El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que fue aprobado por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en mayo del pasado 2020, ha traído alguna que otra polémica y dudas, ahora también en lo que tiene que ver con la declaración de la renta. Con todo, y desde que esta prestación saliera a la luz, ha llegado a un total de 160.000 hogares, beneficiando a más de 460.000 personas.

En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital persigue reducir en un 80% la pobreza extrema en España desde su creación, con el objetivo de llegar a cerca de 850.000 hogares (unos 100.000 de ellos monoparentales). Como tal, la cuantía oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar. Ahora bien; ¿cuál es su impacto hacia la declaración de la renta? Lo conocemos desde MERCA2.

El ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva para cubrir las necesidades básicas

Sobre este concepto, cabe resaltar que el IMV como ingreso mínimo vital pretende la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza en nuestro país. Y para ello se lleva a una prestación no contributiva.

Con posibles efectos en la declaración de la renta, se ha puesto en marcha esta ayuda económica para garantizar unos ingresos mínimos a quienes carecen de los mismos. La prestación, al mismo tiempo, tiene como fin prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.

Esto de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Como se anunció a inicios de este año 2021, el ingreso mínimo vital experimentará una subida del 1,8%. aunque todavía no ha llegado a los 850.000 hogares como estaba previsto. De hecho, en el mes de diciembre de 2020, había llegado a 460.000 personas.

El ingreso mínimo vital va dirigido a las familias en situación de vulnerabilidad económica

Es ahí cuando surgen las dudas: ¿quiénes pueden recibir esta ayuda económica? ¿Este ingreso mínimo vital repercute y se presenta en la declaración de la renta? ¿cuánto repercute en el IRPF? Vayamos por partes. Como tal, va destinado a las familias vulnerables.

Será entonces cuando puedan solicitar esta ayuda las personas que vivan solas y que tengan ingresos inferiores a 200 euros al mes. Si se convive con alguien más, necesitarán que los ingresos del hogar no superan los 450 euros al mes. En este sentido, la misma era una de las medidas pactadas por PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de Gobierno.

Enfocada especialmente tras el fuerte repunte del paro debido a la pandemia del coronavirus y al estado de alarma, se destinarán 3.000 millones de euros. También, y para conocer si una persona es beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital, la Seguridad Social ha puesto a disposición de todos un simulador a través de la sede electrónica y averiguar si cumplen con los requisitos.

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tienen una reducción de la fiscalidad en la declaración de la renta

En este tiempo de nueve meses desde su despliegue, el IMV ha igualado el número de beneficiarios que tienen otras ayudas similares en diferentes comunidades autónomas, teniendo en cuenta que las otras ayudas llevan mucho más tiempo siendo desplegadas.

Es por esto que el Gobierno, y en relación a la presentación de esta ayuda a la declaración de la renta, ha decidido extender el ingreso mínimo vital la exención del pago de IRPF que ya se aplica a las prestaciones de las comunidades autónomas.

Las cuales van en concepto de renta mínima de inserción. En concreto, el real decreto-ley explica en su aprobación que se ha establecido una reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del IMV que deja a esta prestación concedida a los colectivos más vulnerables exenta del IRPF hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el IPREM; esto es 9.681 euros.

Sí; aquellos que tengan reconocido el ingreso mínimo vital tendrán que presentar la declaración de la renta en Hacienda

O lo que es lo mismo: aquellos que tenían reconocida esta ayuda a finales de 2020 tendrán que presentar la declaración de la renta en Hacienda, a pesar de que esté exenta de tributación. Algo de lo que se ven afectados un total de 150.000 perceptores.

Una obligatoriedad que se desprende por el Ministerio de Derechos Sociales. Ahora, y pese a que no exige haber presentado la declaración de IRPF de forma previa para ser beneficiario de esta ayuda, sí que se establece que sus perceptores deberán realizar la declaración durante los ejercicios en los que se perciba.

