El presidente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Tomás Pascual, ha señalado que la innovación en el sector agroalimentario será un «motor» para impulsar la recuperación económica provocada por el coronavirus.

«La innovación es uno de los pilares estratégicos de la industria de la alimentación y bebidas. Ahora, especialmente, va a ser uno de los motores necesarios para impulsar la recuperación y acelerar la salida de la crisis económica provocada por el coronavirus», ha indicado Pascual durante la inauguración de la jornada ‘Alibetopías 2020: nuevos territorios en alimentación y bebidas’.

El presidente de FIAB ha subrayado que todos los agentes de la cadena de valor del sector deben «apoyar y generar conocimiento para ganar en competitividad y conquistar el futuro», al tiempo que ha recordado que la innovación «no es algo nuevo» para la industria, que lleva ya décadas innovando.

De esta forma, Tomás Pascual ha recordado que la incorporación de empresas del sector a la actividad de I+D se acentuó en 2019, tras elevarse el número de compañías a 786 entidades, de las cuales el 83% son pymes. «Somos un sector que mira al futuro y nacemos apostando por el talento», ha recalcado.

Pascual ha reconocido que en la actualidad el país vive «circunstancias excepcionales» por la crisis sanitaria. «Agradecer a todas las empresas y trabajadores del sector y de la cadena el enorme esfuerzo que han realizado para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población. Creo que esta crisis ha sacado a la luz lo mejor de un sector como el nuestro que ha recibido críticas injustas en el pasado y se ha revelado como estratégico en el país», ha recalcado.

LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO PARA SECTOR AGROALIMENTARIO EN 2021

Por su parte, la directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha avanzado durante la inauguración de la jornada de Alibetopías que la innovación y la internacionalización son algunos de los principales retos del Departamento que lidera Luis Planas.

«Para nosotros la innovación es una de las políticas fundamentales y para poder impulsarla somos conscientes de que hay muchas barreras y dificultades que eliminar. Hay que mirar la innovación como algo global que repercute en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria», ha señalado Bombal.

De esta forma, la directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria ha defendido que se priorice la innovación en la política de las industrias, que se fomente el reconocimiento del valor añadido de las industrias y proteger las innovaciones ante posibles plagios y copias.

De esta forma, Bombal ha avanzado que en 2021 Agricultura pondrá en marcha una línea específica de emprendimiento con Enisa para las empresas agroalimentarias que quieran innovar con «condiciones muy buenas». «Creemos que puede ser una línea de apoyo para las ‘startups’ del sector agroalimentario», ha indicado.

PREMIOS INGENIA STARTUP Y ECOTROPHELIA

Durante la jornada, se ha realizado la entrega de premios de las categorías Oro, Plata y Bronce de los finalistas de la segunda edición de los Premios Ingenia Startup, que organiza la Plataforma Food for Life-Spain y que buscan incentivar y apoyar el talento de empresas emergentes vinculadas al sector alimentario, ayudando a visibilizar proyectos innovadores.

El primer premio ha sido para Cocuus System Ibérica, empresa especializada en la impresión aplicada al ámbito alimentario, transformación láser alimentaria e investigación de impresión alimentaria 3D para hospitales y geriatría.

El segundo galardón ha recaído en Cleanwood Technology, que ofrece soluciones industriales para el sector vitivinícola a través de la regeneración y desinfección de barricas de roble por medio de una tecnología innovadora que aplica un tratamiento físico con ondas de alta frecuencia, mientras que Loveubio se ha convertido en el tercer finalista, con una propuesta de desarrollo sostenible, dedicada a la comercialización de té ecológico en cápsulas compostables.

Además, Alibetopías también ha acogido la entrega de los Premios Ecotrophelia España 2020 que se celebró el pasado mes de septiembre en Fundación Alicia.

El grupo ganador, de la Universitat Autònoma de Barcelona, consiguió el primer puesto gracias a la elaboración de Tricube: un innovador postre enfocado al mercado gourmet en forma de pequeño cubo, compuesto por tres capas gelificadas con una estructura consistente a base de yogur, chocolate negro y crema catalana.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se ha reunido este martes por videoconferencia, con los representantes del sector pesquero de arrastre y las comunidades autónomas del Mediterráneo, con quienes ha analizado la propuesta de la Comisión Europea para establecer los días de pesca para el arrastre en 2021, en desarrollo del régimen de esfuerzo previsto por el reglamento comunitario que establece un plan plurianual para los recursos demersales en el Mediterráneo occidental.

