Tras la celebración del último Consejo de Ministros del año, en el que se aplazó la subida de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Gobierno ha vuelto a insistir, un día después del anuncio, en que «no renuncia en absoluto» a subir las pensiones, pero considera «razonable» posponer la aplicación hasta que haya Ejecutivo. 

En este sentido, el Ejecutivo en funciones se reafirma en el incremento del 0,9% con efectos retroactivos del 1 de enero. «Estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, es razonable posponer la aplicación hasta que el Ejecutivo se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa», ha explicado el Ejecutivo.

El Gobierno ha remarcado que la revalorización de pensiones es una «prioridad» para el Gobierno y una cuestión de «máxima relevancia» para los pensionistas, como derecho reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Por eso, ha asegurado que cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020.

Además, desde el Ejecutivo han recordado que en 2019 «todas las pensiones han ganado poder adquisitivo» dado que la variación media del Índice de Precios al Consumo (IPC) a lo largo del año va a resultar inferior a la revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las cuantías mínimas establecida por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.

El Gobierno ha explicado que mantiene la suspensión de la aplicación de la revalorización del 0,25%, aprobada de forma unilateral por el PP, porque ha sido una medida «ampliamente» cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo. Según el Ejecutivo, no ha sido aplicada en los ejercicios 2018 y 2019 con el fin de evitar una revalorización «que habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas».

Por otra parte, una subida mínima del 0,25% obligaría a duplicar los procesos informáticos, así como el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el consiguiente incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema, ha detallado el Gobierno.

MEDIDAS DE GRAN INTERÉS SOCIAL

Durante su habitual comparecencia ante la prensa, tras la celebración del citado Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá,  ha reconocido que tanto la subida de las pensiones como del salario mínimo tiene «mucho interés social» y ha asegurado que espera que haya una respuesta práctica en ambas materias en beneficio de la gente «muy pronto».

«El compromiso del Gobierno fue la subida de las pensiones en relación con el IPC y este es el 0,9% y, en relación con el SMI, en nuestra propuesta electoral se incluye la subida de este al 60% del salario medio en España, como indica la carta social europea, en una legislatura», ha dejado claro Celaá.

En esta línea, ha indicado que en 2020 el SMI se ajustará atendiendo a la conversación con agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, y «redundará en el beneficio de la gente como en otras ocasiones. Además, ha señalado que la subida del salario mínimo también se aplicará de manera retroactiva.

El Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros también incluye la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma y que afecta a unas 26.000 personas.

Por otro parte, la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones hasta el 31 de diciembre de 2019 «no ha sido suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación causaría en los trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada, sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones».

En un comunicado, el Gobierno ha afirmado que, por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad, se hace su extensión hasta el final de 2020.

También se prorrogan algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, que garantice su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2020, «dado el carácter temporal que tenía esta norma, circunscrita al año 2019».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su rechazo y ha lamentado el paso dado por Endesa al presentar la solicitud de cierre de la central térmica de As Pontes (A Coruña) y ha advertido de que «apagarla» puede poner «en discusión» la «suficiencia y seguridad energética» de España.

«España no puede permitirse el lujo de que el mayor generador y la mayor batería de energía que tiene el Estado, que es la central de As Pontes, se apague, porque estaría en discusión incluso la suficiencia y la seguridad energética», ha sentenciado Feijóo, tras conocer la decisión, en una entrevista con Europa Press.

«Ante un año seco, desde el punto de vista de lluvia, y con una calidad de viento inadecuada para producir energía eólica, España puede verse comprometida en su garantía de energía y acudir a Francia, Portugal o Marruecos», ha abundado, antes de advertir que la energía «que se compra a Marruecos» la producen centrales térmicas que «emiten mucho más CO2 del que emite As Pontes».

Para Feijóo, no es concebible caer en lo que considera «una contradicción manifiesta«, puesto que, de las 14 centrales térmicas de España, «la más potente, la que ha hecho más inversión y la que está autorizada por la Unión Europea para seguir como mínimo hasta el año 2030 es la de As Pontes».