Por su parte, el mismo Ministerio y el de Economía, con José Luis Escrivá al frente, explicaron también que en el caso de las familias o personas beneficiarias de cobrar solo el ingreso mínimo vital, distribuida en 12 pagas, estará libre de impuestos hasta ese máximo. Pero si se perciben otras ayudas, el máximo se aplicará a la suma de todos los ingresos.

El tope actual (9.681€) se elevará hasta los 10.168 del próximo año

Sobre la misma declaración de la renta, que tendrá lugar este 2021 desde el 7 de abril al 30 de junio, se ha conocido también que la exención tendrá efecto retroactivo desde el 29 de mayo, fecha de la entrada en vigor del real decreto-ley 20/2020.

El cual estableció este ingreso mínimo vital. Con todo, y viéndose hacia la Renta de 2021, habrá que recalcular con la subida del 5% del IPREM pactada por la coalición para el próximo año, lo que elevaría el tope a 10.168 euros.

Por lo tanto, y de la misma manera que se mencionó anteriormente, cuando se presente esta declaración de la renta el próximo abril sobre 2020, las personas y familias que hayan cobrado esa ayuda no tendrán que pagar impuestos hasta ese tope. Si lo único que se cobra es el IMV, solo lo superan quienes cobran el máximo, 12.183 euros.

Los trabajadores, madres en ERTE y colectivos desfavorecidos, los grandes afectados de la presentación

Sobre el mismo ingreso mínimo vital, y del cual probablemente se tendrá que presentar en la declaración de la renta, se menciona también que la cuantía no afecta a todos por igual. De hecho, los trabajadores y madres en ERTE se han visto muy perjudicados.

También porque éstas, particularmente, han perdido las ayudas por maternidad, lo que hace que no puedan beneficiarse ni de las deducciones por maternidad ni por gastos de guardería por esta percepción. Esto, sobre todo, por las madres que sean perceptoras del ingreso mínimo vital como única fuente de ingresos.

Los gestores también inciden en un aspecto importante sobre su presentación en la Renta. Y es que las obligaciones administrativas en relación a esta prestación caerán sobre colectivos desfavorecidos, los cuales nunca antes han tenido que presentar el borrador de la Renta y no están familiarizados con estos procedimientos.

Banco de España estima que la cifra de empresas insolventes en España podría aumentar entre un 4% y un 8% en función de si no registran efectos permanentes sobre sus resultados o sí, y que los problemas de rentabilidad, endeudamiento e insolvencia serán mayores en el caso de las pymes, al augurar hasta un 18% de las mismas insolventes, y entre un 6% y un 10% de ellas, inviables.

Estas son algunos de los cálculos del organismo supervisor recogido en una presentación realizada en Cepyme por el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, sobre el impacto de la crisis del Covid-19 sobre la situación financiera de las pymes.

Arce ha explicado que la crisis ha elevado el riesgo de liquidez de las empresas, ya que la fuerte caída de la facturación aumentó las necesidades de liquidez, en un contexto en el que tenían colchones «insuficientes» para cubrir sus necesidades dada la magnitud de la perturbación.

En 2020 un 68% de empresas presentó necesidades de liquidez, en ese mismo porcentaje las pymes y algo más, el 70%, las grandes empresas. Sobresalieron los sectores de hostelería, restauracón y ocio, con casi el 90% de empresas con necesidades de liquidez; el de vehículos de motor (85%) y el de transporte y almacenamiento (81%).

Arce ha valorado que las políticas económicas reaccionaron «rápidamente» para hacer frente a los riesgos derivados de la pandemia con actuaciones que han contribuido «decisivamente» a relajar las condiciones de financiación de las empresas y han favorecido que las empresas puedan financiar con deuda sus mayores necesidades, con las líneas ICO.

No obstante, cree que ello no ha evitado un deterioro, más marcado en las pymes y en los sectores más afectados, tanto de la rentabilidad, como del endeudamiento y un empeoramiento, aunque más moderado, de la situación de solvencia de las empresas.