En la reunión, Villauriz ha reiterado su compromiso con una gestión pesquera «sostenible» en el Mediterráneo y ha manifestado la oposición del Departamento a la propuesta de la CE, ya que considera que dicho plan plurianual debe aplicarse de manera «progresiva y proporcionada», teniendo en cuenta todos los pilares de la Política Pesquera Común (PPC).

La propuesta comunitaria supondría una reducción adicional del 15% en los días de pesca ya asignados a España, Francia e Italia respecto a los ya asignados en 2020, de modo que la reducción del esfuerzo pesquero sería del 25%, teniendo en cuenta el periodo de referencia utilizado 2015-2017.

La secretaria general considera que se trata de una reducción «muy drástica», teniendo en cuenta que el plan prevé reducir el esfuerzo, como máximo, un 40% hasta el año 2025 (fecha establecida para la consecución del Rendimiento Máximo Sostenible).

Además, en las últimas semanas la Secretaría General de Pesca ha trasladado a Bruselas la necesidad de integrar el análisis del grave impacto socioeconómico de la medida propuesta. También se deben tener en cuenta las medidas ya tomadas en aplicación del citado reglamento, como son las vedas para la merluza o la reducción del esfuerzo en 2020 de un 10%.

España entiende que se debe contar con los informes de las últimas reuniones celebradas por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la Unión Europea (más conocido por STECF por sus siglas inglesas), en septiembre y octubre pasados.

La secretaria general ha indicado la conveniencia de seguir trabajando en las próximas semanas, en el marco de la Unión Europea, para lograr una mayor progresividad en la aplicación del plan comunitario, cuya aplicación puede ir acompañada con medidas técnicas, en las que ya trabaja el sector.

Por último, Villauriz ha valorado «positivamente» que el sector pesquero español, junto con el italiano y francés, hayan trasladado a la CE su opinión desfavorable a la propuesta, que también consideran desproporcionada.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha hecho una valoración «muy positiva» del acuerdo alcanzado en la Comisión del Pacto de Toledo para sacar adelante sus recomendaciones «por el contenido y la certidumbre que se va a trasladar a los pensionistas y a todos los españoles».

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha resaltado que en el Pacto de Toledo se ha comprobado el «talante y la actitud positiva» de todos los grupos políticos, «los que han votado a favor y los que no».

«Actitud constructiva del PSOE, Podemos, Ciudadanos, los minoritarios, el PNV desde el principio tuvo una actitud muy próxima a nosotros, incluso Vox, que al final cambió de discurso en el último momento y nos cogió por sorpresa, ha tenido un comportamiento ejemplar durante los trabajos», ha valorado Escrivá.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia que tiene que de este tema no se haga «guerra partidista» y de que se llegue a un acuerdo «muy ambicioso», que tiene que ratificarse en el pleno del Congreso, donde espera «que se refleje incluso más rotundidad que el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo».

El Parlamento Europeo defenderá en las futuras negociaciones con los gobiernos europeos una relajación de las condiciones para acceder a las ayudas del Mecanismo de Recuperación Resiliencia (RRF), el principal programa del fondo anticrisis de la UE que reparte 672.500 millones de euros entre transferencias directas y préstamos.

Así lo han acordado los principales grupos de la Eurocámara, aunque esta postura todavía debe ser confirmada en una votación la próxima semana. Aun así, no se esperan problemas en su aprobación porque el acuerdo ha sido alcanzado entre populares, socialdemócratas, liberales y ecologistas, que componen una holgada mayoría en el Hemiciclo.

La eurodiputada del PSOE, Eider Gardiazábal, que lidera las negociaciones en nombre de los Socialistas y Demócratas (S&D), se ha mostrado «muy satisfecha» sobre un pacto que «no ha sido fácil» pero que es «más concreto, más verde y más igualitario» que el texto que defienden los Estados miembros, con los que empezarán las negociaciones en las próximas semanas.

En una rueda de prensa telemática, la socialista ha detallado las principales características de la posición negociadora que la Eurocámara –salvo sorpresa en la votación de la semana que viene– defenderá ante el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros.

