El Gobierno lanzará a consulta pública el borrador de reglamento sobre las redes de distribución eléctrica cerradas antes de finales de este mes de noviembre, según anunció la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
En respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta de la senadora de Esquerra Republica Laura Castel Fort, Ribera señaló «la apuesta firme» del Ejecutivo en esta materia y destacó que se está trabajando «intensamente» sabiendo que era algo que había que hacer «en paralelo a la revisión de los mecanismos de acceso y conexión a la red, de los mecanismos subastas de renovables o de las reglas de pagos y cánones».
La titular de Transición Ecológica afirmó ser consciente de que el precio de la energía es un «elemento fundamental» para la industria, a pesar de la caída del 25% registrada desde junio de 2018 al pasado mes de febrero, por lo que la transformación del sistema eléctrico en la que avanza el Gobierno «va orientada a reducir esos precios de la energía y hacerlos más estables y predecibles», dijo.
Además, recordó que el Ministerio de Industria, con la colaboración de su gabinete, está trabajando en el Estatuto de acompañamiento a la Industria Electrointensiva, «que verá la luz pronto».
Ribera añadió que las redes eléctricas cerradas son una opción «muy razonable e inteligente» desde el punto de vista de la mejor gestión de la energía de proximidad y «algo muy acertado para el polígono industrial de Tarragona».
Por su parte, Castel lamentó que el desarrollo de este reglamento debería haberse aprobado hace ya un año y medio, ya que para el clúster químico el precio de la electricidad «es básico».
A este respecto, indicó que el ahorro de los costes energéticos con una red cerrada es del orden del 30% y que ya son una realidad desde hace más de una década en países como Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos o Bélgica, «lo que ha incrementado el diferencial competitivo de sus complejos petroquímicos respecto de los españoles».
Asimismo, indicó que el impacto de su implementación en el aumento de las inversiones solo en el cluster de Tarragona sería del orden de 1.000 millones de euros, con una creación de empleos 1.600 puestos de trabajo.
PENDIENTE DESDE JUNIO DE 2019.
A finales de 2018, el Gobierno aprobó una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encontraba la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
En concreto, ese real decreto-ley modificaba la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, para facilitar una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.
No obstante, la normativa fijaba un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrollara el reglamento que recogiera el procedimiento y los requisitos que debían cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.
