La Comisión de Derechos Sociales del Senado ha rechazado este jueves una moción del PP con medidas para luchar contra la pobreza energética de las familias vulnerables, en un debate en el que el resto de formaciones ha criticado que los ‘populares’ no hayan defendido estas medidas cuando estaban en el Gobierno.

El PP se ha quedado sólo ante esta iniciativa, que el PSOE ha votado en contra, mientras que PNV, ERC, Junts y Mes por Mallorca han decidido abstenerse.

El texto votado propone determinar una nueva definición «legal global» del concepto de vulnerabilidad social, que no esté fundamentada únicamente en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), como lo hace actualmente, sino que también se tenga en cuenta el porcentaje del salario neto que supone el gasto energético en las familias.

Además, el PP señala que dicha definición deberá ser completada con teniendo en cuenta otros parámetros con consecuencias en esta materia, como «cargas familiares», «situaciones de dependencia» o «situaciones de familia numerosa». «En cualquier caso y en aras de evitar el derroche energético, dicho gasto deberá ser justificado por los consumidores en función de sus circunstancias y realidad económicas y sociales», indica el partido.

QUIÉN PAGA Y REDUCCIÓN DEL IVA

La iniciativa también llama a determinar qué entidades asumirán el coste de la cuantía de los recibos pendientes de pago, y en su caso, hasta qué cuantías y a establecer una hoja de ruta paulatina y progresiva destinada a reducir la carga impositiva del recibo eléctrico en aras de lograr una disminución de la brecha entre precio de la electricidad entre España y otros países de la UE.

En su intervención, el senador ‘popular’ en este debate, Félix de la Cueva, ha denunciado la «dramática» situación que viven muchas familias vulnerables en España. En concreto, ha indicado que el 20% no tienen capacidad económica para «mantener sus alojamientos a una temperatura adecuada» y que un 7,4% es incapaz de afrontar el pago del recibo eléctrico.

«Creemos necesario dar un paso más para intentar abordar el exceso de endeudamiento, a largo plazo, en el que pueden verse las familias vulnerables», ha declarado, antes de criticar el alto precio de la electricidad en España.

Los socialistas han decidido votar en contra, según ha explicado su portavoz en esta comisión, Micaela Navarro, porque el PP ha presentado esta iniciativa para «ajustar cuentas con Zapatero», basando su discurso en «quién hizo qué o quién lo hizo mejor». Además, ha lamentado que el PP no se interesara «por lo que iba a votar» la formación socialista, la mayoritaria de la Cámara alta.

CAMBIO DE POSTURA EN LA OPOSICIÓN

El resto de formaciones, aunque se han declarado a favor de la mayoría del contenido de la iniciativa, han decidido abstenerse. Desde Junts y ERC, sus portavoces en esta materia, Bernat Picornell y Teresa Rivero, respectivamente, han reprochado al PP que ahora busque aprobar una medidas que estaba incluidas en una ley catalana similar que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó al Constitucional.

El representante de Mes per Mallorca, VicenÇ Vidal, ha recordado en su intervención políticas del mandato ‘popular’, como el llamado impuesto al sol que, según ha explicado, ahora le hace pensar que esta moción es para «despistar» o «confundir».

Finalmente, la senadora del PNV Nerea Ahedo, ha criticado que el PP ponga esta medida en el contexto del Covid10, cuando, a su juicio, la situación de pobreza y vulnerabilidad ya existía y lo que ha hecho el coronavirus es «agravarla». También se ha mostrado «sorprendida» de que ahora «en la oposición» el PP haya «visto la luz» en este tema.

A estas críticas, De la Cueva ha respondido a las formaciones independentistas señalando que la decisión de su partido de llevar la ley catalana al Constitucional era una cuestión de «competencias» y de «cumplir la ley» y ha defendido que en el mandato del PP, en 2017, se evitó que se cortara la electricidad a las personas más vulnerables.

Las principales empresas del ‘middle market’ español, agrupadas en la Fundación CRE100DO, han obtenido una facturación agregada de más de 16.000 millones de euros a cierre del pasado ejercicio, lo que supone un crecimiento del 10,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Unas cifras que, a pesar de la situación actual, se prevé que mantengan la tendencia positiva a cierre del presente ejercicio. De este modo, las 108 empresas que forman parte de Fundación CRE100DO suman una facturación equivalente a la décima compañía más grande de España. Juntas representan el 1,3% del PIB y dan empleo a más de 85.000 personas.