Así, la principal novedad en la posición del Parlamento Europeo es que las recomendaciones específicas que la Comisión Europea publica para cada país dejarán de ser el «objetivo principal» del reglamentos. «No estamos hablando de un plan para poner en marcha las recomendaciones por país, estamos hablando de un plan para responder y para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus», ha expresado Gardiazábal.

Entre las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario ha sugerido a España en los últimos años se encuentran, por ejemplo, medidas en el mercado laboral para acabar con la dualidad o acciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Asimismo, los cuatro grupos parlamentarios abogan por eliminar el artículo de la normativa que preveía una suspensión de los pagos a un Estado miembro que incumpliera su senda de reducción de déficit y deuda una vez que se vuelvan a aplicar las normas presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Esta último es un asunto «muy delicado», ha dicho la eurodiputada del PSOE. No obstante, en su opinión «no tiene sentido» debatir esta cuestión ahora que las reglas fiscales están suspendidas. «Es un debate que no podemos tener en estos momentos. Si pusiéramos esa condicionalidad macroeconómica, creo que todos los países serían sancionados», ha advertido.

Estas dos cuestiones (la vinculación del fondo con el Semestre Europeo y la cláusula para suspender las ayudas si se incumple la senda presupuestaria) serán los dos grandes puntos de batalla en las negociaciones con los Estados miembros, que cuentan con una posición mucho más dura.

En concreto, la posición negociadora de los países enfatiza que la Comisión Europea tendrá que evaluar que los planes nacionales «contribuyen con efectividad a atajar todas o un subconjunto significativo de desafíos identificados en las recomendaciones específicas relevantes para cada país, incluidos los aspectos fiscales y recomendaciones».En su texto, las capitales también abogan por mantener el artículo con el que Bruselas podría cerrar el grifo de las ayudas a un país que ha incumplido sus objetivos presupuestarios .

A pesar de las diferencias, Gardiazábal cree que las demandas de los eurodiputados podrán ser escuchadas. «No creo que propongamos nada que el Consejo no pueda aceptar. Espero que esté abierto a negociaciones porque el objetivo final es llegar a un acuerdo», ha indicado.

Además de dotar de mayor «flexibilidad» macroeconómica al reglamento, los principales grupos de la Eurocámra amplían a seis la lista de objetivos en los que deben centrarse las reformas e inversiones nacionales (entre ellos, las transiciones verde y digital) y han elevado al 40% la proporción de las ayudas destinadas a medidas para combatir el cambio climático y favorecer la biodiversidad.

Otro elemento importante es que piden elevar al 20% el anticipo que podrán recibir los Estados miembros tras haber recibido ‘luz verde’ a su plan y antes de empezar ejecutar las inversiones y reformas previstas. Los gobiernos y la Comisión Europea exigen dejar ese dinero adelantado en el 10%.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha apuntado este martes que en la vivienda hay dos cuestiones básicas, una que es un derecho y otra que también es un bien de mercado, por lo que considera que la cuestión de regular los alquileres pasa por conseguir que haya un equilibrio entre el derecho y que, al mismo tiempo, se reconozca que es un bien de mercado.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha trasladado al senador del Grupo Parlamentario Popular Pedro Manuel Rollán que el PP «solo se preocupa por el bien de mercado, igual que hizo cuando gobernaba reduciendo hasta un 63% el Plan Estatal de Vivienda».

«Ahora es una buena oportunidad en unos Presupuestos que contemplan una partida de 2.250 millones para política de vivienda», ha apostillado el ministro.

Asimismo, Ábalos ha resaltado que lo importante es cumplir con los acuerdos y ha recordado que había un acuerdo del Gobierno de coalición, «que se ha convalidado hace muy poco», que tiene que ver con la regulación de precios del alquiler, «la cual se va a plantear oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado.

Según el titular del Ministerio, se van a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que permita tener un texto legislativo de la que va a ser la primera Ley de Vivienda en democracia de carácter estatal.

Esta Ley, que se pretende aprobar en tres meses en el Consejo de Ministros y entregar al Congreso en cuatro meses, es en donde se quiere insertar la regulación del alquiler.

«Vamos a plantear si ayuntamientos y comunidades autónomas tienen esta voluntad para que a partir del índice de referencia de los precios de alquiler puedan establecer su propio índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y revisable periódicamente», ha añadido.

Asimismo, ha dejado claro que todos los grupos parlamentarios van a tener «una gran oportunidad para opinar, pensar y proponer», ya que al plantearse como un proyecto de Ley, se genera un proceso de participación.

