El Rey emérito Juan Carlos ha presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.

«En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno», añade la breve misiva.

La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.

Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de «inteligencia financiera» –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)–.

Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.

Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un ‘trust’ en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.

El Consejo de Ministros ha autorizado extender el régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital, hasta el 30 de junio de 2021.

El Real Decreto-ley por el que se aprueba el Ingreso Mínimo Vital establece que la modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación no contributiva de IMV será la función interventora y el control financiero permanente.

Si bien, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto ha establecido un régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva de IMV, de acuerdo con el cual hasta el 31 de diciembre de 2020 la modalidad de control será exclusivamente la de control financiero permanente.

La propia disposición transitoria cuarta indica que el Consejo de Ministros podrá acordar de forma motivada la ampliación, por un plazo de hasta seis meses adicionales, de este régimen transitorio de control.

Por tanto, «debido al importante volumen de expedientes registrados», se autoriza la prórroga del citado régimen hasta el 30 de junio de 2021, para así permitir que la prestación del Ingreso Mínimo Vital se pueda reconocer «con la agilidad requerida», según indica el Gobierno.

El PP ha cuestionado este miércoles en el Congreso, ante la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, «si no hubiera sido mejor» que Bankia y CaixaBank, «dos grandes bancos, consolidados, hubieran seguido en solitario y absorbieran a grupos más pequeños»: «Nos perdemos una entidad con futuro», ha señalado su diputado Miguel Ángel Paniagua.

Durante la comparecencia de la vicepresidenta tercera ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para informar en la Cámara Baja de la venta de Bankia a CaixaBank, Paniagua ha señalado que estas entidades son la segunda y la tercera del mapa bancario español, por lo que para tener una entidad similar sería necesario la fusión de muchos grupos.

«Y ya estamos viendo los problemas que están presentando algunas fusiones», ha señalado, remarcando en todo caso la decisión de la venta en «la libertad que tienen las entidades para sus operaciones». El diputado ‘popular’ ha señalado también que la venta de Bankia supone «el final de un buen proyecto», tal y como han lamentado directivos de esta entidad.

«HEMOS DISPARADO A LA LUNA CON PIEDRAS, AHORA CON FLECHAS Y ARCO»

Durante el debate parlamentario, el representante de Unidas Podemos Txema Guijarro ha reclamado a Calviño un horizonte de años o «lustros» para la recuperación de los más de 24.000 millones de euros de ayudas concedidas a Bankia y, si bien ha concedido una mejor posición para recuperarlas, cree que la mejora no es suficiente: «Hemos disparado a la Luna con piedras y hemos pasado a tirar con flechas y arco. Hay mejora, pero sigue estando muy lejos», ha dicho.

Guijarro también ha lamentado la «tendencia» de pérdida de empleos –desde 2009, según un informe del sector de CC.OO., el 52% de empleos en Bankia y el 34% en CaixaBank– así como una «espiral alcista» en el cobro de comisiones que, se ha preguntado, no tendrá que ver con la mayor concentración. En este sentido, ha reclamado que, a mayor concentración, más regulación de los poderes públicos en el sector.

La pérdida de empleos también ha sido aludido por los portavoces económicos de UPN, Sergio Sayas, y el PNV, Idoia Sagastizabal, que ha aludido a los «claroscuros», por los riesgos en materia de pérdida de puestos de trabajo, pero también de exclusión bancaria por cierre de oficinas. Sayas también ha señalado la posibilidad que la pérdida de competencia pueda incidir en la fijación de los precios de las hipotecas.

Por parte de Ciudadanos, María Muñoz, ha señalado que de confirmarse la creación de valor con la nueva entidad sería «excelente para la participación del Estado aunque no suficiente para la recuperación de dinero público». «Creo que a nadie se le antoja casi imposible a estas alturas», ha dicho.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los presupuestos de explotación y de capital del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), correspondientes al ejercicio 2020.

En el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción presentado por el Gobierno se fija, como uno de los ejes clave para la reactivación, la electrificación del transporte, en línea con los objetivos de descarbonización y como apoyo a un sistema eléctrico cada vez más renovable en sus fuentes, aprovechando la importante cadena de valor existente en el país para atraer inversiones en fabricación de nuevos modelos electrificados y baterías.

