El balance oficial de víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio asciende ya a 4.333 fallecidos. He analizado los datos actualizados difundidos este 12 de julio por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la cifra de heridos se sitúa en 16.740, mientras el número de desplazados supera las 17.900 personas. La magnitud del desastre obliga al Gobierno a reclamar la liberación de activos retenidos en el exterior para financiar la reconstrucción acelerada de al menos 25.000 viviendas.
El nuevo balance de víctimas y las necesidades habitacionales
Los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon con dureza el estado de La Guaira, Caracas y Miranda. En mi lectura de las cifras oficiales, que ya se acercan a los 4.400 muertos, destaca la urgencia residencial:
- Fallecidos: 4.333 (balance aún provisional).
- Heridos: 16.740, muchos de ellos con lesiones de larga recuperación.
- Desplazados: más de 17.900 personas que han perdido sus hogares, alojadas temporalmente en escuelas y campamentos.
- Viviendas necesarias: 25.000, según la estimación del Gobierno, que prevé que el censo biométrico que comienza hoy eleve esa cifra.
Jorge Rodríguez ha subrayado que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas «la próxima semana», pero el reto es monumental. La mayoría de los damnificados ocupa centros educativos que deben quedar libres para septiembre, cuando arranca el curso escolar. Por eso el Ejecutivo trabaja en campamentos unifamiliares y barracones desmontables, con el respaldo de Naciones Unidas, que ya recauda fondos para viviendas prefabricadas.
«Nosotros tenemos que apurarnos en resolver el tema de las viviendas. Hay recursos de Venezuela ilegalmente retenidos en el exterior y la presidenta está enviando cartas a los países donde están esos activos para poder contar con dinero rápido.» — Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, 12 de julio de 2026
El laberinto financiero de la reconstrucción
Lo que veo aquí es un intento de aprovechar la tragedia humanitaria para forzar una revisión de las sanciones internacionales que mantienen bloqueados miles de millones de dólares en divisas, oro y activos petroleros. Delcy Rodríguez ha escrito al rey Carlos III reclamando el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, y mantiene contactos con Washington, el FMI y el Banco Mundial. La carta al monarca británico no es casual: Londres custodia buena parte de las reservas que Caracas considera ilegalmente retenidas.
La paradoja es que los activos están congelados precisamente por las mismas sanciones que la comunidad internacional impuso al régimen de Maduro. Ahora, con 25.000 viviendas por construir y una emergencia humanitaria en marcha, el discurso venezolano se ha suavizado para pedir una «ingeniería financiera» que permita liberar fondos sin alterar el entramado sancionador. El subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ya ha confirmado que se están explorando mecanismos de alivio.
No obstante, la capacidad de producción petrolera venezolana —muy mermada por años de desinversión— no permite generar recursos fiscales inmediatos, por lo que la vía externa es casi la única opción para una reconstrucción que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, requeriría al menos 4.000 millones de dólares en dos años.
🌍 El impacto en España y Europa
Para España, el drama sísmico trasciende lo humanitario. El Gobierno español mantiene intereses comerciales residuales en Venezuela, y varias empresas del IBEX 35 —como Repsol o Mapfre— conservan actividad en sectores regulados. La liberación de activos europeos, en especial los retenidos en el Banco de Inglaterra, necesitaría el visto bueno de la UE, que hasta ahora ha condicionado cualquier alivio a avances democráticos. Bruselas podría verse forzada a autorizar excepciones humanitarias si la presión migratoria desde Venezuela se intensifica o si el coste reputacional de bloquear fondos para viviendas se hace insostenible. De hecho, ya hay conversaciones discretas entre España y Caracas para agilizar ayudas directas y coordinar el envío de materiales de construcción, según fuentes diplomáticas. El desenlace marcará un precedente sobre la flexibilidad del régimen sancionador europeo ante catástrofes naturales.