Las compañías de renting matricularon en España 18.090 automóviles en octubre, lo que significa una caída del 23% si se compara con los 23.494 vehículos matriculados en el mismo mes de 2019, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Así, en lo que va de año el sector del renting matriculó 163.410 unidades en el mercado nacional, un 35,53% menos que entre enero y octubre del año pasado, cuando se contabilizaron 253.451 unidades.

De esta manera, el peso del renting en el total del mercado español se situó en el 20,15%, mientras que en el acumulado de octubre del ejercicio precedente era del 20,09%.

«El renting acumula una caída del 35,53% en sus matriculaciones a octubre, si bien se mantiene el peso superior al 20% en el total del mercado y sigue ganando presencia en el canal de empresa, que es el que mejor se está comportando este año. La evolución del renting es muy similar a la del resto del mercado», ha indicado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.

En este sentido, Castro ha explicado que a pesar de que se esperaba una mejor situación de cara al último trimestre de este año, «la realidad es que la situación sanitaria actual impide que se consolide la senda estable de la recuperación».

«Como dato positivo, vemos que las matriculaciones de vehículos propulsados por energías alternativas continúan creciendo y ya copan el 18,28% de las matriculaciones totales de renting», ha subrayado.

Por marcas, Volkswagen se situó en octubre como la firma más ‘popular’ en el sector del renting, a pesar de caer un 20,13% en comparación con el año pasado. Le siguen Peugeot (-17,67%), Audi (+0,29%), BMW (-18,16%), Toyota (-3,72%), Seat (-33,91%), Renault (-45,63%), Citroën (-20,49%), Mercedes-Benz (-2,92%) y Nissan (-33,11%).

En el apartado de modelos, el más matriculado por las compañías de renting fue el Nissan Qashqai, aunque cayó un 32,17% en comparación con octubre de 2019. El Renault Kangoo fue el segundo vehículo en la lista, pero disminuyó sus ventas un 40,11%.

En el ranking también están el Volkswagen Golf (-30,58%), el Seat León (-42,31%), la Citroën Berlingo (-35,52%), el Peugeot 3008 (-12,87%), el Seat Ateca (+90,61%), el Toyota Corolla (+29,05%), el Audi A1 (+79,41%) y el Volkswagen Tiguan (+8,98%).

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que su departamento dará prioridad a las reformas que sean necesarias para variar la exigencia del 45% de discapacidad durante el tiempo equivalente al periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación.

Escrivá ha respondido así a una pregunta parlamentaria de la senadora del PNV Nerea Ahedo, quien ha lamentado la situación que viven muchas de estas personas que «no contaban con el 45% de discapacidad hace 15 años», ni pidieron una «reevaluación de su probable 33% por defecto» o que «se encontraron con cambios en las valoraciones» con «diferentes diagnósticos» o «presentaron secuelas tardías de diferente incapacitación».

En este sentido, la política vasca ha destacado las «circunstancias especiales» de los afectados por el Síndrome post polio, una discapacidad que, según ha indicado, era «evitable» y que es consecuencia del «negacionismo del régimen franquista» que aseguraba «que las vacunas no existían o no eran eficaces». Estos pacientes, ha indicado, también se han visto afectados por el hecho de que las secuelas, cuando se valoraron «eran desconocidas».

«NO DEBERÍA OCURRIR»

Ahedo ha llamado a Escrivá a dar solución a este problema y le ha recordado que el acuerdo para la renovación del Pacto de Toledo se ha recogido una recomendación en este sentido, en la que se llama a «corregir los desajustes normativos» en medidas de anticipación de la jubilación, «flexibilizando» las medidas más rígidas y se pide analizar «la problemática en el tiempo cotizado».

El ministro ha asegurado que esta recomendación y «abordar ese problema» será «prioridad» de su departamento y ha celebrado que el acuerdo logrado «ampare» al Ministerio para poner solución a esta situación «con determinación».

Según ha indicado, las cifras de trabajadores con discapacidad igual o superior al 45% que han recibido la jubilación anticipada en los últimos 10 años han sido 2.675, mientras que en un «año normal», como 2015, fueron 345. «Esto es muy triste y no debería ocurrir», ha concluido.