Una de las principales medidas previstas en este plan es la activación del Plan Moves, que está coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y ofrece, entre otras iniciativas, ayudas a la compra de coches menos contaminantes.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) ejecutar un encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En concreto, el encargo del INE a la FNMT-RCM es para la prestación de los servicios de notificaciones electrónicas y de Dirección Electrónica Habilitada (DEH).

El INE tiene previsto ejecutar diversos encargos a la entidad pública empresarial FNMT-RCM, entre los que se encuentra la utilización del servicio DEH, de acuerdo con las directrices establecidas en el Acuerdo Marco de Encomienda de Gestión de la Administración General del Estado (AGE) a la FNMT-RCM de 2015, para la prestación de los servicios de notificaciones electrónicas y de Dirección Electrónica Habilitada.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reconocido que la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero se ha visto ralentizada por la crisis del coronavirus, pero espera volver a impulsar el proyecto a principios de 2021.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, en la que ha comparecido para dar cuenta de la absorción de Bankia por parte de CaixaBank.

«Estamos trabajando en la creación de esa Autoridad de Protección del Cliente Financiero, un trabajo que se ha visto un poco ralentizado a consecuencia de la pandemia en estos meses, pero que espero poder volver a impulsar e iniciar todo el procedimiento legislativo a principios del año 2021», ha explicado la ministra.

Además, Calviño ha aprovechado para recordar que la educación financiera es un tema «absolutamente prioritario» para el Gobierno y en el que la Autoridad de Protección tomará parte.

«Creo que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero ha de tener un papel importante en esta promoción de la educación financiera para el conjunto de la sociedad», ha afirmado.

Los planes del Gobierno contemplaban crear este organismo de resolución alternativa de litigios en materia de consumo antes de que finalizase el año 2020. Su intención es que este órgano sea gratuito para los usuarios y pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que España apuesta porque se alcance un acuerdo con Reino Unido en la recta final de las negociaciones del ‘Brexit’, aunque ha avanzado que en el caso de que se dé una salida abrupta se aplicarían los planes de contigencia oportunos.

«La posición de España es clara, la de luchar y apoyar a la Comisión Europea (CE) para que logremos un acuerdo con el Reino Unido que es la mejor opción para el futuro. Apostamos por ello, pero no descartamos ninguna hipótesis, y si hay salida sin acuerdo se aplicarían los planes de contingencia oportunos», ha asegurado Planas.

En concreto, el titular del ramo ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa previa a la reunión del consejo consultivo de política pesquera, en el que abordará con los consejeros de las comunidades autónomas la postura española en los temas a tratar en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, que se celebrará los días 15 y 16 de diciembre.

Planas ha recordado que las negociaciones se encuentran en la «recta final» y en un «compás de espera», por lo que confía en que se «preserven los intereses de España» y que se llegue a un acuerdo con el Reino Unido que sería el «mejor escenario deseable».

En la reunión de la semana que viene en Bruselas, el tema del ‘Brexit’ estará sobre la mesa, ya que en la reunión se abordarán las cuotas y TACs de pesca para los próximos años en el Atlántico y en el Mar del Norte. «Tenemos 146 pesquerías, 119 de ellas están afectadas por la pertenencia del Reino Unido, por lo que no están sobre la mesa», ha recordado Planas.

El titular de Pesca ha calificado de «particularmente complicada» la negociación de la próxima semana en Bruselas, que estará marcada por el Brexit y por el impacto del coronavirus, que ha afectado tanto a la actividad de la flota, como a los precios y al mercado.

Planas ha destacado que en la negociación de las cuotas, una de las prioridades españolas será la merluza del Sur, una pesquería de «gran valor» para España. «La UE propone la disminución de un 13%, pero España está en desacuerdo y nos oponemos a esa reducción, porque nos parece que es una pesquería muy importante para el conjunto de nuestra flota», ha avanzado.

También se mostrará en contra de la propuesta de la CE de la reducción del 15% los días de pesca disponibles para el Mediterráneo. «Vamos a mostrar nuestro desacuerdo, porque creemos que no se ha evaluado de forma correcta el esfuerzo del 10% realizado. El Mediterráneo tiene problemas vinculados con la pesca, pero también ambientales y otros, por lo que hay que enfocarlos y resolverlos de forma adecuada», ha explicado.

