El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración y dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con un total de 251.050 euros.

En concreto, se amplían las multas difundidas este lunes con las sanciones firmes en vía administrativa a Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones «graves».

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como «graves» al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo, según informó este martes.

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción «grave», tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción «grave». Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente.

TAMBIÉN AL BANCO SANTANDER, POR POPULAR

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

El sector de la construcción defiende estar preparado para convertirse en una de las principales actividades tractoras del tejido productivo del país, capaz de afrontar el proceso de reactivación económica posterior a la crisis sanitaria.

Así lo ha asegurado el presidente de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, durante su intervención en el cuarto encuentro digital ‘Veinte Minutos con’, organizado por Cemex.

Gómez-Pintado ha explicado que el sector será uno de los pilares de la reconstrucción del país ya que, después de la crisis del 2008, la actividad constructora «está más saneada, con unas compañías de mayor calidad y más fuerte».

Además, ha incidido en «el proceso de innovación clarísimo» que el sector está realizando sobre los nuevos materiales que se deben utilizar en la construcción y la rehabilitación de las nuevas ciudades, en el marco del proceso de descarbonización de la economía.

En este sentido, ha señalado que el sector debe priorizar la eficiencia energética y la búsqueda de un menor impacto en la huella de carbono con la rehabilitación de los edificios, al considerar que no se puede seguir generando la misma cantidad de residuos que en la actualidad.

«Los que utilizábamos, que tenían un impacto en el medio ambiente y afectaban a la huella de carbono, deben sustituirse y ahora se están produciendo inversiones en investigación y desarrollo para aplicar nuevos materiales, dentro de la economía circular, hasta llegar a nuestro objetivo en 2030, donde veremos que toda la industria habrá cambiado de una manera drástica», ha añadido.

Por otra parte, Gómez-Pintado ha explicado que es necesaria una colaboración público-privada para agilizar la tramitación de los procesos: «La Administración tiene que tener un punto de vista empresarial para no quedarse solo en la teoría, sino que tiene que llegar a la práctica, con una innovación desde lo público para conseguir sinergias que nos permita revisar los procesos, buscar fórmulas alternativas y agilizar especialmente la concesión de licencias».

La confianza de los empresarios alemanes ha registrado en noviembre su segundo retroceso consecutivo tras cinco meses al alza ante la creciente preocupación por la segunda ola de infecciones y su impacto sobre la actividad, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que se ha situado en 90,7 puntos desde los 92,5 de octubre, con una fuerte caída de las expectativas para el futuro.

De este modo, el dato correspondiente a la evaluación por parte de los empresarios de la presente coyuntura de la economía alemana ha empeorado levemente respecto de los 90,4 puntos de octubre, al situarse en 90 enteros en el penúltimo mes de 2020, aunque las expectativas han sufrido una profunda caída, con una bajada del índice correspondiente hasta los 91,5 puntos, frente a los 94,7 del mes anterior, situándose a un nivel semejante al registrado el pasado mes de junio.

«La caída se debió sobre todo a las expectativas considerablemente más pesimistas de las empresas», declaró Clemens Fuest, presidente del Ifo. «La segunda ola de coronavirus ha interrumpido la recuperación económica de Alemania», apostilló.

Entre los distintos sectores, únicamente las manufacturas han registrado en noviembre una mejora de la confianza en comparación con octubre, alcanzando una lectura de 3,5 puntos, frente a los 1,5 del mes anterior, mientras que los servicios han sufrido una caída a -3,1 desde 3,8 puntos. En el caso del comercio, la confianza ha bajado a -4 puntos desde los -0,2 de octubre y en la construcción ha empeorado hasta los -0,1 enteros, frente a 0,3 del mes anterior.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevos tramos de la línea de avales del ICO de 40.000 millones de euros para inversión y liquidez aprobado en julio, de manera que se han habilitado 2.800 millones de euros adicionales.

