El Banco de España ha constatado en su prueba de estrés que el conjunto del sector bancario español sería capaz de resistir el impacto de la crisis del Covid-19, en parte, gracias a las medidas de apoyo, si bien ha anticipado efectos negativos sobre sus ratios de solvencia.

La edición de otoño del Informe de Estabilidad Financiera alerta de que la segunda ola del coronavirus puede retrasar la recuperación económica e incrementar los riesgos derivados de la pandemia, entre los que sitúa la baja rentabilidad de las entidades bancarias y el potencial deterioro de su solvencia.

Los dos escenarios que utiliza el test de estrés del Banco de España son una caída del PIB del 1,6% para el periodo 2020-2022 (escenario base) y del 5,7% (escenario adverso), mientras que las entidades se dividen en tres grupos: las que están sujetas a la supervisión directa del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y que cuentan con una actividad internacional más significativa, el resto de entidades supervisadas directamente por el MUS y aquellas bajo supervisión directa del Banco de España (de menor tamaño y sin actividad internacional destacable).

El primer grupo de entidades, que parten de una ratio CET1 de 11,9%, experimentarían en 2022 una disminución de su ratio de 2 puntos bajo el escenario base (hasta 9,9%) y de 3,9 puntos en el escenario adverso (hasta 8%).

Por su parte, el resto de entidades bajo supervisión directa del MUS, que parte de una ratio CET1 del 13%, terminaría 2022 con una ratio del 12% en el escenario base (-1 pp) o del 8,4% en el escenario adverso (-4,6 pp).

Finalmente, las entidades bajo supervisión nacional directa, que parten de una ratio de 17,9%, ven aumentado su ratio en 0,8 puntos en el escenario base, hasta el 18,7%, y la reducen en 1,3 puntos en el adverso, hasta 16,6%.

Según ha explicado el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Ángel Estrada, este tercer grupo de entidades, que mejoran su posición de solvencia en el escenario base y obtienen la menor reducción en el escenario adverso, tienen un modelo de negocio más sencillo y conservador en cuanto a productos, con un mayor peso de préstamos hipotecarios y tenencia pública, así como un limitado alcance geográfico.

De su lado, el primer grupo puede permitirse partir de unos niveles de capital menores gracias a la diversificación de su negocio. «Tienen otras que les permiten absorber con menores pérdidas las perturbaciones que reciben. Es importante mirar los niveles de capital, pero también la capacidad de absorción de shocks de las entidades», ha apuntado.

A raíz de los resultados del test, el Banco de España concluye que el sector bancario español se muestra «capaz de resistir el elevado impacto económico de la crisis sanitaria, con el apoyo del efecto mitigador de las medidas implementadas por las autoridades económicas».

De hecho, el informe advierte de que una reducción o modificación de los programas de apoyo económico y financiero, así como la persistencia de los efectos negativos de la pandemia sobre la actividad económica, supondría un desafío adicional significativo a la solvencia del sector.

EFECTO DE LAS MEDIDAS MITIGADORAS

El Banco de España ha valorado que las medidas de respuesta a la crisis han permitido absorber el impacto inicial del shock, siendo necesario «evaluar detalladamente las medidas ya implementadas, manteniendo las que se hayan probado más eficaces mientras la recuperación no sea suficientemente autosostenida, y graduándolas para acompañar al crecimiento de la actividad».

Además, Estrada ha avisado de que el deterioro crediticio supondrá que la banca tenga que dotar más provisiones por el aumento de morosidad, lo que se reflejará en su cuenta de resultados.

La prueba de estrés se ha utilizado para estimar el impacto de las medidas de respuesta a la crisis implantadas por las autoridades económicas sobre la solvencia de los bancos españoles, como son los avales ICO, el nuevo programa TLTRO del BCE, el veto al dividendo, las moratorias de crédito o la reforma rápida de la normativa sobre requerimientos de capital.

La provisión de avales públicos al crédito empresarial tiene un impacto mitigador significativo sobre el consumo de capital del sector bancario, absorbiendo un 30,2% en un supuesto intermedio del escenario base y un 27,7% en el escenario adverso, lo que se traduce en una mejora de 1,5 puntos en la ratio CET1 en el primero y de 1,7 puntos en el segundo.

El veto a los dividendos y el nuevo programa TLTRO también tendrían un efecto positivo, pero menor que el de los avales. Bajo la hipótesis de que el programa del BCE se mantiene en vigor hasta 2022, se estima que el volumen de ingresos adicional implicaría una mejora de la ratio de CET1 de 0,37 puntos en el escenario base y de 0,38 puntos en el adverso, mientras que el la restricción al dividendo permitiría ganar entre 0,45 y 0,56 puntos de ratio CET1 en el escenario base y de entre 0,32 y 0,53 puntos en el adverso.