Respecto a las especies profundas, Planas ha señalado que están preocupados por la situación del besugo.

SATISFECHO POR EL ACUERDO PARA EL FONDO EUROPEO MARÍTIMO PESQUERO

Por otro lado, Planas ha calificado de «excelente noticia» para la flota española el reciente acuerdo alcanzado para el nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de la Acuicultura para el periodo 2021-2027. Mejora notablemente las ayudas de inversión y también cuestiones como la seguridad y las condiciones de trabajo en los barcos, donde hay tanto riesgo en seguridad y habitabilidad que era muy importante», ha explicado.

De esta forma, el ministro se ha congratulado de que se hayan cubierto la «totalidad» de los objetivos planteados por España. «La asignación de 1.120 millones de euros para este periodo convierte a España en el primer perceptor de fondos comunitarios y estimamos que esta aportación es suficiente para lograr nuestros objetivos», ha indicado.

Así, el titular del ramo ha destacado que en el Fondo Europeo se reconoce la posibilidad de paradas temporales para las mariscadoras, como ya se lograra durante la pandemia, además de que en la acuicultura se mantenga las ayudas.

Planas también ha destacado la importancia del acuerdo de pesca con Seychelles para los próximos seis años, donde faenan 24 buques españoles. «Este protocolo permite a la flota faenar en aquellas aguas que tienen un alto valor extractivo para nosotros», ha subrayado.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Gobierno va a someter a «examen» la fiscalidad en el sector de las telecomunicaciones, al margen de los Presupuestos de 2021. También ha indicado que se han detectado zonas en donde no había buena conexión móvil, por lo que se trabajará por avanzar en la conectividad y el despliegue de redes en todas las zonas a la vez, sin aplazar las zonas rurales.

Así lo ha avanzado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Senado para informar de los Presupuestos de 2021, en la que ha indicado que la fiscalidad del sector telecos es un tema «complejo» que «viene de antiguo», si bien ha anticipado que el Ejecutivo tiene la intención de someter a un «examen» dicha fiscalidad, aunque no se incluye dentro de los Presupuestos.

Sánchez ha avanzado que los proyectos de las leyes de Telecomunicaciones y comunicación audiovisual han finalizado el trámite de audiencia pública y se espera que comiencen su tramitación parlamentaria en el próximo periodo de sesiones.

El anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones establecía que las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram, que presten servicios en España y facturen más de un millón de euros tendrán la obligación de inscribirse en el Registro nacional de operadores de comunicaciones electrónicas y abonar la tasa de un euro por cada 1.000 euros de ingresos que ya pagan actualmente los operadores tradicionales.

En su intervención, Sánchez ha explicado que el presupuesto de la secretaría se multiplica por tres, hasta los 1.160 millones, y se encargará de desarrollar tres ejes de la Estrategia España Digital 2020-2025, que pasan por el desarrollo de la conectividad digital, el impulso de la tecnología 5G y de España como polo de atracción de talento del sector audiovisual.

Así, en tres años la inversión en conectividad 5G ascenderá a 3.500 millones y se sumarán otros 200 millones para el plan de promoción del sector audiovisual en el ámbito de actuaciones contempladas en el fondo de recuperación.

CONECTIVIDAD Y 5G

Entre otras partidas, ha detallado que el Plan de Conectividad aprobado la semana pasada dispondrá de una financiación de 583 millones para garantizar la extensión de la banda ancha al 100% de la población con velocidad de al menos 100 megabytes por segundo en 2025.

Según Sánchez, este objetivo es «ambicioso pero realizable», ya que la cobertura poblacional de fibra óptica en España es del 80,4%, muy por delante de la media europea.

También se impulsará el despliegue de la tecnología 5G, en el marco de la estrategia de impulso a esta tecnología aprobada también la semana pasada que se hará también en áreas donde los operadores tardarían en llegar con sus modelos de despliegue convencionales.

Para ello, se impulsarán corredores de transporte viales y ferroviarios, incorporando el 5G a proyectos tractores de digitalización sectorial en los sectores identificados en la Estrategia España Digital 2025, como el agroalimentario, salud, movilidad, turismo o comercio.