«Esa es la que en ningún caso se puede cerrar. Y mucho menos cerrarla como cualquier otra, como Meirama, que no ha cumplido con las inversiones y que no está preparada para operar a partir del año 2021. La de As Pontes sí lo está», ha apostillado.

«UNA NOTICIA QUE GALICIA NO PUEDE ACEPTAR»

Feijóo ha advertido que el cierre de la térmica es «una noticia que Galicia no puede aceptar» y ha esgrimido varios motivos, entre ellos que con el anterior Gobierno central «se había comprometido un mantenimiento de la central» y, a cambio, Endesa había hecho la inversión de 200 millones para adaptarse a los requisitos europeos.

También ha reiterado que se trata de la «mayor central térmica de España» y ha agregado, asimismo, que «no se puede admitir» el cierre porque «750 personas se van a la calle».

Estas tres razones son fundamentalmente, según ha explicado Feijóo, las que trasladó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para advertirle de que Galicia no puede «aceptar» el cierre de la planta de As Pontes.

«CASAR LAS CUENTAS»

Como pieza clave para que Endesa mantenga su actividad en esta localidad, Feijóo ha incidido en que es preciso que le «casen las cuentas» y ha abogado por reducir la carga impositiva, al tiempo que ha apuntado que «toda la política impositiva» sobre la electricidad es «una política exclusiva del Gobierno central».

«Claro que hay fórmulas para que casen las cuentas. La primera, ya evidente, que el impuesto que grava al carbón desaparezca de forma inmediata. No podemos hacer un doble impuesto, un impuesto para pagar las emisiones de CO2 en la UE y otro por quemar carbón en la central térmica», ha argumentado.

En la misma línea, ha añadido que los impuestos de cogeneración «también se pueden modular» y ha defendido que «toda la política impositiva que grava los precios de la energía tiene suficiente flexibilidad para que las cuentas de Endesa casen».

En cuanto al mensaje que ha lanzado a la dirección de la empresa, se ha reafirmado en que Endesa tiene que «sustituir toneladas de carbón por toneladas de lodos o de otros combustibles biodegradables».

PRUEBAS PARA REDUCIR CARBÓN

Precisamente, en lo que respecta al campo de acción de la Xunta, ha señalado que los técnicos del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) están «sentados con Endesa» para comprobar cómo se pueden sustituir las toneladas de carbón que están quemando «en más de un 50% por combustibles alternativos».

El presidente gallego ha remarcado que esas pruebas se están haciendo «con la tutela» de Endesa y de ingenieros del Inega, de acuerdo con la «función» que corresponde a la Xunta y según lo acordado con el Ministerio. «Estamos cumpliendo con este trabajo. Espero que en enero-febrero tengamos estas pruebas finalizadas y sepamos el coste definitivo de sustituir carbón por lodos al menos en un 50%», ha avanzado.

Hecho esto, ha reiterado que tocará comprobar «cuál es la pérdida» que sigue generando la producción de megavatios como consecuencia del precio del CO2, para una vez que se conozca este dato ver «cómo se puede solapar (la pérdida) hasta que dé cero como consecuencia de la política impositiva que grava la energía que se produce en las térmicas».

«LAS FAMILIAS NECESITAN HECHOS»

Sobre la recepción que han tenido sus demandas en la ministra de Transición Ecológica, el presidente gallego ha explicado a Europa Press que sus palabras fueron «de comprensión. «Y yo no tengo por qué dudar de esas palabras», ha añadido, antes de matizar que, en cualquier caso, «los hechos acreditan que la política energética del Gobierno produce un impacto histórico en el empleo».

«Las palabras han sido buenas, pero yo necesito hechos. Las familias gallegas necesitan hechos», ha añadido Feijóo, antes de subrayar que «las malas noticias» que tienen relación con la política energética del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez se producen «unas detrás de otras». Como segundo ejemplo, ha apuntado a la situación de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y a la última subasta de interrumpibilidad.

Según Feijóo, ha sido «la peor subasta de interrumpibilidad» desde que estas existen y así se lo ha trasladado la Xunta al Gobierno. A su modo de ver, el resultado de esta subasta es «un drama» para Alcoa, pero también para otras empresas electrointensivas.

