Al cierre del año 2016, se suele emitir un curioso ranking de los países emisores de bonos en los mercados internacionales. La evolución desde que se emitió el primer bono global por parte del Banco Mundial en 1989 ha sido bastante curiosa, sobre todo por el hecho de que un país, por decir algo, ha tenido una evolución hipergeométrica, pasando de emitir 17.000 millones de dólares en bonos en 1989 a 1.251.000 millones de dólares en 2016, siendo en la actualidad el mayor emisor mundial de bonos internacionales en los mercados de renta fija.

Podemos pensar que estoy refiriéndome a Estados Unidos, que en 1989 emitía ya 139.000 millones de dólares en el mercado internacional, o a Japón que emitía 237.000 millones, o a Gran Bretaña que emitía 46.000 millones, pero no, no se trata de ninguno de los grandes países que tienen una gran economía financiera desarrollada. Si hiciéramos una “porra”, probablemente nadie adivinaría cuál es ese misterioso país, que tiene en estos momentos el cetro del gran emisor mundial de renta fija en los mercados internacionales. Y no es otro que las Islas Cayman.

Para que haya un delito de evasión fiscal hacen falta muchos colaboradores

Estas islas caribeñas son el refugio del dinero negro norteamericano desde hace muchas décadas. La Mafia o los narcotraficantes han hecho de este pequeño archipiélago su “resort” favorito. Pero no sólo ellos, también muchos potentados europeos, y algunos españoles, tienen cuantiosos saldos en este paraíso fiscal. Pero claro, cuando en unas soleadas islas se concentra el cuarto mayor volumen mundial de inversión potencial, es necesario tener producto para sacarle rentabilidad, y ese producto no es otro que la renta fija emitida en dicho país que, como es natural, no tributa en los países donde residen los inversores finales.

Si ponemos una media razonable de rentabilidad a los bonos, digamos un 6% en términos de media en los últimos veinte años, ello supone 75.000 millones de dólares anuales de intereses para los titulares de las inversiones, que escapan a la gestión del fisco de los países occidentales y de algunos sudamericanos. Desde hace mucho tiempo, las autoridades fiscales parece que han tirado la toalla con los paraísos fiscales caribeños, y sólo cuando sale alguna noticia fruto de una delación normalmente interesada, nos llevamos a la cabeza diciendo que cómo es posible que fulanito tuviera dinero por allí.

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Y, sin embargo, todos lo saben. Las empresas emisoras que crean filiales off-shore para emitir desde las Islas Cayman, pagando un cupón inferior al que tendrían que pagar si emitieran en su país de origen; los brókers internacionales que facilitan los bonos a sus clientes, ofreciéndoselos a golpe de teléfono y de jugosas comisiones; los bancos internacionales que facilitan los movimientos de fondos vía SWIFT, y después proceden al depósito de los valores en sus cajas, y a la gestión del cobro de los cupones periódicos cuando llega la fecha de pago.

Por si fuera poco, los políticos, y no sólo los de las Islas Cayman que han montado el tinglado, sino los de los demás países occidentales que no parece que les resulte extraño que se muevan cantidades ingentes de dinero a lo largo del mundo, que van después a engrosar las cuentas de las islas caribeñas. Y no digamos quien facilita amnistías fiscales al 3% para que 40.000 millones de euros españoles dejen de considerarse como evadidos, y además oculta la lista de los mismos bajo siete llaves y, salvo error, en ningún momento ha procedido a dar orden de investigar el origen de estas importantes sumas de dinero. Los únicos afectados que han salido a la luz han sido aquellos a los que se les está siguiendo un proceso de investigación judicial. El resto permanece (y permanecerá) en la más absoluta opacidad.

La lista es alargada

Lo triste es que las Islas Cayman son sólo uno de los 35 paraísos fiscales que existen, y que, aunque no tengan tanto volumen, en el resto también hacen lo propio, convirtiendo el mundo en un espacio asimétrico entre los que tenemos que vivir pagando impuestos y los que viven sin pagarlos, y sin que se haga mucho por corregir la situación.

Porque, en el fondo, hay muchos colaboradores necesarios en la autoría de estos delitos fiscales; y aparte de los antes indicados, están las organizaciones supranacionales que tendrían la potestad de evitarlo, y no lo hacen. Bastaría con cortar el SWIFT a esos 35 paraísos fiscales, para que no pudieran mover dinero internacionalmente, y dejarles incomunicados hasta que procedieran a cambiar su legislación y entregar las listas de todos los defraudadores que tienen saldos en las cuentas de estos micro-países. Pero no lo harán, entre otras cosas, porque puede haber muchos cargos de estas organizaciones que tengan precisamente cuentas en paraísos fiscales, como hemos podido comprobar recientemente en algunos episodios acaecidos en el suelo patrio.

Así que tranquilos, que todo sigue igual. Ya veremos lo que ocurre con la famosa lista de Montoro cuando se produzca un cambio de gobierno. Lo mismo hasta se “pierde” en la mudanza.

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