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Aboga por reforzar el sistema de recursos propios de la UE y también cree que se debe considerar la emisión de deuda pública conjunta.

El Consejo Económico y Social (CES) ha lamentado que el nuevo sistema de reglas fiscales europeas «sigue siendo complejo» y continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros, al tiempo que ha advertido de que se introducen incentivos a la inversión, pero «insuficientes» dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha.

Con motivo de la reciente la reforma de la gobernanza económica de la UE, el Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un informe en el que subraya la importancia de lograr un equilibrio entre la necesaria estabilidad macrofinanciera de la Eurozona y la de acometer las inversiones que requiere la economía europea para afrontar el desafío climático y la transformación tecnológica, para reforzar su competitividad y la creación de empleo, así como para aumentar los niveles de cohesión social y territorial.

Para el CES, las reglas fiscales son necesarias en una unión monetaria para coordinar la política fiscal de los Estados, propiciar políticas fiscales prudentes y evitar que los desequilibrios individuales afecten a la estabilidad del conjunto.

Aunque el Consejo cree que el nuevo planteamiento supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, considera que no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión.

Para el organismo que encabeza Antón Costas, aunque hay mejoras, el nuevo marco continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros.

En su opinión, las salvaguardas imponen reducciones mínimas anuales de déficit y deuda que reducen esa flexibilidad individual y el principal objetivo sigue siendo propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60% del PIB, lo que resulta «poco realista».

Además, ha advertido de que se introducen incentivos a la inversión, pero insuficientes dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha. Además, no queda claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones para aprobar los programas de consolidación fiscal y, en su caso, su extensión temporal; en particular, las inversiones y reformas dirigidas a aumentar el capital intangible europeo.

MECANISMOS EUROPEOS PERMANENTES DE APOYO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

El CES considera aconsejable que se creen mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados, si se quiere evitar que en el seno de la UE aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital.

Por otro lado, el Consejo cree que, dado el limitado espacio fiscal existente en la Unión Europea, es necesario profundizar en la integración financiera avanzando en la Unión del Mercado de Capitales y en la Unión Bancaria para lograr unos mercados financieros y de capitales más diversificados, profundos y competitivos que permitan movilizar el capital privado y contar con los recursos financieros necesarios para impulsar la innovación y respaldar las inversiones en el marco del Next Generation EU abordando las transiciones verde y digital.

De su lado, el CES considera que la positiva valoración de la experiencia del SURE como herramienta europea de estabilización económica y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como instrumento europeo de inversión, apuntalan la idea de que es interesante y factible que la UE se dote de nuevas capacidades presupuestarias permanentes.

«Avanzar en una mayor integración presupuestaria exigiría un incremento sustancial de los ingresos que maneja la UE, lo que pasa por reforzar su sistema de recursos propios y también por considerar la emisión de deuda pública conjunta», ha insistido.

Asimismo, ve necesario reformar el Semestre Europeo con el fin de reforzar la presencia de los interlocutores sociales y el diálogo social, europeo y nacional, así como la participación de la economía social, al igual que la de los parlamentos nacionales y los entes locales y regionales.

La entidad serviría para intervenir empresas cuando haya amenazas a la autonomía estratégica del país

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso para transformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en una Agencia Industrial Pública que dependa del Ministerio de Industria y no del de Hacienda.

Se trata de una proposición no de ley que tiene como objeto reforzar la presencia del Estado en sus empresas estratégicas, pues en la actualidad las empresas estatales españolas representan, tomando como referencia su valor de mercado, el 5% del PIB, frente al 13% de Francia o el 12% de Suecia o Finlandia.

Para revertir esta situación, la formación ve preciso apostar por esa transformación de la SEPI en una nueva agencia de empresas estratégicas que contribuyan a la transformación estructural del modelo productivo español.

QUE LA INDUSTRIA ALCANCE EL 20% DEL PIB

Con esta nueva entidad, los de Yolanda Díaz quieren que la industria aporte en la próxima década el 20% del PIB de España, cumpliendo así los objetivos establecidos por la Comisión Europea.

Sumar defiende que con una política industrial adecuada, España puede ofrecer a industrias estratégicas de alto valor añadido ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido.

«Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados, y fallidos, de competir mediante devaluaciones salariales», apostilla la formación en su propuesta, recogida por Europa Press.