Esta incidencia está siendo especialmente intensa en el segmento de las pymes y, sobre todo, en los sectores de hostelería, restauración y ocio, y de vehículos de motor.

De acuerdo con la ratio de deuda neta sobre activo neto, las empresas vulnerables superaron el 20% en 2020, en torno al 18% en el caso de las grandes empresas y un 21% en el de las pymes, así como en mayor medida en los sectores de hostelería, restauración y ocio (43%), vehículos de motor (30%) y transporte y almacenamiento (18%).

MÁS DE UN 30% DE EMPRESAS VULNERABLES

Si se mide la ratio de deuda neta sobre resultados, la cifra total de empresas vulnerables superaría el 35%, en un nivel similar entre grandes empresas y pymes, y alcanzaría el 68% en hostelería, el 55% en vehículos de motor y el 40% en transporte.

En cuanto a la solvencia, el organismo estima que sin efectos permanentes sobre los resultados, las empresas insolventes aumentarían en 4 puntos porcentuales y con efectos permanentes crecerían en más de 8 puntos.

Por tamaños, el porcentaje de empresas insolventes (tanto viables como inviables) creció en 2020 más entre las pymes, especialmente en el caso de efectos permanentes sobre los resultados. Concretamente, estima que el año pasado hubo entre un 14% y un 18% de pymes insolventes, de las que un 8% serían viables pero entre un 6% (sin efectos permanentes) y un 10% (con efectos permanentes) serían inviables.

En el caso de las grandes empresas, en función de las simulaciones, calcula se registraron entre un 14% y un 17% de las mismas insolventes. De ellas, en torno al 7% serían viables y entre un 7% y un 10%, inviables.

Los sectores en los que más aumentaría la proporción de empresas insolventes (tanto viables como inviables) serían el de hostelería, restauración y ocio (entre 20% y 32%); el de vehículos de motor (entre 22% y 31%) y, en menor medida, el de comercio (entre 19% y 23%).

De esta forma, aunque Arce ha valorado que las políticas económicas desplegadas han mitigado «significativamente» los riesgos de liquidez a corto plazo de las pymes, en el contexto actual ve «crucial» adaptar las políticas a la evolución de la crisis, que ha acrecentado los riesgos de solvencia vinculados tanto con el aumento del endeudamiento como con el descenso de los beneficios.

A su juicio, la resolución de estos problemas podría requerir en algunos casos recapitalizaciones (fondo SEPI, grandes empresas estratégicas), el reforzamiento de recursos propios (fondos públicos y privados), reestructuraciones de deuda y ayudas directas, especialmente para las más pequeñas.

También ve preciso mejorar el funcionamiento de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias que redunden en una mayor eficiencia y agilidad y permitan que más empresas puedan proseguir su actividad, así como un «escaso uso» de los acuerdos extrajudiciales de pagos (AEP), el mecanismo preconcursal para autónomos y pymes.

Arce ha explicado que las pymes presentaron entre 2014 y 2019 un aumento continuado de su rentabilidad y de sus colchones de liquidez, así como un progresivo descenso de sus ratios medias de endeudamiento, aunque a finales de 2019 persistía un segmento del sector con una situación de mayor vulnerabilidad financiera. En concreto, un 31% de las pymes seguían en 2019 registrando rentabilidad negativa y una cuarta parte todavía presentaba niveles de deuda sobre activo superiores al 80%.

Alrededor de cinco millones de empleos en España corren el peligro de ser desplazados a lo largo de la próxima década por distintos factores, entre los que destaca la automatización, y que se habrían visto acelerados por el impacto de la pandemia, según el estudio ‘El futuro del trabajo después de la Covid-19’, realizado por McKinsey Global Institute (MGI).

De este modo, la firma ha revisado sustancialmente al alza sus anteriores estimaciones, ya que antes de la pandemia calculaba que en España podrían desaparecer para 2030 alrededor de 4,1 millones de empleos, de los que la práctica totalidad estaban relacionados con la automatización del trabajo.