El Gobierno tiene ya cerca una mayoría absoluta para superar la próxima semana la primera de las votaciones del Congreso sobre su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la relativa a las enmiendas de totalidad que piden la retirada de las cuentas.

En esa votación, prevista para el próximo jueves 12 de noviembre, el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar los apoyos a las enmiendas a la totalidad que se presenten, que se votan de una tacada, ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

Los grupos tienen hasta las 14 horas de este viernes para presentar sus enmiendas a la totalidad pero, a tres días de concluir este plazo, varias formaciones han avanzado que no presentarán la suya y que, además, facilitarán la tramitación de las cuentas para poder negociarlas en el Congreso.

QUIEREN NEGOCIAR Y NO DEVOLVER EL PROYECTO

Es el caso de Ciudadanos (10 diputados), el PDeCAT (cuatro diputados de los ocho de Junts), y los diputados de Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Compromís, Teruel Existe, el BNG y Nueva Canarias, que han apostado ya por la negociación de las cuentas vía enmiendas parciales, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias.

Es el caso, por ejemplo, de Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que ve en las cuentas recogidos los compromisos trasladados en infraestructuras, mientras que Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, aseguró que hará valer el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez para buscar modificaciones en favor de su comunidad durante la tramitación presupuestaria.

A ellos hay que sumar los votos del PNV (6), que comparte Ejecutivo con los socialistas en Euskadi y al que el Gobierno ha situado como socio de referencia en Madrid, con el que, de una u otra manera, asume que alcanzará un acuerdo

Todos ellos, con los 155 diputados que conforman el bloque del PSOE y Unidas Podemos, formaciones que integran el Gobierno de coalición, suman ya 180 diputados, por encima de la mayoría absoluta (176), e incluso es posible que se añadan los dos diputados de Más País-Equo, coalición socio habitual del Ejecutivo y de los que el Ejecutivo no espera el rechazo a tramitar los Presupuestos.

LOS INDEPENDENTISTAS YA NO SERÍAN NECESARIOS

Así las cosas, el Gobierno ya no necesitaría a las formaciones independentistas de ERC, Bildu y Junts. Ni Esquerra (13 diputados) ni Bildu (5), formaciones que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez en enero, han adelantado su voto, pero sí han mostrado su voluntad de negociar las cuentas. En todo caso, el Ejecutivo mantiene con ellos vías de diálogo en busca de su apoyo.

En este primer examen, el Gobierno ya da por hecho que tendrá enfrente al PP (88), Vox (52) y los socios electorales del PP en Navarra (UPN) y Asturias (Foro), así como Coalición Canaria (CC), que ya ha avanzado que presentará la suya para tumbar las cuentas. Juntos son 144 votos, muy lejos de esa mayoría absoluta que ha ido reuniendo el Gobierno de coalición.

Esa primera votación fue en la que cayeron los Presupuestos Generales de 2019 que el PSOE y Unidas Podemos habían pactado en enero de ese año, lo que provocó la disolución de las Cortes y la celebración de las elecciones del 28 de abril.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la hoja de ruta del sector eólico para el periodo 2021-2024, que prevé la incorporación de 10 gigavatios (GW) de potencia nueva en la Península Ibérica en el periodo, la movilización de inversiones por más de 2.500 millones de euros anuales y la creación de 30.000 empleos adicionales de valor añadido.

En la reunión, el presidente de AEE, Juan Diego Díaz Vega, resaltó el potencial del sector eólico para la recuperación económica del país y la responsabilidad como sector industrial.

«Desde el sector eólico queremos trasmitir un mensaje de compromiso sobre la recuperación de la economía, el empleo y una visión optimista del futuro. Todos los sectores tenemos la responsabilidad de aportar para la reconstrucción del país y el sector eólico tiene un gran potencial para ayudar a la sociedad a recuperarse en todo nuestro territorio», indicó.

Además, destacó que maximizar el aprovechamiento de la cadena de valor eólica existente en España es «una de las prioridades del sector y una oportunidad para el país».

Así, subrayó que la propuesta del sector eólico «es contundente: más empleo, más actividad industrial, más innovación, más ahorro en la factura de las importaciones de combustibles fósiles, más ahorro en la factura de la luz, más inversiones en todo el territorio y especialmente en las zonas de transición justa, y menos emisiones de CO2».

ACTIVAR UN CÍRCULO VIRTUOSO REGULATORIO.

