El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, su nivel más bajo posible, ya que el banco central estadounidense no contempla tipos de interés negativos.

El organismo ha mantenido prácticamente sin cambios el comunicado en el que informa de las decisiones de política monetaria. Así, ha indicado que de acuerdo a su nueva hoja de ruta, y dado que durante mucho tiempo la inflación ha estado por debajo del objetivo del 2%, su meta ahora es que el incremento de los precios se sitúe «moderadamente» por encima de ese nivel durante «cierto tiempo» para que la inflación registre una media del 2%.

La Fed ha mantenido el compromiso que enunció en septiembre de no subir los tipos de interés hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles «consistentes» con lo que la Fed considera «pleno empleo» y hasta que la inflación no solo alcance el 2%, sino que esté «en camino» de superar esa cifra «moderadamente» durante cierto tiempo.

La Fed también ha indicado que seguirá comprando activos a su ritmo actual para sostener el funcionamiento del mercado y para ayudar a lograr unas condiciones financieras «holgadas», apoyando así el flujo de crédito hacia los hogares y las empresas.

En todo caso, el instituto emisor ha asegurado que está preparado para ajustar sus medidas en caso de que emerjan nuevos riesgos que pudieran impedir la consecución de los objetivos de empleo y precios.

INFLACIÓN.

El mercado de trabajo estadounidense creó 661.000 empleos no agrícolas durante el pasado mes de septiembre, fecha de los últimos datos disponibles. De su lado, el paro se redujo hasta el 7,9%, ralentizando de nuevo la recuperación laboral que comenzó en mayo, después de que en abril se destruyeran casi 21 millones de empleos.

La economía del país experimentó una contracción interanual del 2,9% en el tercer trimestre de 2020, tras haber descendido un 9% en el segundo trimestre del año, según la primera estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno.

De su lado, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó el pasado mes de septiembre, fecha de los últimos datos disponibles, en el 1,4% con respecto al mismo mes del año pasado. La tasa mensual en el noveno mes del año fue del 0,2%, una décima menos que en agosto.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos por su mayor volatilidad, se situó en el 0,2%, una décima menos que en agosto, mientras que en tasa anual se incrementó un 1,5%, una décima más.

El plazo para registrar en el Congreso enmiendas de totalidad contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 acaba a las 14 horas de este viernes y, a falta de concretar cuántas se presentarán, el Gobierno de coalición ya se ha asegurado una mayoría suficiente para derrotarlas en el Pleno de la próxima semana, primer examen parlamentario a las cuentas.

Vox ya anunció la presentación este viernes de una enmienda a la totalidad y se da por hecho que también lo hará el PP y posiblemente sus socios electorales en Navarra (UPN) y Asturias (Foro), así como Coalición Canaria (CC), que en esta negociación se ha distanciado del Ejecutivo al considerar que no se cumplen los compromisos con Canarias.

También han avanzado su intención de pedir la devolución del proyecto lo cuatro diputados de Junts afines al expresidente catalán Carles Puigdemont y el representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego.

La votación de esas enmiendas está prevista para el próximo jueves, 12 de noviembre, pero el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar los apoyos a las enmiendas a la totalidad que se presenten, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

De momento, las formaciones que han anunciado enmienda de totalidad suman 149 votos, por debajo de los 155 diputados de PSOE y Unidas Podemos. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en enero de 2019, cuando los Presupuestos Generales que el Gobierno del PSOE había pactado con Podemos fueron tumbados por la oposición en la primera votación, ahora los dos socios tienen asegurada una mayoría absoluta para salvar ese trance.

PRIMERO NEGOCIAR Y LUEGO YA SE VERÁ

Y es que a los 155 votos de PSOE y Podemos se suman los de las formaciones que han avanzado que facilitarán la tramitación de las cuentas para poder negociarlas en el Congreso. Es el caso de Ciudadanos (10 diputados), el PNV (6), el PDeCAT (cuatro), y los representantes del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, que han apostado ya por la negociación de las cuentas vía enmiendas parciales, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias.

Todos ellos, con los 155 diputados que conforman el bloque del PSOE y Unidas Podemos, formaciones que integran el Gobierno de coalición, suman ya 179 diputados, por encima de la mayoría absoluta (176), e incluso es posible que se añadan los dos diputados de Más País-Equo, coalición socio habitual del Ejecutivo y de los que el Ejecutivo no espera el rechazo a tramitar los Presupuestos.

