La Agencia Tributaria ha abierto un debate interno para analizar y buscar un «cauce intermedio» entre la vía penal y los preavisos a los contribuyentes de cara a la entrada en domicilios fiscales, algo que considera que pude suponer «destrucción de pruebas» y generar «frustración» en la opinión pública si no se puede actuar pese a la existencia de pruebas, por lo que cree que no es descartable que se precise un cambio normativo.
Además, ha cifrado en 500.000 euros la recaudación media que se desprende tras las entradas con autorización judicial en domicilios fiscales de personas jurídicas (empresas), en un 97% de los casos, y el resto de personas físicas.
Así lo ha señalado el director general de la AEAT, Jesús Gascón, durante su intervención en el XXX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo que falló que Hacienda no puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada» o «para ver qué se encuentra».
Gascón ha indicado que es un tema a «analizar y resolver» y ha aclarado que su postura es que puede que se trate de un asunto con recorrido como para que el Parlamento tuviese que pronunciarse si se llega a la conclusión de que se precisa de un cambio normativo al respecto.
En este sentido, Gascón ha indicado que «no hay debate» respecto a que si una actuación no está lo suficientemente motivada, no se puede producir la actuación judicial y la entrada, si bien ante la postura del Supremo de que sea necesaria una comunicación al contribuyente previa a la entrada a un negocio para una actuación inspectora, considera que existe un riesgo de destrucción de pruebas y que eso va a ser por tanto «muy poco eficaz.
En este sentido, ha resaltado que en las actuaciones con entrada en domicilio con personas jurídicas (el 97% de los casos es a personas jurídicas), en la mayoría se ha conseguido autorización judicial y una vez practicada la regularización correspondiente, en torno a un 85% de los expedientes el contribuyente ha firmado un acta de acuerdo o de conformidad.
«El porcentaje de disconformidades es inferior la resto de programas de inspección y la conflicitivdad de estos expedientes es muy pequeña, con un ingreso en periodo voluntario más alto de lo habitual», ha apostillado Gascón, quien ha destacado también que el comportamiento del contribuyente en estos casos es «notoriamente mejor» que el que tenía previo a la actuación inspectora, ya que si se descubre la ocultación de ventas o un software para una ‘contabilidad B’, no vuelve a utilizarlo por regla general en el futuro.
Además, se ha referido a las «miles» de denuncias tributarias de distintos tipos que recibe la AEAT, algunas injustificadas y otras «absolutamente motivadas», avisando de que si se comunica el inicio de una actuación inspectora, «evidentemente las pruebas van a desaparecer», por lo que podría generar una «frustración muy grande» en los contribuyentes y la opinión pública si se descubre que la Administración Tributaria no ha actuado aún existiendo pruebas.
RECAUDA 500.000 EUROS DE MEDIA EN CADA ENTRADA Y EL 97% SON EN EMPRESAS
En este punto, ha defendido que la vía penal «tiene que ser el último recurso» y priorizarse la vía administrativa para no judicializar los casos. Por ello, ha dicho que hay que buscar una «solución intermedia», ya que en algunos casos las denuncias han dado lugar a actuaciones también en personas físicas.
Según ha detallado, el importe medio de las actuaciones inspectoras con autorización judicial en domicilios fiscales supone una regularización por un importe medio de 500.000 euros, incluyendo personas físicas y jurídicas, un importe mayor que en el caso de las actuaciones ordinarias y fruto de actuaciones como la apertura de cajas fuertes o el descubrimiento de una contabilidad ‘B’ mediante softwares.
«Necesitamos un cauce intermedio entre la vía penal y la notificación formal ordinaria de actuaciones inspectoras, que tendremos que utilizar de manera excepcional, siempre con autorización y control judicial y orientado a negocios, excepcionalmente a personas físicas. Estamos en pleno análisis y veremos qué sucede», ha añadido.
El director general de la AEAT también ha detallado que el organismo tributario realiza entradas en los domicilios a demanda de las Comunidades Autónomas y comprobaciones de cambios de domicilio, algo «creciente» y que se incluyes en el Plan estratégico, además de estar reguladas en el Reglamento de Aplicación de los Tributos. En cualquier caso, pueden acabar en las Juntas Arbitrales cuando se producen discrepancias entre las comunidades sobre su competencia.
ANÁLISIS DE PRUEBAS EN PROCESOS JUDICIALES
Por otra parte, preguntado sobre una sentencia del Supremo que permite la presentación y admisión de pruebas tras pasar por varios tribunales, ha indicado que la aportación de pruebas fuera de procedimiento administrativo «solo sirve para desvalorizar el procedimiento administrativo» y ha causado un repunte en los recursos de reposición.
Así, ha abogado por «dar una vuelta» al procedimiento probatorio en los tribunales para ver si el tribunal pudiese dar parte a la AEAT para que en fase probatoria se puedan analizar pruebas, aunque ello podría requerir también un cambio normativo.
