La prórroga por un año más de los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del energético, la intención de hacer permanente ambos tributos y la subida gradual de la fiscalidad de la electricidad y el gas marcarán el ejercicio 2024 en el plano fiscal.

En el caso del gravamen energético, se van a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.

Con todo, se contempla la futura revisión de ambos gravámenes «para su plena integración en el sistema tributario», y se prevé la concertación de ambos impuestos con las comunidades de País Vasco y Navarra.

Tal y como está ahora diseñado, el impuesto grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Por su parte, el impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y el tributo afecta a la actividad que las entidades desarrollen en España.

El Gobierno también ha decidido prorrogar la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las comunidades autónomas, circunstancia que, según el Ejecutivo, está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.

RETIRADA «GRADUAL» DE LAS BAJADAS DE IMPUESTOS A LA ELECTRICIDAD

A lo largo de 2024, el Gobierno retirará de «manera gradual» las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas natural que estaban vigentes, en muchos casos desde verano de 2021, para hacer frente al impacto sobre los precios energéticos de la guerra en Ucrania tras la invasión por Rusia.

De esta manera, se irá retirando gradualmente la bajada del IVA de la electricidad –que cayó del 21% al actual 5%-, del impuesto sobre la producción eléctrica -del 7% y actualmente suspendido- y la eliminación del impuesto especial eléctrico -ahora en el 0,5% frente al 5,1%-.

En concreto, en el caso de la electricidad, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se situará en el 10% durante todo 2024; el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) estará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio, según el Real Decreto-ley para la prórroga de varias de las medidas temporales establecidas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuya vigencia terminaba este 31 de diciembre.

IVA ALIMENTOS Y DEDUCCIONES EN VIVIENDA

Asimismo, en la primera mitad de 2024, se mantiene la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.

También se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos. Estas ayudas permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades.

También en materia de vivienda destaca que los propietarios que reduzcan el precio del alquiler en los nuevos contratos de arrendamiento en zonas tensionadas que se firmen a partir del 1 de enero de 2024 tendrán una deducción del 90% en el IRPF sobre el rendimiento neto.

AUTÓNOMOS: REDUCCIÓN DE SUS MÓDULOS Y PRESENTAR IRPF

Asimismo, el Ejecutivo permitirá a los autónomos que apliquen el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica.

La excepción son las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que ya dispone de un límite cuantitativo por volumen de ingresos específico.

Otra de las novedades que traerá 2024 es que todos los autónomos estarán obligados a hacer la Declaración de la Renta el año que viene, independientemente de sus ingresos.

DECLARACIÓN DE LA RENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

De cara a la próxima Campaña de la Renta, el Gobierno ha fijado la obligación de presentar la declaración del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) a través de medios electrónicos siempre que la Administración tributaria asegure la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para su cumplimentación por tales medios.

Según el Ejecutivo, esta medida no altera en modo alguno los distintos elementos de cuantificación o determinación de la cuota del impuesto para los contribuyentes, que siguen siendo los establecidos en la normativa actualmente vigente.

INFORMAR SOBRE LAS OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS

A partir del 1 de enero de 2024 también se deberán presentar las primeras declaraciones sobre las operaciones realizadas con criptomonedas –también de las situadas en el extranjero–.

Tendrán que presentar una declaración informativa anual las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

Asimismo, las personas o entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria o entre diferentes monedas virtuales, intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, también deberán presentar una declaración informativa anual.

Se establece también que las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes estarán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario.

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, autorizados, o beneficiarios de las citadas monedas virtuales, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubieran perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

INFORMAR DE VENTAS EN WALLAPOP O VINTED

Por último, la directiva europea, conocida como DAC 7, obligará a las plataformas digitales como Wallapop o Vinted a compartir cierta información sobre sus vendedores con las autoridades fiscales de los países de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2024, siempre que hayan realizado más de 30 operaciones o hayan obtenido más de 2.000 euros en sus ventas.

La actualización anual de la renta de los contratos de alquiler de vivienda no podrá superar el 3% en 2024, al tiempo que el próximo año también inician su vigencia los nuevos incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.

Ambas medidas forman parte de la Ley de Vivienda aprobada el pasado mayo por el Gobierno, una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos ‘Next Generation EU’.

De esta manera, los contratos de alquiler vigentes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 que se revisen no podrán incrementar su valor más de un 3%, tal y como se aprobó por el Gobierno en el Real Decreto del pasado marzo para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y que queda recogido en la disposición final sexta de la Ley de Vivienda.

Así, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. Sin embargo, exista o no acuerdo entre ambas partes, la variación anual de la renta no podrá exceder del 3% en ninguno de los dos casos.