En el balance presentado por la Fundación CRE100DO, la directora ejecutiva de Prosol y presidenta de la comisión de empresas CRE100DO, Rocio Hervella, destaca el hecho de que, en un mercado global e impactado por la Covid-19, se hace «más necesario que nunca un modelo productivo cada vez más competitivo para crecer, generar empleo y bienestar».

Al mismo tiempo, ha recordado Hervella, este modelo productivo tiene que ser capaz de evolucionar para adecuarse a nuevos escenarios y anticiparse a la resolución de desafíos futuros.

Las empresas del ‘midlle market’ son consideradas por la directora ejecutiva de Prosol como «más eficientes y resilientes que las grandes«. Además, ha afirmado Hervella, son tractores del cambio en muchos ámbitos y motor para reactivar la economía, capaces de actuar en lo local desde el conocimiento global.

Hervella ha hecho hincapié en la necesidad de crear más compañías en este segmento que sean «capaces de seguir creciendo y dar el salto», pues actualmente en España tan solo hay 4.000 empresas consideradas ‘middle market’, frente a 1,3 millones de pymes registradas.

Lombard Odier anticipa en sus previsiones para el próximo año la recuperación económica tras la crisis del Covid-19, por lo que recomienza a los inversores preparar sus carteras para alcanzar la recuperación con acciones cíclicas y de crecimiento «equilibradas».

«La noticia de una vacuna eliminó el peor escenario posible para la recuperación, haciendo de las acciones cíclicas, incluyendo las pequeñas capitalizaciones, más convincentes», ha asegurado el director de inversiones de Lombard Odier, Stéphane Monier

De esta forma, confían en que se prepara el terreno para una recuperación parcial de las valoraciones y beneficios de las acciones industriales, del sector de la construcción, las financieras y energéticas, así como en los mercados europeos donde estos sectores son predominantes.

Estos sectores sufrieron la desaceleración consecuencia de la pandemia, pero tienden a tener un rendimiento más rápido en un repunte económico. Sin embargo, considera que la demanda de los valores de calidad en el sector sanitario y tecnológico continuará en 2021, especialmente después de la fase inicial de recuperación, ya que sus cimientos siguen siendo fuertes.

Por mercados, el banco recomienda «no perder de vista las acciones asiáticas». También apuesta por otros mercados emergentes, ya que las perspectivas deberían mejorar gracias a la reactivación del comercio mundial tras dos años de contracción.

El banco privado anticipa que la recuperación no sea un proceso lineal, por lo que ve recomendable mantener un conjunto diversificado de coberturas. Estas pueden ir desde los bonos del tesoro estadounidenses, los bonos del gobierno chino, hasta el oro, el yen o las opciones de venta.

En renta fija corporativa, la firma ha subrayado su interés por los bonos en divisa fuerte de los mercados emergentes. Entre los alternativos, destaca su interés por los activos de infraestructura y los mercados inmobiliarios.

Las empresas europeas de servicios de pagos Worldline y Nets se han unido al accionariado de la Iniciativa de Pagos Europea (EPI, por sus siglas en inglés), convirtiéndose así en las primeras empresas no bancarias que se suman a la plataforma.

Según ha informado CaixaBank en un comunicado, que es uno de los tres bancos españoles que participa en la Iniciativa, junto a Banco Santander y BBVA, la participación de estas empresas no bancarias «contribuirá en gran medida a la expansión de la red de aceptación de EPI en comercios de Europa».

Aunque no han indicado qué otras compañías estarían interesadas en unirse, la firma ha asegurado que las conversaciones con otras firmas «evolucionan favorablemente».

«Casi 20 años después de la introducción del euro, ha llegado el momento de unir fuerzas en un esfuerzo colectivo para proporcionar a los consumidores y comerciantes una solución de pago digital verdaderamente europea, y cuidadosamente diseñada para las necesidades comerciales del siglo XXI», ha afirmado el presidente y consejero delegado de Worldline, Gilles Grapinet.

Los 16 bancos que pusieron en marcha la iniciativa en julio de este año han conformado una compañía transitoria con sede en Bruselas que será la responsable de iniciar la implementación de la EPI de forma conjunta. Es al accionario de esta empresa al que se han unido Worldline y Nets.

