La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han expresado su rechazo a las medidas de la Comisión Europea (CE) para reducir un 15% el esfuerzo pesquero en 2021 para los arrastreros comunitarios que operan en el Mediterráneo occidental, a través de un escrito remitido al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius, según han informado en un comunicado.

En este documento, suscrito también por organizaciones pesqueras de Italia y Francia y apoyado por la patronal europea Europêche, los pescadores alertan de las «graves consecuencias» que estas medidas podrían tener para el empleo y el suministro de pescado en unas circunstancias complejas, a causa de la segunda ola de la Covid-19.

Las organizaciones recuerdan además el esfuerzo realizado por la flota de arrastre para aplicar las medidas del Plan de Gestión Plurianual de las pesquerías demersales del Mediterráneo occidental adoptado por la UE en 2019, y que combina, en el caso de España, vedas espacio-temporales y niveles de reducción del esfuerzo pesquero, en muchos casos, superiores al 20%.

Asimismo, el sector señala que, antes de proponer nuevas medidas o incluso considerar la posibilidad de reducir el esfuerzo pesquero, es fundamental evaluar los efectos de las restricciones establecidas por dicho plan en la evolución de las poblaciones, sobre las que, los pescadores recuerdan, también impactan otros factores señalados por los científicos y la propia CE, tales como la contaminación, la presión demográfica, el cambio climático o las especies invasoras.

En este sentido, las organizaciones firmantes solicitan a la CE que sea «sensible y lo más flexible posible» en la aplicación del plan de gestión, de manera que no se agraven las consecuencias socioeconómicas causadas por esta pandemia.

«Somos conscientes de la necesidad de una gestión sostenible de los recursos en el Mediterráneo occidental, de ahí que hayamos cumplido escrupulosamente con los cierres temporales y la reducción el esfuerzo pesquero durante el primer año de aplicación del plan. Sin embargo, en las circunstancias tan excepcionales que atravesamos, nuestros pescadores necesitan más que nunca seguir trabajando para superar las catastróficas consecuencias socioeconómicas que conlleva esta pandemia», ha señalado el secretario general de Cepesca, Javier Garat.

El directivo ha advertido de que la implementación de esas medidas «solo contribuirá a socavar la rentabilidad de las empresas armadoras y, muy posiblemente, a llevarlas a la quiebra, con la consiguiente destrucción de flota y empleo».

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha resaltado el papel de las comunidades autónomas en la identificación de actuaciones viables en materia de energía y con mayor efecto tractor sobre la economía, y ha pedido a los representantes autonómicos la identificación de proyectos para hacer viable la ejecución de los fondos europeos.

Ribera ha presidido este viernes la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia energética, en la que ha remarcado su papel para contribuir a la gestión para agilizar y optimizar la ejecución de estos fondos.

Durante la reunión, la vicepresidenta cuarta del Gobierno ha dado cuenta de los elementos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española vinculados a la energía, que, mediante un marco de reformas e inversiones, refleja el compromiso del Ejecutivo con la transformación del sistema energético, informó el Ministerio.

Ribera ha señalado que el Plan de Recuperación prevé un paquete de energía «muy importante» que identifica las líneas estratégicas fundamentales para la transformación del sistema, y que «nos obligar a identificar proyectos solventes y viables, que permitan cumplir los objetivos y tengan el mayor efecto tractor sobre la cadena de valor».

En ese sentido, ha trasladado a los gobiernos regionales la necesidad de fortalecer el diálogo y la cogobernanza para ayudar a identificar de forma ágil las iniciativas más maduras, al tiempo que se facilita el desarrollo de los proyectos por llegar.

«La palanca de Transición Energética Justa e Inclusiva es uno de los catalizadores más maduros y por tanto con más capacidad para movilizar inversiones en el corto plazo», ha destacado.

Por tanto, ha advertido de que será necesario que Gobierno central y comunidades autónomas estén «muy coordinados» para «estar a la altura de la inmensa responsabilidad del reto. «Contamos con todos para que la implementación sea posible», ha añadido.

Los fondos de inversión nacionales han vuelto a registrar reembolsos netos en el mes de octubre, son salidas de 130,77 millones de euros, tras dos trimestres con suscripciones netas, de forma que los reembolsos acumulados en lo que va de año ascienden 891,25 millones de euros, según los datos avanzados por Inverco este viernes.

