El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) perdió 1.993 mujeres trabajadoras por cuenta propia en 2020, con lo que acabó con la tendencia positiva de los últimos ocho años, según ha señalado la Federación Nacional de Autónomos (ATA) en un informa realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, el número de autónomos creció en 4.046 personas en 2020. Por comunidades autónomas, solo seis regiones consiguieron sumar nuevas autónomas durante 2020 y destacaron los incrementos de Andalucía (+1,5%, +2.983) y Murcia (+1,3%, +482).

Los mayores descensos de autónomas se produjeron en Aragón y La Rioja, que registraron una bajada del 2%. Esta caída se tradujo en una pérdida absoluta de 725 autónomas y de 179 trabajadoras por cuenta propia, respectivamente.

La responsable del área de mujer de ATA, Candelaria Carrera, ha afirmado que «no cabe duda de que 2020 ha sido un año horrible para los autónomos» y que la situación «ha incidido de forma especial en las mujeres, rompiendo con la tendencia de los últimos años».

Además, ha puesto de relieve que, aunque en los últimos años el emprendimiento femenino había empujado fuertemente el crecimiento del RETA, en 2020 las mujeres «han visto cómo su actividad se ha frenado en seco y, pese a la prestación por cese de actividad, no han podido aguantar y han tenido que cerrar».

En la última década, el crecimiento del número de mujeres autónomas ha sido del 11,5% frente al 2,4% registrado en el caso de los hombres. ATA ha puesto de relieve que de 2010 a 2020 las autónomas han sido las protagonistas del crecimiento del número de autónomos en España.

Teniendo en cuenta los sectores, las mujeres autónomas son más numerosas que los hombres en el sector del comercio (25,5% frente a 19,1% hombres), en actividades profesionales científicas y técnicas (10,9% mujeres, frente a 7,7% hombres) y en hostelería (9,6% mujeres frente al 7,9% hombres).

La responsable del área de mujer de la federación ha apuntado que la participación de la mujer en el mercado laboral es esencial. Donde ellas emprenden, la economía crece y ese sector se refuerza», según ATA.

Para Carrera, el autoempleo es «una salida digna y real» para la mujer en España «sin distinción de edad ni nacionalidad y que reduce la brecha salarial». «El autoempleo canaliza perfectamente el talento femenino que tanto necesita la economía española para culminar la salida de esta crisis que tantos negocios se ha llevado por delante y en todos los sectores de nuestra economía, tanto los tradicionales como los más punteros», ha apostillado.

El cierre del 35,9% de brecha de género existente en el mercado laboral de España supondría sumar 230.487 millones de euros a la economía española, un 18,5% del PIB, lo que impulsaría la creación de 3,2 millones de empleos femeninos equivalentes a jornada completa y un aumento promedio de la productividad femenina de 1.301 euros.

Así se desprende del índice ClosinGap, un indicador resultado del informe elaborado por PwC que cuantifica y sigue anualmente la evolución de la igualdad de género en España, midiendo la paridad en cinco categorías (empleo, educación, conciliación, digitalización y salud y bienestar).

El informe señala que los tres aspectos clave en el empleo que penalizan a la mujer y, en consecuencia, a la economía son su participación más reducida en el mercado laboral, el menor número de horas trabajadas debido a la mayor tasa de parcialidad y la sobrerrepresentación que tienen en sectores económicos menos productivos.

Esta situación provoca que las mujeres, a pesar de representar el 51,4% de la población en edad de trabajar, solamente contribuyan a un 41,5% del PIB, señala el análisis, que calcula que con la eliminación de estas desigualdades del mercado laboral, en su conjunto, supondría sumar 230.847 millones de euros, un 18,5% del PIB.

Además, este incremento potencial en la economía vendría impulsado por la creación de 3,2 millones de empleos femeninos equivalentes a jornada completa y por el aumento promedio de la productividad femenina de 1.301 euros.

