La AIE ha metido el cierre nuclear español en su lista de deberes. Lo ha hecho en su examen de política energética, un documento de recomendaciones no vinculantes que, sin embargo, suele anticipar por dónde van a ir las decisiones regulatorias de los próximos años.
El diagnóstico tiene dos patas y conviene no confundirlas. La primera afecta al parque atómico: la agencia con sede en París pide revisar el calendario de clausura para no perder un activo que aporta firmeza al sistema. La segunda es puramente fiscal, y es la más incómoda para el Gobierno.
Qué dice el informe: revisar el cierre y rebajar la fiscalidad de la luz
Sobre la nuclear, el mensaje es más prudente de lo que sugiere el ruido. La AIE no reclama reabrir centrales ni renegociar la propiedad del parque: insta a revisar la decisión de cierre y a valorar su impacto sobre la seguridad de suministro y sobre los objetivos climáticos. Es decir, pide que el calendario se justifique con números actualizados y no solo con la fotografía de 2019. La patronal del sector, Foro Nuclear, lleva años sosteniendo lo mismo con otros argumentos.
En fiscalidad el tono sube. El informe señala que la electricidad soporta figuras propias —el impuesto especial sobre la electricidad, los cargos del sistema y un IVA que se ha movido a golpe de decreto en los últimos años— mientras el gas traslada su coste de CO2 pero no arrastra la misma mochila regulatoria. El resultado es una señal de precio que empuja al consumidor a quedarse en la caldera cuando la alternativa eléctrica es más eficiente.
El contrapunto lo pone el propio éxito renovable. Según el cálculo que recoge La Vanguardia, el despliegue de solar y eólica ha ahorrado a España unos 23.000 millones de euros en compras de gas. Es la otra cara del debate: sin esas plantas, la factura exterior habría sido mucho mayor y la dependencia de los cargueros de gas natural licuado, también.
Revisar el cierre nuclear no es un plebiscito sobre la energía atómica: es decidir qué respaldo necesita un sistema que ya convive con precios cercanos a cero.
El calendario que España tendría que reabrir
España tiene siete reactores repartidos en cinco emplazamientos —Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellòs II y Trillo— que aportan en torno a una quinta parte de la electricidad que se genera en el país. El calendario vigente, pactado en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas propietarias, escalona las paradas entre 2027 y 2035. La primera casilla es Almaraz I, fechada en noviembre de 2027: dentro de doce meses.
Prorrogar no es gratis. Alargar la vida de un reactor exige inversiones en seguridad, combustible y turbinas, además de un encaje regulatorio que hoy no está resuelto: la autorización de explotación se renueva por tramos y el Consejo de Seguridad Nuclear tiene la última palabra técnica. Cualquier extensión que se negocie en los próximos meses pasará por ahí.
Y hay un tercer actor en la sala: el mercado. Con una cuota renovable que en horas centrales hunde los precios, la nuclear opera muchas horas baratas y compensa con otras. Si el parque se apaga, la firmeza tendrá que venir de ciclos combinados que queman gas —y que fijan el precio marginal—, de baterías que todavía son caras o de interconexiones que siguen siendo escasas.
El diseño de la retribución por potencia disponible, el mecanismo que el sistema lleva meses perfilando para pagar por tener respaldo listo, es la pieza que decidirá el coste real de prescindir del átomo. Ahí se verá si sale más barato sostener las centrales existentes o construir respaldo nuevo desde cero.
España no está sola en esta discusión. Bélgica ha prorrogado Doel 4 hasta 2035, Francia prepara una nueva generación de reactores y Países Bajos reabrió el debate tras años de cierre programado. Bruselas, mientras tanto, ha ido reconociendo el papel de la nuclear en la descarbonización a través de la taxonomía y de la alianza industrial que impulsa una docena de Estados miembros. El coro europeo se ha movido; el calendario español, de momento, no.
La trampa del debate: no es nuclear sí o no, es la señal de precio
Llevo tiempo sosteniendo que el debate energético español se pierde en la trinchera equivocada. Discutir si la nuclear es buena o mala no resuelve nada; lo que resuelve o complica la vida de una empresa es el precio al que firma su contrato eléctrico. Y ahí la AIE pone el dedo en una llaga que no es ideológica, sino contable.
El argumento fiscal es el más potente y el menos discutido. España ha construido un sistema en el que la electricidad, que es la energía que queremos que gane, paga más conceptos regulatorios que el gas, que es la que queremos que pierda. Eso no es una opinión: está en la estructura de cargos de cualquier factura. Cambiarlo implica decidir quién paga la diferencia —Presupuestos, peajes o impuestos finalistas— y ahí es donde los gobiernos se paran.
Hay una contradicción que el informe deja al descubierto y que conviene subrayar: el país presume, con razón, de haber ahorrado miles de millones en gas gracias a las renovables, pero sigue diseñando la fiscalidad como si el objetivo fuera contener el consumo eléctrico. Las dos políticas no son compatibles a medio plazo.
Habrá que ver qué hace el Gobierno con estas recomendaciones, que no obligan. El primer test real tiene fecha: la renovación de la autorización de Almaraz I. Si el Ejecutivo mantiene noviembre de 2027 sin abrir un debate explícito sobre costes, respaldo y fiscalidad, la recomendación de la AIE se quedará en papel. Si lo abre, el sector tendrá por fin algo que hoy no tiene: una referencia con la que comparar.