El volumen de activos de los fondos de inversión ha aumentado ligeramente en octubre y ha recuperado 591 millones de euros, por lo que, con datos provisionales, el patrimonio total se situó a finales de mes en 264.795 millones de euros, un 0,2% más que en el mes anterior.

En octubre, al igual que en septiembre, los partícipes han ajustado sus carteras hacia posiciones más conservadoras, ha explicado la patronal. En este sentido, las mayores salidas en forma de reembolsos se dieron en las categorías globales (239 millones de euros) y la renta variable mixta (130 millones de euros).

Así, las mayores suscripciones netas fueron en categorías de renta fija (328 millones de euros) y monetarios (49 millones de euros). Los fondos de renta variable internacional (19 millones de euros) y de gestión pasiva (26 millones de euros) también registraron suscripciones netas positivas.

El número de cuentas de partícipes en fondos de inversión nacionales se situó en octubre en casi 12,3 millones de partícipes, lo que supone un incremento superior a los 456.000 partícipes para el conjunto del año.

INCERTIDUMBRE Y RENTABILIDAD

En un mes marcado por la volatilidad en los mercados, tras la incertidumbre general en torno a la evolución de la pandemia, la rentabilidad de las carteras de los fondos en el mes tuvo dos fases muy diferenciadas, destacando la última semana, en la que las valoraciones experimentaron notables ajustes.

A fecha de cierre del informe y a expensas de recoger los últimos días del mes, la rentabilidad de los fondos ascendía al 0,35% en octubre, mientras que el acumulado de los diez primeros meses era del -2,81%.

RECORTE DEL 44% EN LOS FONDOS DEL IBEX

En lo que va de año, las únicas categorías que han logrado incrementar su patrimonio han sido los monetarios (+12,8%), los de renta fija (+0,1%) y renta fija mixta (+4,7%), principalmente por las suscripciones netas registradas por este tipo de fondos más conservadores.

Por el lado contrario, los fondos de renta variable nacional son los que más han visto reducido su patrimonio, un 44,3% respecto a cierre de 2019, con lo que han perdido 2.244 millones de euros de patrimonio en los diez primeros meses, hasta los 2.821 millones de euros.

No obstante, en términos absolutos son los fondos globales y los garantizados los que más patrimonio han restado en los que va de año, con 3.868 millones y 2.334 millones de euros menos, respectivamente.

El Gobierno ha impulsado un plan de formación profesional del sector turístico dotado con 40 millones de euros al que se podrán acoger 70.000 trabajadores y que tiene como objetivo mejorar la cualificación de los trabajadores del sector, además de impulsar la productividad y competitividad y fomentar nuevas formas de turismo.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han presentado este viernes en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid el Plan de Formación Profesional en el sector turístico, dirigido a la mejora de la cualificación y competencias de los trabajadores de esta industria.

«Hoy los protagonistas no son los turistas, son los profesionales del sector», ha destacado Maroto durante la presentación, tras su potencial en la economía del país y reconocer que el sector ha sido duramente afectado por la crisis.

Las ministras han estado acompañadas en la presentación del proyecto de representantes de sindicatos y patronal, que han ensalzado el impulso de este plan que veían «necesario», al dirigirse a uno de los sectores más afectados por la pandemia y que requiere medidas enfocadas a generar valor añadido.

El plan de formación será de gestión anticipada y su ejecución se llevará a cabo a partir del primer trimestre del 2021. Entre las principales acciones destaca la intención de consolidar las medidas relativas al empleo, creadas y puestas en marcha tras el surgimiento de la crisis provocada por la Covid-19; potenciar el proyecto Digitalízate, reforzando los espacios de cursos y recursos formativos gratuitos que ya ofrecen tanto la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en sus páginas web y anticipar las necesidades formativas que será preciso acometer.

Por ello, el Servicio Público de Empleo tiene previsto publicar, en este 2020, una convocatoria específica para el sector del Turismo, destinada a la subvención de programas de formación, de ámbito estatal, que será de gestión anticipada.

Además, se pretende abordar la creación de la Tarjeta de Competencias Profesionales en Hostelería, que recogerá la información relativa a la experiencia laboral y a la formación de su titular.

TRES FASES DEL PLAN

Según ha detallado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, este plan se estructura en tres fases, empezando con medidas que ya están en marcha como el ‘Programa Anfitriones’, orientado a promover la mejora de los servicios y la atención al cliente.

