Las organizaciones pesqueras de las cinco comunidades autónomas del Mediterráneo, incluyendo cofradías, cooperativas y asociaciones, han solicitado una reunión urgente con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dada la incertidumbre de la flota de arrastre que faena en estas aguas ante el próximo Consejo de ministros de Pesca de la UE que se celebrará los próximos 13 y 14 diciembre y en el que se definirán las medidas de gestión que habrá de asumir esta flota durante 2022.

 El objeto de la reunión es conocer las intenciones de la Comisión Europea ante la posibilidad de una reducción adicional de los días de pesca. Igualmente, el sector insistirá en mostrar el impacto devastador de la introducción, el próximo diciembre, de nuevas reducciones y medidas técnicas sobre la sostenibilidad económico y social de la flota del Mediterráneo, tal como se transmitió el pasado septiembre a la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la CE, Charlina Vitcheva y al comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, durante sus visitas el pasado septiembre a Almería y Alicante, respectivamente.

 Con este mismo objetivo, el sector pesquero va a solicitar reuniones con los consejeros de Pesca de las CCAA del Mediterráneo -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares-, así como con la nueva secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Ana María Romero.

Cabe recordar que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020, ya ha supuesto un gran esfuerzo para el sector, incluida la reducción de más 20% de los días de pesca en apenas dos años (a los que hay que sumar los 13.810 días que se dejaron de pescar en 2020 por el COVID), además de paralizaciones temporales de la flota de arrastre de dos meses de duración y vedas espacio temporales para la protección de juveniles. En este sentido, el sector subraya que en ningún caso sería justa una reducción adicional de los días de pesca hasta que no se analicen los resultados de los estudios científicos que miden el impacto que han tenido sobre los stocks pesqueros las medidas en marcha desde 2020 y que no estarán disponibles hasta el próximo año.

Además, y como primeros interesados en revertir la situación de los stocks pesqueros en el Mediterráneo, el sector está desarrollando distintos proyectos dentro de la actividad de pesca directa, tales como el uso de puertas voladoras hidráulicas para minimizar el impacto del arrastre en el fondo marino o la utilización de nuevos tipos de mallas experimentales más selectivas con las especies. A ellos se suman diversos proyectos de I+D+i, de conservación marina y acciones de divulgación social.

 POSIBLE NUEVO PARO EN DEFENSA DEL SECTOR

Los representantes de las cinco Comunidades Autónomas con flotas pesqueras que faenan en el Mediterráneo se desplazarán a Bruselas para seguir in situ el Consejo de diciembre. Por otra parte, como muestra de la preocupación existente y en defensa del sector pesquero y toda su cadena de valor, las organizaciones pesqueras que operan en el Mediterráneo analizan realizar un nuevo paro de la flota de arrastre coincidiendo con la celebración del Consejo. La decisión se tomará antes de que finalice este mes tras llevarse a cabo las consultas correspondientes. Cabe recordar que la flota ya paró el pasado junio, obteniendo un seguimiento total (arrastre, cerco y artes menores).

Según las organizaciones pesqueras, «no nos vamos a cansar de insistir en el carácter esencial de la actividad pesquera en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y ciudades que jalonan los más de 1.600 kilómetros de la costa mediterránea». «Como ya advertimos al comisario y a la directora general de la DG Mare de la Comisión Europea», añaden, «el plan de gestión de demersales de la Unión Europea está acabando poco a poco con la flota mediterránea debido a las restricciones de días de trabajo y zonas de pesca y, de no llevarse a cabo su rediseño, conducirá a la extinción de la actividad de cerca de 600 buques españoles y más de 17.000 puestos de trabajo, incluyendo empleos directos e indirectos».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno está trabajando en distintos proyectos para desarrollar semiconductores en España y en Europa, con el fin de dar respuesta al problema de suministro de estos componentes que está afectando al conjunto de la industria automovilística.

En el marco del VIII Encuentro Sernauto ‘Proveedores de automoción: transformando la movilidad’ que se ha celebrado en Ifema Madrid, Maroto destacó que el sector de automoción se enfrenta en la actualidad a problemas, «a los que hay que dar respuesta», como el incremento de las materias primas, la subida de la electricidad y la escasez de semiconductores.