CIFRA EN UN 35,9% LA BRECHA DE GÉNERO

En 2020 el Índice ClosinGap se situó en el 64,1%, entendiendo el 100% como la paridad total, y revela, por tanto, un 35,9% de brecha de género que todavía queda por cerrar.

El análisis apunta también a que esta brecha se ha estrechado cuatro puntos en el periodo analizado (2015-2020). Así, de mantenerse la tendencia de estos últimos cinco años, la brecha de género en España no desaparecería por completo hasta 2055, por lo que hasta dentro de 35 años no se alcanzaría la igualdad total entre hombres y mujeres.

IGUALAR LA PARTICIPACIÓN LABORAL ELEVARÍA UN 10% EL PIB

Dentro de la categoría empleo, la brecha por cerrar es del 35%, debido a que aunque las mujeres cada vez participan más en el mercado laboral y durante más años, continúan trabajando menos horas y con un menor salario que los hombres, lo que se refleja a su vez en pensiones de jubilación más bajas.

A este contexto se le añade el denominado ‘techo de cristal’ y la escasa presencia de la mujer en posiciones de liderazgo y toma de decisiones.

Si se equiparase la participación laboral de las mujeres a la de los hombres, el PIB español podría aumentar un 10,1%. Del mismo modo, si las horas trabajadas de las mujeres fuesen las mismas que las de sus homólogos masculinos, el PIB podría crecer hasta un 7,5%. Por último, si se igualase la distribución sectorial del empleo femenino a la de los hombres, el PIB se incrementaría hasta un 1%.

LA CONCILIACIÓN, LA GRAN ASIGNATURA PENDIENTE

El Índice ClosinGap sitúa la categoría conciliación a la cola, con la brecha más acusada, dado que aún queda un 56% por cerrar, y pone de manifiesto que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo no remunerado, principalmente tareas del hogar y cuidado de hijos, hecho que se traduce en unas tasas de inactividad y parcialidad laboral mucho más elevadas.

A pesar de que este es uno de los aspectos más arraigados en la sociedad española y que frena de forma significativa la progresión profesional y económica de la mujer, el informe desvela que la conciliación es la brecha que se está estrechando a un mayor ritmo anual (4,4% desde 2015). Si se mantiene esta progresión, las diferencias en este ámbito serán inexistentes en 2040.

EDUCACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

En el ámbito de la educación, el índice ClosinGap sitúa la brecha en el 32,1%. Las mujeres cuentan con mayor educación universitaria que los hombres, pero tienen un acceso muy bajo respecto a los hombres a las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), motivo por el que esta brecha es la única de las cinco que ha experimentado una evolución negativa en los últimos años.

En cuanto a digitalización, pese a que no se aprecian diferencias relevantes en el uso de nuevas tecnologías a nivel usuario entre hombres y mujeres, el porcentaje de mujeres especializadas en TIC en el mercado laboral es aún muy bajo, con una brecha del 28,7%.

Por último, la categoría de salud y bienestar alcanza la mejor puntuación (15,5%) y es el ámbito en el que España más ha evolucionado. Aunque la paridad en este campo está más cerca, el informe apunta que a pesar de que las mujeres viven más años, lo hacen con peor salud y calidad de vida que los hombres y, además, tienen mayor riesgo de sufrir pobreza y exclusión social.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha afirmado que la digitalización puede mejorar la actuación del organismo en todas las funciones que desempeña, por lo que ha incidido en la importancia de «no dejar pasar la oportunidad» que le ofrece la tecnología para seguir contribuyendo al desarrollo económico de España.

Durante la inauguración de la jornada ‘Inteligencia Artificial: retos y oportunidades’, Fernández ha asegurado que desde que inició su mandato hace ocho meses ha tenido claro que una de las acciones que debería acometer la CNMC «con carácter prioritario» era «ejecutar la digitalización y aprovechar las ventajas que se derivan de ella».