Por un lado, se han habilitado 2.550 millones para financiar a empresas y autónomos que se encuentren en un proceso de concurso de acreedores pero se hallen al corriente de pagos, después de que ayer la Comisión Europea diese luz verde a este plan de ayudas públicas con el que el Gobierno de Pedro Sánchez podrá ayudar a empresas y autónomos que estén en convenio de acreedores pero estén cumpliendo con el calendario de pagos a pesar de la crisis generada por el coronavirus.

Según ha informado la ministra portavoz, María Jesús Montero, este primer tramo permitirá a las empresas que se encuentren en convenio concursal y al corriente de sus pagos acceder a financiación avalada, bien a través de entidades financieras, con 2.500 millones de euros de avales, o de financiación canalizada a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con 50 millones de euros.

Las empresas podrán optar a esta financiación avalada si a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de sus obligaciones conforme al convenio.

De su lado, las entidades financieras deberán conservar abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de junio, mantener los costes de los nuevos préstamos avalados en línea con la financiación recibida antes del Covid-19 y no condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Adicionalmente, se ha liberado otro tramo de la línea de avales para inversión y liquidez, por importe de 250 millones de euros, para avalar los pagarés emitidos en el MARF por empresas que no pudieron beneficiarse del tramo dispuesto en la primera línea al estar en fase de renovación de su programa de pagarés.

AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado los detalles de las medidas aprobadas la semana pasada de ampliaciones de plazo, carencia y ampliación de la moratoria concursal, con las condiciones y características de las medidas.

Los autónomos y empresa pueden solicitar hasta el 1 de junio de 2021 préstamos garantizados con las líneas de avales gestionadas por el ICO y estos pueden ser concedidos hasta el 30 de junio.

Asimismo, se permite a la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) extender hasta la misma fecha el plazo de solicitud de avalesdel tramo de 500 millones de euros destinados a reforzar el reaval que concede a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.

Por otra parte, se instruye al ICO a ampliar el plazo de vencimiento de sus avales, en hasta tres años adicionales con un máximo de ochos años, para que las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad puedan disponer de una ampliación del vencimiento de sus préstamos avalados. Las empresas podrán contar también con un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.

De igual manera, se ha aprobado la posibilidad de ampliar el plazo de amortización de los préstamos avalados aún no liberados bajo la primera línea de avales para liquidez, una ampliación que se aplicará también a los avales concedidos y pendientes de conceder por CERSA. Según ha informado el Ejecutivo, España se encuentra también en negociaciones con la Comisión Europea para permitir que esta extensión de vencimientos se aplique también a otras entidades públicas emisoras de avales.

«Con estas modificaciones creemos que se alivia, de manera importante, la carga financiera de los autónomos y empresas que lo necesiten, de forma que pueden disponer de más tiempo para reanudar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras», ha destacado Montero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta que ha realizado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para el nombramiento de Rodrigo Buenaventura como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de Montserrat Martínez Parera como vicepresidenta del organismo.

Ahora, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados y, superado este trámite, sus nombramientos se aprobarán por Real Decreto en otro Consejo de Ministros. El mandato de ambos puestos es por cuatro años, pudiéndose renovar una vez.

Hasta entonces, seguirán en funciones Sebastián Albella y Ana María Martínez Pina, gracias a la modificación de la normativa aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Calviño ha asegurado que «las personas que se proponen son absolutamente idóneas para ocupar estos puestos y cumplen los requisitos que se prevén de experiencia, reconocimiento, independencia y reconocido prestigio para estar al frente de una institución tan importante como la CNMV».

Rodrigo Buenaventura es el actual director general de mercados de la CNMV, mientras que Montserrat Martínez Parera es la directora de la oficina de presidencia de CaixaBank y la directora de asuntos públicos de la entidad.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS

El candidato propuesto para presidir la CNMV es director general de mercados del organismo supervisor desde 2017. Hasta ese momento, era director de mercados de ESMA (la CNMV europea), aunque Buenaventura ya había ocupado cargos directivos en la CNMV, concretamente el de director de mercados secundarios y director de relaciones institucionales entre 2005 y 2011.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, entre 1993 y 2004 desarrolló su carrera en el grupo Analistas Financieros Internacionales (Afi), donde fue analista del mercado financiero español (1993-1996), responsable de consultoría financiera (1996-2001) y consejero delegado de Consultores de Administraciones Públicas (2001-2004).