La segunda fase, para implementar en el último tramo de 2020, se trata de una oferta formativa gratuita para 100.000 trabajadores del sector dotada con 40 millones de euros, que incorporará como colectivo prioritario a los empleados en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Por su parte, la tercera fase, que será abordada a lo largo de 2021, incluye acciones como el impulso de la tarjeta de competencias profesionales para la hostelería.

CONVOCA EL CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO EL 13 DE NOVIEMBRE

La ministra de Industria ha anunciado que el próximo 13 de noviembre se celebrará el Consejo Español de Turismo (Conestur), en el que se analizarán los planes de formación y de modernización y competitividad del sector turístico, «con el fin de fomentar la resiliencia, digitalización, sostenibilidad, la diversificación y el valor añadido de este sector».

Durante la presentación, la ministra de Trabajo y Economía Social ha señalado que una potencia turística como la de España «no va a caer» y ha recalcado que ese es «el compromiso» que mantiene el Gobierno.

«Al contrario, vamos a aprovechar los presupuestos Generales del Estado del 2021 y en particular el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos puesto en marcha, para resituar el turismo en un horizonte cierto y sostenible en el medio y largo plazo para nuestro país», ha insistido.

CC.OO. y UGT han pedido al Gobierno que se mantengan todas las medidas de emergencia nacionales y de la Unión Europea, en particular las relacionadas con la protección del empleo y la compensación de ingresos y el SURE, durante el tiempo «necesario» y hasta la «plena recuperación de la economía y de los puestos de trabajo».

Según han señalado ambos sindicatos en un comunicado, esta iniciativa se encuadra dentro de la campaña de conciencia promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ‘Recuperar a las personas’, con la que se pretende alertar a las instituciones de toda la Unión Europea de que existe «un alto riesgo de que millones de trabajadores queden desempleados si el desfase entre las medidas de emergencia y los pagos del plan de recuperación no se salva con medidas de apoyo adecuadas para trabajadores y empresas».

La Confederación Europea de Sindicatos considera que deben resolverse los problemas de cobertura y adecuación universal de las medidas que ya se han adoptado, ampliando las medidas de protección del empleo y la compensación de ingresos para abarcar todas las categorías de trabajadores, incluidos los precarios, los atípicos y los autónomos, pero también los temporales y los fijos discontinuos.

Ambos sindicatos creen necesario respetar los derechos de los trabajadores con el fin de que participen en la configuración de los procesos de reestructuración responsables y mantengan el empleo.

La Seguridad Social registró un déficit de 7.677,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, el equivalente el 0,69% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra es la diferencia entre unos ingresos por valor de 120.613,8 millones de euros, que suben un 11,5% interanual, y unos gastos por importe de 128.291,7 millones, cifra un 10,7% superior a la del mismo periodo del año pasado.

Del volumen total de ingresos, el 90,76% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 9,24% restante, a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a los gastos, el 88,49% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,51%, por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 118.717,5 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un incremento del 11,3% interanual, debido en gran medida a las transferencias del Estado. Por su parte, los pagos arrojan un aumento del 10,7%, hasta un total de 128.142,9 millones de euros.

Entre enero y septiembre, los ingresos por cotizaciones sociales suman 88.894,3 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo de 2019. Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de ocupados en un 6,67% (5.829,8 millones de euros menos), ya que la de desempleados aumenta un 41,1%, con 2.117 millones de euros más.

Según el Ministerio, el descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria.

Ambas medidas, que incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, han supuesto para la Seguridad Social una pérdida de ingresos de 3.277,9 millones de euros hasta septiembre.

A ello hay que sumar la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia y las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación por la situación provocada por la pandemia, que a 30 de septiembre se cifran en 483 millones de euros de cuotas reintegradas.

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron hasta septiembre 30.854,2 millones, lo que representa un incremento del 116,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 26.385,3 millones, lo que supone un aumento interanual del 133,2%.

Esto se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la Covid-19, aprobada el 26 de mayo.

MÁS GASTO EN PENSIONES

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 117.652,2 millones de euros, un 8,3% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 91,7% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 109.213 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual de casi el 8,9%.

En un análisis más detallado, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentó casi un 3%, hasta los 94.040,3 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+0,05%), de la elevación de la pensión media (+2,07%) y de la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (+0,9%).