SIN NOTICIAS DE LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ

Tras la conversación con Sánchez, en el marco de la ronda que éste mantuvo con los presidentes autonómicos, Feijóo reveló que el socialista se había comprometido a realizar «una gestión personal» si era preciso con Alcoa para incidir en la importancia de que continúe su actividad en San Cibrao. Preguntado acerca de si le consta que se haya hecho esa gestión, Feijóo ha respondido que no tiene «información» de que haya sido así.

«No tengo ninguna información de que el Gobierno esté dando un mensaje de tranquilidad a Alcoa. Al contrario, nunca he visto tan nerviosos y tan preocupados a los directivos de Alcoa Europa, ni nunca he visto tan dramáticamente preocupado al comité de empresa», ha contrapuesto.

Así las cosas, ha recordado que la Xunta pidió que se constituya la mesa de seguimiento de Alcoa, algo que «lleva incumpliéndose desde el mes de octubre», y ha urgido que se haga. «Pediremos que se active la mesa antes del 15 de enero», ha aseverado.

El 2019 ha sido un año muy intenso en el sector del turismo con importantes acontecimientos que han marcado la evolución económica del sector, entre los que destacan la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, la compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia, la fusión de las agencias de viajes de Globalia y Barceló, la crisis del modelo Boeing 737 Max, y la apertura a la competencia de la alta velocidad con la llegada del nuevo AVLO.

También entre los grandes temas se han situado polémicas como el ‘culebrón’ de los viajes del Imserso, la crisis turística en Cataluña derivada de la sentencia del ‘procés’ y en las islas por la quiebra de Thomas Cook y el resurgir de los destinos Mediterráneos.

España se encamina a cerrar otro año con récord de turistas. Las previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo apuntan a otro máximo de 83,4 millones, tras los 82,6 millones de viajeros recibidos en 2018. Y es que el turismo sigue al alza y ya aporta el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 13% del empleo en España a pesar de la recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo que ha provocado cierta ralentización en el crecimiento.

Aún así el gasto turístico volverá a anotarse otro máximo histórico al rozar los 92.000 millones de euros, con un alza del 2,4%, según el Gobierno en funciones.

A pesar de las amenazas del Brexit el Reino Unido, el mayor emisor de viajeros a España con un 22% del total, se ha estabilizado y ha resistido. En paralelo, la cuota de mercado, tanto en llegadas como en gasto, de los países de largo radio, como Estados o Asia, ha crecido por encima de la media este año.

Una de las noticias que más ha afectado al sector turístico mundial este año ha sido la quiebra del touroperador británico Thomas Cook el pasado mes de septiembre. El segundo mayor grupo turístico mundial quebró tras 178 años de historia dejando a más de 600.000 turistas varados en lo que supuso la mayor repatriación desde la Segunda Guerra Mundial.

Se cancelaron cientos de vuelos y muchas hoteleras y mayoristas aún arrastraron una deuda de millones de euros. En España el Gobierno aprobó un plan de choque de 13 medidas valorado en unos 300 millones, de los cuales 200 eran créditos del ICO. Estaba principalmente centrado en Baleares y Canarias, las regiones más afectadas por la quiebra.

Y es que la quiebra de Thomas Cook supuso un tremendo revés para el sector turístico de Baleares y Canarias, destinos muy dependientes del gigante británico. Solo en sus aviones, sin contar con los clientes de sus paquetes turísticos que volaban en otras compañías, la empresa quebrada trasladó a 3,6 millones de turistas a España en 2018.

Todo ello provocó un descenso de los turistas europeos que llegaban a las islas, a lo que se suma un descenso de los principales mercados españoles (británico, alemán, francés y nórdico) que volvieron a experimentar caídas a lo largo del año.

Otra región afectada turísticamente este año ha sido Cataluña. La ola de violencia del independentismo con altercados en las calles de Barcelona y cortes en autopistas, estaciones de trenes y aeropuertos ha provocado una bajada del turismo en la región y un descenso de precios para mantener la ocupación. Los hoteles reconocen que ahora se ha iniciado un proceso de lenta recuperación de nuevo.