El director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España ha resaltado durante la presentación del informe la importancia que ha tenido la recomendación de no pagar dividendos y ha recomendado «ser muy prudente» en este sentido, debido a la incertidumbre que todavía pesa sobre la economía. «Parece mucho más razonable acumular lo que podamos y, en caso de que las cosas vayan mejor de lo esperado, soltarlo», ha sostenido.

De su lado, las moratorias tendrían un efecto positivo a corto plazo sobre la solvencia, pero sería transitorio y no se incorpora en la ratio estimada por el Banco de España para 2022. De hecho, el organismo ve probable que, una vez termine el periodo de carencia, exista «un riesgo elevado de que dichos hogares pasen a una situación de dudosidad si no se ha normalizado la actividad económica», ya que son las familias más vulnerables las que han recurrido a esta medida.

FUSIONES, INSTRUMENTO ÚTIL CONTRA LA CRISIS, PERO NO EL ÚNICO

En este escenario de incertidumbre, el Banco de España estima conveniente que las entidades mantengan una actitud vigilante sobre la evolución de su activo, adopten una gestión del riesgo flexible y favorable a la recuperación de la actividad y exploren cauces eficaces para mejorar su eficiencia.

Sobre este último punto, el Banco de España afirma que las entidades tienen margen para mejorar su eficiencia, recortando costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías. En concreto, apunta que los procesos de consolidación del sector bancario «podrían ser un instrumento útil de respuesta a la crisis, siempre y cuando las entidades presenten un plan de negocio que genere valor y permita aprovechar las sinergias existentes».

El organismo cree que las operaciones transnacionales europeas permitirían profundizar en la Unión Bancaria, incorporar mayores posibilidades de diversificación y mejorar los incentivos para la digitalización, si bien tendrían un impacto inmediato más reducido en la reducción de costes.

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (en nombre de los gobiernos europeos) han acercado sus posturas sobre el mecanismo que vinculará el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, pero siguen manteniendo importantes diferencias con respecto al presupuesto comunitario de los próximos siete años.

Los equipos de ambas instituciones se han reunido a lo largo de esta semana para avanzar en los dos asuntos. Aunque se han constatado avances en cuanto al sistema que vinculará las ayudas europeas a que no se adopten medidas a nivel nacional que pongan en peligro los intereses financieros de la UE, persiste el bloqueo en las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027.

«Atmósfera constructiva y ORIENTADA A conseguir resultados en la reunión de hoy sobre el Estado de derecho. Un acuerdo está al caer», ha celebrado en Twitter el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, que representa a la Comisión Europea en estas negociaciones.

Un portavoz del Gobierno alemán, que lidera las negociaciones en nombre de las capitales europeas como presidencia de turno de la UE, ha calificado la última reunión de este jueves sobre el Estado de derecho como «muy constructiva y productiva. Las posiciones están «bastante cerca», ha dicho un alto funcionario europeo.

A su vez, fuentes parlamentarias reconocen todavía «les faltan algunos metros para llegar a la meta,» aunque «parece que lo conseguirán». En un comunicado, el Parlamento Europeo ha señalado que «todo está todavía por cerrar», así como que sus representantes se sentarán de nuevo en la mesa de negociación en noviembre una vez haya mantenido «debates internos».

En lo que sí coinciden ambas partes es en el hecho de que los últimos contactos sobre el presupuesto comunitario se han saldado con «ningún avance». «Las negociaciones siguen siendo muy complicadas, sigue habiendo lagunas importantes», ha dicho el portavoz del Gobierno alemán sobre este asunto.

La Eurocámara, por su parte, ha acusado a los gobiernos de rechazar «ciegamente» una nueva propuesta sobre cómo introducir los casi 13.000 millones de euros en costes en intereses derivados del plan de recuperación en el presupuesto de los próximos siete años.

En concreto, los eurodiputados apostaban por mantener este dinero fuera del MFF pero «sin distribuirlo entre programas europeos emblemáticos» con el objetivo de «dejar un margen significativo que sería muy bienvenido para financiar necesidades imprevistas».

Las negociaciones de estos dos asuntos son clave para poner en marcha el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, cuya entrada en vigor se retrasará al menos hasta mediados de febrero en el mejor de los escenarios.

Para que la Comisión Europea pueda emitir deuda, necesita el visto bueno unánime de todos los gobiernos de la UE. Hungría y Polonia ya han avanzado que están en contra de cualquier mecanismo que ligue los fondos europeos al Estado de derecho, por lo que podrían utilizar su desacuerdo para bloquear el plan de relanzamiento.

Además, aunque Varsovia y Budapest se dieran por vencidas y aceptasen el acuerdo que salga de este tema con el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales tienen que ratificar la decisión sobre el techo de recursos propios de la UE (que en la práctica es lo que permite a Bruselas captar fondos en los mercados) en un proceso que se prolongaría entre dos o tres meses.

