaña de este año cuente con 21,03 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,6% (335.000 más), de las que 17,54 millones serán individuales (+3,2%) y 3,49 millones conjuntas (-5,6%).

De las más de 20 millones de declaraciones, 14,56 millones darán derecho a devolución, un 0,5% más, por un importe de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos, mientras que 5,51 millones saldrán con resultado a ingresar, un 3,1% más, por importe de 12.798 millones, un 6,7% más.

La Agencia Tributaria recuperará desde este miércoles, 1 de julio, la prestación de todos los servicios habituales de forma presencial en las oficinas del organismo con cita previa, tras la paralización de los últimos meses como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En concreto, se podrán solicitar cita previa para la atención presencial a través de las vías habituales, de forma que se podrá pedir por teléfono, por Internet o a través de la ‘app’ de la Agencia Tributaria, según ha indicado el organismo tributario en su página web.

Por teléfono se podrá solicitar llamando a los números 901 200 351 o 91 290 13 40 en horario de lunes a viernes de 9 a 19 horas, mientras que los ciudadanos que opten por la vía telemática podrán pedir cita previa mediante un enlace de la web del organismo.

En todo caso, la AEAT recuerda que las actuaciones relativas a procedimientos de comprobación e investigación que requieran la presencia del obligado tributario o de su representación se realizarán con cita concertada en los términos indicados en las comunicaciones remitidas a dichos obligados.

De cualquier forma, el organismo apunta que esta circunstancia queda supeditado al cumplimiento de los requisitos sanitarios exigibles en cada momento.

Desde el pasado 26 de mayo el organismo abrió, con cita previa, sus oficinas situadas en zonas que se encontraban en la fase 2 del proceso de desescalada para la atención presencial de determinados servicios, sin incluir por ahora la Renta, cuyo servicio se comenzó a dar el pasado 8 de junio, retrasado por la pandemia desde el 13 de mayo inicialmente previsto en el calendario de la Campaña de la Renta.