«Hemos incorporado una línea de inversión en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado para acomodar aquellas inversiones que nos permitan el desarrollo de los semiconductores y los chips en España», confirmó.

Así, reiteró que el Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por Bruselas, es un proyecto «tractor y necesario» y que avanza en su tramitación para que «sea una realidad» a finales de año tras su reunión este miércoles con la vicepresidenta del Ejecutivo europeo responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

La ministra quiso felicitar al recién nombrado nuevo presidente de Sernauto, Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, y agradeció a la ya expresidenta, María Helena Antolin, toda su labor en los seis años de trabajo en la asociación.

La titular de Industria puso en valor los datos de los proveedores del sector de la automoción, destacando que más del 50% de los vehículos son componentes, así como, la elevada inversión en I+D+i, hasta 1.075 millones de euros, es decir el 3,6% de la facturación de los proveedores se dedica a innovación, y finalmente, destacó el carácter exportador de este segmento del sector, 17.900 millones de euros, el 60% de la facturación.

«Estas fortalezas que en estos momentos son garantías para afrontar la revolución que está viviendo el sector haciendo que se transforme toda su cadena de valor hacia una movilidad sostenible, segura, conectada e inteligente», insistió.

En este sentido, recalcó el compromiso del Gobierno con la neutralidad climática en 2050, con la mejora de la competitividad del sector, pero «contando con toda la cadena de valor para afrontar el futuro con más garantías.

INVERSIONES A LA MOVILIDAD

A raíz de la aprobación de los Presupuestos Generales, la titular del Ministerio de Industria ha explicado que las cuentas incorporan un Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y a la innovación en electromovilidad dotado con 450 millones de euros.

También para apoyar la cadena de valor industrial el Gobierno contará con una dotación de 1.326 millones de euros en subvenciones, a la vez que apoyará la transformación del sector hacia la electrificación a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Este PERTE prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.295 millones de euros y una inversión privada de unos 19.714 millones de euros.

Además, la ministra ha recordado que algunos de los programas del PERTE ya están en marcha, como el Moves III, Moves Singulares II o el Plan Tecnológico de Automoción Sostenible y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya anunció en el Automobile de Barcelona el lanzamiento de un nuevo programa Moves Grandes Flotas, del que se podrán beneficiar aquellas empresas que deseen renovar flotas de más de 500 vehículos en el ámbito de más de una comunidad autónoma. El presupuesto de este plan será de 50 millones en 2021 ampliables en 2022 y 2023 y con cargo a fondos europeos.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a los sectores de la industria y la distribución para «examinar» la situación de los productores de lácteos y «ponerse de acuerdo» en «todos los eslabones de la cadena», al tiempo que ha advertido de que el Gobierno «actuará» si se comprueba que hay alguna «violación» de la ley.

Así lo ha manifestado el titular de Agricultura en una comparecencia ante los medios antes de mantener una reunión en València con el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, al ser preguntado por las protestas de los productores de leche para reclamar una subida de los precios que se les pagan.

Al respecto, Planas ha comentado que ayer tuvo lugar la mesa nacional del sector lácteo con la reunión de los agentes implicados. «Dejémoslo claro, el sector de la producción de leche fresca en España es uno de los sectores donde la cadena de valor es más vulnerable y los márgenes inferiores y hay un serio riesgo para muchas explotaciones de carácter familiar y profesional que yo defiendo», indicó.

En este sentido, ha reiterado la «llamada a la industria y a la distribución para examinar la situación» derivada del aumento de los costes de producción por los piensos, haba de soja o cereales.

Así, ha recordado que en el Senado se discute ahora un proyecto de ley para la trasposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, con puntos que prohíben la venta a pérdidas y de vender por debajo de los costes de producción. Esos contratos son «nulos de pleno derecho», ha resaltado.