Así las cosas, el Gobierno ya no necesitaría a las formaciones independentistas de ERC, Bildu y Junts. Ni Esquerra (13 diputados) ni Bildu (5), formaciones que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez en enero, han adelantado su voto, pero sí han mostrado su voluntad de negociar las cuentas. En todo caso, el Ejecutivo mantiene con ellos vías de diálogo en busca de su apoyo.

Si supera la votación de totalidad de la próxima semana, el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación en ponencia y en la comisión para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos. La fase definitiva tendrá lugar en el Pleno del Congreso la semana del 30 de noviembre, donde se votarán las cuentas de cada ministerio. Ahí el Gobierno debe atar todos sus apoyos porque ya no valdrán medias tintas, ya que perder la votación de una sección supondría echar por tierra todo el proyecto.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el «adecuado respaldo» que la nueva Política Agraria Común (PAC) va a proporcionar a la ganadería extensiva ligada al territorio, cuyas características encajan con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de bienestar animal incluidos en las estrategias comunitarias del Pacto Verde.

Así lo ha indicado el ministro durante el seminario luso español ‘La ganadería exclusiva frente a los nuevos desafíos de la PAC’, en el que también ha participado la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes han clausurado hoy el seminario virtual

El ministro español ha avanzado que en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea va a pedir a la Comisión Europea que active nuevos mecanismos de mercado para determinados sectores, entre ellos algunos ganaderos, afectados por el cierre del canal horeca.

En el seminario Planas ha puesto de relieve la estrecha colaboración entre España y Portugal en materia agrícola y ganadera, como países que comparten una gran similitud entre sus sistemas productivos. Esta cooperación se ha reflejado en la última fase de la negociación de la PAC, donde se han defendido tanto de los intereses comunes como los objetivos complementarios.

El titular de Agricultura ha valorado la posibilidad de que cada Estado miembro establezca los objetivos a través de su Plan Estratégico nacional, así como la nueva orientación de esta política hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En este contexto, ha asegurado que la ganadería extensiva está situada en un punto de partida aventajado para armonizar con los objetivos de la nueva PAC. Para lograrlo, el sector va a contar con la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas, las ayudas asociadas a determinados sectores, el pago redistributivo orientado a las pequeñas y medianas explotaciones y las ayudas de desarrollo rural.

Además, el ministro ha explicado que el sector debe hacer un esfuerzo promocional para mejorar su posicionamiento y aprovechar la ventaja competitiva que suponen sus productos de calidad diferenciada. También debe seguir explotando los canales cortos de comercialización, al tiempo que busca nuevos consumidores a través de la internacionalización.

Por último, Planas se ha referido a las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la pandemia en el sector agroalimentario, y ha señalado que su carácter estratégico hace que se encuentre en el centro de los planes de recuperación. Por ello, el sector agroalimentario, y por lo tanto la ganadería extensiva, va a recibir fondos adicionales a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y va a participar también en el Plan de Recuperación.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que no solo hay que garantizar la liquidez de las pequeñas empresas españolas, sino también su solvencia, pues serán una pieza «esencial» de la transformación económica del país que garantizará el crecimiento futuro.

Así lo ha indicado durante la clausura de la Conferencia Internacional de Banca 2020, organizada por Banco Santander, en la que ha apuntado que una de las prioridades es evitar que las empresas desaparezcan. «Para que crezcan, lo primero es mantenerlas vivas, y por ello las medidas que hemos implementado en tiempos recientes se han centrado mucho en las pymes y los autónomos», ha explicado.

En cuanto al futuro, Calviño ha señalado que no solo hay que garantizar la liquidez de las empresas, sino también su solvencia, para que las pymes no quiebren por causa del Covid-19. «Hay que identificar cuáles eran solventes antes de la crisis para seguir ayudándolas a capitalizarse», ha explicado.

«Si superamos estos meses venideros, las pymes van a ser esenciales. Cuando pensamos en el plan de recuperación, creemos que la digitalización de las pymes es una clave para conseguir la transformación económica española garantizando este crecimiento a futuro», ha sostenido Calviño.

Para ayudar a que las pymes recuperen la confianza, la ministra de Asuntos Económicos ha identificado tres aspectos. Según ha explicado, por un lado, el Gobierno apoyará al tejido productivo español. «Hay que explicar que existe un plan, una visión que puede permitir entrever hacia donde nos dirigimos y que vale la pena aguantar y no tirar la toalla en estos tiempos tan difíciles», ha señalado.