El objetivo de EPI es crear una solución de pagos integral paneuropea que, aprovechando pagos instantáneos (‘SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst’), incluirá una tarjeta de pagos común para los consumidores y comercios de toda Europa, un monedero electrónico y funciones de pago entre particulares (‘P2P’).

«Todas las partes interesadas, incluidos los emisores, adquirentes, comerciantes y, desde luego, los consumidores finales, se beneficiarán de una solución de pago digital sólida y realmente europea», ha apostillado el consejero delegado de Nets, Bo Nilsson.

Asimismo, las entidades accionistas de la compañía transitoria han nombrado a Joachim Schmalzl como presidente del consejo de administración de la sociedad y a Martina Weimert como consejera delegada.

Schmalzl es miembro del Comité de Dirección de la organización coordinadora de las cajas de ahorros alemanas (Deutscher Sparkassen- und Giroverband). En este puesto, es responsable de desarrollar e impulsar la estrategia de modelo de negocio, digitalización y pagos del grupo. De su lado, Weimert es socia de Oliver Wyman, aunque también cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de pagos, tanto en mercados europeos como internacionales.

Los gestores administrativos han alertado que la situación de ERTE afecta a la deducción por maternidad de la que se benefician las madres trabajadoras, por cuenta ajena o por cuenta propia, dadas de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social o Mutualidad, con hijos menores de tres años.

Esta deducción puede alcanzar hasta 1.200 euros anuales por hijo y se puede solicitar su abono anticipado, en cuantía no superior a 100 euros mensuales. A tales cantidades habría que añadir, en su caso, desde el 1 de enero de 2018, un incremento de hasta en 1.000 euros anuales adicionales (83,33 euros al mes) cuando el contribuyente satisfaga gastos de custodia de guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo menor de tres años.

En el caso de estar percibiendo una prestación derivada de un ERTE, al tener éste la consideración de suspensión del contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en situación de desempleo total y, en consecuencia, no realiza un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, señala que al suspender el contrato de trabajo durante todo un mes completo, deja de realizarse una actividad por cuenta ajena y, por tanto, de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad, por lo que «se suspende el correspondiente abono anticipado por ese periodo».

Continua Santiago indicando que «si eso ocurre, tampoco se tendrá derecho por ese período a las cuantías adicionales por gastos de guardería».

El presidente del consejo general de Colegios de Gestores Administrativos ha indicado que esta situación no afecta a la deducción por familia numerosa, por ascendientes con dos hijos o por descendientes con discapacidad, pues pueden seguir disfrutándose a pesar de estar el trabajador o trabajadora en ERTE.

La Agencia Tributaria ha abierto un debate interno para analizar y buscar un «cauce intermedio» entre la vía penal y los preavisos a los contribuyentes de cara a la entrada en domicilios fiscales, algo que considera que pude suponer «destrucción de pruebas» y generar «frustración» en la opinión pública si no se puede actuar pese a la existencia de pruebas, por lo que cree que no es descartable que se precise un cambio normativo.

Además, ha cifrado en 500.000 euros la recaudación media que se desprende tras las entradas con autorización judicial en domicilios fiscales de personas jurídicas (empresas), en un 97% de los casos, y el resto de personas físicas.

Así lo ha señalado el director general de la AEAT, Jesús Gascón, durante su intervención en el XXX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo que falló que Hacienda no puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada» o «para ver qué se encuentra».

Gascón ha indicado que es un tema a «analizar y resolver» y ha aclarado que su postura es que puede que se trate de un asunto con recorrido como para que el Parlamento tuviese que pronunciarse si se llega a la conclusión de que se precisa de un cambio normativo al respecto.

En este sentido, Gascón ha indicado que «no hay debate» respecto a que si una actuación no está lo suficientemente motivada, no se puede producir la actuación judicial y la entrada, si bien ante la postura del Supremo de que sea necesaria una comunicación al contribuyente previa a la entrada a un negocio para una actuación inspectora, considera que existe un riesgo de destrucción de pruebas y que eso va a ser por tanto «muy poco eficaz.