La presión fiscal en España, el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, se situó en 2019 en el 35,4%, en línea con el dato del año precedente, pero situándose por debajo de la media del 41,1% de la UE y del 41,6% de los países de la zona euro, según los datos publicados por Eurostat.

De este modo, España fue el séptimo país con menor presión fiscal entre los diecinueve de la eurozona en 2019.

Sólo Irlanda (22,7%), Lituania (30,4%), Letonia (31,4%), Malta (32,1%), Estonia (33,3%), y Eslovaquia (34,6%) contaban el pasado año con una presión fiscal inferior a la española, teniendo en cuenta solo los países de la eurozona. Fuera de la moneda única, también tenían una presión fiscal menor Rumanía (26,8%) y Bulgaria (30,3%), mientras que en el fue del Reino Unido (35,3%).

Así, España se situaba lejos de las medias tanto de la zona euro (41,6%) como del conjunto de la UE (40,1%), así como de las grandes economías del euro, que superaban el 40%: Francia situó su presión fiscal en 2019 en el 47,4%, Italia en el 42,6% y Alemania en el 41,9%.

Francia fue el país de la UE con mayor presión fiscal, seguido de Dinamarca (46,9%) y Bélgica (45,9%), por delante de Suecia (43,6%), Austria (43,1%), Italia (42,6%) y Finlandia (42,3%).

Comparado con 2018, la presión fiscal se incrementó en una docena de países, con el mayor incremento anual en Chipre (desde el 33,5% en 2018 al 35,6% en 2019), seguido de Dinamarca (desde el 45,1% al 46,9%).

Por el contrario, se observaron recortes en trece países de la UE, siendo las mayores bajadas las registradas en Bélgica (desde el 47,1% al 45,9%), Grecia (desde 42,7% al 41,9%), Suecia (desde 44,4% a 43,6%) y Francia (desde 48,2% a 47,7%).

ESTRUCTURA DE INGRESOS EN ESPAÑA.

En cuanto a la estructura de ingresos fiscales en España, el mayor peso en el año 2019 correspondió a las contribuciones sociales, con el 12,9%, por debajo de la media del 15,1% de la zona euro y del 14,2% de la UE 27.

Los impuestos a la producción y las importaciones representaron en el caso de España el 11,7% del PIB, también inferior a las medias de la zona euro y la UE, del 13,3% y del 13,7%, respectivamente.

Dentro de este apartado, los ingresos por IVA en España fueron el pasado año del 6,5%, frente al 6,9% de la media de los países de la moneda única y el 7,2% del promedio del bloque en conjunto.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y el patrimonio en España alcanzaron el 10,4% del PIB, por debajo de la media del 13% tanto en la zona euro como entre los Veintisiete.

El Banco de España ha avisado de que las restricciones derivadas de la segunda oleada de contagios intensificará los riesgos para la estabilidad financiera y podría lastrar la recuperación de la actividad económica, que a finales de 2022 no habrá alcanzado aún los niveles precrisis, según sus previsiones.

Así lo pone de manifiesto en la edición de otoño del Informe de Estabilidad Financiera, en el que además ha incluido el resultado de un test de estrés a la banca que indica que el sector es capaz de resistir el elevado impacto económico de la crisis sanitaria, si bien una reducción de los programas de apoyo económico y financiero, así como la persistencia de los efectos negativos de la pandemia en la actividad económica podrían tener un impacto significativo en su solvencia.

En concreto, el informe advierte de que los brotes de coronavirus podrían intensificar riesgos como la debilidad financiera de empresas y hogares, la rentabilidad de la banca y el aumento de la deuda pública, cuya materialización dependerá «crucialmente» de la reacción de las políticas económicas y el mantenimiento de los estímulos, que deberán ajustarse temporalmente a la duración de la crisis y enfocarse en los agentes más afectados.

Según ha advertido el Banco de España, una recuperación más lenta de lo esperado incrementaría la vulnerabilidad financiera de empresas y hogares, dilatándose la reactivación del empleo y el gasto en consumo e inversión, lo que también impactaría en la rentabilidad y solvencia de las entidades, al tener que asumir mayores costes por el deterioro de sus activos.

Según los escenarios que maneja el organismo, «a finales de 2022 no se habría alcanzado aún el nivel de actividad previo de crisis». A tenor de estas proyecciones, presumiblemente no todas las empresas podrán recuperar un nivel de actividad similar al que tenían antes de la pandemia y aquellas que experimenten una recuperación más débil o hayan acumulado un volumen muy elevado de deuda «podrían encontrarse con dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras», ha advertido la institución.

Para que las empresas en esta situación no presenten problemas de viabilidad empresarial a largo plazo, el Banco de España ha apuntado que la reestructuración de su deuda, mediante carencias, alargamientos de los plazos de devolución, quitas o la conversión de la deuda en acciones «podría ser una alternativa factible».