En segundo lugar, ha abogado por hacer llegar «un mensaje coherente» a sus socios internacionales, que se enfrentan a los mismos desafíos y cuya actuación coordinada «hace que los ciudadanos se sientan más seguros». «Esto es un desafío en el área de salud, porque hay distintas iniciativas que se están implementando, aprendemos unos de otros y hay muchas dudas», ha reconocido.

Finalmente, la ministra ha afirmado que el Gobierno tratará de aprobar a finales de año unos Presupuestos Generales del Estado que fomenten la inversión y tengan un efecto multiplicador de los recursos.

Calviño ha resaltado el «firme compromiso» que ha identificado en sus encuentros internacionales por parte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para «dejar atrás la crisis cuanto antes» y ha mostrado su voluntad de que España esté al frente de la transformación de las economías.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha considerado este jueves que la Comisión Europea debería aclarar cómo debe ser el IVA que se aplique a las mascarillas que se venden a los consumidores finales, de forma que se reúnan los Estados miembros y se tome la decisión que corresponda con «absoluta transparencia».

Así ha respondido Gascón durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 en lo referido al organismo tributario, al ser preguntado por varios grupos sobre su petición al Gobierno de que baje el IVA de las mascarillas en línea con otros países.

Gascón ha indicado que si finalmente se rebajase el tipo del IVA de las mascarillas no es del todo seguro que se trasladase al consumidor final porque aunque «habría que suponer que sí, no es ciencia exacta».

Asimismo, ha apuntado que la Comisión Europea ha anunciado que propondrá a los Estados miembros que por unanimidad se pueda acordar la aplicación del IVA del tipo 0% a las vacunas contra el coronavirus, tal y como se autorizó en la primera ola con los materiales sanitarios y que algunos países, como España, extendieron también a la producción nacional.

No obstante, para el caso de las mascarillas considera que «debería aclarar cómo deben tributar las mascarillas que se entregan a los consumidores finales», puesto que «nadie va a entender que las mascarillas importadas tengan un tipo 0%, las vacunas tengan tipo 0% y con las mascarillas de venta al público la Comisión diga ‘usted verá'».

No me parece que la UE, en temas tan serios, tengamos que mirar para otro lado», ha añadido Gascón, por lo que considera que los Estados miembros tienen que reunirse con la Comisión Europa y tomar la decisión que corresponda y que se haga con «absoluta transparencia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros miembros del Gobierno han defendido en las últimas semanas que la directiva europea impide bajar el IVA de las mascarillas en venta al público, si bien el Ejecutivo ha pedido a Bruselas que aclare si se permitirá y, en todo caso, revisará el tope de los precios.

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha afirmado este jueves que el acceso a domicilios con previo aviso para realizar comprobaciones «no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas», después de que el Tribunal Supremo fallara que Hacienda no puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada» o «para ver qué se encuentra».

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en la que Gascón se ha referido a la sentencia del Supremo y ha defendido que las personas físicas y jurídicas tienen una «protección» y derechos constitucionales que hay que «conciliar» con el hecho de que un investigador con autorización judicial pueda acceder a los locales sin previo aviso.

«El acceso con previo aviso no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas», ha indicado Gascón, quien, no obstante, ha apuntado que el Supremo «ha puesto el problema encima de la mesa» y ha dicho que hay que ver la normativa y encontrar la solución más oportuna, por lo que «lo que hay ahora es endeble».

Por ello, ha indicado a los diputados presentes en la Comisión de Presupuestos que hay una «tarea por delante» en este asunto que se tendrá que ver «en seguida» y «probablemente» también tengan que abordar legislativamente los parlamentarios.

En cualquier caso, ha rehusado utilizar «sistemáticamente» la vía penal, ya que, a su juicio, tiene que ser el «último recurso», ya que «por judicializar más asuntos no se está haciendo mejor el trabajo, a veces puede ser contraproducente». «La vía penal tiene que ser excepcional, no me preocupa que el número de expedientes judicializados sea mayor o menor; a los jueces tiene que ir lo que tiene que ir, no más o menos», ha añadido.

En una sentencia publicada a primeros de octubre, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.

Así, estableció que no se puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada» o un propósito «meramente prospectivo o indeterminado» o «para ver qué se encuentra».

El director general de la AEAT ha pedido no fijarse únicamente en el resultado de la lucha contra el fraude, que cree que este año podrá alcanzar un nuevo «récord», sino en si la evolución del cumplimiento voluntario crece más que los indicadores macroeconómicos.