COORDINAR LOS PERTES E INCORPORAR LAS EMPRESAS DE LA SEPI

Asimismo, la agencia permitiría coordinar las actuaciones relacionadas con los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) e incorporar a su cartera las empresas públicas de carácter industrial, y de forma especial las que ahora dependen de la SEPI.

La idea es que la entidad implemente planes específicos para cada una de las empresas del sector público, para contribuir a generar empleo público y privado de calidad relacionado con la innovación, y a reducir los desequilibrios territoriales respecto de las zonas del Estado con mayores déficits de inversión en industrias estratégicas como la naval o el aeroespacial.

Sumar sugiere que la agencia se conforme como un organismo público de los previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y que tenga personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía funcional y de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.

INTERVENCIÓN DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS

Por otra parte, la entidad que propone Sumar sería el instrumento del Estado para la participación pública en el capital social de empresas estratégicas cuando haya amenazas a la autonomía estratégica industrial.

De hecho, la formación propone incorporar este principio de autonomía estratégica industrial como guía en las decisiones de política industrial, de forma estructural y no solo como respuesta a casos particulares o situaciones coyunturales.

También incluye el grupo plurinacional un punto para modificar el decreto sobre inversiones exteriores para proteger a las empresas españolas de acciones indeseadas, que atentan contra ese principio de autonomía estratégica. Sobre todo, dice Sumar en referencia al caso de la saudí STC con Telefónica o la emiratí Taqa con Naturgy, cuando el país de origen de las inversiones no cumple con los principios de respeto a las libertades y la democracia.

BANCO DE INVERSIÓN EN EMPRESAS ESTRATÉGICAS

La Agencia Industrial mantendría un modelo de gobernanza adaptado a la «realidad plurinacional de España», asegurando la participación activa de las comunidades autónomas, y participativo, de modo que cuente con la presencia de las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos del país.

Por último, Sumar plantea crear el Banco de Inversión para la Nueva Economía para impulsar la inversión pública nacional en empresas estratégicas de España y mejorar la eficiencia de la arquitectura financiera pública estatal.

El precio máximo a financiar varía de entre los 200.000 euros en Extremadura y los 325.000 en la Comunidad de Madrid.

La línea de avales para cubrir el 20% de la entrada de una vivienda suscrita entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Gobierno establece un límite en el precio de la vivienda a adquirir en función de la comunidad autónoma donde esté situada la misma, con una horquilla que va desde el precio máximo de los 200.000 euros de Extremadura hasta los 325.000 euros en la Comunidad de Madrid.

De esta manera, en la Comunidad de Madrid el precio de la vivienda a adquirir –incluido los anejos — no podrá superar los 325.000 euros, una cantidad que disminuye hasta los 300.000 euros para Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Por su parte, Extremadura es la autonomía donde este límite de precio es más bajo, ya que la vivienda adquirida no podrá rebasar los 200.000 euros, seguida de Andalucía (225.000 euros). La cuantía se incrementa hasta los 275.000 euros en el caso de Aragón e Islas Baleares, mientras que en el resto de comunidades se queda en 250.000 euros.

VIVIENDA NUEVA O DE SEGUNDA MANO

Así se desprende del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde esta semana se ha recogido el convenio que regula esta línea de avales y se indica, además, que la vivienda adquirida podrá ser nueva o de segunda mano, pero deberá estar construida y situada en el territorio nacional.

El Gobierno aprobó el pasado febrero sacar adelante una línea de avales con el ICO dotada de 2.500 millones de euros para cubrir el 20% de la entrada para la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años o familias con mejores a cargo, un aval que podía ascender hasta el 25% en caso de que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior.

El aval concedido tendrá una vigencia de 10 años desde que se formalice la operación, mientras que el plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, estableciéndose la posibilidad en el convenio de poder ampliar el plazo hasta 2027.

AVALES PARA RENTAS DE HASTA 37.800 EUROS BRUTOS ANUALES

Esta línea está dirigida a personas físicas mayores de edad, con residencia legal en España, acreditada de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo y con ingresos que no superen los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el Iprem).

No obstante, entre los requisitos para el acceso a esta línea de préstamos se establece que si la vivienda es adquirida por dos personas, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno. El límite de patrimonio del avalado será máximo de 100.000 euros.