«Aunque esta vía supone la materialización de pérdidas para los acreedores, en muchos casos, estas serían probablemente más acotadas que las que experimentarían con la liquidación empresarial. La supervivencia de la empresa evita el coste económico que supondría su cierre en términos de pérdidas de empleo y tejido productivo», ha explicado.

ACTITUD VIGILANTE ANTE EL PREVISIBLE AUMENTO DE LA MORA

En cuanto a la repercusión en el ámbito financiero, el Banco de España no ha constatado aún un aumento de los dudosos o de la ratio de mora, pero ha advertido de que en la primera mitad de 2020 las entradas de dudosos no han podido ser compensadas totalmente por las recuperaciones y salidas de fallidos, lo que contrasta con la evolución observada desde el final de la crisis de 2008.

«La crisis actual podría provocar un incremento adicional de los flujos de entrada en dudosos en los próximos trimestres, lo que se uniría a una mayor dificultad por parte de las entidades para liquidar este tipo de activos problemáticos mediante operaciones de venta», ha avisado el Banco de España, quien ya ha visto que la morosidad del crédito al consumo ha subido un 20%.

Por otro lado, señala que las moratorias de crédito han sido utilizadas, en mayor medida, por los hogares más vulnerables, lo que hace prever al organismo, una vez terminado el periodo de carencia, que exista «un riesgo elevado de que dichos hogares pasen a una situación de dudosidad si no se ha normalizado la actividad económica».

«De cara al futuro, es necesario una adaptación prudente y ordenada de estos programas al desarrollo de la situación económica para evitar que una retirada brusca precipite los potenciales episodios de crisis de liquidez», ha advertido.

Ante la posible materialización de deterioros crediticios adicionales en los balances bancarios, el informe indica que las autoridades «deberían estar preparadas para dar una respuesta adecuada» que evite una interrupción del flujo de financiación de la economía que afecte negativamente a la recuperación.

Por todo ello, ha resaltado la conveniencia de que las entidades mantengan una actitud vigilante sobre la evolución de su activo, adopten una gestión del riesgo flexible y favorable a la recuperación de la actividad y exploren cauces eficaces para mejorar su eficiencia.

En cualquier caso, el informe dice que las entidades tienen margen para mejorar su eficiencia, recortando costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías. En concreto, apunta que los procesos de consolidación del sector bancario «podrían ser un instrumento útil de respuesta a la crisis, siempre y cuando las entidades presenten un plan de negocio que genere valor y permita aprovechar las sinergias existentes».

El organismo cree que las operaciones transnacionales europeas permitirían profundizar en la Unión Bancaria, incorporar mayores posibilidades de diversificación y mejorar los incentivos para la digitalización, si bien tendrían un impacto inmediato más reducido en la reducción de costes.

Los últimos test de estrés a la banca muestran que el conjunto de entidades bancarias españolas cuenta con colchones de capital significativos para absorber las potenciales pérdidas, pero podrían ver una reducción importante de su solvencia, especialmente si se reducen o modifican los programas de apoyo económico y financiero. Además, sigue pidiendo a las entidades «prudencia» en la distribución de dividendos ante la situación de incertidumbre.

REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA

El informe reconoce que la respuesta de las administraciones públicas a la crisis ha servido para mitigar en buena medida el impacto súbito inicial de la pandemia sobre hogares y empresas, pero ha supuesto un importante aumento de la deuda pública que, de mantenerse en el tiempo, representa «un elemento de vulnerabilidad crónica ante cambios en el sentimiento de los mercados».

En este sentido, el Banco de España ve preciso elaborar un plan de reequilibrio de las cuentas públicas que reduzca el endeudamiento y que se ponga en marcha una vez que se consolide la senda recuperación económica.

«La corrección requerirá de un esfuerzo muy grande que debe retrasarse hasta que la economía española se haya recuperado plenamente de los efectos de la crisis. Será entonces cuando las autoridades tendrán que implementar un programa creíble y suficiente de consolidación fiscal a lo largo de un período dilatado de tiempo, que proporcione margen de respuesta ante otras posibles perturbaciones y favorezca el crecimiento a largo plazo», indica el informe.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que mañana los autónomos van a sufrir un «sablazo injustificable con la que esta cayendo» debido a una subida de las cotizaciones sociales.

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha señalado que los trabajadores por cuenta ajena «van a pagar 30 euros más en su cuota al aplicar la subida de tipos de cotización que se debió aplicar en enero (tres euros al mes por 10 meses no cobrados)», pero que se ha aplazado hasta el mes de octubre con carácter retroactivo.