En esta línea, ha resaltado que España es uno de los países con mayor conectividad en el ámbito rural, ya que el 46,4% de la población rural dispone de banda ancha de 100 megabytes, y de 30 megabytes más del 80%, mientras que en Alemania, Francia o Reino Unido se sitúa entre el 6% y el 10% el porcentaje de cobertura de 100 megabytes en entorno rural.

«Estamos muy bien, no hemos hecho todo, tenemos un 50% que no hemos llegado a cubrir (con 10 megabytes) y aunque en cobertura de 30 megabytes la mayor parte tiene, hay entre un 15% y un 16% que no tiene acceso a los servicios», ha apuntado, por ello, ha indicado que se trabajará para que llegue la fibra óptica y esos 100 megabytes por segundo a todas las zonas.

En cuanto al coste, ha apuntado que en 2013 se dedicaban unos 60 euros por hogar pasado, mientras que la última convocatoria de extensión de banda ancha costaba 440 por hogar pasado, si bien los programas de extensión de banda ancha solían contar con unos 120 o 140 millones y para 2021 habrá 483 millones, cuatro veces más, lo que da muestra de la «enorme oportunidad» para completar el proceso, que usará también tecnología por satélite.

A este respecto, ha informado de que se ha detectado por la incidencia de la pandemia que había zonas donde se pensaba que había cobertura de 30 megabytes pero «no estaban bien cubiertas», a pesar de que figuraban en los mapas de conectividad.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones también ha adelantado que se acometerán una serie de medidas para promover e impulsar la inversión y hacerla «atractiva2 para el establecimiento de grandes centros de datos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha resaltado que la operación de fusión entre CaixaBank y Bankia genera valor por sí misma y además «sobresale como la que más valor genera entre todas las posibles» para Bankia, por lo que mejora las posibilidades del FROB de recuperar las ayudas públicas.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja, en la que ha comparecido a petición propia, si bien el PP y Esquerra Republicana habían exigido sus explicaciones desde que se conocieron las negociaciones entre ambas entidades.

Calviño ha detallado que uno de los motivos que llevaron al FROB, accionista mayoritario de Bankia con el 61,8% del capital, a posicionarse favorablemente a la fusión fue que el informe independiente elaborado por Nomura determinó que la operación generaría valor para los accionistas de Bankia de forma significativa, en comparación con la alternativa de continuar como entidad independiente, y que además era la opción más conveniente para Bankia, frente a «otras operaciones razonables que han sido estudiadas antes de tomar la decisión».

En concreto, Calviño ha citado opciones como la adquisición de una entidad cotizada más pequeña, la fusión por absorción de Bankia por una entidad nacional de mayor tamaño o su adquisición por parte de una entidad internacional.

«Se trata de la operación más conveniente de todas las plausibles desde la perspectiva cualitativa, teniendo en cuenta aspectos estratégicos como la generación de sinergias, el encaje de negocios, la posición comercial, el riesgo de ejecución, la fortaleza en términos de liquidez y solvencia de la entidad resultante o el grado en que se facilitaría la posterior desinversión», ha señalado la ministra.

GENERACIÓN DE VALOR POR MIL MILLONES ANUALES

Según ha recordado Calviño, la generación de valor podría rondar los 1.000 millones de euros anuales (740 millones en términos netos) y beneficiaría proporcionalmente más a los accionistas de Bankia, debido a los términos de la ecuación de canje.

«Esta operación no solo genera valor por sí misma, sino que sobresale como la que más valor genera entre todas las posibles y, por tanto, mejora las posibilidades del FROB de recuperar las ayudas públicas y defender así el interés de los contribuyentes españoles», ha sostenido.

En esta línea, Calviño ha señalado que Nomura ha estimado que la participación del Estado en una entidad más grande facilitará el proceso de desinversión mediante operaciones de mercado, al dotar a la acción de más liquidez y menor peso relativo del paquete a vender. «En su informe, el asesor independiente señala que reducir el número de operaciones en el mercado necesarias para completar el proceso de salida de la entidad permitirá aprovechar mejor las ventanas de oportunidad futuras de forma más eficiente», ha destacado.