Por su parte, la candidata para presidir la CNMV, Montserrat Martínez Parera, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito financiero y en asuntos relacionados con la regulación y supervisión bancarias, tanto en el sector privado como en el sector público.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi), dirige desde 2018 la oficina de presidencia de CaixaBank, una responsabilidad a la que sumó este año la dirección de asuntos públicos de la entidad.

Martínez es miembro del banking stakeholder group de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y de la comisión ejecutiva de Barcelona Global. Preside el comité de regulación de CaixaBank y el comité de economía de la Fundación Cotec.

Entre 2012 y 2017 fue jefa de gabinete del subgobernador del Banco de España, entre 2007 y 2011 fue directora de gabinete en la presidencia de la CNMV y, de 2005 a 2007, fue jefa de gabinete del vicepresidente de dicha institución. Entre 2011 y 2012 trabajó en el equipo de relación con inversores de BBVA, entidad en la que también desarrolló su carrera entre 1999 a 2005 como economista senior del servicio de estudios.

El PSOE y Unidas Podemos han votado este martes permitir el debate y votación de la enmienda antidesahucios en la Comisión de Presupuestos del Congreso, desoyendo el criterio de los letrados, que se habían posicionado en contra de tramitar esta enmienda por considerarla materia ajena a una Ley de Presupuestos.

Los servicios jurídicos de la Cámara han presentado ante la Comisión de Presupuestos un informe, fechado este lunes en el que señalan un total de 20 enmiendas por no tener «conexión directa con los ingresos y gastos públicos».

Esta enmienda antidesahucios, impulsada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH-Bildu, busca ampliar la moratoria vigente a más supuestos de vulnerabilidad y prolongarla hasta diciembre de 2022.

Los letrados consideran que el contenido de esta enmienda se ciñe a una materia extrapresupuestaria, ajena a lo establecido en la Constitución para los Presupuestos, que limita el contenido incluido en la ley a materias vinculados a ingresos y gastos, según explican fuentes parlamentarias.

Ante este criterio, en la reunión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos se ha votado este martes sobre la continuidad o no de esta enmienda, avalando su tramitación PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en este órgano. El PP ha votado en contra de su tramitación.

Este voto no anticipa en todo caso la posible aprobación de la enmienda, con la que el PSOE se ha mostrado en contra. De hecho, este mismo lunes, a través de su secretario de Organización y también ministro responsable de Vivienda, José Luis Ábalos, puso en duda su encaje en los Presupuestos y apostó por negociar y trabajar en estas medidas en otra norma.

CRITERIO FLEXIBLE, DICE LA PRESIDENTA

En rueda de prensa, la presidenta de la Comisión, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha justificado su visto bueno en contra de los letrados alegando que debe prevalecer un «criterio flexible» para que sean los grupos parlamentarios los que con su voto decidan su inclusión o no en el proyecto.

No ha sido el caso de las enmiendas vetadas por el Gobierno, ya que en la reunión previa a la celebración de la Comisión la Mesa ha recibido la relación de aquellas propuestas que el Gobierno ha decidido excluir de la tramitación parlamentaria, al menos un centenar de enmiendas, por suponer un aumento del gasto o la aminoración de ingresos.

Y es que el Gobierno, a lo largo de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, tiene potestad de excluir este tipo de enmiendas y una vez trasladado este veto, la Mesa de la Comisión debe pronunciarse. De esta forma, se quedan fuera muchas de las propuestas de los grupos para bajar impuestos o aumentar el gasto en otras partidas.

En total, los letrados de la Comisión de Presupuestos han detectado hasta 20 enmiendas, de varios grupos (PP, ERC, Cs, Más País o Teruel Existe, además de la ya citada sobre los desahucios) sin conexión directa con los ingresos y gastos públicos. Todas ellas se han salvado gracias al aval del PSOE y Unidas Podemos, pese a que, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados consideran que la regulación de materias situadas fuera del contenido de Presupuestos «no estaría constitucionalmente permitida a la Ley de Presupuestos.