En este sentido, ha resaltado que en las actuaciones con entrada en domicilio con personas jurídicas (el 97% de los casos es a personas jurídicas), en la mayoría se ha conseguido autorización judicial y una vez practicada la regularización correspondiente, en torno a un 85% de los expedientes el contribuyente ha firmado un acta de acuerdo o de conformidad.

«El porcentaje de disconformidades es inferior la resto de programas de inspección y la conflicitivdad de estos expedientes es muy pequeña, con un ingreso en periodo voluntario más alto de lo habitual», ha apostillado Gascón, quien ha destacado también que el comportamiento del contribuyente en estos casos es «notoriamente mejor» que el que tenía previo a la actuación inspectora, ya que si se descubre la ocultación de ventas o un software para una ‘contabilidad B’, no vuelve a utilizarlo por regla general en el futuro.

Además, se ha referido a las «miles» de denuncias tributarias de distintos tipos que recibe la AEAT, algunas injustificadas y otras «absolutamente motivadas», avisando de que si se comunica el inicio de una actuación inspectora, «evidentemente las pruebas van a desaparecer», por lo que podría generar una «frustración muy grande» en los contribuyentes y la opinión pública si se descubre que la Administración Tributaria no ha actuado aún existiendo pruebas.

RECAUDA 500.000 EUROS DE MEDIA EN CADA ENTRADA Y EL 97% SON EN EMPRESAS

En este punto, ha defendido que la vía penal «tiene que ser el último recurso» y priorizarse la vía administrativa para no judicializar los casos. Por ello, ha dicho que hay que buscar una «solución intermedia», ya que en algunos casos las denuncias han dado lugar a actuaciones también en personas físicas.

Según ha detallado, el importe medio de las actuaciones inspectoras con autorización judicial en domicilios fiscales supone una regularización por un importe medio de 500.000 euros, incluyendo personas físicas y jurídicas, un importe mayor que en el caso de las actuaciones ordinarias y fruto de actuaciones como la apertura de cajas fuertes o el descubrimiento de una contabilidad ‘B’ mediante softwares.

«Necesitamos un cauce intermedio entre la vía penal y la notificación formal ordinaria de actuaciones inspectoras, que tendremos que utilizar de manera excepcional, siempre con autorización y control judicial y orientado a negocios, excepcionalmente a personas físicas. Estamos en pleno análisis y veremos qué sucede», ha añadido.

El director general de la AEAT también ha detallado que el organismo tributario realiza entradas en los domicilios a demanda de las Comunidades Autónomas y comprobaciones de cambios de domicilio, algo «creciente» y que se incluyes en el Plan estratégico, además de estar reguladas en el Reglamento de Aplicación de los Tributos. En cualquier caso, pueden acabar en las Juntas Arbitrales cuando se producen discrepancias entre las comunidades sobre su competencia.

ANÁLISIS DE PRUEBAS EN PROCESOS JUDICIALES

Por otra parte, preguntado sobre una sentencia del Supremo que permite la presentación y admisión de pruebas tras pasar por varios tribunales, ha indicado que la aportación de pruebas fuera de procedimiento administrativo «solo sirve para desvalorizar el procedimiento administrativo» y ha causado un repunte en los recursos de reposición.

Así, ha abogado por «dar una vuelta» al procedimiento probatorio en los tribunales para ver si el tribunal pudiese dar parte a la AEAT para que en fase probatoria se puedan analizar pruebas, aunque ello podría requerir también un cambio normativo.

La Cámara de Comercio de España ha puesto en marcha Programa 45+, una iniciativa para mejorar las competencias digitales de los trabajadores de entre 45 y 60 años, con el propósito de aumentar así sus posibilidades de inserción laboral.

Las 40 Cámaras de Comercio territoriales donde ya se ha comenzado a aplicar el proyecto cuentan con un equipo de profesionales, especializados en materia de empleo y formación, que realizará un acompañamiento activo a lo largo de todo el programa.

En una primera fase, el orientador tratará de conocer, a través de una entrevista personal, el perfil del participante: su cualificación profesional, nivel en competencias digitales y formación en función de la actividad profesional.

Una vez realizada esta evaluación, el orientador determinará, de acuerdo con el participante, el itinerario a seguir y la formación más adecuada.

Se trata de evaluar 5 competencias digitales: alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas.