La medida incluye algunos factores de mejora: el límite establecido en función del Iprem se incrementará en 0,3 veces (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta, un requisito que deberá cumplirse de manera individual también en caso de que sean dos adquirientes.

Sin embargo, hay algunas excepciones: cuando el derecho de propiedad recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda y esta se haya obtenido por herencia o transmisión ‘mortis’ causa sin testamento o para aquellas personas que, siendo titulares de una vivienda, acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de las personas que formen parte de su unidad de convivencia.

LA VIVIENDA DEBE SER PARA USO RESIDENCIAL

Por otro lado, el convenio recogido en el BOE también especifica que la vivienda deberá ser destinada a vivienda habitual y permanente, quedando excluida la compra de locales de negocio de esta línea de avales.

De igual manera, se especifica que «no se podrá hacer uso de la vivienda para el ejercicio de una actividad económica en el momento de la formalización del préstamo avalado».

No obstante, la vivienda podrá ser arrendada cuando «concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso».

El Alto Tribunal da la razón a un trabajador al que el SEPE otorgó una prestación pese a que su reducción de jornada superaba al máximo legal.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que el trabajador no tiene la obligación de devolver la prestación por desempleo cobrada indebidamente en el marco de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) si ésta fue concedida por un error del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así lo establece el Alto Tribunal tras un recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por un trabajador al que se le concedió desde el SEPE una prestación por desempleo en un ERTE de pandemia pese a superar el límite máximo de reducción de jornada permitida (70%).

El SEPE le reclamó posteriormente la devolución de la prestación por considerarla indebida, decisión que fue recurrida ante el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, que falló en contra del trabajador y a favor del SEPE.

El afectado presentó entonces un recurso para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que en una sentencia fechada el pasado mes de abril revoca el fallo del Juzgado de lo Social y estima la demanda del trabajador a percibir 1.349 euros en concepto de prestación por desempleo, alegando que el error de concederle esta ayuda no fue culpa del interesado, sino del propio SEPE.

La empresa en la que trabajaba el recurrente presentó un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción el 1 de abril de 2020, nada más declararse la pandemia del Covid, por la que procedía a reducir la jornada del afectado en un 75% entre el 1 de abril y el 31 de octubre de ese año, trabajando sólo dos horas diarias.

Posteriormente, la empresa modificó el porcentaje de reducción de jornada del trabajador y otros 17 empleados, para que éste fuera del 37,5% desde el 14 de mayo hasta el 31 de octubre de 2020.

Con fecha 12 de mayo de 2020, el SEPE concedió al recurrente una prestación por desempleo con inicio el 1 de abril y percibida hasta el 30 de junio, pese a que la reducción de jornada establecida en el ERTE superaba el 70% del máximo legal permitido.

En noviembre de 2020, el SEPE revocó su propia resolución y exigió al recurrente la devolución de 2.621,75 euros por percepción indebida de la prestación, decisión que fue recurrida por el trabajador, al que el SEPE le dio en marzo de 2021 la razón, pero de manera parcial: no tenía derecho a cobrar la prestación entre el 1 de abril y el 13 de mayo de 2020 por superar la reducción de jornada el máximo legal, pero sí a percibirla desde el 14 de mayo por estar el porcentaje de reducción de jornada dentro de los límites legales.

No conforme con esta decisión, el trabajador recurrió en suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pidiendo que se declarara su derecho a percibir una prestación por desempleo de 1.349 euros por el periodo de 1 de abril a 13 de mayo de 2020 y por la reducción de jornada del 70%, y subsidiariamente, en la cuantía de 1.259,14 euros por la reducción de la jornada del 70%.

Su demanda fue desestimada en noviembre de 2022, por lo que el afectado acudió entonces al Supremo, alegando que existía una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) de septiembre de 2021 contradictoria a la del tribunal asturiano. Dicho fallo del TSJG, relativo a un trabajador al que se le redujo la jornada en más de un 84% en un ERTE de pandemia por causa de fuerza mayor, consideró que la legislación Covid era norma especial y no contenía la limitación del máximo del 70% de reducción de jornada.

LOS ARGUMENTOS DEL SUPREMO PARA DAR LA RAZÓN AL TRABAJADOR

Según explica el Supremo en su fallo para unificar doctrina, el trabajador no contribuyó, «en modo alguno», a la resolución mediante la que se reconoció la prestación por desempleo desde el 1 de abril al 13 de mayo de 2020 «realizando alegaciones falsas o cualquier acto contrario a la buena fe».