«La CNMC no puede dejar pasar esta oportunidad si quiere contribuir, como puede y debe hacerlo, al desarrollo económico de nuestro país, acompasando dicho desarrollo con la mejora de las condiciones que los consumidores reciben de las empresas», ha incidido Fernández, quien ha destacado el impacto «profundo» que la digitalización puede tener tanto para la economía como para la sociedad en su conjunto.

En este sentido, la presidenta de la CNMC ha resaltado la mejora que la digitalización puede provocar en todas las funciones que desempeña la Comisión , ya que, por ejemplo, impactaría positivamente en su labor «constante y continua» como regulador y supervisor de los mercados.

Sin embargo, también ha subrayado que puede mejorar «de forma decidida» la detección de prácticas colusorias que corresponden a la Dirección de Competencia «en un mundo crecientemente sofisticado y digital».

En este contexto, ha agregado que cobra «todo su valor» la Unidad de Inteligencia Económica (UIE), en la que confluyen el conocimiento de técnicas de detección tradicionales con herramientas y métodos basados en la ciencia tecnológica.

Por ejemplo, ha apuntado que ya se están aplicando diferentes herramientas estadísticas, de análisis de datos y de IA para mejorar la detección de oficio de ilícitos de competencia y para ofrecer un soporte cuantitativo a la actuación de la propia Dirección de Competencia.

«Me enorgullece decir que somos una de las autoridades más destacadas de nuestro entorno europeo en este campo y pretendemos seguir avanzando», ha incidido Fernández, quien ha remarcado que conceptos como digitalización, Big Data e IA conviven ya con la realidad diaria y que no solo el sector privado, sino también las administraciones públicas, deben adaptarse a este nuevo entorno.

«La misión de la CNMC es promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores, por lo que la utilización en esta tarea de técnicas mas novedosas, avanzadas y, en definitiva, eficientes, redundará, estoy segura, en beneficio de todos», ha concluido.

Más de 300.000 empresas españolas mantienen un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y en torno a 450.000 pymes precisan de más financiación para no colapsar, de las que unas 130.000 estarían a las puertas de presentar concurso de acreedores si no reciben antes ayudas.

Así se desprende del barómetro realizado en los primeros días de marzo por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos entre sus 6.000 colegiados, que pide al Gobierno que no demore más aprobar las medidas para salvar a los negocios del «abismo».

El barómetro refleja que aún permanecen en ERTE más de 300.000 empresas, de las que 113.000 cuentan con un aval del ICO, frente a las 225.000 pymes que han formalizado operaciones avaladas por la línea ICO Covid-19 y que en este momento no se encuentra en ERTE.

De acuerdo con los datos facilitados por los gestores administrativos, al menos el 60% de las operaciones formalizadas por las pymes que actualmente están en ERTE deberán acogerse a la ampliación de plazos aprobados por el Gobierno.

En cuanto a los préstamos avalados por ICO para las pymes que no están actualmente en ERTE, van a solicitar ampliación de plazos el 50% de las empresas, según el análisis, que también revela que todas las empresas que siguen en ERTE necesitan más financiación para sobrevivir.

Concretamente, de las pymes que cuentan con alguna operación ICO y no están en ERTE, 124.000 precisan nueva financiación para sobrevivir, al tiempo que de las pymes que no han solicitado aún operaciones avaladas por ICO o que no se lo concedieron, 214.000 precisan ya acceder a financiación para asegurar su futuro.

130.000 PYMES PRESENTARÁN CONCURSO SIN LA MORATORIA CONCURSAL

Tal y como reflejó el barómetro de noviembre, el 6% de las pymes no están pudiendo en la actualidad atender sus compromisos de pago. Además, en torno a 130.000 pymes estarían esperando a presentar concurso de acreedores de no existir la moratoria concursal.

«Esperemos no llegar a esta situación», afirma el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, que explica que esta «sorprendente» cifra va a responder tanto a concursos como a desapariciones directas y subraya que «las empresas están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden».

«Los empresarios y autónomos no quieren que sus negocios desaparezcan, pero no es de recibo mantener esta incertidumbre tanto tiempo, el Gobierno ha de tomar medidas, directas, ya», apostilla Santiago.