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 2.187,3 millones, un 14,3% más, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

SE DISPARA EL GASTO EN IT POR EL COVID

Por su lado, el gasto total en incapacidad temporal (IT) se incrementó hasta septiembre un 25,1%, hasta los 8.481,7 millones, debido a que el gasto en IT por contingencias profesionales registró un avance del 24,5%, hasta los 968,8 millones de euros, a causa de los procesos derivados de la Covid-19, que sumaron 553,8 millones de euros. El gasto en contingencias comunes fue de 6.958,2 millones de euros, un 16,7% más.

En cuanto a la prestación extraordinaria para autónomos, su importe alcanza los 4.112,4 millones de euros hasta septiembre (3.699 milllones para la prestación extraordinaria y 413 millones por el cese de actividad ordinario).

Por su parte, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron hasta septiembre los 8.438,7 millones de euros, un 2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destinan a pensiones no contributivas y complementos a mínimos 6.753,19 millones, y a subsidios y otras prestaciones, 1.685,5 millones, de los que 1.632,7 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los gastos de gestión, por su parte, retrocedieron entre enero y septiembre un 1,4% interanual, con un aumento de los gastos de personal del 4,2% y descensos del 10,3% en los gastos corrientes de bienes y servicios y del 8,5% en los dedicados a inversiones.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el presupuesto consolidado de su Departamento para 2021, que sube un 10,5%, hasta 8.496,2 millones de euros, está enfocado a impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario, pesquero y de la industria agroalimentaria.

Planas ha remarcado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 tienen un «carácter excepcional», tanto por el contexto de pandemia en que se aprueban, como por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el «más ambicioso de la historia democrática».

Agricultura ha subrayado que se trata de unas líneas de financiación destinadas a potenciar la digitalización e innovación, un regadío eficiente, el relevo generacional y la presencia de la mujer en el rural, así como un sector agrario y pesquero más sostenible.

De esta forma, se desarrollarán las posibilidades de crecimiento que contribuirán a fortalecer el tejido productivo y económico a través de un apoyo decidido al sector agroalimentario.

El Departamento subraya que se trata de unos presupuestos que garantizarán la creación de condiciones para promover un medio rural «vivo, dinámico, poblado y atractivo para los jóvenes, las mujeres y el talento».

Además, el presupuesto para reforzar la consecución de estos objetivos contará con una partida de 406,5 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la línea de financiación destaca el incremento del 19,3% de la partida para la renovación del parque de maquinaria agrícola, que contará con 9,5 millones de euros, de los que 6,5 millones de euros se destinarán a subvenciones y tres millones de euros a la bonificación de créditos.

Agricultura también ha elevado para el próximo año la partida destinada a la promoción alimentaria. Así, la estrategia de alimentos de España está dotada con cerca de 9,7 millones de euros para apoyar la promoción en el mercado nacional y en el exterior, mientras que se potencia la labor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como organismo referente en el control de las relaciones comerciales, para lo que se ha aumentado la partida el 31,83%, hasta 8,26 millones de euros.

Dentro del programa de regulación de los mercados agrarios, las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) apoyarán al sector agrario y alimentario con unos 5.793 millones de euros, un 2% más con respecto al año anterior.

Entre las novedades, el proyecto de presupuestos incluye una nueva línea de ayudas para desarrollar el programa de acciones formativas para jóvenes agricultores en explotaciones modelo, dotada con un millón de euros y una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras, con un presupuesto de 500.000 euros.

También se recogen actuaciones concretas de apoyo a la transformación digital y la adquisición de habilidades y herramientas digitales en el ámbito agroalimentario, así como una nueva línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en colaboración con Empresa Nacional de Innovación (Enisa), con una dotación de 13 millones de euros.

INSTRUMENTO ESPECÍFICO PARA LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PESQUERO

Respecto a la política pesquera, se elevan un 35% los fondos destinados al programa de protección de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible, hasta algo más de 25,3 millones de euros, para reforzar el conocimiento científico en la toma de decisiones y en línea con otro de los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC), la sostenibilidad socioeconómica del sector.

El programa de mejora de las estructuras y mercados pesqueros, dotado con unos 49,5 millones de euros, un 21,5% más, contempla el impulso a las organizaciones de productores pesqueros, el apoyo financiero a las paradas temporales en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), las inversiones en materia de control y vigilancia pesquera o el desarrollo de la acuicultura a través de planes nacionales de cultivos.