SERÁ POSITIVA PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA

Durante su comparecencia, Calviño también ha asegurado que la fusión tiene efectos positivos para la estabilidad del conjunto del sector financiero, inmerso en una profunda transformación derivada de la entrada en el mercado de nuevos competidores tecnológicos y del entorno de bajos tipos de interés, a lo que se suma el contexto económico provocado por la pandemia del coronavirus.

En este sentido, ha recordado que las autoridades supervisoras comunitarias han venido advirtiendo, «de manera más insistente si cabe en los últimos meses», de la necesidad de profundizar en el proceso de consolidación financiera con «operaciones que den lugar a proyectos sólidos, sostenibles, con más sentido de negocio y mejores perspectivas a medio y largo plazo».

Tanto maximizar la recuperación de recursos públicos como el refuerzo del sistema financiero en su conjunto son dos de los principios fundamentales que guían la estrategia del FROB en Bankia.

Conseguirlo, según ha resaltado Calviño, pasa por tener «una entidad más fuerte, más eficiente y más sostenible en el tiempo», con mayores posibilidades de hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta el sector bancario en las próximas décadas: acometer un intenso proceso de digitalización para competir con los operadores tradicionales y con las bigtech y operar en un entorno de baja rentabilidad y prolongados tipos de interés negativos.

El negocio ha representado este año el 42% de la facturación de las empresas españolas, la misma proporción que el año anterior, aunque se espera que llegue al 45% en 2021, de acuerdo con un estudio elaborado por KPMG.

Las empresas españolas confían en la internacionalización como medio para la recuperación económica a pesar de que dos tercios de las compañías han visto reducida su demanda exterior, según un estudio en el que han colaborado varias firmas españolas.

La Covid-19 ha supuesto un retroceso coyuntural en la actividad empresarial fuera de España, habiéndose visto especialmente afectadas las compañías por la disminución de la demanda internacional (35%), la actividad comercial y promocional (33%) y la movilidad de personas (20%).

El estudio ha sido presentado en la IV Cumbre de Internacionalización y ha sido realizado por KPMG en colaboración con la Asociación Española de Directivos, el Club de Exportadores e Inversores Españoles, la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, la CEOE y la Cámara de Comercio de España y con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones.

La socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España, Begoña Cristeto, ha señalado que las empresas españolas cuentan con «una elevada cobertura internacional«, algo que aumentará en los próximos años y que «será determinante para diversificar riesgos en un entorno global más complejo y volátil.

Según los resultados de este estudio, de media, el negocio internacional representó en 2019 un 42% de la facturación de las empresas españolas. Para 2020, los directivos esperan que esta proporción se mantenga prácticamente intacta y en 2021 prevén que el peso del negocio internacional en su facturación se eleve hasta el 45%.

La Unión Europea será el destino en el que más empresas incrementarán su actividad (en términos netos, un 37%). Por otro lado, Estados Unidos, que ya es un socio económico y comercial clave para las empresas españolas (es el primer destino de inversión en términos acumulados y el primer destino no comunitario de las exportaciones), podría incrementar su relevancia.

Es el segundo mercado prioritario de crecimiento, con un 35% de las respuestas. Latinoamérica (27%), China (24%) y sudeste asiático (20%) están igualmente entre las preferencias de los directivos a la hora de impulsar su crecimiento internacional.

‘EFECTO BREXIT’

Por el contrario, donde se estima una mayor disminución de actividad es en Reino Unido, un mercado muy condicionado por el efecto Brexit en el que un 25% de las compañías encuestadas espera una disminución de sus operaciones en los próximos años.

Los dos grupos de riesgos, económicos y sanitarios, son percibidos por los directivos encuestados como los de mayor impacto potencial en su internacionalización una vez superada la pandemia actual. Los riesgos geopolíticos y los riesgos sociales son los siguientes de mayor impacto, seguidos de los riesgos medioambientales y los riesgos tecnológicos.

Así, de las distintas opciones planteadas, para los directivos encuestados destacan especialmente seis retos en su expansión internacional: las presiones competitivas en el sector (señalado por el 83%), los nuevos hábitos y preferencias de consumo (70%), la transformación digital (65%), el proteccionismo (55%), la sostenibilidad (51%), y la resiliencia del modelo de negocio (49%).