En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el limite de la variación anual de la renta no podrá superar tampoco el 3%, exista o no pacto entre las partes.

Se entiende como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.

Sin embargo, esta definición podrá ser particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado hasta aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito, cuando así sea motivado por la comunidad autónoma en la correspondiente memoria justificativa.

Además, la Ley de Vivienda también introduce un mandato al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que defina antes del 31 de diciembre de 2024 un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda.

NUEVOS INCENTIVOS FISCALES

A partir del 1 de enero se pondrá en marcha también una mejora del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual.

Para ello, se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50% (ahora es del 60% con carácter general), que podrá incrementarse en función de determinados criterios –zona tensionada, rehabilitación–.

SE EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS Y LANZAMIENTOS

Asimismo, el Gobierno ha extendido la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2024, en los casos ya previstos por la normativa actual.

La medida está incluida en el Real Decreto aprobado el pasado 27 de diciembre en Consejo de Ministros para adoptar medidas con las que afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

La ampliación de las medidas de protección se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.

Aquí se incluirían los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes para valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar.

En estos casos, siempre se tendrán en cuenta aquellos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son: cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario, cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

Asimismo, cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas, cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas; cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante o que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020.

COMPENSACIÓN PARA ARRENDADORES Y PROPIETARIOS

Junto a la ampliación de desahucios y alzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, el Real Decreto contempla también la posibilidad hasta el 31 de enero de 2025 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario, recogida en el Real Decreto ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Asimismo, se extiende hasta el 31 de enero de 2025 el plazo para que los arrendadores y titulares de vivienda afectados por la suspensión extraordinaria en vigor del desahucio o lanzamiento puedan presentar la solicitud de compensación prevista en ese mismo Real Decreto Ley.

El salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un porcentaje fijo del 2% con la llegada de 2024, que podrá elevarse en otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA).

Así lo pactaron Gobierno, CCOO y UGT en el ‘Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI’ firmado en octubre de 2022 y en el que se contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de hasta un 9,5%.

En concreto, el texto del acuerdo contempla para el nuevo año un incremento salarial fijo del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. Adicionalmente, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Los sueldos de los empleados públicos aumentaron en 2022 un 3,5% y, de momento, han subido un 3% en 2023, pues queda pendiente de saber si se les practicará, con carácter retroactivo y consolidable, un alza adicional del 0,5% en caso de que el PIB nominal de 2023 supere el previsto por el Gobierno.

Si este dato de PIB, que no se conocerá hasta entrado ya 2024, supera las estimaciones del Ejecutivo, el salario de los empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022, y sobre esa cuantía final de 2023 operará el incremento fijo del 2% acordado para 2024.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado a Europa Press que los funcionarios tendrán que esperar, no obstante, hasta el primer trimestre del próximo año para ver actualizadas sus nóminas, una vez que se aprueben los Presupuestos de 2024, puesto que el aumento de sus salarios, al contrario que ha sucedido con las pensiones, no se ha incluido en el decreto-ley de medidas económicas aprobado el día 27 de diciembre.

No obstante, las mismas fuentes precisaron que dicha subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y recuerdan que el Gobierno cerró un acuerdo con los sindicatos, que implica subidas superiores al 9% en tres años (2022, 2023 y 2024) y que «obviamente» va a cumplir lo pactado. «Lo que pactamos se cumple», han asegurado.

El aumento salarial del nuevo año beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor en las Administraciones Públicas como funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas; les siguen por número de personal las entidades locales y la Administración Central.

CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Por otro lado, otras medidas que afectarán a los funcionarios en 2024 están relacionadas con su evaluación de desempeño. Pocos días antes de terminar 2023, el Gobierno introdujo medidas de refuerzo para evaluar el desempeño de todos los empleados públicos. En concreto, éstas entraron en vigor el pasado 21 de diciembre como parte de un Real Decreto-Ley mucho más amplio, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación.

En el Libro II de dicha norma se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso.

En particular, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público, ha alegado el Gobierno.

Dichas evaluaciones «se plantean en positivo», según el Ejecutivo, por lo que «en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen».

En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, «se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño». «El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación», según el Ejecutivo.

Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional con la introducción de la carrera horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo.

Para ello, se utilizará un sistema de tramos donde se valora la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en una retribución adicional con el complemento de carrera.

A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario «para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia», según el Gobierno.

SE LIMITA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE OPOSICIÓN A UN MÁXIMO DE UN AÑO

Entre las novedades de esta norma que entró en vigor hace apenas unos días está la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta.

También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios.

En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleados públicos, el Gobierno impulsa «un modelo más ágil y eficiente» con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas.

Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año.

El Gobierno habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.

Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos ofertados.