La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emplazado al Gobierno a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas tras la aplicación de la cláusula de escape que considera «pertinente».
En un informe, la AIReF aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como consecuencia de la pandemia de la Covd-19, puesto que la situación, de carácter extraordinario y que escapa al control de las administraciones, está teniendo un «fuerte impacto global en términos humanos, sanitarios, sociales y económicos».
La propia presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, reclamó en junio ante la Comisión de Hacienda del Congreso la activación de dicha cláusula, en un contexto en el que la caída de la actividad podría suponer una contracción del PIB del 11,8% en 2020 según las últimas estimaciones de la AIReF.
Además, en su informe de julio, la AIReF estimó para 2020 un déficit del 11,9% del PIB que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso, y proyecta un aumento en la ratio de deuda sobre PIB de entre 22,1 y 27,7 puntos en el año 2020, situando la ratio de deuda sobre PIB en un rango entre el 117,6% y el 123,2% del PIB en 2020.
En este contexto, la AIReF considera «pertinente» activar la cláusula de escape prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para priorizar la respuesta de las administraciones públicas a la crisis, quedando también ampliamente superados los objetivos fiscales aprobados previamente.
La suspensión, lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, considera que debe llevar a las administraciones públicas a orientar sus actuaciones a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que, como señala el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, «no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit».
En el ámbito de las reglas fiscales, España está sometida a una doble regulación: la acordada a nivel supranacional en el marco de la Unión Europea (UE) y la establecida a nivel nacional.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE contempla la existencia de una cláusula general de escape ante una situación de recesión económica severa, que fue activada en marzo para 2020 y en septiembre se extendió a 2021 y en consecuencia no se suspenden los procedimientos del PEC, pero se permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.
En el ámbito nacional, la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria también contemplan supuestos de excepción al cumplimiento de las reglas fiscales en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.
El pasado 6 de octubre, el Gobierno acordó llevar a cabo la suspensión de las reglas fiscales españolas en 2020 y en 2021. La Ley de Estabilidad Presupuestaria requiere que el Congreso apruebe por mayoría absoluta que España se encuentra en uno de esos supuestos que habilitan la activación de la cláusula de escape, previo pronunciamiento de la AIReF sobre la ocurrencia de esos supuestos, un trámite necesario para dar cumplimiento al procedimiento y hacer efectiva la cláusula de escape.
PLAN DE REEQUILIBRIO FISCAL A MEDIO PLAZO
Tras apreciar la pertinencia de la cláusula de escape, la Autoridad Fiscal reitera al Gobierno la recomendación de que realice esa planificación fiscal nacional, ya sea dentro o no del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera «realista y creíble» la sostenibilidad financiera de las administraciones.
Para lograrlo cree que será necesario contar con todos los niveles de la administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una «adecuada coordinación y corresponsabilidad».
También ve preciso considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, en especial, los asumidos por la gestión de la crisis de la Covid-19, así como establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos, servir de marco para los planes de reequilibrio de las administraciones, y promover su coordinación con el Plan de Recuperación y Resiliencia.
En varias ocasiones AIReF ha recomendado hacer uso del margen que permite la normativa española mediante la activación de la cláusula de escape y que se fuera preparando, tal y como exige la ley, la estrategia de salida que se plasmaría en un Plan de reequilibrio a medio plazo.
Además, subraya que el Plan de Recuperación para Europa o «Next Generation EU» concederá a las administraciones en los próximos años importantes recursos para la realización de inversiones y reformas que, por su propia naturaleza, tienen carácter plurianual, lo que «refuerza la relevancia de contar con una planificación a medio plazo.
Igualmente, recomendó en julio el establecimiento de una estrategia nacional conjunta que asegurara la coherencia de todos los planes, tanto a nivel de administración como nacional y europeo con un calendario tentativo, algo que el Ministerio de Hacienda consideró entonces que cumplía esta recomendación con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023.
Sin embargo, AIReF cree que este plan solo podrá considerarse un plan fiscal a medio plazo en la medida en que recoja las previsiones de los principales agregados fiscales, para que pueda servir como instrumento de política presupuestaria más allá del calendario presupuestario anual, incluyendo la fijación de prioridades estratégicas y de objetivos presupuestarios a medio plazo.