Por ello, ha incidido en el «llamamiento público para que todos los eslabones de la cadena nos pongamos de acuerdo», también ante la actualización de los contratos plurianuales, y ha avisado de que «el Gobierno y el Ministerio van a ejercer sus competencias si se comprueba que hay situación de violación de la ley.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Gobierno de España movilizará en el ámbito de la vivienda hasta 10.000 millones de euros en los próximos cuatro años, es decir, hasta 2025. Este importe se alcanzará gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al nuevo Plan Estatal de Vivienda, al bono joven, al Plan de Alquiler asequible y al conjunto de medidas que se vienen adoptando en esta materia.

En su intervención en el Foro Nueva Economía, que ha tenido lugar este jueves en Madrid, Sánchez ha repasado las principales actuaciones en las que trabaja su Departamento y los principales retos de futuro que tiene por delante.

La ministra ha hecho hincapié en que la inversión en materia de vivienda se ha multiplicado por cinco la en los actuales Presupuestos Generales del Estado y contempla para 2022 «la mayor inversión de la historia», de 3.290 millones, que supone siete veces más que lo fijado en los Presupuestos de 2018.

Se trata, según ha defendido, de una «cantidad histórica» que se invertirá principalmente en rehabilitación y promoción pública y cuyo objetivo es responder a la «urgencia social de los más vulnerables». La responsable del Departamento abordó también el proyecto de Ley de Vivienda, al que calificó como «un paso definitivo» para convertir el derecho a la vivienda en el ‘quinto pilar’ del Estado del Bienestar.

«Esta ley permitirá conformar parques públicos de vivienda y ofrecerá mecanismos para proporcionar casas dignas y asequibles a los sectores menos favorecidos, además de soluciones al drama de los desahucios», añadió. Además, afirmó que la ley impone a una obligación a los poderes públicos a la hora de garantizar el acceso a la vivienda, especialmente pensando en colectivos que como los jóvenes tienen grandes dificultades para ello.

La ministra señaló, entre otras cuestiones, que dicho proyecto legislativo contempla distintos incentivos que promueven que los propietarios saquen pisos de alquiler a precios reducidos.

La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 16.948 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un crecimiento del 84,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, respecto a los primeros nueve meses de 2019, el año previo al estallido de la pandemia, la licitación ya supera en un 20,9% los datos registrados en ese periodo, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó una cambio de tendencia, toda vez que la licitación pública cayó un 4% en los dos primeros meses del año, dato que contrasta con la caída del 23% que experimentó el sector en el conjunto del año 2020.

La Administración General sigue liderando las alzas, con un 190% más de licitación, frente a los ayuntamientos, que a principios de año eran los que encabezaban el crecimiento, aunque siguen siendo las entidades que más importe licitan.

En la Administración General, el Ministerio de Transición Ecológica acumula 655,8 millones de euros licitados, un 223% más, y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 4.196 millones, un 235% más. Los ayuntamientos lograron incrementar el importe licitado un 58%, hasta los 6.604 millones de euros, y las comunidades autónomas un 57%, hasta 4.923 millones.

TRANSPORTES Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Adif fue el principal licitador, con 2.940 millones de euros en los últimos 12 meses, un 330% más, mientras que la Dirección General de Carreteras licitó 1.155 millones, un 66% más, y Aena otros 360 millones, un 48% menos.

El Departamento que lidera Teresa Ribera también incrementó todas sus partidas: la de Costa y Mar un 274%, las Sociedades Estatales de Agua un 127%, las Confederaciones Hidrográficas un 140% y la Dirección General del Agua un 77%.

CASTILLA-LA MANCHA AL ALZA, CANARIAS A LA BAJA

Las regiones que aumentaron la licitación desde enero fueron Castilla-La Mancha, un 384% más; Cantabria, un 322% más; Extremadura, un 287%; Murcia, un 172% más; País Vasco, un 169% más; Aragón, un 109% más; Andalucía, un 86% más; Galicia, un 81% más; Navarra, un 70% más; Asturias, un 65% más; Comunidad Valenciana, un 48% más; Cataluña, un 43% más; Madrid, un 37%; La Rioja, un 32% más

Por el contrario, solo tres regiones la disminuyeron y fueron Canarias, un 47% menos; Baleares, un 37% menos; y Castilla y León, un 16% menos.