NO ENCAJAN EN LOS PARÁMETROS DEL TC

Y es que, según señalan, el Tribunal Constitucional ha establecido límites acerca del «contenido admisible» en las leyes presupuestarias, de modo que estos «han de circunscribirse a la aprobación de ingresos y gastos y a la regulación de materias que guarden directa relación con dichos ingresos y gastos, o contribuyan a hacer efectiva la política económica del Gobierno».

«En caso de que no se respete ese criterio, se podrá entender que la ley entra en contradicción con la citada jurisprudencia», aseveran. En este informe, señalan que las Cortes Generales «en materia presupuestaria tienen limitaciones que no se aplican a la aprobación del resto de leyes» en lo referido a «sus facultades de examen y enmienda».

EL PP VE «ACABADO» EL DEBATE PARLAMENTARIO

Tras conocer el veto del Gobierno a sus enmiendas, el PP ha criticado que antes incluso de comenzar el debate de las enmiendas esta decisión ha «acabado» con el mismo: «La Comisión de Presupuestos sin comenzar y ya han acabado con el debate parlamentario», ha manifestado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, asegurando en un mensaje publicado en Twitter, recogido por Europa Press, que «Pedro Sánchez se retrata de nuevo».

En una serie de mensajes en esta red social, Gamarra ha criticado que el Gobierno haya vetado y no permita debatir ni votar durante la tramitación de los Presupuestos enmiendas relativas a las bajadas de impuestos, fondos adicionales a ayuntamientos, planes de empleo y de apoyo a autónomos, a hostelería, mejoras salariales a funcionarios de prisiones o un complemento retributivo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña.

El portavoz de Presupuestos del PP, Valentín Píriz, ha asegurado que el veto del Gobierno alcanza a más de 90 enmiendas y que, por contra, la Mesa de la Comisión haya avalado enmiendas señaladas por los servicios jurídicos de la Cámara por «regular materias que constitucionalmente no se pueden regular en los Presupuestos».

Ciudadanos, por su parte, ha informado durante el debate de la Comisión que los vetos alcanzan a más de 50 enmiendas de su formación. El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, que representa al Grupo Plural en esta Comisión, ha asegurado que el veto pone coto a casi toda enmienda referida a asuntos fiscales, cuestionando este criterio cuando ya se ha incorporado una enmienda referida a ello, la supresión del llamado ‘impuesto al diésel’ pactado entre el Gobierno y el PNV.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado al Gobierno la inclusión del protocolo de reclamaciones colectivas dentro de la tramitación parlamentaria de la Carta Social Europea para su ratificación.

Este sistema de reclamaciones colectivas permite que determinados sujetos, principalmente sindicatos y ONG puedan denunciar directamente en el Comité Europeo de Derechos Sociales a los Estados que incumplen los mandatos de esta carta, tanto por su legislación como por sus prácticas.

Y es que el BNG recuerda cómo el pasado 10 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para remitir a las Cortes Generales la revisión de esta Carta, autorizando la manifestación de su consentimiento, pero informando de que este protocolo no sería ratificado en el presente procedimiento.

«Días después y sin explicar las razones, dicha publicación oficial fue objeto de cambios, eliminando toda referencia a la voluntad expresa del Gobierno de no querer ratificar el citado protocolo sobre reclamaciones colectivos», manifiesta el BNG.

En este sentido, esta formación, a través de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado su intención de presentar una enmienda parcial al texto durante su tramitación para que se incluya en la declaración de aceptación en lo referente a las reclamaciones colectivas.

«Este sistema de reclamaciones colectivas es una herramienta imprescindible para que la Carta Social Europea no quede en papel mojado, en la medida en que la ratificación del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas supondría mayor visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos, tan básicos y fundamentales, que aquella Carta establece» ha destacado el diputado nacionalista.