«Aplican una subida con carácter retroactivo en el peor momento, ¡qué error!», ha apostillado Amor. Hasta ahora, los autónomos estaban pagado el 30% de su base de cotización, aunque desde enero de este año tenían que haber abonado el importe correspondiente al 30,3%. No obstante, este incremento mensual será de tres euros si el autónomo cotiza por la base mínima.

Esta subida de las cotizaciones a partir de enero de 2020 se recogía en el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

El incremento de los tipos de cotización de autónomos se acordó con la intención de aumentar el ámbito de protección del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos (RETA), al incorporar de modo obligatorio la totalidad de las contingencias que hasta el momento tenían carácter voluntario, como la protección por cese de actividad y las contingencias profesionales.

En concreto, el decreto establecía un tipo de cotización por cese de actividad del 0,8% para 2020, del 0,9% para 2021 y decía que, a partir de 2022, el tipo de cotización sería el que se establezca con carácter definitivo para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

De su lado, en el caso de la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización para este año sería del 1,1%. En 2021, será del 1,3% y a partir de 2022 también se establecerá vía Presupuestos.

El Banco Central Europeo (BCE) «recalibrará» todas las herramientas a su disposición sin descartar ningún elemento para alcanzar el equilibrio más eficaz entre las distintas medidas para combatir el impacto adverso de la segunda oleada de contagios sobre la economía y las perspectivas de inflación, que han provocado una pérdida de impulso mayor de lo previsto en la recuperación de la zona euro.

«La recuperación económica de la zona euro está perdiendo impulso de manera más intensa de lo previsto con un claro deterioro de las perspectivas», ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, decidió mantener sin cambios este jueves sus medidas.

Lagarde, que cumple su primer año al frente del instituto emisor de la eurozona, ha destacado el deterioro experimentado particularmente por el sector servicios, señalando que los riesgos para la economía de la zona euro aparecen «claramente inclinados a la baja».

De hecho, la banquera central ha admitido que, tras un tercer trimestre que puede superar las expectativas, se espera que «noviembre sea muy negativo» por lo que el dato del PIB del cuarto trimestre se situará probablemente por debajo de lo esperado y no puede descartarse incluso que vuelvan a registrarse cifras negativas de crecimiento.

De este modo, la presidenta del BCE ha asegurado que la entidad examinará con cuidado los datos entrantes para que, con sus nuevas proyecciones macroeconómicas, que se conocerán en diciembre, evaluar los riesgos y «recalibrar sus instrumentos de la manera apropiada para contrarrestar el negativo impacto de la pandemia en la recuperación».

«Todos los miembros estuvieron de acuerdo en la necesidad de actuar», ha indicado Lagarde, desvelando que los técnicos de la institución han comenzado a examinar todas las opciones sobre la mesa. «Miraremos todo», ha asegurado la francesa, comprometiéndose a hacer uso mientras tanto de todos los instrumentos disponibles con flexibilidad.

En este sentido, ha insistido en que esta recalibración de instrumentos puede abarcar cualquier aspecto de los programas, incluyendo tanto la duración de los mismos, como su volumen, exigencias de garantías o composición. «Los comités están trabajando en ello», adelantó.

«Lo hemos demostrado en la primera oleada y lo haremos en la segunda», ha afirmado Lagarde, recordando que, en cualquier caso, «la unanimidad no es necesaria para actuar».

En cuanto a la evolución de los precios, Lagarde ha defendido que la eurozona no se encuentra en deflación, a pesar de registrar tasas negativas, ya que esta evolución corresponde a elementos puntuales como el desplome de los precios de la energía y la bajada del IVA en Alemania, por lo que adelantó que espera que la inflación se mantendrá en territorio negativo el resto hasta principios de 2021, cuando debería comenzar a subir.

Por otro lado, la presidenta del BCE ha señalado que, al margen del aspecto político, las inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre, representan junto al ‘Brexit’ uno de los dos grandes eventos geopolíticos cuyo resultado puede afectar «en un sentido u otro».

En su reunión de este jueves, el BCE ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,50% y la de facilidad de préstamo, en el 0,25%.

Al igual que en otros comunicados anteriores, el BCE ha explicado que estima que el precio del dinero se mantendrá en sus «niveles actuales o más bajos» hasta que considere que los pronósticos de inflación «convergen robustamente» con un nivel lo suficientemente cerca, pero por debajo, del 2%.

La autoridad presidida por Christine Lagarde también ha decidido mantener intacto su ritmo y volumen de compra de activos. Así, el banco central seguirá adelante con las compras flexibles bajo su programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP), cuyo volumen total alcanza los 1,35 billones de euros.

La sección sindical estatal de UGT en Banco Sabadell ha querido llamar a la tranquilidad después de conocerse que la entidad financiera planea poner en marcha un plan de prejubilaciones y bajas voluntarias que afectará, en un principio, a un máximo de 2.000 empleados.

