El macrocentro de datos de Zamora consumirá 2.255 gigavatios hora anuales, el 330% de la electricidad que gasta toda la provincia.
La instalación se levantará en Monfarracinos, un municipio de 1.000 habitantes a diez kilómetros de la capital, sobre terrenos de labor y pasto. Detrás están filiales de Edison/EDF y FRV. Delante, una plataforma vecinal que ha convertido un expediente administrativo en un pulso político con la Junta de Castilla y León. El Ejecutivo autonómico le ha concedido la declaración de Proyecto Regional, la vía rápida que reserva a las inversiones que considera estratégicas.
Claves de la operación
- Una factura eléctrica de 300.000 hogares para una provincia de 165.000 habitantes. El consumo previsto equivale al 18% de toda la demanda eléctrica de Castilla y León.
- Dos energéticas internacionales al mando. Filiales de Edison/EDF y FRV compiten por asegurar suelo, red y suministro en un mercado donde el megavatio disponible vale tanto como el silicio.
- La vía exprés autonómica abre frente institucional. El Ayuntamiento de Zamora, a diez kilómetros del emplazamiento, ha pedido retirar la catalogación de Proyecto Regional.
La aritmética que nadie discutió: cinco edificios y 978 hectáreas de placas
El expediente, expuesto en el portal del Boletín Oficial de Castilla y León, ocupa 2.256 páginas. Se publicó el 5 de agosto y el plazo de alegaciones cerró el 16 de septiembre: mes y medio en plena temporada de cosecha. Sobre el papel, la obra abarca 33 hectáreas y cinco edificios, más una central térmica alimentada con gas natural y una planta de hidrógeno verde. La energía solar llega desde un parque de 978 hectáreas situado a 14 kilómetros, que ocupará el 18% del término municipal de Aspariegos y el 19% de Villalube.
El investigador predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Manuel García ha desglosado el impacto. La instalación emitirá cada año tanto dióxido de carbono como el 2% del total autonómico y el 10% del directo de Castilla y León, con una vida útil prevista de un cuarto de siglo. En las inmediaciones, el ruido subiría un 280% durante el día y un 900% por la noche; en las viviendas más cercanas del pueblo, un 12% y un 48% respectivamente. El informe ambiental no incluye ningún estudio térmico, algo que García califica de incomprensible.
El calor es la otra variable sin medir. Los trabajos que cita el investigador, de las universidades de Cambridge y Arizona, apuntan incrementos que van de los 0,9 a los 9 grados según el modelo y el tamaño del centro. Los suyos serían mayores: esos análisis trabajan sobre instalaciones menores y sin central térmica asociada. El agua, en cambio, le parece un consumo relativamente bajo frente a otros usos industriales, aunque en un pueblo de trigo y ganado la sequía pesa distinto.
El promotor promete 426 empleos sin decir de qué; la provincia ya sabe cuántos hogares caben en sus 2.255 gigavatios.
El empleo es el argumento central del proyecto: 426 puestos de trabajo sin detallar áreas ni condiciones. Pilar Sánchez, portavoz de la plataforma vecinal, lo discute de raíz. Sostiene que estos centros solo contratan durante la construcción, que las empresas traen a sus propios equipos y que después la instalación se mantiene en remoto. El grueso de los agricultores y ganaderos están asustados, añade, por si pierden terrenos, pastos o agua. El alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín (PP), ha defendido que no aceptará la inversión a cualquier precio, aunque su Ayuntamiento no ha dado respuesta a las peticiones de información de la plataforma.
El pulso institucional: la Junta acelera y el Ayuntamiento de Zamora frena
La declaración de Proyecto Regional no es un trámite menor. Acorta plazos, concentra competencias y deja al promotor con una ventaja difícil de revertir. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), ha pedido retirarla con un argumento de escala: habla de un modelo sobredimensionado que podría haberse planteado mucho menor. Acusa a la Junta de confundir interés comercial con interés general de la ciudadanía. El PSOE autonómico reclama transparencia, participación pública y cumplimiento estricto de la normativa.
Los tiempos de la tramitación explican parte del enfado. Los portavoces autonómicos han declinado pronunciarse hasta que se estudien las alegaciones presentadas. La plataforma vecinal, mientras tanto, se ha buscado la vida por su cuenta: el 5 de noviembre ha convocado un encuentro informativo en Torres del Carrizal porque el Consistorio de Monfarracinos no le cedió el pabellón municipal.
Lo que España se juega cuando el territorio pone precio a la IA
El caso de Monfarracinos no es una anécdota rural. Es el primero de una serie. España se ha colocado en la lista de países donde los operadores quieren instalar capacidad de cómputo, con anuncios que se acumulan en Aragón, Madrid y Cataluña y con una red eléctrica que no siempre acompaña. Cada uno de esos proyectos necesita suelo barato, agua, gas y una tolerancia vecinal que hasta ahora se daba por descontada. El cuello de botella ya no es el capital, es la red y el permiso social.
Las eléctricas del IBEX 35 —Iberdrola, Endesa, Naturgy— se disputan la cartera de contratos de suministro y de conexión con los promotores de estos centros, un negocio que depende de que las instalaciones salgan adelante sin litigios que retrasen la puesta en tensión. La paradoja es incómoda. La misma comunidad que reclama industria para fijar población es la que ahora discute si quiere esta. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Zamora, José Luis Hernández, lo resumió con una frase que el propio investigador del CSIC recoge: no podemos oponernos a todo.
Ahí está la grieta. Manuel García no pide un no. Pide pensar colectivamente qué tipo de desarrollo se quiere y si un proyecto de este tipo es compatible con él. La pregunta es razonable y no tiene respuesta administrativa. Un centro de datos define el modelo energético de la comarca para 25 años, con central térmica propia y 978 hectáreas de placas alrededor. La decisión, en la práctica, se toma en una consejería y se debate en un pabellón.
Los siguientes hitos están claros. La Junta debe responder a las alegaciones y sostener o revisar la declaración de Proyecto Regional; el Ayuntamiento de Zamora mantiene su petición de retirada; y el 5 de noviembre los vecinos volverán a explicar el expediente en Torres del Carrizal. Si el pulso acaba en los tribunales, el calendario del proyecto se estira, y con él el de la capacidad de cómputo que España promete a los inversores.
Ese es el coste real de la fiebre de la IA. No se paga en gigavatios. Se paga en legitimidad.