MÁS DE 200.000 EMPRESAS BARAJAN RECLAMAR AL ESTADO INDEMNIZACIONES

El Barómetro revela que más de 200.000 empresas están pensando en reclamar al Estado indemnizaciones por el estado de alarma y más de 150.000 negocios reclamarán a sus seguros.

Para el presidente de los Gestores Administrativos «es cuestión de días que, con la publicidad necesaria, muchas empresas se adhieran a demandas colectivas o presenten la misma de forma individual. Por ello, considera que el Gobierno «debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas».

AYUDAS DIRECTAS, REBAJAR SEGUROS SOCIALES Y FACILITAR PAGO DE IMPUESTOS

Preguntados sobre las medidas que debería tomar el Gobierno para aliviar los problemas de las pymes, el 56% de los gestores administrativos aboga por las ayudas directas, el 52% creen que se deben rebajar los seguros sociales y el 50% entiende que se debe facilitar el pago de los impuestos, con más plazo, mayor importe para aplazamientos y eliminación del tipo de interés.

Prorrogar los ICO, habilitar nuevas líneas de financiación y mejorar las ayudas en los ERTE son otras de las medidas solicitadas por los gestores administrativos.

En cuanto a qué empresas deben considerarse viables, en el caso de que esta sea la frontera entre ser rescatada o no por el Estado, el 55% de los gestores administrativos afirma que no será fácil definir quien es o no viable.

Así, un 39% cree que deben ser consideradas viables aquellas que lo eran antes de comenzar la pandemia y un 32% de los gestores administrativos piensa que serán viables aquellas que cuenten con un reducido endeudamiento.

Para Santiago, «el Ejecutivo tiene mucho trabajo y poco tiempo», por lo que le pide «que no demore más las medidas que permitan salvar los negocios y actúe con ayudas directas». «No enmascaren el problema, resuélvanlo. No se olviden que no solo salvamos negocios, si no que salvamos familias», ha enfatizado.

El impacto socioeconómico derivado de la crisis del Covid ha expuesto las desigualdades de género existentes en el mercado laboral de España, afectando de manera especial a las mujeres con hijos menores de 15 años de edad, según un informe de EsadeEcPol publicado este viernes.

El estudio constata que las mujeres con hijos menores de 15 años tienen 7,5 más probabilidades de trabajar con contratos a tiempo parcial que los hombres con hijos en el mismo rango de edad; el doble de probabilidades de estar desempleadas, y un 20% más de probabilidades de tener un contrato temporal.

El informe, que lleva por título ‘Trabajo e hijos en España: Retos y oportunidades para la igualdad entre hombres y mujeres’, ha sido elaborado por Jenifer Ruiz-Valenzuela y Claudia Hupkau.

A fin de reducir estas brechas de género, las autoras del documento de EsadeEcPol destacan la necesidad de impulsar una serie de políticas e incentivos fiscales que faciliten a las madres un pleno mantenimiento de sus trayectorias profesionales y reduzcan la penalización de la maternidad, así como la importancia de los permisos de paternidad para aumentar la implicación de los hombres en las actividades domésticas no remuneradas y en el cuidado de los hijos.

Pese a la convergencia general que se ha producido en las tasas de participación de mujeres y hombres en el mercado laboral español durante los últimos 15 años, el estudio constata que las mujeres siguen estando en inferioridad en varios indicadores.

Así, la tasa de paro sigue siendo 2,5 puntos más alta para las mujeres y el descenso del desempleo desde 201) es más lento en las mujeres que en los hombres. Además, el porcentaje de mujeres con contratos a tiempo parcial ha más que triplicado el de los hombres (el 23% frente al 7%) en la última década, mientras que la brecha entre mujeres y hombres con contratos temporales se ha ido ampliando desde 2015, con un 27% frente a un 25% en 2019.