De este modo, UGT pide evitar las «llamadas al alarmismo», ya que todavía no se cuenta con información ni datos concretos, y ha subrayado su posición protagonista para liderar el proceso de negociación.

El sindicato se encuentra a la espera de que la dirección de Banca Sabadell les convoque para facilitarles información fidedigna sobre sus planes, lo que espera que previsiblemente ocurra «en los próximos días».

Banco Sabadell tiene intención de reducir la plantilla en España en hasta 2.000 empleados con el fin de adaptar el negocio a la nueva realidad competitiva y a la digitalización, si bien el número de puestos definitivos que se verán afectados dependerá en todo caso del acuerdo que se logre alcanzar con la representación sindical.

A este recorte se suman los 900 trabajadores que saldrán de su filial británica, TSB, durante 2021, tras el cierre de 164 oficinas en Reino Unido, un ajuste confirmado por Banco Sabadell el pasado mes de septiembre.

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha anunciado que convocará el próximo 23 de noviembre la Mesa de Automoción, después de que se constituyese a finales del pasado mes de junio con la participación de los diferentes actores del sector de la automoción nacional.

En el marco de la entrega del premio Protagonista del Motor 2019 Galería de ‘El Mundo’, Maroto ha explicado que la Mesa representa un aspecto clave para la definición de los proyectos tractores del sector, por lo que en ella participarán representantes de la industria como las asociaciones (Anfac, Faconauto, Sernauto, Ganvam, Aedive y Anesdor) y de las centrales sindicales (CC.OO. UGT-Fica y USO), así como el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, y la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Durante el evento, la titular de la cartera de Industria señaló que con esta iniciativa se busca identificar las diferentes palancas y proyectos tractores que permitan a España estar a la vanguardia del cambio en el que se está viendo inmerso el sector del automóvil, en un momento incierto marcado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

«El mundo del motor está viviendo una revolución que ha llegado en un momento difícil por la crisis sanitaria que ha tenido impacto negativo en el sector, tanto en España como en otros países. La automoción es un sector estratégico para la economía española y muestra de ello es el ‘Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada'», aseguró.

Así, resaltó que ya se están movilizando los 3.750 millones de euros del presupuesto que tiene este programa, que cuenta con medidas como el Plan Renove o el Plan Moves, que, según señaló, ya se ha activado en casi todas las comunidades autónomas y que en Madrid y Cataluña ya se han agotado los fondos.

159 MILLONES PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Por otro lado, Maroto destacó que hasta la fecha se han recibido 3.059 solicitudes de financiación, por un importe de 159 millones de euros de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 500 millones de euros con avales para la financiación de la compra de vehículos industriales y comerciales por parte de profesionales, y que se gestiona a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La ministra apuntó que esta iniciativa permite renovar el parque de vehículos industriales y comerciales en España, que tiene una gran relevancia para la economía española. Aunque señaló que se observa una recuperación «más tardía» de las matriculaciones de automóviles en España y en otros países, lo que demuestra la falta de confianza por parte de los consumidores.

Así, apuntó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla la tercera edición del Plan Moves, con el fin de apoyar la demanda de vehículos eficientes en España, al tiempo que incluye otro plan de apoyo a la movilidad limpia en zonas urbanas.

Maroto también destacó que los Presupuestos también incorporan una dotación de 100 millones de euros para el apoyo al desarrollo de la tecnología de hidrógeno, al tiempo que también tienen otros 100 millones de euros de apoyo a la tecnología de baterías.

«La prioridad es reforzar el sector del automóvil español, que es estratégico y que está viviendo una revolución. La forma de canalizar estos fondos europeos será a través de los PGE que esperemos que cuenten con el apoyo de todos, porque sin duda unidos podemos afrontar las grandes transformaciones que este país necesita», finalizó.

Por su parte, el ganador del galardón de este año, José Muñoz, director mundial de Operaciones de Hyundai Motor, calificó como un «honor» recibir este premio y aseguró sentir que está representando a una generación que está luchando por el desarrollo de una industria «clave» para el mundo y también para el país.

«También quiero agradecer al presidente de Hyundai, Euisun Chung, por haberme dado la oportunidad de unirme a este grupo familiar que domina la cadena de valor del automóvil», subrayó el directivo, que destacó que durante sus 30 años de carrera ha confirmado que la automoción ha tomado el liderazgo en la «evolución humana».

Además, señaló que es el momento de que España tome la iniciativa en el apoyo al sector del automóvil y aplaudió el esfuerzo del Gobierno en su apoyo a la industria del motor, al tiempo que valoró la postura de la ministra Maroto en su intención de que el próximo Moves pueda tener una dotación de 450 millones de euros.