«Ahora se trata de activar un círculo virtuoso regulatorio para que estas inversiones se pongan en marcha lo antes posible, y se sostengan en el tiempo», dijo.

Entre los requerimientos identificados por el sector eólico, destacan por el carácter urgente de su promulgación la necesidad de una regulación sobre subastas, que contemple un calendario con perspectiva a cinco años, con un nuevo diseño con un cupo determinado para la tecnología eólica y un desarrollo normativo completo para la ejecución de las mismas.

Asimismo, pide una promulgación de una regulación de acceso y conexión a la red con la aplicación del criterio de solvencia técnica y económica a los solicitantes, o el apoyo al desarrollo de la eólica marina para el establecimiento de planes de inversión, así como estrategia de las autoridades portuarias.

Además, ve necesario la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contemple subastas, fiscalidad ambiental, electrificación, mejoras tramitación administrativa, repotenciación, régimen remuneratorio, duración permisos acceso y conexión para eólica ‘offshore’ e impuesto de sociedades.

Por otra parte, el sector eólico nueve proyectos concretos con un apoyo total de 1.165 millones de euros de los fondos de reconstrucción, que permitirían activar inversiones privadas por más de 12.000 millones de euros, generar 17,32 teravatios hora (TWh) de electricidad eólica, reducir las emisiones de CO2 en más de 8 millones de toneladas de CO2 al año (el 7,5% de la reducción de emisiones previsto en el PNIEC) con un coste de incentivo por tonelada de CO2 reducido de 6 euros por tonelada de CO2 y crear más de 30.000 empleos.

El anteproyecto de ley del Presupuesto de Andalucía de 2021 establecerá en el apartado de la fiscalidad un tipo impositivo reducido del 1% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) para la compra de vehículos (turismos, motocicletas y ciclomoteres) catalogados como de emisiones ‘cero’ por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La iniciativa supone la mayor novedad fiscal del paquete de medidas tributarias que suele incluir el Gobierno andaluz en el anteproyecto de ley del Presupuesto de la comunidad.

El anteproyecto de ley del Presupuesto de 2021, mantiene en blanco el cálculo de los beneficios fiscales estimados por las medidas de la Junta de Andalucía, que contabiliza igualmente las adoptadas por el Gobierno.

En el Presupuesto de 2020 la suma de los beneficios fiscales lo cuantificaba el Gobierno andaluz en 6.179,25 millones de euros.

El anteproyecto del Presupuesto de 2021 concentra las medidas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y no recoge ninguna iniciativa en relación con el Impuesto de la Renta (IRPF) ni con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), que fue reformado mediante Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, cuando el Gobierno andaluz estableció bonificar al 99% la cuota de Sucesiones.

El Gobierno andaluz justifica la medida de aplicar un tipo de tan solo el 1% a la compraventa de vehículos catalogados como de ‘cero emisiones’ al impulso de «la movilidad eficiente y sostenible para hacer frente al incremento de emisiones de dióxido de carbono (CO2, principal gas de efecto invernadero)», que se traducirá en «la reducción del consumo de combustibles fósiles» en el transporte en Andalucía.

Como segunda motivación que alega el Ejecutivo autonómico figura «favorecer de manera directa a la industria de la automoción» y consecuentemente hacerlo con «efectos indirectos al resto de las industrias suministradoras de sus componentes», a las que todas describe como «gravemente afectadas por la crisis del Covid-19», y la pretensión última es «contribuir con ello a la reactivación de la economía de Andalucía.

El conjunto de las decisiones tributarias que adopta el Gobierno andaluz se concentran en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Las iniciativas benefician a las Sociedades de Garantía Recíproca, en las sociedades mercantiles del sector público estatal o andaluz que presten garantías, a las que aplica un tipo reducido.

El Gobierno andaluz prevé aplicar «el tipo de gravamen reducido del 2%» en operaciones, con la participación de los agentes antes señalados, como las «adquisiciones de inmuebles como consecuencia de operaciones de dación en pago que deriven de obligaciones garantizadas o de adjudicaciones judiciales o notariales».

Entre otros requisitos para la aplicación del tipo se exige que el inmueble quede destinado «a la actividad empresarial o profesional del adquirente».

Sólo el 24% de los directivos de empresas de ‘utilities’ en todo el mundo cree que su compañía está muy bien preparada para enfrentarse a las condiciones climáticas extremas, mientras que un 8% reconoce no estarlo, según recoge un estudio de Accenture, que analiza las consecuencias que el cambio climático está teniendo en la red y la importancia de adaptar las operaciones a esta situación.