El informe constata además que sólo el 3% de las mujeres en España desempeñan empleos al más alto nivel de ocupación, aproximadamente la mitad que el porcentaje de hombres en este rango.

Esta situación se agrava en el caso de las mujeres con hijos. Aunque entre 2019 y 2020 tanto la tasa de empleo como las horas semanales trabajadas cayeron en una proporción similar para los hombres y las mujeres que no tenían hijos, en el último trimestre de 2020, la tasa de empleo de los hombres con hijos recuperó los niveles de 2019, mientras que, en el caso de las mujeres con hijos, cayó 2,3 puntos.

Asimismo, entre abril y junio de 2020, el 16% de los hombres con hijos estaban en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras que en el caso de las mujeres con hijos este porcentaje subía hasta casi el 20%.

PIDE PERMISOS DE PATERNIDAD «MÁS GENEROSOS»

Por otro lado, el estudio muestra que, durante la pandemia, las mujeres tenían más probabilidades de asumir la responsabilidad principal en la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, aun en el caso de que trabajaran ambos progenitores durante la cuarentena.

En este sentido, EsadeEcPol estima un incremento de la brecha de género en las horas diarias de cuidado de los hijos en más de una hora durante la pandemia.

«Es poco probable que las distintas preferencias de hombres y mujeres puedan explicar, por sí solas, estas diferencias en la adscripción al mercado laboral: más de un tercio de las mujeres con hijos menores de 5 años, y más de la mitad de las mujeres con hijos de 5 a 15 años que trabajan a tiempo parcial, desearían trabajar más horas», apunta el informe.

EsadeEcPol propone que se impulsen políticas que faciliten a las madres ser mujeres trabajadoras y reduzcan la penalización de la maternidad. En este punto, defiende que los incentivos en forma de créditos fiscales para las mujeres trabajadoras, así como los servicios de guardería financiados en parte o totalmente gratuitos para los hijos más pequeños, tienen un efecto positivo en la participación de las mujeres en el mercado laboral y en el número de horas trabajadas.

Asimismo, destaca la importancia de contar con permisos de paternidad «más generosos», no transferibles, como los que se han empezado a implementar recientemente en España. Según el estudio, éstos incrementan la participación de las mujeres en el mercado laboral, su empleo y sus ingresos, y, simultáneamente, aumentan la implicación de los hombres en el cuidado de los hijos.

El precio de la vivienda de segunda mano se situó en los 1.723 euros por metro cuadrado en el segundo mes del año, lo que supone un incremento del 0,4% respecto al mes de febrero del año pasado, pero un descenso del 0,3% en comparación con enero, según datos del portal inmobiliario hogaria.net.

El portal ha constatado que respecto al mes de enero el descenso generalizado de precio se ha dado en casi todas las provincias. «Parece que el efecto de la tercera ola de la pandemia ha impactado de lleno en el precio de la vivienda usada, ya que, los propietarios han decidido rebajar el precio de venta de su vivienda, aunque no en todos los territorios por igual, las rebajas más importantes se han dado en las provincias donde las medidas restrictivas han sido mas duras», ha añadido.

Las provincias en las que más descendió el precio de la vivienda durante el mes de febrero respecto al mes anterior fueron Castellón (-1,2%), Badajoz (-1,2%), Toledo (-1,1%), Zaragoza (-1,1%) y Murcia (-1%), mientras que destacaron las subidas de Cuenca y Ávila (+0,7%), Salamanca (+0,6%), Soria (+0,5%) y Álava (+0,4%).

Teniendo en cuenta el precio, Baleares (3.242 euros), Barcelona (3.136 euros) y Guipúzcoa (3.038 euros) son las provincias donde fue más caro adquirir una vivienda de segunda mano en febrero, seguido de Vizcaya (3.026 euros) y Madrid (2.853 euros).

Por el contrario, Ciudad Real (1.118 euros), León (1.123 euros), Palencia (1.166 euros), Badajoz (1.186 euros) y Orense (1.244 euros) son las provincias donde el precio por metro cuadrado fue más barato.