La recuperación de la economía de la zona euro está perdiendo impulso de manera más intensa de lo que se esperaba ante el impacto de la nueva oleada de contagios y la incertidumbre por la imposición de nuevas restricciones, según ha reconocido la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que ha aplazado la posible reacción de la entidad hasta su reunión de diciembre.

«La recuperación económica de la zona euro está perdiendo impulso de manera más intensa de lo previsto con un claro deterioro de las perspectivas», ha advertido la banquera central en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE.

En este sentido, Lagarde ha destacado el deterioro experimentado particularmente por el sector servicios, señalando que los riesgos para la economía de la zona euro aparecen «claramente inclinados a la baja».

De este modo, la presidenta del BCE ha asegurado que la entidad examinará con cuidado los datos entrantes para que sus nuevas proyecciones macroeconómicas, que se conocerán en diciembre, evalúen los riesgos y «recalibrar sus instrumentos de la manera apropiada para contrarrestar el negativo impacto de la pandemia en la recuperación».

«Todos los miembros estuvieron de acuerdo en la necesidad de actuar», ha indicado Lagarde, desvelando que los técnicos de la institución han comenzado a examinar todas las opciones sobre la mesa. «Miraremos todo», ha asegurado la francesa, comprometiéndose a hacer uso mientras tanto de todos los instrumentos disponibles con flexibilidad.

En su reunión de este jueves, el BCE ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,50% y la de facilidad de préstamo, en el 0,25%.

Al igual que en otros comunicados anteriores, el BCE ha explicado que estima que el precio del dinero se mantendrá en sus «niveles actuales o más bajos» hasta que considere que los pronósticos de inflación «convergen robustamente» con un nivel lo suficientemente cerca, pero por debajo, del 2%.

La autoridad presidida por Christine Lagarde también ha decidido mantener intacto su ritmo y volumen de compra de activos. Así, el banco central seguirá adelante con las compras flexibles bajo su programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP), cuyo volumen total alcanza los 1,35 billones de euros.

Aena cree que las estimaciones económico-financieras del Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 «no se corresponden con la actual previsión de cierre del ejercicio 2020», y advierte de que el cálculo estaría desfasado por el rápido avance de la pandemia.

Según explicó la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estas cifras se ven afectadas por «la rápida evolución de los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 que ha tenido lugar desde que se elaboraron dichas previsiones».

El proyecto de Presupuestos presentado este miércoles por el Gobierno en el Congreso de los Diputados prevé que Aena pierda este año 581,6 millones de euros, pasando a ganar un total de 68,2 millones en 2021, un cálculo que la propia entidad asegura que está desfasado por el rápido avance de la pandemia.

El proyecto de Presupuestos para 2021 muestra además cómo el operador de aeropuertos español tendrá una cifra de negocio neta de 2.649 millones en 2021, frente a 1.640 millones previstos para el cierre de 2020, lo que supone un aumento del 61,5%.

En el documento remitido a la CNMV firmado por el director económico-financiero de la compañía, José Leo, se indica que en lo que respecta al próximo año Aena no dispone de una previsión de tráfico de referencia, «dada la gran incertidumbre respecto a la evolución de los tráficos en los próximos meses y a la enorme amplitud del rango de estimaciones publicadas al respecto por los diferentes organismos internacionales ligados al sector del transporte aéreo».

Además, Aena argumenta que, a la rápida evolución de los efectos de la pandemia, se suman también los cambios en las expectativas sobre el cierre de acuerdos con los operadores de las actividades comerciales en los aeropuertos, «que, hasta la fecha, no se han materializado y, como resultado de ello, en el tratamiento contable de los ingresos por rentas mínimas garantizadas asociadas a dichos contratos».

En la junta de accionistas celebrada este jueves en Madrid de forma telemática, el presidente de Aena, Maurici Lucena, recordó que la compañía ha aprobado una serie de medidas específicas de apoyo económico de carácter excepcional para proveedores y clientes, consistentes en aplazamientos y exoneración en pagos, descuentos en rentas y renegociación de contratos.

Aena asegura que sólo por el aplazamiento extraordinario de pagos a empresas que prestan servicios en los aeropuertos, clientes y arrendatarios con problemas de liquidez ante la situación generada por la Covid-19 se ha pospuesto el ingreso de un total de 83,6 millones de euros.

En cuanto a la actividad comercial, el gestor aeroportuario está estudiando los efectos que en los distintos contratos comerciales producen la crisis sanitaria y, en su caso, renegociar o acordar las modificaciones contractuales que procedan, incluyendo las de rentas fijas y la renta mínima garantizada anual.

La negociación de los contratos comerciales se está llevando a cabo analizando «caso a caso» y atendiendo a las circunstancias y riesgos específicos de cada contrato y operador.

Teniendo en cuenta distintos elementos sobre los que se puede negociar como Renta Mínima Garantizada Anual, duración del contrato, compromiso de inversión, renta variable o compromiso de permanencia en nuestros aeropuertos», explicó Lucena a los accionistas.

