El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, defendió que la nueva Ley del Suelo valenciana puede facilitar la producción de vivienda al abordar obstáculos administrativos y urbanísticos. Según señaló, la norma contempla un planeamiento más estratégico, procedimientos simplificados, instrumentos de gestión más flexibles y un refuerzo de las reservas para vivienda protegida.
Fernández expuso estas ideas en la cuarta edición del Congreso de Urbanismo Productivo, organizado por el Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València (UPV), que analizó los retos del acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana.
El secretario autonómico planteó dar continuidad a la construcción de vivienda protegida mediante la movilización de suelo público, la colaboración municipal y la participación del sector privado. También señaló la importancia de actualizar el marco regulador para favorecer la viabilidad económica de las promociones protegidas y de reforzar la implicación de los ayuntamientos.
Suelo público y proyectos habitacionales
Fernández se refirió a los Proyectos Habitacionales Locales (PHL), concebidos para facilitar la transformación de suelo público infrautilizado en promociones de vivienda protegida. Los presentó como una vía para aprovechar patrimonio público existente, mientras la Ley del Suelo aborda, según indicó, problemas estructurales del urbanismo.
También destacó el potencial de ambos instrumentos para movilizar parcelas municipales, solares patrimoniales vacantes y determinados suelos dotacionales sin uso efectivo, especialmente en municipios con necesidades residenciales que requieren respuestas ágiles.
En materia de alquiler asequible, señaló la necesidad de desarrollar nuevas fórmulas, instrumentos financieros que faciliten el ahorro previo y medidas para impulsar la construcción industrializada. Añadió que la política fiscal puede contribuir al acceso a la vivienda, en particular entre los jóvenes.
Una estrategia integral
El secretario autonómico sostuvo que el acceso a la vivienda requiere combinar suelo disponible, seguridad jurídica, financiación y medidas fiscales que faciliten la promoción y el acceso.
El congreso reunió durante dos jornadas a representantes institucionales, universitarios, empresariales, técnicos, profesionales y miembros de la sociedad civil. Los debates se centraron en la vivienda, el riesgo de inundación y las necesidades de suelo ante los retos territoriales del siglo XXI.