Este año, como novedad, se incorporan medidas de apoyo a la digitalización e innovación, así como un instrumento específico de 10 millones de euros, que será gestionado por la Sociedad Anónima Estatal de Caución (Saeca) para poner en marcha un fondo de reafianzamiento que facilite el acceso a la financiación de los sectores pesqueros y acuícola.

MÁS PRESUPUESTO PARA LOS SEGUROS AGRARIOS

Por otro lado, Agricultura ha incrementado la dotación para los seguros agrarios. «Son un pilar fundamental de la política agraria de este país, vital para el mantenimiento de las rentas y de la viabilidad económica de las explotaciones», ha asegurado Planas.

El presupuesto previsto asciende a 251,2 millones de euros, lo que supone un 18,96% más a la cifra aprobada en los últimos cinco años (211,2 millones de euros desde 2016).

El Departamento que lidera Planas ha precisado que este incremento permitirá «importantes mejoras» en el seguro agrario, como subvencionar los recargos del seguro aplicados por una elevada siniestralidad, incrementar en 10 puntos la subvención adicional a los agricultores jóvenes, conceder subvenciones adicionales en la línea de compensación por pérdida de pastos, e incrementar un 6% la subvención base del seguro complementario, que pasa del 7% al 13%.

La caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas a 78.127 millones de euros hasta agosto, lo que equivale al 7,07% del PIB, mientras que el déficit del Estado se ha situado en el 5,09% hasta septiembre, con 56.291 millones de euros.

Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, el déficit del Estado hasta septiembre (5,09%) se ha moderado ligeramente respecto al mes anterior (5,39%), pero en el último año se ha multiplicado por más de seis en términos absolutos, al pasar de 8.276 millones hasta septiembre de 2019 a los 56.291 millones actuales. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 3,56% del PIB.

Este aumento tan considerable del déficit se debe a una caída de los ingresos del 12,3%, hasta los 132.381 millones de euros, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, lo que ha motivado que, por el contrario, el gasto se haya incrementado un 18,5%, hasta 188.672 millones, debido al alza de los programas sanitarios y por las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades.

Dentro de los ingresos, los recursos impositivos, que representan el 82,4% del total, se sitúan en 109.120 millones hasta septiembre, lo que implica una disminución del 14%.

CAÍDAS DEL IVA, IRPF Y SOCIEDADES

Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Así, se produce un descenso del 12,7% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 14,3%, hasta los 50.252 millones.

Hacienda explica que este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia, como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la Covid-19.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 16,1%, con una caída del 2,6% en el Impuesto sobre Sociedades y del 21,7% en el caso del IRPF como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 56,1% y las cotizaciones sociales, un 1,%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 31,2%, así como los intereses, que disminuyen un 17,5%.

MÁS GASTO POR LA CRISIS SANITARIA

Por el lado de los gastos, hasta septiembre se incrementaron un 18,5%, hasta 188.672 millones, con los aumentos más destacados en las transferencias a las comunidades y a la Seguridad Social.

Asimismo, los consumos intermedios se incrementan en un 16,7%, crecimiento en el que inciden los 851 millones de gastos derivados de la Covid-19, mientras que la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,9% debido a la subida salarial del 2%, así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 6,7%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, mientras que la cooperación internacional corriente se incrementa en un 19,3%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 51%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). También esta rúbrica incluye un gasto relacionado con la pandemia de 98 millones por la compra de respiradores mecánicos.

Estos incrementos se ven compensados, en parte, por el descenso de un 9,9% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 898 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 39,9%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

En cuanto al desglose del déficit público hasta agosto, se situó en 78.127 millones de euros, lo que equivale al 7,07% del PIB, un 204% más que en el mismo periodo del año anterior. La Administración Central ha registrado un déficit del 5,52% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 23 millones hasta agosto.

SUPERÁVIT DE LAS COMUNIDADES

De su lado, las comunidades autónomas han registrado un superávit de 2.097 millones, lo que supone el 0,19% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB registrado hace un año.

Esta evolución positiva, explica Hacienda, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por la Covid-19.

Todas las comunidades (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta agosto de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla la Mancha y Murcia, el resto, es decir un total de 13 regiones, logran situarse en superávit.

De acuerdo con la información transmitida por las comunidadesautónomas, el impacto derivado de la Covid-19 alcanza hasta agosto los 4.851 millones de impacto en las arcas públicas regionales por el mayor gasto sanitario, con Madrid (1.206 millones) y Cataluña (849 millones) a la cabeza.