El diseño de ampliación del espacio natural protegido del delta del Llobregat, unido a la modificación del Plan Especial del Parc Agrari presentado por el Govern, supone condenar al sector agroalimentario a la irrelevancia y la ruina a medio plazo, ya que la consecuencia práctica más importante que tiene la ZEPA es congelar la actividad productiva con multitud de prohibiciones y limitaciones para los empresarios agrícolas. Esta figura especial de protección de las aves es incompatible con cualquier actividad económica mínimamente tecnificada debido a las restricciones que impone, sin que estas tengan un impacto necesariamente negativo sobre la conservación ambiental.
En este sentido, el Govern miente al asegurar que el único camino posible para recuperar ecológicamente la zona (y, con ello, cerrar el expediente abierto por la Comisión Europea) sea ampliar la actual superficie protegida de una manera indiscriminada (más de 400 hectáreas sobre el planteamiento original y 1.200 hectáreas con respecto a la superficie actual). Si la solución fuera verdaderamente ésta, bastaría con proteger todo el territorio de Cataluña.
Pero también supone un chantaje al territorio al plantear un plan de inversiones en infraestructuras hídricas claramente insuficiente sujeto a la aprobación de la ZEPA. Sabe perfectamente el Govern que lo que está planteando no es posible ponerlo en marcha si el territorio se declara zona ZEPA, pero también es consciente de que llega tarde y pretende ejecutar un plan que es urgente en un tiempo demasiado dilatado.
Así, la irrisoria cantidad de 450.000€ para el año 2023, postergando las inversiones necesarias 3 años más como mínimo, supone un insulto difícilmente tolerable cuando año tras año se producen inundaciones que provocan la ruina de esos cultivos que el Govern pretende “modernizar” con un plan indefinido que no es posible ejecutar en una zona de especial protección natural.
Pero también hay otros elementos que constituyen un ataque al sector agroalimentario, siendo el más destacado de ellos el procedimiento que el Govern está siguiendo. No es lo mismo el proceso de consulta pública que el proceso participativo previo que sirve para diseñar tanto las bases de la nueva normativa como también el acuerdo con la mayoría del territorio para generar un plan que tenga aceptabilidad social. Las conversaciones, declaraciones públicas y privadas, y presentaciones realizadas por parte de los responsables políticos y técnicos del Departament de Acció Climática en los últimos meses han ocultado una parte sustancial de la propuesta finalmente presentada, lo cual supone falsear la información e incurre en un grave vicio de todo el proceso.
A pesar de todo ello, el Institut Agrícola confía en que en el proceso de consulta pública se escuche verdaderamente a todos los actores implicados, exigiendo a la Generalitat la flexibilidad necesaria para aceptar otras propuestas alternativas frente a su “solución única”. En este sentido, el Institut exige la publicación de los estudios preceptivos, así como una auditoría independiente de estos y de las evaluaciones que se deberían haber realizado de la actual zona ZEPA vigente desde hace más de 20 años, de manera que se infiera claramente que la solución está en la ampliación de la zona. Como es evidente que científica y económicamente es imposible demostrar este extremo, se exigirá la rectificación de todos los planes presentados para abrir un proceso de diálogo constructivo entre los agentes implicados para construir la solución definitiva que dé respuesta a la carta de emplazamiento y, al mismo tiempo, articule una solución sostenible medioambiental, social y económica.
Por último, el Institut Agrícola exige a la Generalitat que declare cuáles son sus verdaderas intenciones: abocar a la economía catalana al decrecimiento y, por tanto, a un empobrecimiento masivo de los agricultores en favor de otras clases sociales que sí pueden permitirse comprar alimentos de mayor calidad a precios mucho más altos.