Respecto a las previsiones, Seopan estima que la licitación pública esperada para el cierre del ejercicio será de 22.598 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 58,5% respecto a la alcanzada en todo 2020, mientras que contratación pública será de 8.643 millones de euros, un 21,5% más.

La Comisión Europea calcula que la economía española crecerá un 4,6% en 2021, lo que supone un recorte de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la estimación que hizo en julio, mientras que el aumento el nivel de precios al cierre de este año se situará en un 2,8%.

La nueva actualización de las previsiones económicas del Ejecutivo comunitario apuntan también a una expansión del PIB de España del 5,5% en 2022, para después reducir su crecimiento hasta el 4,4% un año después.

Estos datos contrastan con el optimismo del Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico contempla una subida del PIB del 6,5% este año y una expansión que alcance el 7% un año después.

Con los cálculos de Bruselas, España será la última de las cuatro grandes economías del euro en recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis: no lo hará hasta el primer trimestre de 2023, mientras que Alemania, Francia e Italia lo conseguirán antes de que termine 2022.

Estas previsiones se enmarcan en un escenario de crecimiento de los precios, que se situará en un 2,8% este año por el repunte del gas y la electricidad. Los precios de la energía, argumenta Bruselas, seguirán en «niveles récord» hasta el segundo trimestre de 2022 y a estos suma la presión al alza que ejercerá la actualización de las pensiones con el IPC.

Sin embargo, los servicios económicos del Ejecutivo comunitario consideran que la lentitud en la recuperación del empleo «debería ayudar a contener los salarios y limitar» una espiral de precios al alza. Por ello, prevé una senda descendente de la inflación a partir de este año, hasta el 2,1% en 2022 y el 0,7% 2023.

RIESGOS A LA BAJA

La Comisión Europea destaca que el sector servicios está «finalmente» apoyando la recuperación española y subraya que el consumo privado seguirá siendo «fuerte» gracias el «impulso» del ahorro acumulado durante la pandemia y a la creación de empleo.

Sin embargo, aunque la incertidumbre «se ha reducido significativamente gracias al control de la situación sanitaria a nivel nacional», el Ejecutivo comunitario advierte de la existencia de «varios riesgos» de cara al futuro.

Entre ellos cita la «persistencia o resurgimiento» de la enfermedad en otros países, que puede afectar al crecimiento económico a través de un menor turismo hacia España. Pero también destaca que los «cuellos de botella» por el lado de la oferta, así como los precios de la energía y el transporte, pueden «retrasar» la recuperación en el corto plazo.

En el lado positivo, la Comisión subraya que el plan de recuperación «ganará tracción» durante los próximos meses, elevando las inversiones tanto públicas como privadas. No obstante, avisa de que los «desajustes» en el mercado laboral pueden tener un efecto negativo sobre las inversiones previstas para las transiciones ecológica y digital.

Los precios medios del litro de gasolina y gasóleo han encadenado su décima subida consecutiva esta semana, con hasta un 0,33% y un 0,21%, respectivamente, y se asoman ya a sus máximos históricos.

En concreto, el precio medio de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,510 euros el litro, su nivel más alto desde septiembre de 2012 y acercándose así al máximo histórico de 1,522 euros que tocó este combustible en esas mismas fechas, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo, que también suma su décimo repunte seguido, se ha situado esta semana en los 1,384 euros, su nivel más alto desde finales de octubre de 2012.

Con esta nueva subida en el precio de los carburantes, el llenado del depósito esta semana es casi un 32% más caro que hace un año para el caso de la gasolina y un 36% superior en el caso del gasóleo.

LLENAR EL DEPÓSITO, 20 € MÁS QUE HACE UN AÑO

Así, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora 83,05 euros, 20 euros más que hace un año, mientras que en el caso de repostar con gasóleo asciende a 76,12 euros, también 20 euros más que en la misma semana de noviembre de 2020.