El Círculo de Empresarios ve «demasiado optimistas» las previsiones económicas del Gobierno, que estiman una caída del PIB del 11,2% en 2020, y en su lugar señala que las previsiones para la caída del PIB de España apuntan a un desplome de entre el 11% y el 14% este año, en tanto que la tasa de paro podría superar el 20%, mientras que sitúa el crecimiento en 2021 entre el 4,1% y el 7,5%, frente a la estimación del 7,2% del Ejecutivo (9,8% con fondos europeos).

Por ello, para acelerar la recuperación pide mejorar reformas estructurales «ambiciosas» e introducir mejoras relativas a la competitividad, como el talento e innovación, calidad institucional, eficiencia de las administraciones, internacionalización e industrialización.

Así lo ha señalado el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, durante la presentación telemática del documento ‘Mejorar la competitividad para acelerar la recuperación’, que analiza la evolución de España y los países de referencia de la OCDE en 41 indicadores del entorno de negocios, revelando que hay un «gran potencial de mejora».

De Zulueta ha cuestionado las «optimistas» previsiones económicas del Gobierno y las ha contrapuestos con las previsiones que auguran un desplome del PIB de entre el 11% y el 14%, con una tasa de paro que podría ser superior al 20% este año.

Además, el Círculo avisa de que los elevados niveles de déficit y deuda pública, que el Gobierno estima en un 118,8% del PIB y un 11,3% del PIB, respectivamente, «condicionan la sostenibilidad del Estado de bienestar y el margen de maniobra de la política fiscal», al tiempo que suponen una «elevada carga» a afrontar por las generaciones futuras, que se suma a la incidencia negativa del envejecimiento poblacional en la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social,

I+D E INDUSTRIA

De Zulueta ha indicado que España invierte en I+D un 1,24% del PIB, frente a la media de la UE del 2,2%, al tiempo que en industria se ha registrado un «deterioro significativo», ya que del 30% del PIB que representaba en los años 70, ha descendido hasta el 16%, lo que supone tres puntos porcentuales menos que el promedio de la UE.

Sobre la industria De Zulueta ha afirmado que «es un sector mucho más sólido que el turismo», por lo que ve «clave» apostar por este sector para impulsar la competitividad.

Tomando como países de referencia EE.UU, Suiza, Alemania, Holanda, Reino Unido, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Israel, Bélgica e Irlanda, el análisis concluye que la situación de España a nivel competitivo está aún alejada de los países con mejor desempeño dentro de la OCDE, especialmente en materias tales como instituciones, capacidad de innovación, dinamismo empresarial, mercado de trabajo y formación.

De hecho, señala que España no ha logrado en los últimos diez años mejorar su posición intermedia en los rankings internacionales de competitividad, algo que solo cree posible con reformas estructurales «ambiciosas», y cita aspectos que influyen en la competitividad de modelo productivo: talento e innovación, calidad de las instituciones, eficiencia de las administraciones públicas, internacionalización e industrialización.

REFORMAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

En concreto, recomienda el desarrollo de un ecosistema innovador y el establecimiento de un diálogo permanente con la comunidad académica y científica para intercambiar reflexiones, compartir análisis, favorecer la divulgación científica de interés económico y estudiar proyectos de interés común a nivel nacional e internacional.

En el terreno de la eficiencia y calidad de las administraciones públicas, pide profesionalizar la gestión de los organismos públicos, con el objetivo de aumentar la estabilidad, la independencia y la visión a largo plazo ante los cambios del ciclo político, así como reformular y racionalizar la estructura de la Administración territorial y aumentar la transparencia y el buen gobierno de las administraciones.

Respecto a la internacionalización recomienda involucrar al sector privado en el diseño de nuevas estrategias y planes, incrementar y consolidar la base de empresas exportadoras regulares y avanzar en la apertura de mercados, la promoción, formación e información comercial, la financiación y la fiscalidad, así como la participación de empresas españolas en la ejecución de proyectos de cooperación.

Para la industria propone fomentar la inversión pública en infraestructuras productivas, establecer políticas industriales activas y transversales, favorecer la colaboración público-privada para la innovación y la digitalización, garantizar la estabilidad, previsibilidad y competitividad de los costes energéticos soportados por la industria e impulsar acciones para el desarrollo de la industria 4.0.

Otras recomendaciones adicionales apuntan a reformar el impuesto de sociedades, modernizar el sistema de contratación, adaptar el modelo educativo a un entorno global y digital, reforzar la unidad de mercado, establecer un nuevo diseño de las cotizaciones a la Seguridad Social, promover el aumento del tamaño de las pequeñas y medianas empresas españolas, el emprendimiento y la extensión de la FP dual, junto a políticas para mejorar la natalidad.