LaLiga está estos días en la diana de todos, tras haber ejercido su derecho legal al pedir a los operadores de internet que corten la emisión ilegal de partidos de fútbol mediante páginas web piratas. Por razones técnicas, al impedir la emisión de las direcciones IP piratas, se ven afectadas webs legales que prestan servicios básicos de internet y que la compañía norteamericana responsable, Cloudflare, aloja también en esas direcciones IP, con el consiguiente problema de reputación para las telecos responsables del bloqueo. LaLiga se defiende de las críticas y señala que Cloudflare «se lucra con conocimiento de causa de las actividades ilegales», y que es cómplice y «protege a organizaciones criminales y mafias».
En el campo de batalla de esta «guerra» entre los derechos de LaLiga para preservar su negocio de emisión en exclusiva de los encuentros futbolísticos, y el derecho de otras empresas que prestan diferentes e importantes servicios de internet y de sus usuarios, están en medio las telecos (Telefónica, Masorange, Vodafone, Digi, etcétera). Ellas son las compañías obligadas ha realizar técnicamente el bloqueo de las IPs en las que se alojan las web que piratean fútbol, como la plataforma DuckVision, la que emitía fútbol el pasado día 9 de febrero, cuando internet comenzó a fallar a usuarios de Movistar, O2 Orange y Vodafone, por ejemplo.
LaLiga afirma que Cloudflare «se lucra con conocimiento de causa de las actividades ilegales relacionadas con la piratería de deportes en directo y otros delitos»
El problema está en que las web que trasmiten los directos de manera ilegal están alojadas en la plataforma Cloudflare, una empresa estadounidense que proporciona una red de entrega de contenido, servicios de seguridad de internet y de servidores. Es, por ejemplo, la responsable de evitar que en las web sufran ataques de denegación de servicio (DDoS) entren bots en vez de seres humanos mediante su servicio de chequeo para ello, y que utilizamos millones de internautas a diario.
También ofrece un servicio de red de distribución de contenidos (CDN) que es una red superpuesta de ordenadores que colocados en diferentes puntos de la red consiguen maximizar el ancho de banda), que ya en 2020 daba servicio a más de 25 millones de sitios web en la red. Entre estos sitios, la mayoría legítimos, están las web que se han visto afectadas, porque los bloqueos de IPs realizados por las telecos no distinguen entre web específicas alojadas en Cloudflare y su infraestructura.
La plataforma de Cloudflare es utilizada por organismos gubernamentales, bancos, empresas tecnológicas, medios de comunicación y redes sociales en todo el mundo. El conflicto surge cuando su solución tecnológica consiste que agrupa web en el SDN, por lo que en una misma IP se encuentran alojados contenidos ilegales, como los de la emisiones piratas, y contenidos legales como los de Microsoft, LaCaixa, Snapchat, Temu, Facua, la agencia EFE, Ifema, Fundéu, o Linkedin, por poner algunos ejemplos de los que se vieron afectados por el bloqueo en España. Pues esta empresa con sede en California es la otra contendiente en el conflicto con LaLiga.
LA LIGA CONTRA CLOUDFLARE
Ante la caída de servicios, las quejas de los usuarios, y los problemas reputacionales a los que se enfrentan las telecos y la propia LaLiga, la patronal del fútbol ha respondido a MERCA2 para defender su actuación, amparada por una resolución judicial de 2021, tras la demanda que había presentado junto con Movistar Plus +, titular de los derechos de emisión del fútbol en España que mantiene hasta la temporada 2026-27.
Así, la organización deportiva quiere aclarar que Cloudflare, «se lucra con conocimiento de causa de las actividades ilegales relacionadas con la piratería de deportes en directo y otros delitos, como la estafa o fraude» y la acusa abiertamente de que «usa a sus clientes legales como escudo digital para proteger a organizaciones criminales y mafias».
El organismo presidido por Javier Tebas explique que ha requerido en repetidas ocasiones a Cloudflare que detuviera esta actividad «cómplice con organizaciones criminales, que atentan contra la propiedad intelectual e incurren en múltiples actividades criminales como la violación de la propiedad intelectual, todo tipo de estafas y pornografía, sin respuesta favorable».
LaLiga ha querido defenderse ante quienes la señalan como culpable de la caída de servicios web que no tienen culpa de nada. Ante esto indica que para nada «se posiciona en contra del acceso libre a internet», y aclara que desde el organismo, «solicita medidas y lleva a cabo acciones controladas contra compañías u organizaciones que se lucran de actos ilegales y delictivos utilizando a empresas legales como escudo digital«.
EN ESPAÑA Y EN EUROPA
La legítima lucha de la LaLiga choca desde el punto de vista del Derecho, con el escarnio que esto supone para terceros, porque, en definitiva, es como cerrar carreteras porque hay coches que circulan por ellas con drogas o armas ilegales. Además de los sitios legítimos que se cayeron con el bloqueo de la IP, (recordemos: web de grandes empresas, sitios de código abierto, servidores de medios de comunicación o de servicios a la ciudadanía), con millones de usuarios, hay que contar el impacto económico que ha supuesto.
Estas caídas han afectado a tiendas online de la plataforma Shopify, como revelan los compañeros de Genbeta, que han denunciado descensos de hasta el 30% de sus visitas por que sus páginas eran inaccesibles. También se encontraron con problemas otros negocios y desarrolladores, que tienen contratada con Cloudflare su seguridad y rendimiento.
El lío que se ha montado en España no es exclusivo. Ha ocurrido también en Italia, donde se han realizado acciones similares en el sistema Piracy Shield, que también ha provocado cortes masivos en servicios como Google Drive. Igualmente, en Reino Unido, en Austria y en Canadá se han producido problemas de la misma naturaleza, y en Francia se ha ido un paso más allá, porque se han tratado de bloquear, incluso, a proveedores de VPN.
A todo esto, Cloudflare ha respondido, y tampoco lo ha hecho con la boca pequeña. han dicho que «aunque LaLiga entendía perfectamente que bloquear direcciones IP compartidas afectaría los derechos de millones de consumidores a acceder a cientos de miles de sitios web que no infringen la ley, LaLiga siguió adelante con dicho bloqueo. Esto parece reflejar la creencia errónea de que sus intereses comerciales deben prevalecer sobre los derechos de millones de consumidores a acceder a un Internet abierto», según refleja Genbeta.