Antes de la pasada Semana Santa, ambos carburantes ya recuperaron los niveles preCovid. En lo que va de año, el precio medio del litro de gasolina se ha encarecido un 27,53%, mientras que el del gasóleo remonta un 29,46%.

A pesar de estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 está en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,66 euros el litro, y de la zona euro, con un precio medio de 1,716 euros. En el caso del diésel ocurre algo similar, ya que el precio en la UE es de 1,509 y de 1,532 en la zona euro.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

La crisis de los semiconductores, que está impactando con especial magnitud en el mercado de la automoción, está forzando a los potenciales compradores de vehículos a acudir al mercado de vehículos de segunda mano, que ya registra un crecimiento de un 121% en la demanda ‘online’ en los diez primeros meses de 2021 frente al mismo periodo de 2019, según un estudio de Coches.com.

Este dato contrasta con la caída de un 12,3% en el mercado de vehículo nuevo frente a los diez primeros meses de 2019. El informe apunta que el consumidor español ha visto, en los últimos meses, cómo los plazos de entrega de vehículo nuevo se han alargado hasta duplicarse, pasando de un plazo máximo de tres meses en diciembre de 2020 a más de siete meses en octubre de este año.

Esta realidad se está traduciendo en un incremento de precios, llegando a suponer un 8% más que hace apenas un año, acumulando una subida del 20% respecto a 2019 y una contracción en la demanda ‘online’ de vehículo nuevo del 20% también respecto a los niveles de 2019. Esto ha hecho que las matriculaciones de vehículos particulares estén este año en niveles mínimos nunca vistos en los siete últimos años.

Esta situación está siendo generalizada en toda la UE, ya que, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), la caída en la zona euro ha sido del 23,1% en septiembre, mientras que en España las entregas han bajado alrededor de un 16%. Respecto a antes de la pandemia el mercado español presenta niveles similares al resto de mercados europeos, amortiguando algo mejor la situación, dado que presenta una caída del 33%, frente al 36% que marca la media europea.

CRECEN LOS PRECIOS EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO

El incremento de la demanda del mercado de ocasión resalta en los más antiguos -de más de diez años-, que ha experimentado un importante crecimiento, llegando a alcanzar una subida de un 106%, en contraposición con el stock disponible que se está viendo reducido, lo que conlleva un incremento de precios de entre un 15 y un 20%. La demanda de los vehículos de entre 5 y 8 años también presenta crecimientos importantes, hasta un 119%. Además, el incremento de precios que experimentan está siendo menor que otros más nuevos o más antiguos.

En general, en el mercado de segunda mano los precios han subido entre un 5 y un 24%. Es especialmente significativo el repunte de los precios de los vehículos de entre 1 y 3 años, que han subido un 24% respecto a 2020, como consecuencia de una oferta disponible cada vez menor.

Dicha situación ha provocado el envejecimiento del parque móvil, llegando a marcar los 13,2 años de media, seis meses más que en 2019. Como ha explicado el director general de Coches.com, Gerardo Cabañas, los automóviles más viejos son más contaminantes y menos seguros, por lo que calificó estos datos como «preocupantes» para la consecución de los objetivos como país en términos de sostenibilidad y eficiencia energética y para la seguridad de todos en la carretera.

LA MAYORÍA DE LOS COCHES VENDIDOS SON DIESEL

Desde Coches.com apuntan que lo previsible en los próximos meses es que los volúmenes de venta sigan disminuyendo porque la fabricación sigue cayendo y se siguen alargando los tiempos de entrega. «En este momento el mercado está dominado por la oferta, las demandas no cubiertas tanto de vehículo nuevo como de segunda mano marcarán la tendencia en los próximos meses», ha recalcado Cabañas.

Por último, también han apuntado que los usuarios se están adaptando a las contingencias del mercado y, en contra del interés en vehículos menos contaminantes, el 60% de los coches de segunda mano que se venden actualmente es diésel, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

«Esta realidad muestra la adaptación del usuario en nuestro país, puesto que no responde a que la demanda de esta motorización haya crecido, sino a que son vehículos más fáciles de encontrar en el mercado», han sentenciado desde Coches.com