Sin embargo, el efecto acelerador de la pandemia sobre la automatización, el comercio electrónico, el teletrabajo o la reducción de los viajes de negocios ha llevado a MGI a revisar esta cifra hasta los 5 millones de empleos en peligro de ser desplazados, de los que 4,6 millones estarían amenazados directamente por la automatización.

Los autores calculan que en España alrededor de 1,6 millones de trabajadores se verán empujados para 2030 a cambiar de ocupación, incluyendo 1,4 millones obligados a un cambio total de ocupación y categoría, mientras que 0,2 millones deberán mudar de trabajo sin cambiar su categoría ocupacional, una cifra que supone una revisión al alza del 7% o de 100.000 personas, respecto de las estimaciones anteriores a la pandemia.

En este sentido, los empleos más afectados por esta transición forzosa serían los camareros, vendedores minoristas, empleados de oficina, operadores de máquinas de envasado y llenado, así como empleados de contabilidad.

De este modo, mientras que categorías profesionales como los servicios de comidas, soporte en oficinas, la agricultura o trabajos de producción y almacenamiento serían los que registrarán una peor evolución neta entre 2018 y 2030, las categorías de cuidados sanitarios y de dependientes, así como los creativos y las profesiones STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas) registrarían una evolución neta más positiva en España.

No obstante, a pesar de contar con un gran número de trabajadores dedicados a servicios de restauración, comercio minorista, servicios de atención al cliente y ventas, dada la importancia del turismo en su economía, MGI señala que el impacto a largo plazo en España de la Covid-19 «se prevé más moderado que en otras economías avanzadas.

«En el caso de España se pensaría que podría sufrir una gran disrupción en el largo plazo por su importante sector de viajes y turismo y de comercio minorista, pero tiene una tasa más baja de penetración del comercio electrónico en la población y un menor crecimiento del e-commerce respecto de otros países, por lo que España se puede ver relativamente menos afectada», explicó Susan Lund, una de los autores del estudio.

A este respecto, MGI señala que la tasa de crecimiento del comercio electrónico en España se triplicó en 2020 durante la pandemia, si bien partía de un nivel más bien bajo, mientras que únicamente el 18% de los trabajadores españoles pudieron teletrabajar la mayor parte del tiempo, un porcentaje inferior al de otros países desarrollados analizados como Alemania (24%), Francia (21%), Reino Unido (26%) o Estados Unidos (22%).

REINVENCIÓN PROFESIONAL

Por otro lado, los autores del informe señalan que los trabajadores más afectados por la obligación de cambiar de ocupación serán probablemente empleados con salarios bajos y medios, que deberán tratar de acceder a empleos con salarios más altos, para lo que tendrán que adquirir nuevas competencias y especialidades.

De hecho, el estudio proyecta que en los percentiles salariales más altos se crearán alrededor de medio millón de nuevos empleos para 2030, mientras que se destruirán unos 700.000 empleos en niveles salariales intermedios y otros 100.000 puestos de trabajo en los percentiles salariales más bajos.

Asimismo, el aumento en las transiciones laborales requeridas debido a las tendencias influenciadas por la Covid-19 es casi cuatro veces mayor en España, Francia y Alemania para las mujeres que para los hombres. De manera similar, la necesidad de cambios ocupacionales afectará a los trabajadores más jóvenes más que a los mayores, y a las personas nacidas fuera de la Unión Europea en mucha mayor medida que a los trabajadores nativos.

«La pandemia no solo incrementará el número de transiciones ocupacionales de unos trabajos a otros, sino que también intensificará el reto del reciclaje profesional. Los trabajadores vulnerables que se encuentran en situación más precaria serán los que más sentirán sus efectos», señaló la socia de MGI y coautora del informe Anu Madgavkar.

«Esto hace más urgente que tanto las empresas como los responsables políticos ayuden a estos trabajadores a adquirir las habilidades más necesarias en el futuro», añadió.