El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha obtenido autorización judicial para incautar o bloquear más de 1.200 millones de dólares en criptomonedas robadas a Binance. La cifra forma parte de una operación de congelación mucho mayor, que supera los 2.700 millones, y que según el propio departamento permitió detener cerca de la mitad del asalto que Corea del Norte llevó a cabo contra el exchange el pasado 29 de octubre.
Conviene separar dos cosas desde el principio, porque es donde más se confunde este caso. Una es el dinero que Binance ya devolvió a sus clientes de su propio bolsillo. Otra, muy distinta, es el botín que el Gobierno estadounidense ha logrado inmovilizar y que ahora quiere convertir en propiedad del Estado mediante un proceso de decomiso. La incautación cripto anunciada esta semana sobre fondos robados a Binance pertenece a la segunda categoría.
Qué ha conseguido el DOJ con la incautación
Los hechos, por orden. El 29 de octubre, miembros del ejército norcoreano —agrupados por el FBI bajo el nombre de TraderTraitor— sustrajeron más de 6.000 millones de dólares en activos digitales a Binance. El exchange es la víctima, no el investigado. El jueves, el Departamento de Justicia confirmó que ya cuenta con respaldo judicial para retener y, eventualmente, confiscar 1.200 millones de ese botín. El resto, hasta esos 2.700 millones, sigue congelado por la vía administrativa, con la ayuda de los propios emisores de los tokens.
La distinción jurídica importa más de lo que parece. Hasta ahora ese dinero estaba congelado: inmovilizado en los emisores de las monedas, sin dueño declarado. La autorización del jueves abre la puerta al forfeiture, el decomiso civil, el mecanismo por el que el Estado pasa a ser titular de bienes de origen ilícito. Y no es dinero nuevo: sale de los 2.850 millones que Binance aseguró el 3 de noviembre que había logrado interceptar o congelar.
No hay detalle, en cambio, sobre qué parte de esos 2.700 millones está en bitcoin y qué parte en otras monedas. Sí ha trascendido un dato que orienta sobre el destino del botín: los investigadores han detectado que los activos robados se están convirtiendo sobre todo a ether, la moneda nativa de Ethereum, probablemente porque resulta más sencilla de mover por los circuitos que utiliza el grupo.
Congelar 2.700 millones es una victoria policial; convertirlos en dinero público es un trámite que puede durar años.
A quién afecta: los clientes de Binance ya cobraron
Para quien tuviera fondos en Binance durante el ataque, la parte relevante es otra. El exchange sostiene que ha cubierto ya los 6.340 millones en activos afectados y que lo ha hecho reponiendo los tokens con dinero de la empresa, no recuperando las monedas sustraídas. La factura se repartió entre el fondo de protección al usuario (SAFU, la hucha de emergencia que la plataforma nutre con parte de sus ingresos), una porción de su fondo de seguros de futuros y tesorería propia.
Esa reparación no cierra nada. El propio departamento advirtió de que los responsables siguen moviendo fondos a través de bridges (puentes que trasladan activos de una red a otra), mixers (mezcladores que agrupan transacciones de muchos usuarios para romper la trazabilidad) y otros exchanges. El 31 de octubre, el FBI emitió una alerta junto al Servicio Secreto y la unidad de investigación criminal de Hacienda (IRS-CI) para que los proveedores de servicios de activos virtuales bloquearan las direcciones vinculadas al grupo.
Por eso los 1.200 millones hay que leerlos como un suelo y no como un techo. La investigación sigue en manos de la oficina de Los Ángeles del FBI, su división cibernética y su unidad de activos virtuales, con el Servicio Secreto y el IRS-CI como socios.
Lo que este caso enseña sobre el cripto y el dinero norcoreano
Corea del Norte lleva años financiándose con cripto, y este asalto no es un incidente aislado sino el capítulo más grande de una serie. En marzo de 2022, el puente Ronin —la pasarela que conectaba la red del videojuego Axie Infinity con Ethereum— perdió unos 600 millones en lo que entonces fue el mayor robo del sector; las autoridades atribuyeron la operación al mismo aparato estatal. En febrero de 2025, el exchange Bybit sufrió una sustracción superior a los 1.400 millones que sigue siendo la mayor registrada. El patrón se repite: se roba, se fragmenta el botín en envíos pequeños, se convierte a una moneda líquida y se entra en la banca tradicional por puertas que nadie vigila del todo.
Las autoridades presentaron en paralelo un segundo frente que conviene conocer: la campaña FaceStealer. Según la oficina del fiscal federal del distrito central de California y el FBI, las videollamadas falsas —con deepfakes de figuras conocidas del sector o vídeos grabados de contactos reales— han permitido robar más de 400 millones de dólares en 18 meses. El método: una invitación desde una cuenta robada, una réplica de Zoom, Teams o Google Meet, un supuesto error técnico y una ‘solución’ que instala software malicioso. El FBI ha incautado más de 900 vídeos de cámara web de las víctimas y ha habilitado un portal de consulta sobre FaceStealer.
Ahora la parte incómoda. El dinero que el DOJ blinda no vuelve a los usuarios, porque ya cobraron. Y tampoco resuelve el problema de fondo: el régimen norcoreano ha convertido el robo de cripto en una línea de ingresos estable que, según el propio departamento, financia su programa de armas. Mientras el decomiso avanza despacio por los tribunales, los actores siguen operando con cierta comodidad.
Hay tres cosas que mirar a partir de aquí. La primera, si el decomiso se formaliza y en qué plazo, porque por ahora hay autorización y no sentencia. La segunda, cuánto de ese dinero acaba en stablecoins —las monedas atadas al dólar, el punto donde el rastro cripto suele encontrarse con la banca de siempre— y si los emisores bloquean esos fondos a tiempo. La tercera, si la alerta del FBI se traduce en bloqueos efectivos en las plataformas europeas, obligadas bajo el reglamento MiCA a aplicar medidas reforzadas de vigilancia sobre fondos de origen desconocido.
La próxima actualización relevante llegará del lado judicial. Y cuando llegue, la pregunta no será cuánto se ha congelado, sino cuánto se ha podido devolver a las arcas públicas y cuánto se ha quedado por el camino.