Tras esta primera fase de orientación, y para facilitar la empleabilidad del participante, el programa ofrece formación en habilidades digitales ajustadas a diferentes perfiles laboralesy capacitación en las competencias ya analizadas. Dicha formación podrá realizarse en la modalidad ‘online’, presencial o ambas.

Una vez superadas las fases de orientación y formación, las Cámaras de Comercio realizarán un trabajo de intermediación laboral que permitirá a los participantes disponer de las mejores herramientas para enfrentarse al mercado de trabajo.

Entre las competencias que incluye el programa figuran: actualización del currículum, simulación de entrevistas de selección de personal, etc. Estas habilidades adicionales están orientadas a favorecer la reinserción en el mercado laboral de los participantes en el programa.

El Banco Central Europeo (BCE) ha expresado su preocupación por los datos más recientes sobre la evolución del crédito en la eurozona, donde las entidades han comenzado a endurecer sus criterios para la concesión de préstamos ante el deterioro de las expectativas macroeconómicas y de la solvencia de los prestatarios.

El economista jefe de la institución, el irlandés Philip Lane, ha señalado que las encuestas más recientes sobre préstamos bancarios y acceso de las empresas al crédito en la zona euro señalan algún riesgo de un «bucle negativo» que se refuerza mutuamente, ya que, en un sentido, los bancos pueden ver la disminución de la demanda de préstamos como una señal negativa sobre la economía, mientras que, de su lado, las empresas pueden ver sus preocupaciones sobre las perspectivas confirmadas por un endurecimiento de las condiciones de endeudamiento.

Además, ha apuntado Lane, esta interacción adversa se vería reforzada si el gasto de los hogares se debilitara y, por lo tanto, empañara aún más las perspectivas de las empresas.

«Hay algunas señales preocupantes en los datos de encuestas recientes», ha reconocido el economista jefe del BCE en referencia a la última encuesta sobre préstamos bancarios de la zona del euro, que reflejaba un endurecimiento generalizado de los estándares crediticios, además de una reducción de los planes de inversión, con una caída de la demanda de crédito en los últimos trimestres.

Asimismo, ha advertido de la retroalimentación adversa en condiciones de pandemia en el caso de una respuesta insuficiente de la política fiscal, mientras que el impacto macrofinanciero positivo de una respuesta fiscal vigorosa puede conciliar el fenómeno gemelo de un aumento de los déficits fiscales y una disminución de los rendimientos soberanos.

En este sentido, Lane ha destacado que, hasta ahora, la rápida reacción de los responsables de tomar medidas ha impedido un endurecimiento de los costes de financiación o el empeoramiento de las posiciones de liquidez, por lo que ha subrayado que sigue siendo vital para los responsables de las políticas fiscales y monetarias protegerse contra los riesgos de estos canales de amplificación financiera.

INTERVENCIÓN DEL BCE

Por otro lado, el análisis realizado por la institución para calcular el impacto de sus medidas sugiere que, sin estas el PIB de la zona del euro sería 1,3 puntos porcentuales más bajo y la tasa de inflación anual sería 0,8 puntos porcentuales menos para 2022 en términos acumulados, aunque apunta que esta estimación probablemente subestime por un amplio margen su verdadero efecto en las condiciones macrofinancieras generadas por el shock pandémico extraordinario.

De este modo, la institución considera que la eliminación por parte del BCE del riesgo de cola financiero asociado con la pandemia aseguró un grado de apoyo al crecimiento que es varias veces mayor que el estimado.

Además, también sostiene que sus medidas han sido cruciales para preservar el flujo de crédito a la economía y prevenir perturbaciones para la estabilidad financiera.

«La pandemia constituye un desafío de múltiples fases para la política monetaria», ha señalado Lane, para quien, mientras en las primeras semanas la prioridad era claramente estabilizar los mercados, en la situación actual, con interrupciones de la actividad económica a lo largo de 2020 y hasta 2021, la política monetaria tiene que garantizar unas condiciones financieras favorables.

«Esto seguirá siendo una prioridad esencial incluso en la fase posterior a la pandemia, dado que es probable que el impacto macroeconómico de la misma persista incluso después de que se hayan implementado las soluciones médicas», ha añadido el representante del BCE.

«Solo asegurando condiciones financieras favorables se asegurará la plena recuperación económica y se afianzará la convergencia robusta hacia nuestro objetivo de inflación a mediano plazo», ha apostillado.