La sexta edición del informe ‘Digitally Enabled Grid’ remarca que el aumento tanto de los fenómenos meteorológicos de alto impacto como de los eventos de nivel medio más habituales, como las tormentas, los fuertes vientos y las inundaciones estacionales, están acelerando la tensión operativa en el transporte y distribución de energía eléctrica.

En contexto, apunta que las ‘utilities’ en todo el mundo son conscientes de las graves consecuencias operativas y financieras que estos hechos pueden tener sobre su negocio, pero pocas están preparadas para hacer frente a ellas. Así, un 73% de los encuestados considera que las condiciones climáticas extremas suponen un desafío importante para la seguridad y las operaciones de la red y el 90% cree que esto significa un riesgo financiero para su negocio

En este escenario, la directora gerente director responsable de la industria de Utilities en Accenture en España, Portugal e Israel, Marta Sánchez, ha remarcado que una mayor flexibilidad del sistema, proporcionada a través del uso de tecnologías digitales e innovadoras, «será fundamental para optimizar la resiliencia de la red de manera rentable y adecuada».

El informe indica que un 95% de los encuestados cree que en los próximos diez años tendrá que trabajar para adaptar la red y, de esta forma, aumentar la resiliencia general. Además, el 93% ve la flexibilidad del sistema como el enfoque más rentable para ofrecer resiliencia a largo plazo, el mismo porcentaje que afirma que está probando soluciones innovadoras para aumentar la resiliencia de la red.

Sin embargo, agrega que facilitar una mayor flexibilidad de red sigue siendo un desafío. De hecho, el 95% de los ejecutivos cree que la gestión activa de la generación distribuida, será clave para apoyar la resiliencia de la red a largo plazo. No obstante, el 84% subrayó que la falta de información sobre ubicación, tamaño, especificaciones y estado operativo de las instalaciones más pequeñas de recursos energéticos distribuidos está afectando a la resiliencia a corto plazo.

El Gobierno lanzará a consulta pública el borrador de reglamento sobre las redes de distribución eléctrica cerradas antes de finales de este mes de noviembre, según anunció la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta de la senadora de Esquerra Republica Laura Castel Fort, Ribera señaló «la apuesta firme» del Ejecutivo en esta materia y destacó que se está trabajando «intensamente» sabiendo que era algo que había que hacer «en paralelo a la revisión de los mecanismos de acceso y conexión a la red, de los mecanismos subastas de renovables o de las reglas de pagos y cánones».

La titular de Transición Ecológica afirmó ser consciente de que el precio de la energía es un «elemento fundamental» para la industria, a pesar de la caída del 25% registrada desde junio de 2018 al pasado mes de febrero, por lo que la transformación del sistema eléctrico en la que avanza el Gobierno «va orientada a reducir esos precios de la energía y hacerlos más estables y predecibles», dijo.

Además, recordó que el Ministerio de Industria, con la colaboración de su gabinete, está trabajando en el Estatuto de acompañamiento a la Industria Electrointensiva, «que verá la luz pronto».

Ribera añadió que las redes eléctricas cerradas son una opción «muy razonable e inteligente» desde el punto de vista de la mejor gestión de la energía de proximidad y «algo muy acertado para el polígono industrial de Tarragona».

Por su parte, Castel lamentó que el desarrollo de este reglamento debería haberse aprobado hace ya un año y medio, ya que para el clúster químico el precio de la electricidad «es básico».

A este respecto, indicó que el ahorro de los costes energéticos con una red cerrada es del orden del 30% y que ya son una realidad desde hace más de una década en países como Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos o Bélgica, «lo que ha incrementado el diferencial competitivo de sus complejos petroquímicos respecto de los españoles».

Asimismo, indicó que el impacto de su implementación en el aumento de las inversiones solo en el cluster de Tarragona sería del orden de 1.000 millones de euros, con una creación de empleos 1.600 puestos de trabajo.

PENDIENTE DESDE JUNIO DE 2019.

A finales de 2018, el Gobierno aprobó una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encontraba la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.

