La venta de Vivanta a Donte Group se ha atascado en el juzgado y arrastra al rescate de la SEPI. La Abogacía del Estado ha pedido al Juzgado Mercantil número 12 de Madrid que deniegue la transmisión de la unidad productiva de Aestes, la sociedad dueña de la red de clínicas dentales, y que suspenda el prepack concursal activado hace semanas para garantizar la continuidad del negocio.
El escrito de alegaciones va más allá del bloqueo. Solicita, además, que la operación se notifique a la Comisión Europea como proyecto de ayuda de Estado. El fundamento es de peso: la oferta ganadora deja fuera los 40 millones de euros que la SEPI inyectó en la compañía a través de su fondo de rescate, el Fasee.
El crédito del Fasee que la venta no cubre
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales entregó ese dinero a Aestes en 2021, con el Fasee como vehículo. La Abogacía sostiene que la operación, tal y como está planteada, ‘no ha tenido en cuenta las especialidades del crédito titulado por el Fasee’ y que supone, en la práctica, ‘una ayuda de Estado’.
Donte Group, la cabecera de Vitaldent y otras marcas dentales, respaldada por el fondo canadiense OTPP, asume compromisos notables. Se haría cargo de los contratos de trabajo de 656 empleados adscritos a las clínicas, de los alquileres de los locales comerciales y de terminar los tratamientos pendientes de más de 30.000 pacientes. Lo que no cubre es la deuda pública.
Ahí está el nudo del asunto. Los rescates de 2021 y 2022 se han renegociado, en su mayoría, mediante planes de reestructuración, una fórmula que hasta ahora había impedido someter la deuda de la SEPI a quitas agresivas. La venta por transmisión de la unidad productiva abre un escenario distinto, y la resolución judicial final marcará el camino para expedientes futuros.
Rescatar una empresa con dinero público y salir de la operación sin devolverlo no es una reestructuración: es una ayuda de Estado con otro nombre.
El proceso concursal suma el respaldo de más de 130 empleados, que ven en la continuidad de las clínicas la única salida razonable. En los mentideros se apunta ya a Tubos Reunidos, auxiliada por el propio Fasee, en concurso de acreedores y a la espera de recibir ofertas por su unidad productiva este mes de octubre.
Un aviso a navegantes para el dinero público
Este posicionamiento de la Abogacía funciona como aviso a navegantes. Varias de las compañías que el Fasee rescató en 2021 y 2022 no han recuperado la salud financiera y han tenido que renegociar su deuda. Lo han hecho, eso sí, casi siempre por la vía de los planes de reestructuración, una fórmula que ha mantenido el crédito de la SEPI a resguardo de quitas severas.
Si la transmisión de unidad productiva se consolida como atajo, el cálculo cambia para todos. El comprador se queda con los contratos, las clínicas y los pacientes, pero deja atrás la parte incómoda del balance. Y eso, en una cartera con una veintena de rescates vivos, es una tentación difícil de ignorar.
El dilema del dinero público en los rescates
No es una ocurrencia de despacho. En el fondo, la Abogacía defiende un principio sencillo: si el Estado pone dinero para salvar una empresa, ese dinero no puede evaporarse en la primera venta que llegue. La advertencia tiene recorrido. El Fasee ha rescatado a una veintena larga de compañías desde su creación, y varias siguen sin levantar cabeza.
Hay aquí una tensión que conviene señalar. Si Bruselas acaba tratando estas ventas como ayuda de Estado, cada comprador tendrá que digerir un trámite europeo que puede alargar meses la operación. Si, por el contrario, el juzgado valida el prepack sin más, el precedente invitará a otros grupos a quedarse con unidades productivas dejando atrás la deuda pública. Ninguno de los dos caminos sale gratis.
Conviene recordar de dónde venimos. Los rescates del Fasee nacieron como respuesta de emergencia a la pandemia, con la promesa implícita de que el dinero volvería. Cuatro años después, la mayoría de esas compañías no ha recuperado el pulso y varios expedientes se han cerrado con quitas. Vivanta es ahora el caso que puede reordenar el tablero: si la venta a Donte Group sale adelante sin cubrir el crédito público, el mensaje para el mercado es que rescatar sale gratis al comprador.
Queda la pregunta de fondo, que trasciende a Vivanta. El Fasee se diseñó como instrumento temporal para sostener empresas viables golpeadas por un shock externo, no como acreedor permanente del tejido productivo. Cada venta que se cierra sin devolver el crédito público erosiona ese propósito y obliga a decidir si el Estado prefiere recuperar algo o mantener la empresa viva a cualquier precio.
Mi lectura es que el juzgado tiene poco margen para ignorar el escrito de la Abogacía. La pregunta abierta es otra: qué ocurrirá con el resto de compañías del Fasee, empezando por Tubos Reunidos, cuya subasta de unidad productiva debería resolverse en las próximas semanas. Ahí se sabrá si este bloqueo es un caso aislado o el nuevo manual de la SEPI.