LA MAYOR TRANSACCIÓN EN LA AVIACIÓN ESPAÑOLA

Empresarialmente la noticia del año, y quizás la del siglo, fue el anuncio de compra de Air Europa por parte de Iberia. La mayor transacción de la historia de la aviación española por 1.000 millones en efectivo aún esta pendiente de la aprobación de Bruselas.

Con esta operación, que malograba las negociaciones de la compañía de Juan José Hidalgo con Air France, IAG dominaría el 72% del tráfico doméstico nacional, con 174 aviones y unos 7.000 millones de ingresos. Ambas aerolíneas que competían en unas 50 rutas tendrán ahora que compartir mercados.

Uno de los objetivos de la absorción es crear un gran ‘hub’ en Barajas capaz de competir con los grandes europeos como Heathrow, Frankfurt, Charles de Gaulle y Ámsterdam.

Otra gran fusión del sector turístico fue la protagonizada entre Globalia y Barceló. Tras vender Air Europa, el grupo dirigido por Javier Hidalgo anunció la fusión de sus agencias de viajes con las del grupo Barceló dando lugar a un gran gigante turístico con 1.500 puntos de ventas y una facturación agregada de 2.800 millones de euros

La sociedad resultante de la fusión estará participada al 50% por Barceló y Globalia y en ella se incluirán todas las marcas minoristas y mayoristas de Globalia (Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meeting and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares), mientras que en el caso de Barceló se incorporan todas las marcas de la división minorista Avoris, (B The Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events).

CRISIS DE BOEING Y APERTURA DE COMPETENCIA DE LA ALTA VELOCIDAD

La aviación mundial ha padecido este año una gran crisis y tras dos accidentes registrados por el modelo Boeing 737 Max, se obligó a todos los aparatos de este modelo que ya volaban, unos 400 a quedarse en tierra. Todo ello llevó a la cancelación de la fabricación del modelo hasta que no se garantice la seguridad de los aparatos.

Ryanair, Norwegian y Air Europa tres aerolíneas con amplia presencia en España han resultado muy afectadas por esta crisis lo que les ha obligado a reducir las plazas, cancelar rutas generando algunos problemas en las operaciones turísticas.

En España el transporte terrestre también ha sufrido este año una gran revolución al abrirse a la competencia. Y es que Adif Alta Velocidad eligió a Renfe, a la operadora pública francesa SNCF y al consorcio formado por Ilsa y Trenitalia como candidatos para operar las principales líneas de alta velocidad de la red española, tras su liberalización.

En paralelo, Renfe anunció el lanzamiento de AVLO, un nuevo modelo ‘low cost’ para las rutas donde hay AVE, con fecha de inicio previsto para abril de 2020. Los billetes tendrán un coste de entre 10 y 60 euros, con un coste de 5 euros para los menores. El servicio, que comenzará en la ruta Madrid-Barcelona, contará en su estreno con dos frecuencias en cada sentido aunque al final de 2020 se extenderán a cinco viajes.

CAMPAÑA COMPLICADA DEL IMSERSO

Los retrasos en el inicio de viajes del Imserso debido a los recursos de sus principales actores protagonizaron este año una campaña bastante compleja. Las agencias se quejaban de las bajas comisiones, y hoteleros de los precios baratos, y los usuarios por la incertidumbre.

Finalmente la nueva adjudicación otorgó el lote 1 (costas peninsulares) a Mundiplan (la UTE formada por Iberia, Alsa e IAG7) y los 2 (islas) y 3 (circuitos culturales) a Mundosenior, la UTE de Globalia y Barceló. Los viajes se han vendido con normalidad con un descenso en un primer momento de los que tenían como destino Cataluña por la crisis política vivida en la región.

Y para finalizar los principales lobbies del sector han cambiado de jefaturas dando paso a una nueva generación de líderes turísticos en España. La patronal de los gigantes turísticos, Exceltur, dió un salto con el nombramiento de Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, como presidente de la organización.

Además tras 12 años Joan Molas dejó la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que pasa a manos del presidente de Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal. También Rafael Gallego abandonó este año el liderazgo de la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) tras ocho años en el cargo.