En concreto, ese real decreto-ley modificaba la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, para facilitar una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

No obstante, la normativa fijaba un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrollara el reglamento que recogiera el procedimiento y los requisitos que debían cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

Unión de Uniones de Agricultores y ganaderos ha lamentado que el anteproyecto de Ley de cadena alimentaria, aprobado este martes por el Gobierno, se «haya quedado flojo» al no haber incluido instrumentos importantes para reforzar la figura de los productores, como la definición de posición de dominio, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria valora que se haya abordado la transposición de la directiva europea de prácticas desleales, pero señala que esto es una es una obligación para España, a cumplir antes del 1 de mayo de 2021, con vistas a su aplicación a partir del 1 de noviembre.

«Esto se podía haber hecho la semana pasada en la Comisión de Agricultura, tal y como propusimos», comentan desde la organización, señalando que este retraso solo da oportunidad a los ‘lobbies’ de industria y la distribución para meter presión a su favor como pasó en 2013.

Unión de Uniones reclamará en el trámite parlamentario que se haga una «reforma contundente» en defensa de los productores contemplando que se redefina la venta a pérdidas, se refuerce el régimen sancionador y se incluya la posición de dominio en la Ley de cadena alimentaria entre otras cuestiones.

Unión de Uniones valora las declaraciones de Planas sobre que el trabajo de los agricultores y ganaderos, pero cree que es importante que se reconozca «no solo en las ruedas de prensa, sino en los precios».

De esta forma, la organización considera que la Ley es «necesaria y mejorable», pero cree que no tendrá repercusión real en el campo, si no se cuenta, además, con una política de comercio internacional que defienda el modelo productivo, una «intensa y coordinada» lucha contra el fraude por parte de todas las administraciones, un firme compromiso sectorial de reequilibrar la cadena en beneficio de todos y con interprofesionales «que tengan de verdad sus raíces en el sector y sean algo más que una cara agencia publicitaria.

Un total de ocho comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional (+16,7%) en el tercer trimestre del año, que lideraron las regiones de La Rioja, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana, frente a Andalucía, Extremadura y Baleares, las que menos crecieron.

Así se desprende de la estimación del PIB de las comunidades autónomas para el tercer trimestre de 2020 mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB (Metcap) de la Autoridad Fiscal, que sitúa a ocho regiones con un crecimiento intertrimestral superior a la media nacional, que fue un avance de l6,7%, dejando atrás las caídas del primero (-5,25) y del segundo (-17,8%).

Las comunidades autónomas que lideraron el crecimiento en el tercer trimestre fueron La Rioja (+21,7%), Navarra (+20,5%), Aragón (+19,8%) y Comunidad Valenciana (+19,7%), aunque se situaron también por encima de la media nacional (+16,7%) las regiones de Asturias (+18%), Cataluña (+17,7%), País Vasco (+17,5%) y la Comunidad de Madrid (+17,3%).

Por debajo de la media nacional quedaron el resto: Castilla y León (+16,3%), Castilla-La Mancha (+16,3%), Galicia (+15,8%), Cantabria (+15,3%), Canarias (+14,9%), Murcia (+14,4%), Baleares (+13,9%), Extremadura (+13,5%) y Andalucía (+13,2%).

En cuanto a las tasas interanuales, la media nacional fue un retroceso del PIB del 8,7%, que llegaron a sobrepasar notablemente Baleares (-21,3%) y Canarias (-13,4%), afectadas especialmente por las restricciones y la afectación de estas al turismo. También registraron caídas de PIB superiores a la media nacional las regiones de Cataluña (-12,6%) y Comunidad Valenciana (-9,5%), afectadas también por el impacto en el turismo.

El resto registraron caídas inferiores a la media nacional: Navarra (-8,6%), Andalucía (-8,1%), Madrid (-8%), La Rioja (-6,3%), Aragón (-6,1%), País Vasco (-5,6%), Asturias (-5,4%), Cantabria (-5%), Castilla y León (-5%), Galicia (-5%), Castilla-La Mancha (-4,5%), Murcia (-4,3%) y Extremadura (-4,1%).

En cualquier caso, la AIReF señala que el propio INE advirtió en su publicación del avance de la Contabilidad Nacional que «la dificultad inherente a la medición estadística de un cambio de coyuntura como el vivido en los últimos meses hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual».

«Ello es de plena aplicación a la estimación efectuada mediante Metcap», aclara la Autoridad Fiscal al respecto.

La metodología cuantitativa utilizada combina los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).