El reto este año y el próximo, ha dicho, es mantener la tendencia de los últimos años y que crezcan más las bases fiscales e ingresos homogeneizados de lo que está decreciendo la economía.

La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, ha mostrado su rechazo frente a los «requisitos adicionales» que el Gobierno prevé introducir en las sociedades de inversión de capital variable (sicav), como una participación mínima de 2.500 euros por accionista, porque considera que «penalizarán a la industria de inversión colectiva local».

«La regulación de las sicav españolas ya contempla requisitos adicionales a los que presentan las sicav comunitarias europeas, que se comercializan en el país con pasaporte y tienen el mismo régimen fiscal», ha señalado el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama.

El Gobierno tiene previsto establecer «requisitos adicionales» para disfrutar de los «beneficios fiscales» de las ‘sicav’, que tributan por sus beneficios al 1% y cuentan con un diferimiento fiscal que les permite no declararlos hasta que no se produzca la venta de las acciones. Esta medida no está incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, sino que se recogerá en otra normativa.

La patronal sostiene que estas nuevas condiciones irán en perjuicio de la industria de inversión colectiva local y sus empleos asociados, ya que las sicavs invierten casi un 30% de su patrimonio en acciones domésticas, frente al 1,5% de media de las instituciones extranjeras. «Cuantos más requisitos se impongan, menor desarrollo tendrán las sicavs frente a las de otros países», ha argumentado Martínez Aldama.

Asimismo, según avanzó ayer la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el Gobierno quiere otorgar más competencias a la Agencia Tributaria sobre estas instituciones de inversión colectiva, que gestionan más de 27.090 millones de euros a cierre de septiembre.

En este sentido, Inverco ha señalado que «darle a Hacienda esta nueva competencia», ahora bajo tutela de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es algo que «no ocurre tampoco en ningún país de la Unión Europea y supone establecer una diferencia más», según el presidente de la patronal.

La patronal ha reclamado al Gobierno que «cierre la incertidumbre sobre este producto de ahorro», que según las últimas estadísticas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aglutina a unos 397.481 accionistas en unas 2.541 sicav registradas en España, a cierre del primer trimestre. De estas, 1.955 tienen menos de 150 accionistas.

Las sociedades de inversión de capital variable exigen un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes. Esta condición del mínimo de accionistas solo está vigente en Portugal, además de España, donde además deben proporcionar información sobre los accionistas significativos, que no es pública en otros países.

Este tipo de sociedades son el instrumento utilizado por algunas grandes fortunas para invertir su patrimonio, como es el caso de las sicav Soandres de Activos, de Sandra Ortega –la mujer más rica de España– o Morinvest, vinculada con Alicia Koplowitz. No obstante, su uso también canaliza el ahorro hacia los mercados financieros y pueden acceder a estos vehículos los pequeños ahorradores.

El secretario general del Tesoro y de Financiación Internacional, Carlos San Basilio, ha asegurado este jueves en el Congreso que considera «difícil» volver a una crisis de deuda pública con «escenarios de tipos muy altos» en los próximos «tres, cinco o seis años».

«A partir de diez años, es economía ficción», ha matizado, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, a la que ha acudido para dar cuenta de los Presupuestos para 2021 y en la que ha compartido la existencia de «una sensación generalizada» de que este ciclo de tipos bajos «es estructural».

Hasta el punto, ha apuntado, de que este ciclo «hace que se revisen todos los planteamientos de sostenibilidad» e incluso la referencia del 60% en el ratio de la deuda pública y el PIB.

El responsable del Tesoro Público ha subrayado ante el Congreso que «hay muy pocas dudas» de que la deuda pública española «es de clara sostenibilidad», pese a alcanzar un 118,8% del PIB, disparándose desde el 95,5% por la crisis desencadenada con la pandemia de Covid-19.

San Basilio ha recordado que hay países con mayor nivel de deuda cuya sostenibilidad está avalada por la Comisión Europea y, teniendo en cuenta el coste de financiación del país, España ha reducido los intereses medios de su deuda desde el 5% de principios de siglo y del 4% en 2011 hasta por debajo del 2%, un índice que, ha asegurado, «no se interpreta como factor coyuntural».

En términos absolutos, el responsable del Tesoro ha indicado que el coste de los intereses del Estado «se viene manteniendo de forma estable» en el entorno de los 29.000 y 31.000 millones de euros, considerando «compatible» una carga financiera del 2% con «una senda de consolidación a medio y largo plazo».