La CNMC ha aprobado la retribución de las redes de gas. Cerca de 13.000 millones de euros para seis años que fijan cuánto ingresan las compañías por transportar y distribuir el gas en España, y que el sector considera insuficientes antes incluso de que el marco eche a andar.
La patronal Sedigas ha pedido por escrito corregir las limitaciones del nuevo texto. Su argumento no es de matiz: sin una retribución que cubra el coste real de mantener y ampliar la red, la inversión se frena. La propia CNMC defiende, en cambio, que la cifra aprobada ya blinda la viabilidad del sistema.
Qué fija el nuevo marco retributivo
El regulador ha cerrado el reparto de la retribución de las redes gasistas con un montante cercano a los 13.000 millones repartido en seis años. Ese calendario marca cuánto recibe cada operador por el uso de sus infraestructuras y, en la práctica, cuánto puede destinar a mantenerlas y a prepararlas para lo que venga.
No es una cifra menor. Las redes de transporte y distribución concentran buena parte del capital inmovilizado del sector, y cada punto de retribución que se recorta se traduce en proyectos que se aplazan. Según recogía Cinco Días, el montante ronda los 13.000 millones en seis años; según Forbes España, Sedigas pide corregir el marco para asegurar la rentabilidad del sector.
La magnitud importa porque fija el suelo de toda la cadena. Un operador que no sabe cuánto va a ingresar por sus activos durante los próximos seis años difícilmente compromete inversión a diez. El negocio gasista, como el eléctrico, funciona con planes que se miden en décadas, no en trimestres. Y el reparto se diseña a tanto alzado por periodos, mientras los costes de operación fluctúan cada año: esa brecha es la que el sector lleva tiempo señalando.
Las limitaciones que Sedigas quiere corregir
Sedigas no discute la cifra, discute su arquitectura. Las limitaciones que señala tienen que ver con la forma en que el marco calcula el retorno y con los supuestos que aplica al coste de capital. Si esos parámetros quedan por debajo de lo que exige el mercado, el efecto no es inmediato, pero se acumula: menos inversión hoy, más problemas mañana.
Un marco retributivo no se mide por lo que cuesta al consumidor, sino por la inversión que convoca cuando el gas deja de ser solo gas.
No reclama una cifra distinta, sino que los parámetros reflejen el coste real de capital en un entorno de tipos más altos que cuando se diseñó el anterior marco. Es una reclamación técnica, pero con consecuencias muy concretas sobre quién puede financiar ampliaciones y quién no.
Hay otro frente abierto. La reforma del gas que impulsa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha generado malestar empresarial e interno por el trato reservado a Enagás, según publicaba Vozpópuli. El gestor técnico del sistema queda en una posición incómoda cuando la retribución que recibe se revisa a la baja y, a la vez, se le exige asumir el coste de adaptar infraestructuras a gases renovables.
El test real: inversión, hidrógeno y transición
El marco de la CNMC no se aprueba en el vacío. Las redes gasistas están en plena reconversión: los mismos tubos que hoy mueven gas natural tendrán que transportar hidrógeno verde o biometano si España quiere cumplir su hoja de ruta. Esa adaptación no es gratis, y la pregunta de fondo es quién la paga.
Aquí aparece la contradicción. El regulador tiene el mandato de contener el coste para el consumidor y de retribuir con criterios objetivos. El sector quiere señales de rentabilidad suficientes para atraer capital privado. Las dos cosas caben en el mismo papel, pero no con cualquier número. Cuando la retribución queda por debajo del umbral que exigen los inversores, el dinero se va a otros activos regulados.
Conviene mirar el precedente. En los sectores regulados, cada revisión de la retribución de redes suele acabar en alegaciones, recursos y ajustes posteriores. El gasista no tiene por qué recorrer ese camino, pero la litigiosidad de los marcos regulados tiende a aparecer cuando el número no convence a ninguna de las partes.
Mi lectura es que el marco aprobado resuelve el corto plazo y deja abierto el medio. Aprobar la cifra cierra un expediente, no el debate. Lo que de verdad se decide en los próximos meses es la metodología, y ahí Sedigas tiene margen para pelear en el siguiente ciclo regulatorio.
El sector tiene una baza: sin inversión en redes, el hidrógeno verde se queda en un anuncio. Ese puede ser el argumento que la CNMC no pueda ignorar cuando revise los parámetros. La prueba llegará con la próxima revisión del marco. Si entonces el capital privado no responde, el aviso de Sedigas no habrá sido una queja de parte, sino un diagnóstico.
