Iberdrola y Endesa lanzan su ofensiva fiscal: piden el IVA superreducido a la luz eléctrica

La patronal Aelec ultima un documento para revisar de forma estructural los tributos que gravan la electricidad en España. El texto incluye como opción el tipo superreducido del 4% y aún carece de calendario de entrega a Hacienda.

La ofensiva fiscal de las eléctricas ya tiene forma concreta: Aelec estudia pedir un IVA superreducido para la luz. La patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP ultima un documento conjunto para recopilar y revisar todos los tributos que gravan la electricidad en España, con un objetivo declarado: una rebaja estructural, no un parche coyuntural.

Lo anunció Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, durante el congreso anual de la organización, celebrado el jueves 1 de octubre. Serrano reconoció que el texto aún no cuenta con un consenso cerrado entre los socios ni con un calendario para su entrega al Ejecutivo.

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El argumento que sostiene la ofensiva es la ‘desventaja fiscal’ que, a juicio de la patronal, soporta la factura eléctrica frente a los combustibles fósiles. Esa brecha desincentiva, según el sector, decisiones clave de la transición energética, como la sustitución de calderas de gas por bombas de calor.

La guerra en Oriente Medio ha desbocado los precios de los combustibles y del gas, y el contagio ya alcanza a la electricidad. Según Facua, el recibo de un usuario medio con tarifa PVPC se disparó un 28% en septiembre frente al mismo mes del año anterior, el dato más caro para esa época en cuatro años.

El Gobierno aprobó el martes 29 de septiembre su último plan anticrisis, con ayudas fiscales al carburante, y topes regulados al gas y al butano. La factura eléctrica se quedó fuera. La lectura del sector es que la electricidad ha resistido mejor el golpe, y que por eso no ha merecido alivio.

Del ‘gravar menos’ al tipo superreducido

Los ejecutivos de las grandes compañías alinearon el discurso en el congreso. El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, resumió la tesis con una fórmula: para ‘transitar más’ hay que ‘gravar menos’. Duarte Bello, primer ejecutivo de EDP España, recordó que la economía española ha alcanzado una tasa de electrificación del 24% y reclamó ‘prioridad absoluta’ para consolidar esa ventaja competitiva.

La patronal pide rebajar la fiscalidad de la luz cuando el recibo PVPC sube un 28% y el Gobierno acaba de excluir la electricidad de su plan anticrisis.

Entre las opciones sobre la mesa figura solicitar el tipo superreducido del IVA para el suministro eléctrico, hoy fuera de ese régimen. Serrano matizó que se trata de una posibilidad abierta y no de una línea cerrada del documento. Sin cifras definitivas ni fecha de entrega, la propuesta funciona tanto como señal política como plan concreto: exige poner de acuerdo a Hacienda con varios ministerios y, llegado el caso, también a la oposición.

Servicios de ajuste: 3.800 millones en lo que va de año

ofensiva fiscal eléctricas

Hay un segundo frente que las eléctricas no piensan soltar. Los directivos de tres de las principales distribuidoras del país señalaron el coste de los servicios de ajuste, que llevan años al alza y se han acelerado con la operación reforzada que aplica Red Eléctrica desde el gran apagón. Según Aelec, ese sobrecoste alcanza ya los 3.800 millones de euros en lo que va de ejercicio.

El consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, reclamó un plan de choque que aumente la penetración de renovables sin comprometer la seguridad del sistema. Traducido a lenguaje de factura: menos sobrecostes técnicos y más generación barata.

Fiscalidad y coste del sistema: dos batallas distintas

Conviene separar dos reclamaciones que la patronal presenta juntas. La primera es fiscal y depende de Hacienda: el impuesto especial sobre la electricidad, el IVA y el resto de figuras que gravan el kilovatio. La segunda es regulatoria y se decide en el diseño del sistema. Solo la primera exige un Gobierno dispuesto a renunciar a recaudación.

La secuencia que dibuja Aelec tiene su lógica: 2025 fue el año del apagón, 2026 el de la cruzada nuclear y 2027 aspira a ser el de la batalla fiscal. El problema es que las tres carpetas compiten por la misma atención política y el margen presupuestario no es elástico. Un IVA superreducido es rápido de anunciar y fácil de comunicar, pero se aplica por igual a un hogar con renta baja que a una industria electrointensiva. No discrimina.

A mi juicio, sería un error leer esta ofensiva como un simple gesto de relaciones públicas. El sector lleva tiempo señalando que la electricidad soporta una carga fiscal superior a la de los combustibles fósiles, y ese diferencial tiene consecuencias medibles en un país que apenas ha electrificado el 24% de su consumo. Si la comparación con otros socios europeos se sostiene con datos homologados, el argumento gana peso; si no, quedará en eslogan.

Queda, eso sí, una contradicción sin resolver. Si el objetivo real es abaratar el recibo, la palanca con más recorrido inmediato no está en el IVA, sino en los costes regulados y en el precio del gas que indexa el PVPC. Y ahí la patronal no reclama solo cambios al Gobierno: reclama cambios a un sistema del que forma parte.

El primer hito verificable llegará cuando el documento aterrice, o no, en el Ministerio de Hacienda, algo para lo que todavía no hay fecha. En paralelo, Iberdrola y Endesa tienen previsto publicar a lo largo de este mes de octubre sus resultados del tercer trimestre, la cita en la que el mercado podrá medir si la presión fiscal se está notando en las cuentas.

Veredicto Merca2

Cotización al cierre o apertura: Ni Iberdrola ni Endesa han remitido Hecho Relevante a la CNMV por esta propuesta: es un anuncio de patronal, no información privilegiada, y ninguna de las dos ha comunicado impacto alguno en su cotización. Sin precio que reaccione, la cifra que sigue pesando en el sector es el 28% de subida del recibo PVPC en septiembre.

Clave técnica: El catalizador a vigilar no es el IVA, sino el coste de los servicios de ajuste: 3.800 millones de euros acumulados en lo que va de 2026 por la operación reforzada de Red Eléctrica. Cualquier plan de choque que recorte ese sobrecoste tendrá un impacto más rápido en las cuentas de las distribuidoras que una rebaja fiscal.

Apunte macro: El plan anticrisis aprobado por el Gobierno el 29 de septiembre protegió al carburante y topó el gas y el butano, pero dejó fuera la factura eléctrica, un 28% más cara que hace un año en la tarifa PVPC. Ese hueco es el argumento que la patronal quiere convertir en propuesta fiscal antes de que arranque el ciclo presupuestario.


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