La EPA de la Administración Trump elimina los límites a las emisiones de las centrales eléctricas de carbón y gas y abre una batalla judicial sobre su propia autoridad climática.
El anuncio lo hizo el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en el marco de las reuniones de Energía del G20 celebradas en Houston (Texas), según recogen medios estadounidenses y fuentes del sector. La medida se inscribe en la estrategia de desregulación climática que el Ejecutivo de Trump aplica desde su vuelta a la Casa Blanca.
El fin de los límites de carbono para el carbón y el gas
La pieza central es la derogación de las Normas de Contaminación por Carbono (Carbon Pollution Standards), el conjunto de reglas que fijaba topes a los gases de efecto invernadero que emiten las plantas de generación eléctrica. Con su retirada, las centrales de carbón y de gas dejan de tener un límite federal específico para sus emisiones de CO2.
Pero el movimiento va más allá de una simple derogación. La propuesta de la EPA busca además despojar a la propia agencia de la autoridad para limitar la contaminación de estas instalaciones en el futuro. En la práctica: no solo se apaga la norma vigente, se intenta cerrar la puerta a que otra Administración la sustituya por una vía distinta.
El escenario elegido para el anuncio no es casual. Houston es la capital simbólica de la industria petrolera estadounidense y sede de un G20 de Energía en el que la delegación norteamericana ha defendido la continuidad del carbón y del gas frente a la electrificación que empujan Europa y buena parte de Asia.
Derogar una norma se puede revertir en pocos años. Quitarle a la agencia la capacidad de regular es una apuesta a una década vista.
Las reacciones no se han hecho esperar. Margie Alt, directora de la Campaña de Acción Climática, denunció que la EPA está dispuesta a derogar sus normas de contaminación por carbono y a quitarse a sí misma la capacidad de regular esas emisiones en el futuro. La organización pidió a la agencia que ‘rectifique y empiece a cumplir con su deber’ y situó la decisión en el peor momento posible: después de uno de los veranos más calurosos registrados en el país.
Quitar a la EPA su propia autoridad: la letra pequeña jurídica
El movimiento no se entiende sin el paso previo. La revocación del llamado dictamen del peligro —la declaración que aprobó el Gobierno de Barack Obama en 2009 y que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud— es la base legal sobre la que se ha construido toda la regulación climática federal.
Sin ese dictamen, el argumento jurídico para limitar el CO2 de una central eléctrica se debilita hasta casi desaparecer. De ahí que el pulso que se abre ahora sea, en realidad, una discusión sobre los límites de la autoridad de la EPA bajo la Ley de Aire Limpio. Las organizaciones ambientales llevarán la propuesta a los tribunales y el caso tiene recorrido para años.
Trump ha rechazado de forma reiterada el consenso científico sobre el cambio climático, al que ha llegado a calificar como ‘la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo’ y una ‘estafa verde’ que, en su discurso, arruinaría a los países que apuestan por las renovables. La señal que envía al mercado es la de alargar la vida del carbón y del gas como respaldo del sistema eléctrico.
Riesgo regulatorio climático: lo que esto le cuesta al inversor
Aquí lo que se mueve no es solo el clima: es la certidumbre. La desregulación no abarata la energía, traslada el riesgo. Una eléctrica que planifica una planta de gas a treinta años necesita saber qué límite de emisiones pagará en 2035, y esa respuesta acaba de volverse más difusa. Ese es el riesgo regulatorio climático en estado puro: no saber qué norma estará en vigor cuando la inversión tenga que amortizarse.
El contraste con Europa es inevitable. Mientras Washington desmonta su marco federal, Bruselas mantiene el Fit for 55, la Taxonomía Verde y la directiva CSRD, que obligan a las empresas a reportar, y justificar sus emisiones y sus inversiones sostenibles. La divergencia tiene un efecto directo sobre el coste del capital: los fondos que integran criterios ESG comparan marcos regulatorios y comparan, sobre todo, la letra pequeña.
Un pulso judicial con horizonte largo
Conviene mirar al precedente más cercano: el Clean Power Plan, la norma de la era Obama que acabó bloqueada en los tribunales y que nunca llegó a aplicarse del todo. Aquella batalla dejó una lección útil: en Estados Unidos, la política climática se decide tanto en la Casa Blanca y el Congreso como en los tribunales. Y los tribunales no se mueven al ritmo de un mandato presidencial.
Para el inversor institucional, la conclusión es incómoda y simple: el mercado eléctrico estadounidense ofrece hoy gas barato y seguridad jurídica menguante. Para el resto del mundo, la señal es la de una potencia que se descuelga del esfuerzo común cuando el consenso científico que sintetizan los informes del IPCC no está en discusión. La próxima norma que llegue, en Washington o en Bruselas, seguirá marcando el ritmo de la descarbonización.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: La norma retirada fijaba topes a los gases de efecto invernadero de las centrales; sin ella, cada planta de carbón y gas queda sin límite federal específico de CO2.
- Modelo que cambia: El marco que obligaba a las eléctricas estadounidenses a planificar su descarbonización se sustituye por la discrecionalidad de un regulador que renuncia a su propia autoridad.
- Para las próximas generaciones: La batalla judicial que se abre decidirá si esas centrales vuelven a tener un tope de emisiones o consolidan su ausencia durante décadas.