Por otro lado, seis de cada 10 directivos creen que la crisis actual acelerará el trasvase económico del Atlántico al Pacífico en los próximos años, así como que es necesario tomar medidas de contingencia ante el Brexit en los próximos meses.

Asimismo, la mitad (49%) de los directivos españoles confían en que los Fondos Europeos (Next Generation EU) ayudarán a impulsar su internacionalización, mientras un 21% asegura desconocer los efectos de estas ayudas.

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha anticipado este miércoles una tasa de crecimiento «ligeramente positiva» en el cuarto trimestre del año tras el repunte del 16,7% en el tercer trimestre, y ha subrayado que los avances en el desarrollo de una vacuna eficaz pueden suponer un «punto de inflexión» en el control de la pandemia y en consecuencia en la recuperación de la actividad.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar de los Presupuestos de 2021, De la Cueva ha resaltado la «sorpresa positiva» del crecimiento del tercer trimestre y el levantamiento progresivo de las restricciones por la mejora de la situación sanitaria en las últimas semanas como factores positivos de cara al último trimestre del año.

De la Cueva ha explicado que los indicadores de actividad adelantados del cuarto trimestre muestran señales «mixtas», con unos indicadores de gasto más afectado por las restricciones, frente a la evolución «más favorable» de los indicadores laborales, recordando que la afiliación creció un 0,2% en noviembre.

De esta forma, ha indicado que el escenario central del Ejecutivo contempla una tasa de crecimiento «ligeramente positiva» para el cuarto trimestre del año, por lo que continúa la recuperación iniciada en el tercer trimestre, aunque con «cautela».

Y es que, según ha señalado, los avances en el desarrollo de una vacuna eficaz pueden suponer un «punto de inflexión» en el control de la pandemia y en consecuencia en la recuperación de la actividad.

A los avances en la vacuna se suma que se han alejado otros riesgos previstos en los Presupuestos, como las tensiones geopolíticas, la previsible vuelta al multilateralismo de Estados Unidos o un acuerdo del Brexit «más cerca», así como la histéresis, al protegerse el tejido productivo por la adopción de medidas que «han funcionado», según ha defendido De la Cueva citando a un informe del BCE.

Así, el escenario macroeconómico apunta a una caída del PIB del 11,2% este año y un crecimiento inercial del 7,2% en 2021, sustentado en una «intensa» reactivación de la demanda nacional, con recuperación del consumo y la inversión, que supondrá una aportación de 6,1 puntos, a lo que sumarán otros 1,1 puntos por el sector exterior.

De igual forma, ha aseverado que se mantendrán las políticas fiscales contracíclicas para impulsar la actividad y consolidar la recuperación, en paralelo al compromiso de una estrategia de consolidación fiscal para asegurar la sostenibilidad fiscal, con una previsión de reducir el déficit público del 11,3% del PIB este año al 7,7% en 2020 y que la ratio de deuda pública disminuye del 118% del PIB este año al 117,4% el próximo.

También ha recordado que tras reducir en 20.000 millones y recientemente en 5.000 millones las necesidades iniciales de emisión de deuda del Reino de España, se estima un ahorro en carga de la deuda de 2.300 millones pese a una emisión muy superior, de hasta 110.000 millones.

No he percibido un interés generalizado de la gente por irse del país, todo lo contrario, estamos permanentemente reunidos con empresas, inversores y asociaciones y hay un enorme interés en ver qué vamos a hacer, cómo invertir y por trabajar juntos. El sector empresarial está dando una respuesta absolutamente ejemplar y clara», ha apostillado.

La secretaria de Estado de Economía ha garantizado que se acometerán mecanismos de asignación de recursos que sean «eficientes y controlables» para un uso «prudente» de los recursos europeos, así como procedimientos «más ágiles» con un control «absolutamente riguroso como en cualquier uso de fondo público.

Igualmente, ha apuntado que los proyectos financiados con la UE conllevarán reformas y el Plan de Recuperación tiene que responder a las recomendaciones -país que viene realizando Bruselas, referidas a la eficiencia y la unidad e mercado, las trabas administrativas o en materia concursal.

A este respecto ha indicado que se ha acometido una «solución de emergencia» en el ámbito concursal, pero se trabajará en las «próximas semanas» para presentar un nuevo proyecto de reforma.