Asimismo, sostiene que la reducción de su jornada en un 75% fue fruto del acuerdo adoptado en el periodo de consultas del ERTE por la empresa y la representación de los trabajadores, sin que, este acuerdo colectivo realizara alegaciones falsas que llevaran a error al SEPE. «Por el contrario, se comunicó abierta y transparentemente a la autoridad laboral que la reducción de jornada era del 75%», subraya.

El Alto Tribunal cita además una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 26 de abril de 2018, que considera aplicable a este caso, para recordar que la prestación de desempleo satisface necesidades básicas de subsistencia.

Señala además el Supremo que la cantidad recibida es «relativamente modesta» y que tampoco se ha considerado la situación del trabajador, especialmente en el difícil contexto de la pandemia del Covid.

Finalmente, el Alto Tribunal sostiene que el error en el reconocimiento indebido de la prestación de desempleo es imputable «únicamente» al SEPE. «Sin embargo, se requirió al trabajador la devolución íntegra de lo percibido, de manera que el SEPE evitó cualquier consecuencia de su propio error, y toda la carga recayó únicamente en el interesado», expone.

«La resolución inicial del SEPE, lejos de denegar la prestación de desempleo, reconocerla solo hasta el 70% de reducción de jornada o advertir que sólo se podía admitir si la reducción de jornada no superaba ese 70%, reconoció al trabajador la prestación por desempleo a pesar de que su reducción de la jornada superaba el máximo del 70%. Y, en este contexto, no parece razonable que toda la carga del error recaiga únicamente sobre el trabajador», concluye el Supremo, que por todo ello declara el derecho del trabajador a recibir 1.349 euros en concepto de prestación de desempleo por el periodo reclamado (1 de abril a 13 de mayo de 2020).

El Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, ha adjudicado por casi 90 millones de euros a la compañía armamentística alemana Rheinmetall un contrato marco para la provisión de artillería de campaña de 155 milímetros de calibre, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

En el Consejo de Ministros celebrado el 3 de octubre de 2023 el Gobierno autorizó la celebración de este acuerdo marco, cuyo valor estimado máximo se situó en 150 millones de euros.

«La artillería de campaña del Ejército de Tierra está dotada, entre otros sistemas, con obuses/cañones de calibre 155 milímetros. Concretamente, estos sistemas se encuentran encuadrados en las brigadas mecanizadas y acorazada de la Fuerza Terrestre», detallaba entonces el Ejecutivo.

En ese sentido, el Plan General de Instrucción y Adiestramiento asigna a las unidades de artillería de campaña una serie de misiones y cometidos propios, «proporcionando apoyos por el fuego al resto de las unidades» y, en este caso particular, a las brigadas en las que se encuentran encuadradas, de ahí la necesidad de este acuerdo marco, argumenta el Gobierno.

Por otro lado, debido a los compromisos internacionales de España, debe mantenerse a disposición de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF, por sus siglas en inglés) una unidad de obuses de 155 milímetros de calibre para ser proyectada a cualquiera de los escenarios de operaciones en la que se encuentre desplegada la misma, así como para participar en su agrupación táctica.

En concreto, la NRF de la OTAN se estableció en 2003 como una fuerza de alta disponibilidad compuesta por unidades terrestres, navales, aéreas y fuerzas especiales capaz de desplegarse con rapidez.

En ese sentido, el acuerdo marco adjudicado a Rheinmetall establece la provisión al Ejército de proyectiles fumígenos de 155 milímetros, de proyectiles fumígenos de 155 milímetros de alcance extendido (ER), de proyectiles iluminantes de 155 milímetros, de proyectilos iluminantes de alcance extendido de 155 milímetros, de cargas de proyección y de estopines.

El acuerdo marco está dividido en seis lotes y el de mayor importe, 33,11 millones de euros, corresponde a los proyectiles fumígenos de alcance extendido de 155 milímetros de calibre.

En este contexto, cabe destacar que el pasado febrero Defensa ya adjudicó a Rheinmetall otro acuerdo marco para la provisión de artillería de campaña de 155 milímetros de calibre y alcance extendido por casi 210 millones de euros.